NO AMENACEN, NO ENCARCELEN Y NO ASESINEN A LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN COLOMBIA

CAMPAÑA

“NO AMENACEN, NO ENCARCELEN Y NO ASESINEN A LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN COLOMBIA”

URGENTE!!! URGENTE!!!!! URGENTE!!!!

Asistimos a un nuevo capítulo en la larga historia de supresión física y acallamiento de la oposición política en Colombia. Esta vez, de manera mas refinada o apelando a los tradicionales atentados y amenazas, se ha desatado una verdadera persecución contra ciudadanos y dirigentes de la oposición en Colombia. Veamos algunos casos:

§ Piedad Córdoba: Senadora por el Partido Liberal, fue objeto de un atentado dos semanas atrás en la ciudad de Medellín. El director del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia del Estado, se apresuró, sin ningún elemento de juicio, a desvirtuar el atentado contra Córdoba y lo redujo a un simple intento de robo. La senadora Córdoba libró en 1998 una dura batalla en contra de la creación en Antioquia, por parte del Gobernador de ese entonces y hoy presidente de la República Alvaro Uribe Vélez, de las Cooperativas de Seguridad Convivir y contra el accionar del paramilitarismo en el país. Tomó por un tiempo el camino del exilio para salvar su vida después de haber sido secuestrada por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, grupo de extrema derecha que hoy desarrolla conversaciones con el gobierno Colombiano. Al igual que Petro, ha sido una dura oponente de las políticas de seguridad, sociales y económicas del actual Gobierno.

§ Gustavo Petro: exmiembro del Movimiento 19 de Abril, M 19, organización guerrillera que firmó la paz con el Estado Colombiano en 1990, fue elegido en marzo de 2002 Representante a la Cámara a nombre del Polo Democrático con la mayor votación por Bogotá. Se caracterizó por denunciar la corrupción política y administrativa en el gobierno de Andrés Pastrana y es hoy uno de los más duros opositores de las medidas sociales y económicas del Gobierno Uribe así como del Referendo convocado para los próximos meses.

Fue denunciado recientemente ante la Corte Suprema de Justicia - el máximo tribunal de Justicia en Colombia - , por la Fiscalía General de la Nación acusado de los supuestos delitos de abuso de autoridad y revelación indebida de documentos. La Fiscalía, organismo de investigación judicial en cabeza de Luis Camilo Osorio, ha sido seriamente cuestionada por la impunidad allí imperante (Ver informe de Human Rights Watch Un giro erróneo http://www.hrw.org/spanish/informes/2002/giro_erroneo.html), y en el caso de Petro, por los evidentes nexos, soportados con pruebas, entre funcionarios de la Fiscalía con los grupos paramilitares de derecha agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, el mayor grupo armado responsable de violaciones de derechos humanos en el país y los mayores exportadores de cocaína del mundo. Sobre sus líderes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso pesa orden de extradición de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. En el marco de las conversaciones que adelanta el gobierno de Alvaro Uribe con los paramilitares fue dictada recientemente una Resolución que les concede el indulto a estos grupos. La Fiscalía ha desestimado las acusaciones tanto de Petro como de Human Rights Watch y no ha iniciado investigación interna alguna.

Como si fuera poco, el Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que investiga el caso de Petro, Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS, fue hasta hace unos días Fiscal Delegado ante la misma Corte, es decir, representante personal del Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, por lo que se teme la pérdida de imparcialidad y objetividad en la investigación que adelanta contra Petro, la que se ha considerado como delito de opinión. En los próximos días se sabrá si Petro es absuelto o procesado, caso en el cual perdería su curul en el Parlamento y detenido.

§ Corriente de Renovación Socialista, CRS: El lunes 20 de Enero fue recibida una comunicación vía electrónica en la que se amenaza de muerte a siete personas que lideraron el proceso de negociación y reincorporación a la vida civil de esta Organización Política, creada en el año 94 a partir de un acuerdo de paz con el Presidente Gaviria. Desde esa fecha, cerca de 70 de sus militantes han sido asesinados. Hace parte del Partido del Socialismo Democrático y del Polo Democrático, organizaciones legales con representación parlamentaria y presencia política en todo el país.

