OAXACA - MEXICO

Criminalizan a radios indígenas.

Genaro Bautista - AIPIN

En un aparatoso operativo, a eso de las 10:30 de la mañana de este 29 de agosto, funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respaldados por unos 25 militares adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP), policías del agrupamiento estatal y de transito local, irrumpieron en la Radio Comunitaria Indígena “La Rabiosa”, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), asentada en el territorio Mixteco de Huajuapan de León, Oaxaca.

La radiodifusora indígena "La Rabiosa" forma parte de la Red de Radios y TV Comunitarias Indígenas del Sureste de México, el mismo grupo a la que pertenece la Radio Triqui "La Voz que Rompe el Silencio" de San Juan Copala, cuyas locutoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista fueron asesinadas apenas en Abril pasado.

En el momento del asalto de los funcionarios mexicanos, la emisora, transmitía –como parte de su barra programática-- contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.

Un operativo de corte militar fue lo que vivieron los locutores y colaboradores de la radio indígena, presentes en el momento de la acción policíaca.

Los comunicadores indígenas, informaron que en fechas anteriores, habían solicitado tanto a Luis H. Alvarez titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como al Diputado Federal Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, se estableciera una tregua para las radios comunitarias mientras se definía una nueva regulación legal.

Sin embargo esta tregua no llegó pero si el desmantelamiento de radios indígenas quienes en los últimos meses han sufrido el decomiso de su equipo u otras acciones de hostigamiento.

Es público que en Oaxaca varias radios comunitarias indígenas -cuenten o no con permiso-, han padecido la agresión en los últimos años por grupos caciquiles priistas (afines al Gobernador Ulises Ruiz), o por operativos realizados por la policía estatal o por policías federales, que actúan de manera arbitraria e ilegal.

En el mes de julio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), acusó al Congreso de la Unión mexicano de violar los derechos de los pueblos indígenas de éste país, al no efectuar las modificaciones legislativas necesarias, que garanticen el derecho a la comunicación e información de las sociedades originarias, a fin de que cuenten con sus propios medios informativos.

Derivado de este señalamiento, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con su símil en el senado y otras instancias civiles y públicas, convocaron al Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), en septiembre pasado, de donde emanaron exigencias como que el ejecutivo federal estableciera una tregua para evitar el desmantelamiento de los medios indígenas como “La Rabiosa”, en tanto el legislativo efectúa las enmiendas necesarias, pero al parecer esto quedó en el limbo.

La mencionada tregua que tanto el Grupo Plural de Senadores responsable de la redacción de una nueva Ley de Medios, de la Comisión de Asuntos Indígenas e incluso de la CDI, no ha sido tomada en cuenta por la Secretaría de Gobernación, la Cofetel y la SCT, quienes de manera prepotente, se encuentran reprimiendo a las radios indígenas.

El acto oficial, desacata el dictamen de la SCJN, del respeto de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios.

En México, el marco legal existente en materia de medios viola este precepto en clara violación al derecho que tienen los pueblos indios a contar con sus propios medios de comunicación, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, aprobada por su Asamblea General el 13 de septiembre del 2007.

El hecho policiaco, ha motivado la protesta de organismos entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Asamblea de Radios Libres y Comunitarias de Oaxaca, la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) y el mismo Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes exigen al gobierno mexicano, la devolución del equipo decomisado a la Radio Comunitaria La Rabiosa y exige al Gobierno Federal, garantizar al derecho que tienen los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación.

Las organizaciones de periodistas y pueblos indígenas, demandan que el gobierno atienda reclamos de la ciudadanía como la violencia extrema y deje de perseguir a los comunicadores. Los agraviados recuerdan que mientras este abuso contra la radioemisora indígena se perpetra, el crimen de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez permanece impune a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso obligado por la presión del gremio periodístico.

En el operativo contra “La Rabiosa”, se encontraba personal de la radiodifusora, un locutor y un programador en cabina, el director de la estación Alfredo Landa y el coordinador de CACTUS Omar Esparza, quien después de ser avisados de la confiscación del transmisor, una computadora, mezcladora, micrófonos, audífonos, material discográfico y útiles varios de audio, discutieron con los oficiales, por no haber sido notificados.

Esparza, expuso a Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL, que la trasmisión de la radio estaba en fase de prueba.

