En la reunión del pasado 16 de enero
presenté a los miembros de la mesa un
documento para la reflexión y el
debate. En él se proponían -a modo de
alternativas- dos posibles tareas que
podría acometer la Mesa en lo que
queda de legislatura, de modo que sus
trabajos quedaran de cara al futuro.
La primera tarea consistía en limitar
el trabajo de la Mesa, en lo que
queda de legislatura, a poner orden en
sus filas y reducir al mínimo las
actuales discrepancias públicas
entre los partidos. La segunda, más
ambiciosa, perseguía propiciar
un acuerdo de fondo sobre el horizonte final
de «salida dialogada», que
todos consideramos inevitable y diseñar, a
partir de dicho acuerdo, una estrategia
activa y global de pacificación.
Los miembros de la Mesa consideraron que
la primera tarea, con ser
absolutamente necesaria, no iba a resultar
suficiente para reestablecer el
consenso con garantías de estabilidad
y se inclinaron por abordar la
segunda a partir de las líneas
de reflexión marcadas en el mencionado
documento. Entendieron, además,
que tal decisión daba cumplimiento al
compromiso de abordar la llamada «segunda
fase« de la Mesa, tal y como fue
adoptado en reunión del 21 de febrero
de 1997 (punto 4 del documento de
aquella fecha).
A raíz de esa decisión, he
mantenido conversaciones con representantes de
cada uno de los Partidos de la Mesa, así
como con el presidente del
Gobierno central y los máximos
líderes de los partidos de ámbito estatal.
Todos ellos conocen el documento presentado
en la reunión del 16 de enero.
Dichas conversaciones han puesto de manifiesto
un desigual grado de
aceptación de las propuestas contenidas
en el documento, pero en ninguna de
ellas se ha revelado la actitud
de rechazo frontal al mismo. Nadie ha
presentado tampoco una contrapropuesta
alternativa, aunque sí han
adelantado objeciones concretas, tantode
oportunidad como de contenido, a
ciertos aspectos del documento.
Todos han aceptado, en cualquier caso,
que lo que en él se expone puede
servir de punto de partida para un debate
y eventual consenso de los
partidos en torno a la superación
definitiva de la violencia que sufre
nuestro País a causa del terrorismo
de ETA.
Siendo esto así y, con el fin de
facilitar el análisis y el debate del
documento, me ha parecido llegado el momento
de entregarlo a los miembros
de la Mesa las siguientes modificaciones.
Primero y, dado que la decisión
adoptada fue la de abordar la segunda
tarea, el presente documento omite, por
innecesario, todo lo que en el
original se refería a la primera.
Segundo, se han modificado algunas
expresiones y añadido algunas consideraciones
a raíz de las conversaciones
mantenidas con los partidos. Y tercero,
se ha completado la propuesta con
referencias a aquellos artículos
del acuerdo de Ajuria Enea en los que, sin
citarlos, se sustentaba.
"La segunda tarea, más ambiciosa,
perseguía propiciar un acuerdo de fondo
sobre el horizonte final de «salida
dialogada», que todos consideramos inevitable"
Dicho esto, se recoge a continuación
la propuesta de debate que se hacía en
el documento del 16 de enero.
Para un acuerdo sobre el «final dialogado»
La segunda tarea, es decir, la de propiciar
un acuerdo de fondo sobre el
horizonte final de «salida dialogada»
y diseñar, a partir de dicho acuerdo,
una estrategia activa y global de pacificación,
exige un debate sincero y
discreto sobre ciertos problemas de calado
político. La pregunta básica que
habríamos de contestar podría
formularse, más o menos, de la siguiente
manera: ¿qué puede y quiere
hacer nuestro sistema democrático para
propiciar el doble objetivo de que
1) ETA deje de intervenir en política, mediante la llamada «lucha
armada«
(el terrorismo) y
2) la disidencia política que la apoya (Herri Batasuna) se integre
definitivamente en la actividad política
propia del sistema democrático?.
