Desmantelar
el Paramilitarismo
en
América Latina
Introducción:
El accionar de los paramilitares desde hace 52 años
en Colombia, la actual cantidad de masacres, asesinatos selectivos,
desapariciones forzadas, torturas, amenazas y masivos desplazamientos forzados,
y el apoyo de sectores del poder político y económico en el Estado, el
trasvase de estas practicas a las fronteras de Venezuela, Ecuador, Panamá,
Brasil, etc obligan a examinar el fenómeno, tomar posiciones y actuar, como
exige la critica situación de los derechos humanos con proporciones de
genocidio social y político.
Más ahora, cuando la arremetida paramilitar
contra la población civil y los dirigentes sociales es silenciada por los
grandes medios de comunicación, interesados en crearles una base social que
acompañe la pretensión de ser "tercer actor", objetivo que comparten
influyentes círculos colombianos que ahora también presionan a organismos
internacionales, argumentando que ese reconocimiento y la consiguiente
participación en la negociación ayudaría a detener la barbarie paramilitar.
El paramilitarismo tiene una laga historia como
herramienta de terratenientes y ricos urbanos para mantener sus privilegios y
extenderlos. Hace 52 años la policía dirigida por el partido Conservador
organizó bandas como los "chulavitas" para asesinar opositores al régimen.
Asesinaron y despojaron de sus tierras más de 300 mil campesinos, en beneficio
de los gamonales conservadores gobernantes.
En los últimos 20 años los narcotraficantes
-nuevos ricos- en alianza con los viejos terratenientes y capitalistas
nacionales y extranjeros, montaron varios grupos paramilitares, con la asesoría
del gobierno y el Ejército norteamericano y de mercenarios israelíes.
Un origen bien planificado.
El objetivo paramilitar que políticamente está
contenido en los documentos Santafé I y Santafé II producidos por Reagan y
Bush –padre- en 1981 y 1988 respectivamente, era asegurar los intereses
norteamericanos en Centro América y aplicar en Colombia y otros países una
"contra revolución preventiva" bajo el esquema del Conflicto De Baja
Intensidad.
El desarrollo práctico de la estrategia
norteamericana generó baños de sangre en El Salvador, Guatemala y Nicaragua,
quedando sus intereses bajo control, mientras en Colombia el terror paramilitar
financiado por el narcotráfico y las multinacionales, amenaza con exterminar
mediante asesinatos la oposición política y social, concentra aún más la
propiedad de la tierra en pocas manos, apuntala el régimen político, el modelo
económico neoliberal, los privilegios y los intereses de EUA y del capital
internacional.
Paramilitarismo, Plan Colombia e Inversiones extranjeras
se retro-alimentan o van de la mano.
Los elementos comunes en las largas décadas de
violencia permiten afirmar que la violencia es parte del sistema histórico de
dominación colombiano, formulación que se evidencia en la identidad de
objetivos de los paramilitares con quienes afirman defender los valores y la
institucionalidad estatal, "coincidencia" que -de paso- explica los
altos niveles existentes de impunidad, tolerancia, coordinación, incluso
protección oficial, violatorios de cualquier Estado de Derecho, usando desde el
poder, métodos del Terrorismo de Estado.
De esta manera:
El Estado colombiano reprime con métodos
ilegales y operaciones encubiertas a la población civil, manteniendo la fachada
de estado democrático mientras fomenta el exterminio de la oposición política
y los movimientos sociales y alternativos de base.
El accionar coordinado del Ejército, Policía y
organismos de seguridad del Estado, con las bandas paramilitares, y los hechos
constatados por la Alta Comisionada de la ONU, prueban la responsabilidad del
Estado en las violaciones de los derechos humanos.
El paramilitarismo es una estrategia sistemática
del Estado, basada en la doctrina norteamericana Guerra de Baja Intensidad,
apoyada por los terratenientes y sectores del poder político, financiada por el
narcotráfico y por amplios sectores del empresariado -nacional y extranjero-.
Siendo creación del Estado, el paramilitarismo
persigue los mismos objetivos políticos y de guerra que los militares, actúa
como una Brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y
político, a lo cual se oponen sectores minoritarios del establecimiento.
Reconocer al paramilitarismo el carácter de
"actor político independiente" implica dejar libre de responsabilidad
al Estado y en impunidad a quienes lo financian, apoyan, asesoran, justifican;
también es dejar la puerta abierta para que sigan utilizando el terror.
Es inadmisible reconocer y regular una
estrategia basada en el terror y el genocidio. ( También la bestialidad de las
"técnicas" utilizadas, motosierras, mazas, etc)
Es necesario continuar exigiendo al Estado la
persecución, disolución y castigo de los paramilitares y la aceptación de una
fiscalización internacional para su "lucha contra el paramilitarismo".
Los reiterados Informes de Naciones Unidas (Mary Robinson , Hina Jilani, de este
año 2001) son concluyentes en este sentido.
En una eventual mesa de negociaciones para la
paz, el paramilitarismo estaría representado por el gobierno y los gremios del
capital, que son sus creadores y financiadores.
En el caso de Colombia el "abuso" de
la estrategia paramilitar y su apoyo estatal ha permitido que hasta tengan un
candidato presidencial, cual es el caso de Alvaro Uribe Vélez signado como
creador, amparador y defensor político de estos grupos de asesinos.
El escandaloso caso del ex-embajador ante la Unión
Europea, Carlos Arturo Marulanda, hacendado y político que ha hecho su fortuna
con el terror, el desplazamiento de millares de personas y el robo descarado de
sus tierras en Bellacruz, y ha representado a Colombia en Europa gracias a sus
negocios con empresarios y políticos españoles, resulta mas que pedagógico
por el trato de impunidad que hasta el momento ha recibido: en el caso de este
paramilitar se conjugan a la perfección el amparo de las multinacionales, el
estatus político internacional que conduce a la impunidad, y la desaparición,
mediante el terror, de organizaciones sociales enteras.
La Plataforma para la Paz en la Amazonía al emitir este documento esta solicitando el apoyo de organizaciones sociales, instituciones y organismos, a fin de que se pueda romper esta dinámica antihumana y favorecer elementos de construcción de una Paz con Justicia Social y con respeto a la Biodiversidad de toda el área Andino-Amazónica.