Hernando Hernández: exPresidente y Secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Sindical Obrera, USO, el sindicato de la Industria del petróleo y uno de los más importantes del país, le fue dictada medida de aseguramiento preventivo con detención domiciliaria por parte de la Fiscalía General de la Nación acusado de rebelión. El presidente de la USO, Rodolfo Gutiérrez y su secretario de Prensa, Edgar Mojica han sido amenazados de muerte en el marco de la negociación colectiva de trabajo que se desarrolla en este momento con la estatal Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL En los últimos años, treinta miembros y activistas de la USO han sido objeto de detención por parte de las autoridades.

En reciente documento http://www.bloquecentralbolivar.org/bcb-esp/detalle.asp?tipo=Editorial&Id=449 los paramilitares se han referido a algunos de los líderes de la oposición al Referendo en los siguientes términos. “Titánica resulta la cruzada nacional de impulsar procesos de renovación profunda de nuestras instituciones y de fortalecimiento de la democracia, cuando la insolidaridad de algunas voces consienten, silenciosas y pasivas, con la violencia comunista disfrazada de arreos políticos. Precisamente es lo que está ocurriendo con los Jaimes Caicedos, las Piedad Córdobas, los Gustavos Petros los Wilson Borja y el resto de esa exótica fauna mamerta de éste país; para quienes la consulta al pueblo sobre temas vitales referidos al futuro de la patria, constituye un adefesio que hay que condenar y proscribir” y, continúa el documento “ A la cofradía antireferendo de guerrilleros y nostálgicos del poder, se unen los Hernandos Hernández y toda la bandada de los oligarcas de overol, que en Colombia se resisten a abandonar sus privilegios derivados de un discriminatorio y odioso régimen laboral”, lo que demuestra el grado de intolerancia y el delicado clima político que vive Colombia.

En un país donde a la oposición civilista al centenario bipartidismo solo se le permite el exilio o el silencio de los sepulcros, deben llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional los oscuros manejos que el poder político y económico hace de un país consumido por la pobreza y la guerra. Las personas y organizaciones mencionadas, han sido opositores a la guerra, promotoras de la Paz alcanzada mediante el diálogo y la negociación, y la construcción de una Colombia democrática y justa. No han cometido delito alguno, salvo estar en desacuerdo en la manera como se rige y expresa el poder en Colombia y proponer otras salidas al conflicto Colombiano.

Por ello, nuevamente apelamos a la solidaridad que en otras ocasiones hemos encontrado en amig@s de Colombia y el mundo para que expresen su rechazo a esta nueva oleada de amenazas y amedrantamiento de la oposición en Colombia, exigiendo del Estado Colombiano las garantías legales y físicas para el desempeño de oposición política en Colombia, la investigación con resultados sobre los responsables de las amenazas y atentados contra dirigentes y organizaciones de oposición y el otorgamiento de todas las garantías procesales y un juicio justo e imparcial a los acusados por los tribunales de justicia.

Pueden enviar sus comunicaciones a las siguientes direcciones con copia a: gpetro@andinet.com :

Presidente de la República de Colombia Dr. Alvaro Uribe Vélez

Palacio de Nariño, Carrera. 8 No. 7-26, Bogotá - Colombia

Fax 0057 1 286 74 34 / 2 86 68 42/ 2 84 21 86

auribe@presidencia.gov.co rdh@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República de Colombia

Dr. Francisco Santos C.

Consejería Presidencial de Derechos Humanos

Calle 7 No. 6-54 Piso 3, Bogotá, Colombia, Fax 00 57 1 337 13 51

mdn@cable.net.co infprotocol@mindefensa.gov.co

Ministerio del Interior y Justicia

Fernando Londoño Hoyos