No se trata, como es obvio, de insistir
ahora en aquellas respuestas en las
que ya estamos de acuerdo. Así,
por ejemplo, la necesidad de una correcta y
eficaz acción policial y
judicial o la conveniencia de mantener la presión
política y social son ya, para
todos nosotros, sobreentendidos en los que
no hace falta insistir. La pregunta
pretende ir más lejos de la ya
acordado y suscitar una respuesta conjunta
precisamente en aquel terreno en
el que, hasta el momento, no hemos logrado
ponernos de acuerdo.
Ahora bien, si en algo no estamos de acuerdo
hoy, es en la concepción que
cada uno se ha hecho del horizonte final
en que habrá de superarse
definitivamente la violencia. Éste
es, por tanto, el terreno que debe ser
trabajado de manera prioritaria.
El acuerdo de Ajuria Enea prevé
y, todos consideramos inevitable y hasta
deseable, un horizonte final de diálogo
(«final dialogado»). Pero, más allá
de las palabras que usamos en común,
mantenemos profundas diferencias en
torno al significado que le damos. La
expresión «Final dialogado» se
convierte así en una especie de
«muletilla» carente de significado unívoco
y concreto.
Este desacuerdo sobre el «horizonte
final» no es irrelevante para el
proceso de pacificación. Su superación
no puede ser tampoco aplazada por
mucho tiempo, alegando, por ejemplo,
que, como tal horizonte vendrá al
final del proceso, «ya lo diseñaremos
cuando lleguemos al final«. Porque
ocurre, más bien, que el desacuerdo
sobre el «horizonte final» pone en
entredicho muchos de los acuerdos que
ya teníamos alcanzados sobre el
proceso que conduce a él. Y es
que, a falta de un acuerdo sobre el
«horizonte final», surgen
las dudas y los recelos sobre la procedencia o
improcedencia de ciertos pasos importantes
que han de darse a los largo del
proceso.
Procede, por tanto, saber ya desde ahora
si todos queremos llegar al mismo
fin para poder ponernos de acuerdo sobre
los pasos que conducen a él. La
pregunta sobre el «horizonte final»
no es, pues, ni prematura ni
inoportuna. Su respuesta resulta, más
bien, imprescindible para poder
diseñar una estrategia global de
pacificación.
De otro lado, es evidente que, hoy por
hoy, no podemos ofrecer un diseño
acabado de ese horizonte final. Pero sí
podemos descarta, ya desde
ahora,algunos elementos que no cabe razonablemente
esperar que se incluyan
en él y definir otros que es razonable
prever que estarán presentes. De
esto va el siguiente razonamiento».
LAS PREMISAS
1. Por lo que se refiere al mundo ETA-HB
y tratando de hacer un ejercicio
de realismo político, resulta razonable
prever lo siguiente:
a) ETA no va a renunciar a su «lucha
armada» como consecuencia de una
derrota policial. Esto es, al menos, lo
que todos decimos, incluido el
Ministerio del Interior. Más de
30 años de «lucha antiterrorista» desde
posiciones dictatoriales y democráticas,
parecen avalar esa creencia común.
No es, pues, razonable pensar, por nuestra
parte, en una victoria policial.
b) No es razonable prever tampoco que ETA
vaya a renunciar a la «lucha
armada» ni que HB vaya a incorporarse
a la actividad política propia del
sistema democrático en razón
de una especie de «conversión» forzada o
espontánea, a las bondades del
actual sistema. Por mucho que nos gustara
que así fuera o por exigible que
lo consideremos desde el punto de vista
ético y democrático, no
es razonable pensar que vayan a abandonar lo que
ellos viven como 30 años de lucha
y sufrimiento a cambio de nada o, por
decirlo más explícitamente,
a cambiodel estatus quo constitucional, y
estatutario. Ellos temen que tal «conversión»
sería interpretada, por
propios y extraños, como una rendición
en toda regla.
"Ningún Gobierno democrático va a entablar
un diálogo político (resolutivo del problema) con
una organización «terrorista» en ejercicio.
No es sólo cuestión de legitimidad democrática.