No obstante, los oficiales quienes se identificaron como Inspectores-Verificadores adujeron ejecutar una orden en base a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En un acto intimidatorio, señalaron que los comunicadores estaban cometiendo un delito Federal y que era un acto administrativo, pero que si había oposición pedirían la intervención de un Ministerio Publico Federal para efectuar la detención del personal.

El director general de "La Rabiosa" a su vez, coordinador de la Red de Radios Caracol en la región mixteca y triqui, Fredy Landa, abundó en torno al caso, manifestó que agentes PFP se presentaron en el municipio de Huajuapan de León para llevarse los equipos.

"Llegaron sin una orden, ni notificación, sólo nos dijeron que si nos oponíamos traerían al agente del Ministerio Público y se llevaron todo, transmisor, equipo de cómputo, antenas, todo el equipo, nos dejaron en cero", relató.

Landa agregó que este desmantelamiento se da en vísperas del Encuentro de Radios Comunitarias y Libres, que se realizaría los días 30 y 31 de Agosto de 2008 en el municipio de Zaachila, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Explicó que estas difusoras de radio pertenecen al Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y transmitían contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.

El operativo, acusan los afectados, se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las estaciones a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las emisoras de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios indígenas.

La Rabiosa, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, en la Mixteca Oaxaqueña, transmitía en el 103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace cinco meses, declaró Omar Esparza.

El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." A pesar del mandato las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social, acusan los comunicadores.

Ahora los periodistas, esperan una reacción decidida del Congreso de La Unión, a fin de que estos agravios no queden impunes y les restablezcan las garantías para seguir transmitiendo recuperando para ello sus herramientas de trabajo.

Toca a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y de Senadores, los legisladores Marcos Matías Alonso y Andrés Galván respectivamente, actuar en consecuencia pero en esto también se espera la participación de sus símil de Radio y Televisión de ambas cámaras, Carlos Sotelo y Verónica Velasco.

Un hecho así no puede quedar en el olvido, confiemos en que los parlamentarios asuman sus responsabilidades y compromisos con los pueblos indígenas.

Indígenas ponen plazo y amenazan.

(Fuente: Diego Cevallos / IPS).

Si al finalizar la primera semana de septiembre el gobierno de México no atiende las demandas de mujeres indígenas del sureño estado de Oaxaca, 10.000 de ellas viajarán a la capital del país para presionar directamente al presidente Felipe Calderón. "Ya estamos hartas", señaló una de sus líderes.

"Estamos organizadas y cansadas del engaño y la exclusión", dijo a IPS Leticia Huerta, campesina que comanda la no gubernamental Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca, uno de los distritos de mayor pobreza y presencia aborigen de México.

Las indígenas, 5.000 de las cuales realizaron el miércoles una marcha de protesta por las calles de Oaxaca, capital del estado homónimo, demandan entre otros puntos la construcción de un hospital para mujeres en una zona rural, dispensarios médicos en toda la región y la creación de un servicio de ambulancia aérea.

Además, reclaman la construcción de un puente en una comunidad campesina que permanece incomunicada desde hace 12 años, un programa de vivienda con materiales de la zona y políticas que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos sociales y políticos.

Huerta explicó que la Coordinadora tiene 17 años de vida trabajando a favor de los derechos de las mujeres de Oaxaca, un estado dividido en 570 municipios, 418 de ellos regidos por los llamados usos y costumbres.

Las demandas y la marcha anunciada "son consecuencia de todos estos años de trabajo en los que hemos tomado conciencia", sostuvo.

Según indicó, son más de 10.000 las mujeres de 200 comunidades de Oaxaca las que participan en su organización, "y no tenemos ninguna relación con partidos políticos".

Delegados en Oaxaca de la gubernamental Comisión para la Defensa de los Pueblos Indígenas se comprometieron el miércoles ante las mujeres organizadas a trazar un plan de atención a sus demandas en un plazo máximo de 10 días.

"Hacemos ahora un alto de 10 días, pero más ya no vamos a esperar por lo que, si incumplen, iremos a la capital mexicana en autobuses o como sea para exigir una entrevista con el presidente", advirtió Huerta.
Casi 60 por ciento de la población de Oaxaca de 3,5 millones de personas habita en localidades rurales de menos de 2.000 habitantes. En la mayoría de esos lugares los municipios pueden elegir a sus autoridades según las asambleas tradicionales y sin que intervengan los partidos políticos.

