«La paz no es sólo el silencio de las armas»
 

             "Reunidos los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura, afirman su lealtad a la Constitución Española y a los Estatutos
de Autonomía en elvigésimo aniversario de la primera.

              En nuestra opinión, la Constitución ha servido para hacer de
España un país más  moderno y más justo, y un modelo de convivencia entre
los españoles sólo enturbiado por el terrorismo de ETA. Con este marco hemos
progresado como personas y como pueblos. Asimismo, hemos sido capaces de
combinar el desarrollo de territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura, secularmente abandonados, con la satisfacción de los legítimos
deseos de los diferentes pueblos de España de conservar sus lenguas,
culturas, derechos y sus particulares instituciones.

              No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga
cómplices de procesos  que marginen a nuestros territorios. Como presidentes
de tres comunidades autónomas vamos a defender los intereses que
representamos, que no son diferentes de los de España.

              Con la inmensa mayoría de los españoles, y en representación
de nuestros pueblos, nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de
"tregua indefinida" en sus actividades criminales. Vemos la novedad del
carácter "indefinido" de la  tregua como un alivio y una esperanza, ante la
cual los demócratas debemos reaccionar con serenidad, con firmeza y con
unidad, afirmando nuestra permanente voluntad de una paz definitiva, de un
cese total e incondicional de una  violencia injustificable.

              Apoyamos con firmeza al Gobierno de España para que dirija el
proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada más
puede negociarse al respecto; que la paz es una exigencia legítima de todos los
ciudadanos que no deben suponer contrapartidas políticas. Por eso, no
aceptamos la idea de conceder ventaja política alguna porque sería la peor
amenaza para la convivencia. Legitimar la violencia en democracia nos
depararía un futuro incierto ante nuevos brotes de actividad violenta. En
consecuencia, exigimos de los demócratas, de derecha o de izquierda,
nacionalistas o no, respeto a las reglas de juego que nos hemos dado,
incluso para cambiarlas en el caso de que algunos deseen hacerlo.

              La confusa declaración de separar las reivindicaciones
políticas de algunos  partidos nacionalistas de las conversaciones para el
cese definitivo de la violencia terrorista debe convertirse en una firme
posición, propia de cualquier demócrata que no puede aparecer ante la
opinión pública mezclando sus aspiraciones con las de los que practican el
terror. La Constitución misma, con su vocación incluyente y no excluyente,
admite todas las posiciones que se expresen pacíficamente,comprendidas
aquellas que contradigan su contenido; por eso nada explica la  violencia
cuando las aspiraciones pueden expresarse en paz.

              Hoy, cuando se empezaba a superar el nacionalismo español de
carácter   excluyente, vemos con preocupación las posiciones nacionalistas
que cuestionan la cohesión garantizada en la Constitución y niegan la
soberanía de los españoles en su conjunto.

              Como representantes autonómicos de más de diez millones de
españoles,  defendemos la cohesión social y la solidaridad territorial. La
paz no es sólo el silencio de las armas; la paz es también la paz social, el
equilibrio entre sus territorios y la garantía de igualdad de los derechos y
oportunidades en cuestiones básicas (educación, bienestar social, etc.) para
mantener así la cohesión entre los españoles, vivan donde vivan.

              Dentro de la unidad política de España, en la que nuestra
Constitución reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de
financiación y las diferentes vías de acceso al autogobierno, no existe un
derecho natural, ni previo ni posterior  a la Constitución, que pueda ser
invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad
entre los españoles. En este sentido, todas las   comunidades autónomas
tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren
dentro de lo que la Constitución admite.

              Estamos organizados políticamente como pueblos, y no sólo
tenemos derecho a  pronunciarnos como comunidades autónomas sobre la
estructura de Estado, de todo el Estado, sino que tenemos el deber de
hacerlo. Para poder reflexionar en conjunto, los presidentes de Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura pedimos la convocatoria de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas del Senado y la comparecencia del
presidente del Gobierno de España para debatir sobre estos importantes
asuntos".