Se trata de una imposibilidad fáctica"
En este sentido, si la «derrota policial»
queda descartada, tampoco es
previsible -por mucho que nos duela- que
se produzca una «derrota política»
tan cruda y brutal como la aquí
expresada. No es pues, razonable prever que
se produzca una especie de «desestimiento»
colectivo en ese mundo.
La comparación con lo que ocurrió
con los poli-milis no parece procedente a
este respecto. Lo que aquellos hicieron
aprovechando la transición a la
democracia y al autogobierno no parece
repetible en una situación de
democracia asentada y (aquejada, según
ellos, de notables vicios acumulados).
Así pues, la renuncia de ETA a la
«lucha armada» y la incorporación de HB
al actual sistema constitucional y estatutario
no es previsible que se
produzcan «sin más»,
es decir, como resultado de una especie de
«conversión» o «desestimiento»,
bien sea espontáneo o forzado por las
circunstancias (eficacia policial, acción
policial, aislamiento político,
presión social...).
c) Siendo así -ni derrota policial
ni derrota política en términos de
desistimiento- el abandono de lo que ETA
considera su «lucha armada» y la
incorporación de HB a la actividad
política democrática requerirán, desde
su punto de vista, de algo que ellos puedan
interpretar como un incentivo
político que los justifique ante
su propia gente. Por lo que sabemos, tal
incentivo no parece que pueda ser otro
que un diálogo tal -llámenlo ellos
«negociación» y nosotros
«final dialogado»- que sea susceptible, al menos
en principio, de incidir efectivamente
en el actual sistema constitucional
y estatutario.
De momento, ésta sería la
constatación más atrevida que podríamos hacer en
común: un final dialogado que sea
susceptible, en principio, de incidir en
el actual sistema jurídico-político,
parece ser el requisito mínimo que ETA
y HB exigirían para abandonar la
violencia (ETA) e incorporarse a los
procedimientos democráticos (HB).
2. A la inversa, mirando el proceso desde
la perspectiva de los partidos
políticos, deberíamos saber
a estas alturas, al menos, lo siguiente:
a) Ningún Gobierno democrático
va a entablar un diálogo político
(resolutivo del problema) con una organización
«terrorista» en ejercicio.
No es sólo cuestión de legitimidad
democrática. Se trata de una
imposibilidad fáctica. Ningún
Gobierno lo resistiría. La necesidad, por
tanto, de un «cese de hostilidades»
por parte de ETA, previo a cualquier
diálogo político (resolutivo),
es absoluta.
b) No es razonable tampoco prever que el
final dialogado (el diálogo
político resolutivo) pueda tener
como protagonistas a un Gobierno
democrático y a una organización
terrorista, aun cuando ésta se encuentre
en situación de «alto el
fuego». A estas alturas, cabe excluir, por
múltiples razones (de legitimidad
y de viabilidad fáctica) la
escenificación de tal bilateralidad.
Si, como se decía más arriba, la carta
política del diálogo final
es para ellos uno de los requisitos ineludibles
(véase 1.c), quienes deban soportarla
tendrán necesariamente que ser
agentes políticos legitimados.
No cabe, por tanto, contemplar como viable
la hipótesis de un diálogo
político y resolutivo («negociación» o «final
dialogado«) entre el Gobierno y
ETA.
c) El diálogo político final
(resolutivo) no podrá suponer ni, de un lado,
hacer tabla rasa de lo que el sistema
democrático ha ido construyendo hasta
ahora (Constitución, Estatuto,
instituciones de autogobierno) ni, de otro,
considerar cerrado el proceso en los límites
de lo hasta ahora construido.
Tanto lo uno como lo otro equivaldría
a obligar a uno u otro interlocutor a
negarse a sí mismo y su propia
razón de ser (no hablo de la «razón de ser»
del «terrorismo», que no tiene
ninguna, sino de la razón e ser de lo que en
él subyace: la disidencia cívico-política
de una notable porción de la
sociedad que, girando en torno al «terrorismo»,
no está dispuesta a aceptar
el statu quo). El diálogo político
resolutivo no podrá, por tanto, ni a)
aceptar condiciones previas que nieguen
la razón de ser de uno de los
interlocutores (reconocimiento previo,
por ejemplo, del derecho de
autodeterminación) ni b) poner
límites fijados de antemano que nieguen la
razón de ser del otro (la Constitución
o el Estatuto como límites
infranqueables).