En muchos de tales sitios, las mujeres son impedidas de participar como funcionarias y bajo la égida de los usos y costumbres muchas ni siquiera pueden estudiar e incluso llegan a ser vendidas por sus familias cuando todavía son adolescentes.

Investigaciones del estatal pero independiente Instituto Nacional de las Mujeres señalan que en zonas pobres de Oaxaca y de sus estados vecinos de Chiapas y Oaxaca, la venta de mujeres con fines de matrimonio es una práctica persistente. A cambio de dinero o incluso de una caja de refrescos o cervezas, muchas jóvenes son arrancadas de su vida familiar.

"Nuestros derechos están por los suelos y las autoridades y muchos hombres de nuestras comunidades se resisten a reconocernos", declaró la líder de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca.

En marzo, la indígena Eufrosina Cruz no pudo ejercer el derecho a ser elegida alcaldesa del pequeño municipio oaxaqueño de Santa María Quiegolani, una comunidad de 800 habitantes de la etnia zapoteca.

Tras ser rechazada por los hombres que dominan la asamblea comunal, Cruz presentó denuncias y las autoridades ofrecieron investigar el caso.

En abril, las indígenas Felicitas Martínez, de 22 años, y Teresa Bautista, de 24, fueron acribilladas a balazos en parajes del municipio oaxaqueño de San Juan Copala. Estas jóvenes trabajan como reporteras de una radio comunitaria.

En Oaxaca y su vecino Chiapas los niveles de desarrollo son inferiores a los de los Territorios Palestinos Ocupados, según indican estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Oaxaca fue escenario en 2006 de un levantamiento popular contra el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, el colectivo que gobierna ese estado desde los años 20. Las demandas de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca fueron presentadas directamente al gobierno de Calderón, pues según indican no tienen ninguna confianza en Ruiz, quien sigue en el cargo a pesar de tener numerosas denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos y hasta asesinatos.

La población femenina es la más vulnerable de la comunidad indígena de México, que congrega alrededor de 12 por ciento de los 104 millones de habitantes del país. Entre ellas, la esperanza de vida es de 71,5 años, frente a la de los hombres, que es de 76.

Mientras el analfabetismo de los hombres de las etnias originarias es de 18 por ciento, en las mujeres llega a 32 por ciento. Además, cerca de 46 por ciento de las indígenas carecen de instrucción primaria y apenas 8,9 por ciento cursaron la educación media. En promedio, 39 por ciento de la población indígena de cinco a 24 años no asiste a la escuela en este país, pero ese porcentaje se eleva a 42 si sólo se considera a las niñas y jóvenes.

¿Guerrilleros secuestradores?

Juan José Díaz Bermúdez - Punto y Aparte

Oaxaca. Para la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (CG-EPR). México se esta hundiendo en una gran descomposición social y política, como resultado según explican de la iniquidad de este régimen neoliberal mexicano. Se tardo demasiado el EPR para hacer un análisis de la política que el gobierno de la república había venido aplicando como un método fascista al lanzar a las calles al ejército, satanizando y criminalizando cualquier protesta social , las condiciones de represión que se viven actualmente en México, Oaxaca, Veracruz , Puebla, es decir en toda la república, tiene por objetivo el intimidar a la clase proletaria para que no protesten, en el marco de la privatización de PEMEX, que es un hecho, el aumento a los precios de la canasta básica, el desempleo, en fin la incompetencia que ha demostrado desde hace casi dos años el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y su Partido Acción Nacional ( PAN).

Sin embargo el tema central de la reflexión, es el dar a conocer su posición en caso de que sean capturados guerrilleros de esa organización, el considerar que en caso de ser detenidos por azar, “nos encontraran y nos aprehendieran la tregua sería terminada en el acto”, una consideración que deja alternativas de explicación, ya que, según los datos que existen y que corren como reguero de pólvora desde hace quince días- tesis que se manejo en días pasados por Punto y Aparte/Oaxaca, en la posibilidad que varios integrantes del EPR hayan sido detenidos, buscándose en este momento a Tiburcio Cruz Sánchez, de quien se dice es el comandante general del EPR. Bastaría con pedir explicaciones sobre los operativos militares realizados los días: 12,13 y 14 de agosto en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Chalco, Ixtapalapa, Sierra Sur de Oaxaca, Distrito Federal, Texcoco, los cuales se llevaron a cabo con gran hermetismo y con resultados que pudieran ofrecer la explicación que se necesita para entender la redacción que en este caso la CG-EPR aplica para el comunicado del 27 de agosto.