Éstas son, más o menos matizadas,
las premisas. No contienen -o, al menos,
no pretenden contener- juicios de valor
y tratan de evitar cualquier tipo
de voluntarismo. Vienen, en suma, dictadas
por la realidad y por la
experiencia que de ella hemos acumulado
a lo largo de los años. Nuestra
tarea consiste ahora en elaborar, a partir
de ellas y sin hacernos trampas
en el solitario, una estrategia global
que, además de ser legítima desde el
punto de vista democrático, tenga
visos, al menos a priori, de viabilidad.
No basta con aceptar, en teoría,
el final dialogado. La responsabilidad de
quien debe resolver el problema consiste
en delimitar primero en qué
consistiría ese diálogo
y en propiciar después las condiciones que lo hagan
posible; es decir, en diseñar primero
el horizonte final que nos resulte
aceptable y en conducir después
el proceso hacia ese horizonte (y no hacia
otro).
Conviene evitar ya desde ahora un posible
malentendido. Lo que aquí se
propone no parte de la existencia de un
supuesto «déficit democrático», que
nuestro sistema padecería y tendría
la obligación de subsanar para superar
la violencia.Sólo parte de un hecho:
la profunda división política y social
que existe en la sociedad vasca, y persigue
un único objetivo: alcanzar una
mayor integración política
y la reconciliación social. No nos preguntamos,
por tanto, qué debe hacer la democracia
para corregir sus supuestos
déficits, sino qué puede
y quiere hacer
para superar la falta de integración
que de hecho sufre la sociedad vasca.
La legitimidad democrática del
sistema no está en cuestión. A esto es a lo
que vengo refiriéndome desde el
principio al hablar de nuestra
responsabilidad de diseñar una
«estrategia global de pacificación». Las
medidas policiales y judiciales (la aplicación
de la ley) son necesarias.
Igualmente lo son otras medidas, como
la presión social, el discurso
político, etcétera. Pero
deben quedar englobadas en un marco más amplio, en
el que esté incluido ese diseño
de final dialogado». Además de presionar
(firmeza y unidad democráticas),
es necesario señalar un portillo de salida
(diálogo democrático).
Para contribuir a ese diseño, cuya
ausencia entre nosotros es quizá el
fallo más clamoroso de esta mesa
desde que definió los grandes principios
en enero de 1988, podrían adelantarse
las siguientes líneas de reflexión.
LA PROPUESTA
1. Condiciones de posibilidad del diálogo.
a) ETA deberá interiorizar, antes
que nada, que tiene que dejar de ejercer
la «lucha armada» (el terrorismo)
para que pueda iniciarse un diálogo
político productivo. Nuestro discurso
a este respecto ha de ser unívoco y
sostenido. No cabe diálogo político
resolutivo, mientras ETA se mantenga en
ejercicio.
b) Es difícil responder por cuánto
tiempo deberá ETA dejar el ejercicio de
la lucha armada con el fin de hacer creíble
de su voluntad inequívoca de
acabar con el conflicto violento. Parece
razonable pensar que, a estas
alturas del proceso, sería exigible
un «cese ilimitado en el tiempo», con
el compromiso, por la otra parte, de un
inicio y un fin prefijados del
periodo de diálogo político.
"Ahora se trataría de que ETA no pueda
manejar las treguas a su gusto, sino de
que las anuncie y mantenga en respuesta
a una oferta concreta de pacificación"
c) Para este cese, ETA querrá conocer
de antemano el diálogo que nos
proponemos. Hacérselo saber parece
imprescindible. La falta de este
conocimiento por parte de ETA o, lo que
es lo mismo, nuestra indefinición
al respecto, es lo que (entre otras razones
evidentes) ha permitido que,
hasta ahora y con la excepción
quizá de enero de 1989, todas las treguas
lanzadas por ETA hayan tenido una intención
meramente táctica. Ahora se
trataría de que ETA no pueda manejar
las treguas a su gusto, sino de que
las anuncie y mantenga en respuesta a
una oferta concreta de pacificación.
No podemos estar a merced de las treguas
de ETA, sino que ETA debe poner la
tregua a merced de la paz.
d) También la opinión pública
deberá conocer el marco general del eventual
diálogo. En una sociedad democrática
y abierta, sería imposible sustraer a
la sociedad un asunto de esta envergadura,
al menos en sus rasgos
esenciales. De otro lado, la implicación
de la opinión pública resulta
conveniente, toda vez que su capacidad
de neutralizar iniciativas políticas
es enorme. El proceso debe ser inteligible,
asumible y plausible para la
opinión pública democrática
porque necesita su complicidad.
2. Los interlocutores
a) ETA deberá asumir que,
en cuanto tal organización, no podrá ser
interlocutor en ese eventual diálogo
político resolutivo. No lo soportarían
los interlocutores de la otra parte ni
la opinión pública. Es cuestión de
pragmatismo (además de legitimidad).
Los interlocutores deberán estar
legitimados por su representatividad popular.
HB deberá, por tanto, asumir
directamente la interlocución.
La bilateralidad Gobierno-ETA en un diálogo
político resolutivo (negociación)
debe quedar excluida de antemano. El
discurso de los partidos debería
ser también unívoco y sostenido en esto.
Es la manera más eficaz de convencer
a ETA de la inutilidad de su empeño en
continuar con la violencia, que en este
proceso sobra y
estorba. ETA tiene que entenderlo y asumirlo.
El diálogo, si se da, no será
consecuencia de la violencia, sino de
su cese.
b) Los interlocutores deberán ser,
por tanto, sólo y exclusivamente los
partidos representativos. Más aún,
el protagonismo deberá recaer, en una
primera instancia, sobre los partidos
representativos de la sociedad vasca.
El problema es, ante todo y sobre todo,
un problema vasco, aunque consista
en la problemática y contradictoria
interpretación que los vascos hacemos
de un asunto que concierne también
a terceros: la cuestión nacional.
Nosotros somos los que, en principio,
tenemos que llegar a un arreglo.
Deberá aceptarse, por tanto, que
el núcleo del problema no está en una
confrontación Estado-Euskadi, sino
que consiste en la contraposición de
opiniones vascas sobre lo que somos y
queremos ser (también en relación con
España, por supuesto«.
c) Habrá de aceptarse también
que el diálogo entre los partidos de
representación
vasca concierne al conjunto del Estado.
En tal medida, las instancias
representativas del Estado deberán
participar en el proceso, lo que en
principio ya viene garantizado a través
de la representación vasca de los
partidos de ámbito estatal. Así,
los consensos que habrían de alcanzarse
entre los partidos vascos serán
también asumibles en el ámbito estatal. Más
aún.
El proceso que se propone debe contemplarse
desde una perspectiva
pragmática. No se pone en cuestión
la soberanía ni su residencia,
cuestiones que deben quedar obviadas.
Más bien, desde la soberanía
actualmente reconocida, se opta por un
determinado procedimiento de
resolución. Desde esta perspectiva,
las instancias competentes del Estado,
como parte concernida por el proceso,
optan por y declaran de antemano su
disposición a:
1) Dejar la resolución dialogada
del conflicto en manos de los partidos
representativos de la sociedad vasca;
2) Hacer propios los acuerdos que
aquéllos puedan alcanzar en las
instituciones vascas y
3) Pactar con éstas su eventual
incorporación al ordenamiento jurídico con
el fin de que puedan resultar operativos.