El grupo armado para un amplió sector de la sociedad no tiene autoridad moral, ya que han acusado a miembros de ese grupo de participar en secuestros y ajusticiamientos. Una gran parte de la sociedad cree que el EPR si participa en secuestros, pese a sus aclaraciones y posiciones que han difundido a través de sus comunicados, el grupo guerrillero tiene en su contra sospechas que lo colocan en entredicho, un sector amplió de la población, tiene la seguridad que son los miembros del EPR los responsables de secuestros, por lo menos en Oaxaca hay quienes creen que mantienen secuestrado al empresario de origen español , Enrique Rodríguez Díaz, un argumento no probado hasta hoy , es un versión que se discute en sobremesas y que ha llegado incluso en denuncias escritas de la Iniciativa Privada de Oaxaca al Presidente Calderón.

Lo que detonó esta posible cacería contra el EPR, fue el caso Martí, el del español Enrique Rodríguez Díaz, así como el de Silvia Vargas Escalera, estudiante hija del ex funcionario, Nelson Vargas, la cual pronto a cumplir en septiembre un año de secuestrada, los delincuentes no se han puesto en contacto con sus familiares.

De comprobarse la versión, podría decirse que los miembros del EPR, hablan de descomposición social, cuando colaboran para que esta descomposición llegue a estadios inalcanzables para su solución al ser presuntamente parte de la estructura industrial de los secuestros, un señalamiento que no ha sido certero pero que se destaca por diversos medios de comunicación, hasta el momento pese a que diversos analistas y estudiosos del fenómeno guerrillero, han pedido una explicación del financiamiento del EPR, este grupo armado no ha querido ofrecer pruebas de cómo sostienen su lucha, la compra de armas, pertrechos, el pago a los combatientes, es decir no han sido transparentes en su proceder, lo que deja mil preguntas que responder.

En su comunicado del 27 de agosto, el EPR destaca la política que desde los Pinos se maneja en la criminalización del delito en México, parte del texto dice lo siguiente: “Quienes conforman el Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo el 21 de agosto junto con los tres Poderes de la Unión y parcialmente los tres niveles de gobierno son los representantes de la oligarquía autodenominada hoy sociedad civil, cuyo único fin es para autoprotegerse, no representan al pueblo sino a lo más pudiente de la sociedad que trata de erigirse por encima de la misma, promoviendo una serie de medidas que sexenio tras sexenio han fracasado y son un sostén de la venganza social hacia la parte más indefensa de la sociedad”.

Los eperristas ya recogieron diversas versiones en las calles, plazas, universidades, mercados, en todos ellos el pueblo se pregunta ¿Por qué ahora sí? El EPR con este discurso, retoma su posición inicial, y se convierte en la voz de diversos sectores, se apodera del lugar que perdió, y sutilmente habla por quienes callan, una estrategia que habían dejado en el baúl y que al sostener posiciones sociales en defensa del pueblo, insisten en colocarse en esa línea de portavoces de los desclasados.

Aunque no deberían de ignorar, que el que acusa tiene la obligación de probar, y antes de emitir juicios, el EPR, debería de acusar con bases, hacer señalamientos con pruebas contundentes, que descubran esa careta de falsedad que se ha dicho tiene el gobierno de Felipe Calderón, ya que los diversos análisis consideran que el haber sacado al ejército mexicano a las calles, le sirvió al gobierno panista para entronizarse y gobernar por seis años imponiendo la bayoneta, la bota, pero también con el miedo.