3. Los contenidos del diálogo
El diálogo político resolutivo
versará sobre la llamada «cuestión nacional»
(el modelo de autogobierno del que los
vascos querríamos dotarnos). A
partir de la situación existente
y de la aceptación, al menos fáctica, de
las instituciones de autogobierno actuales,
cuya legitimidad democrática es
incuestionable para nosotros, se negociaría
una agenda, se acordaría un
procedimiento y eventualmente se alcanzarían
unos consensos cuyo nivel,
para que sean suficientes, debe estar
fijado de antemano. Todas las partes
se comprometerían de antemano a
acatarlos y ETA, en particular, habría de
dejar claro, desde el inicio, que ni
interferirá en el proceso ni volverá
a su actividad violenta, si los
resultados no les satisfacen. El compromiso
con los procedimientos
democráticos ha de ser inequívoco
y definitivo desde antes de iniciar el
proceso.
La extensión del periodo de diálogo
y negociación debería estar fijada de
antemano. El proceso debería ser
abierto en sus dos extremos, sin
condiciones previas y sin límites
de resultados. Un ejemplo: ni el
reconocimiento de la autodeterminación
podría ser condición previa para
iniciar el proceso ni el mismo podría
quedar excluido a priori como
eventual resultado del consenso. Porque
caso de ser resultado del consenso
podría dejar de ser elemento de
confrontación interna y externa, para
convertirse en instrumento de reconciliación.
Alcanzados los acuerdos, podría
pensarse en un escalonamiento temporal de
los acuerdos para hacerlos efectivos de
modo que, sometidos a la prueba del
tiempo (dos o tres años), pudieran
sedimentar y ser presentados con mayor
sosiego al refrendo popular. Este procedimiento
supondría una garantía de
solidez y suficiencia de los acuerdos
alcanzados. Asimismo, el proceso
debería cerrarse con un compromiso
de adhesión leal y duradera por parte de
los partidos implicados, de modo que lo
acordado recibiera garantías
suficientes de estabilidad y permanencia.
4. Cuestiones procedimentales
a) Con anterioridad a la apertura del proceso
se requerirían intensos
procesos de diálogo en varias direcciones
con el fin de madurar la
propuesta y hacerla viable. Tales procesos
de diálogo exigirían máxima
discreción. (¿Cómo
lograrla?) Los diálogos deberían implicar: a los
partidos de la Mesa, al Gobierno central,
la oposición estatal y al mundo
de ETA y HB. Se requerirá además
un intenso proceso de información a la
opinión pública.
b) Sería conveniente disponer de
un estudio serio sobre la cobertura
jurídica del proceso, incluyendo
una investigación sobre las posibilidades
de la Constitución y el Estatuto
Adicional Primera y Adicional Única
respectivamente, así como la Disposición
derogatoria y otras). A tener en
cuenta, sin embargo, la dirección
de todo el proceso debería ser
eminentemente política y, desde
una voluntad política decidida, cabría
quizá una lectura constitucional
y estatutaria que diera cabida a los
consensos que pudieran alcanzarse.
c) Debatida y madurada la propuesta, debería
formularse y presentarse de
manera adecuada. Entonces habría
que decidir quién o quiénes la presentan y
cuándo y como se hace«.
CONCLUSIÓN
Todo lo que antecede no es, como puede
claramente deducirse, una propuesta
formal de diálogo dirigido a ETA
y HB. En el estadio actual, es,
simplemente, una propuesta para el acuerdo
dirigida a los partidos que
integran la Mesa de Ajuria Enea. Todos
somos conscientes de que en las
actuales circunstancias, no se dan las
condiciones para dirigir propuestas
de este tipo al mundo de ETA-HB. Menos
aún, si no están suficientemente
acordadas entre nosotros.
Pero aclarando esto, las mismas circunstancias
actuales son las que nos
apremian a construir acuerdos sobre este
asunto. La sociedad vasca no está
dispuesta a que se le enquiste indefinidamente
este problema y a tener que
convivir con él sin esperanza de
solución.
La propuesta que se hace suscitará,
como es obvio, múltiples preguntas,
recelos y resistencias. Es natural. Pero
la gran pregunta que plantea y que
debemos contestar es si servirá
para alcanzar la paz. Si así fuera, todos
los trastornos que provoca habrían
merecido la pena.
"De lo que en esta
propuesta se trata
es precisamente de
persuadir a ETA y HB
de que el conflicto
es menos útil, menos
cómodo y menos
rentable que su resolución"
De momento, sin embargo, se nos abre otro
interrogante previo. Si nosotros,
los partidos democráticos, alcanzáramos
un acuerdo sólido en torno a una
propuesta de este tipo, ¿no habríamos
conseguido ya, sólo con ello,
reforzar nuestra unidad y recuperar el
liderazgo en el proceso de
pacificación? Quizá sólo
por esto merezca la pena su toma en consideración.
Porque, definido el horizonte final, nos
resultará más fácil juzgar la
procedencia o improcedencia de todos los
demás elementos que integran la
lucha antiterrorista y el proceso de pacificación.
No es momento de
analizar ahora, uno por uno, todos esos
elementos: eficacia policial,
acción judicial, política
penitenciaria, presión social, discurso político
a mantener, acercamiento o aislamiento
de HB, contactos con ETA, etc. Lo
que interesa subrayar es que tales elementos
serán correctos o incorrectos
en la medida en que conduzcan a un horizonte
o nos desvíen de él.
Éste debe ser el criterio para ponerlos
en práctica y juzgarlos. Como
criterio general, todo aquello que contribuya
a hacer ver a ETA y HB la
inutilidad de persistir en la violencia
será conducente a ese horizonte. De
lo que en esta propuesta se trata es precisamente
de persuadir a ETA y HB
de que el conflicto es menos útil,
menos cómodo y menos rentable que su
resolución.
Y para terminar, una última consideración.
En el proceso de pacificación,
tal y cómo se concibió en
el acuerdo de Ajuria Enea, la posibilidad de un
final dialogado ha estado siempre presente.
Se ha dicho a veces, sin
embargo, que la insistencia en esa posibilidad
debilita la lucha terrorista
y fortalece («da alas») a
los violentos. Ha ido instándole así, la
tendencia a proscribir el término
diálogo del lenguaje democrático en el
contexto de dichalucha, por temor a dejar
al descubierto una debilidad del
sistema.El planteamiento que en estas
páginas se ha hecho parte de una
convicción bien distinta. El diálogo,
además de ser atributo irrenunciable
del sistema democrático, constituye
una de sus máximas fortalezas. Insistir
en el diálogo, debilita las posiciones
propias, sólo cuando no se
concretan, a la vez, sus condiciones y
sus contenidos. Es decir, cuando se
da a entender, que a través del
diálogo, cualquier cosa es posible en
cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.
No cabe duda de que este
error se ha cometido. Pero, cuando la
oferta de diálogo viene acompañada de
una clara delimitación de sus condiciones
de posibilidad, de sus
procedimientos y de sus contenidos, en
vez de debilidad, significa
fortaleza. Tal es, creo yo la oferta de
diálogo de la que aquí se trata.
Bajo estas condiciones, insistir en el
diálogo y propiciarlo es siempre
oportuno«.
ANEXO
Conviene subrayar, para concluir, que lo
que aquí se propone no es ajeno al
razonamiento que subyace en el Acuerdo
para la Normalización y Pacificación
de Euskadi. Está, por el contrario,
basado en él. Podría decirse que no es,
en el fondo, sino la explicitación
de ideas que en aquel Acuerdo estaban
sólo implícitas e insinuadas.
El esquema de diálogo final que
se propone respeta escrupulosamente lo
dicho en el artículo 10 del Acuerdo,
en el que se remite a los partidos
representativos el tratamiento de las
cuestiones políticas:
«Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado
de la
violencia, fundamentadas en una clara
voluntad de poner fin a la misma y en
actitudes inequívocas que
puedan conducir a esa convicción, apoyamos
procesos de diálogo entre los poderes
competentes del Estado y quienes
decidan abandonar la violencia, respetando
en todo momento el principio
democrático irrenunciable de que
las cuestiones políticas deben resolverse
únicamente a través de los
representantes legítimos de la voluntad popular».
"...nosotros reafirmamos nuestra sincera
voluntad de paz y nuestro apoyo a un final dialogado
del conflicto en los términos del punto 10 del Acuerdo
para la Normalización y Pacificación de Euskadi..."
En cuanto a la posibilidad de una modificación
del actual statu quo es algo
que reiteradamente se menciona y se posibilita
en el Acuerdo, con la sola
condición de que tal modificación
sea expresión democrática de la voluntad
popular. A este respecto, el Acuerdo no
hace sólo referencia a la
posibilidad de reformar el Estatuto de
Gernika, sino que remite también a
las posibilidades de evolución
en el autogobierno que contiene la Adicional
Única del mismo. Así, ya
en el prólogo se afirma:
«Más aún, como expresión de respeto y reconocimiento
de las
profundas aspiraciones
al autogobierno que el pueblo vasco ha
demostrado a lo largo de su historia,
el propio Estatuto refrendado, en su Disposición
Adicional, hace reserva expresa
de los derechos que a dicho pueblo hubieran podido
corresponder en
virtud de su historia y a cuya actualización, mediante la
expresión de su voluntad
en cada momento y de acuerdo con lo que establezca el
ordenamiento jurídico, aquél
no renuncia por la aceptación del actual régimen de
autonomía».
Igualmente, en el artículo 2.c. se dice:
«Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus
representantes legítimos, y
no la de quienes pretenden imponer de forma
violenta o
totalitaria sus criterios sobre
el conjunto de la sociedad, quien debe juzgar en cada
momento de la validez
o invalidez del Estatuto como instrumento de
autogobierno y decidir, en su caso,
su reforma y desarrollo mediante los procedimientos
contemplados en el propio
Estatuto y en la Constitución, estando siempre
legitimado el mismo pueblo para
reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las
Disposiciones dicional
Primera de la Constitución y la Única del Estatuto,
le hubiera podido corresponder».
Lo cual nos permite a la Adicional Única del Estatuto:
«La aceptación del régimen de autonomía que
se establece en
el presente Estatuto
no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como
tal le hubieran podido
corresponder en virtud de su historia, que podrán ser
actualizados de acuerdo
con lo que establezca el ordenamiento jurídico».
En el mismo sentido, el artículo 8 del Acuerdo defiende que:
«...la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas
democráticamente, tiene
en el marco parlamentario la vía de la defensa y, en su caso,
de incorporación al ordenamiento
jurídico de cualquier reivindicación».
Interpretando todos estos textos, la Mesa
de Ajuria Enea ha hecho públicos
diversos comunicados conjuntos, que subrayan
las mismas ideas. Así, el 11
de enero de 1996, se afirmaba que:
«...el pueblo vasco puede encontrar cauces pacíficos y
democráticos para hacer
valer los derechos que pudieran corresponderle,
toda vez que,
en un proceso democrático,
la voluntad mayoritaria de la ciudadanías vasca,
legítimamente expresada,
debe encontrar su aplicación en el ordenamiento
jurídico vigente en cada
momento».
Y, finalmente, el 25 de junio de 1996, respondiendo a la
tregua que ETA acababa de
ofrecer, la Mesa de Ajuria Enea decía:
«...nosotros reafirmamos nuestra sincera voluntad de paz y
nuestro apoyo a un final
dialogado del conflicto en los términos del punto 10
del Acuerdo para la Normalización
y Pacificación de Euskadi, de modo que sean los
partidos vascos con
representación parlamentaria los que avancen, a través
del diálogo, en la consecución
de un consenso democrático que dé satisfacción
razonable a las plurales
opciones políticas de nuestra sociedad, consenso
que, una vez alcanzado, nosotros
nos comprometemos a respetar y a que sea respetado
efectivamente en todos
los ámbitos, utilizando para ello todos los
instrumentos que el ordenamiento
jurídico pone a nuestra disposición».
Y, tras exigir a ETA una serie de gestos
que avalaran la sinceridad de su
voluntad, proseguía:
«...nos comprometemos a iniciar un proceso sincero y abierto
de diálogo entre todos
los partidos políticos vascos con representación
parlamentaria, que dé con
un consenso capaz de integrar razonablemente
todas las
sensibilidades políticas de
la sociedad vasca y de alcanzar su definitiva
normalización y
pacificación».