Hay señalamientos que el EPR hace que son obvios, que no necesitan probarse porque están a la luz de la opinión pública, como el hecho que la policía sirve a la clase pudiente, en las zonas proletarias y populares es difícil encontrar una patrulla, se van las corporaciones policíacas en esas zonas, solo para reprimir y chantajear a los jóvenes y adultos. Lo contrario son los enormes gastos que representan por lo menos en Oaxaca, de policías ministeriales, estatales preventivos y preventivos municipales, los cuales se encuentran “comisionados” al servicio de funcionarios y familiares de estos, cuidando casas y lo irracional es que a pesar de las quejas del pueblo, el gobierno estatal y federal, insisten en manejar una política de seguridad ineficiente, la sociedad paga los servicios de seguridad que los funcionarios usan discrecionalmente.

El EPR en su comunicado hace una fuerte critica a los operativos policíacos, retomando tal vez las denuncias que a nivel nacional se han venido dando en materia de cateos, operativos nocturnos del ejército y policía, en su comunicado del 27 de agosto destacan lo siguiente: “El ejército, la AFI, PFP, la ministerial, las policías estatales preventivas, la policía municipal e intermunicipal pasan por encima de la Constitución al presentarse con una supuesta orden de cateo firmada por un militar a realizar su fase cuatro que
consiste en cateos masivos en las zonas marginadas de las principales ciudades y llegan cerrando las calles, pidiendo "decentemente" entrar a todas las casas o abriéndolas a la fuerza burlándose del poder judicial echando por la borda el mandato constitucional. Y pobre de aquel al que le encuentren una chispera o una pistola .22 que no porta y que legalmente puede tener en su hogar, a quien además de torturarlo si bien le va le roban el arma y se la llevan junto a sus cosas de valor como botín de guerra, sin expedir ningún recibo burlándose de las mujeres y niños que en ese momento enloquecen de miedo, aterrorizados por las armas de alto calibre y la capucha que llevan supuestamente para protegerse de ser blanco de la delincuencia cuando en realidad son para que sus víctimas no los reconozcan y no sean acusados como violadores, ladrones, torturadores y extorsionadores que son”.

Lo que el EPR subraya, desgraciadamente es verdad, hechos como los de Yautepec en Oaxaca, donde militares asesinaron a dos indígenas zapotecas, demuestra que el pueblo vive con angustia, sin que ningún congreso estatal o federal, exija que se respeten los derechos humanos en cada uno de los operativos castrenses, no es necesario que el EPR lo destaque para entender que no es posible permitir que en nombre de la lucha contra el narcotráfico, se asesine impunemente a familias como sucedió en el norte de México, niños y ahora indígenas en Oaxaca. El ejército mexicano esta obligado a respetar a los ciudadanos, no usar sus armas en contra de la población civil.

El EPR habla de una fase IV, en la que el ejército aplica medidas extremas para ingresar a las casas de civiles, los militares y la policía federal puede ingresar a la vivienda de cualquier ciudadano y revisar todo lo que les plazca, incluso agredir a las personas, porque así los mandata el estado de miedo que el gobierno del PAN, en todo el país ha impuesto, la lucha contra las bandas del crimen organizado, ha sido el pretexto perfecto para criminalizar a los pobres, el grupo armado lo subraya, sin embargo el miedo ha llegado a extremos, parte del comunicado del 27 de agosto puntualiza: “En estos tiempos para las autoridades y sus cuerpos policíaco-militares ser pobre es sinónimo de delincuente, porque en sus cateos anticonstitucionales y estados de sitio impuesto a la población tener tus raquíticos ahorros en casa, tus escasas cosas de valor, las pocas joyas son catalogadas como "propiedades y dinero mal habido" que si los quieres recuperar tendrás que ir a la zona militar y ser objeto de todo tipo de prepotencia y abuso de la burocracia militar; hacer una fiesta con tu familia también es un delito para los ojos inquisidores de los militares y los policías quienes llegan allanando viviendas, saqueando las pocas pertenencias y cosas de valor, sacando a la calle a las mujeres, niños, ancianos y enfermos en paños menores. El robo, la humillación y la violación de mujeres es el común denominador de estos operativos de la IV fase "anticrimen" diseñada bajo el terrorismo de Estado con sus vuelos rasantes de helicópteros artillados y aviones de combate”.

“Acciones justificadas por la cúpula del PAN como un mal necesario cuando son ensayos neofascitas, sólo un asesino fascista puede asumir esa posición”.
El EPR en el cuerpo de su comunicado, manifiesta su rechazo a la práctica de denuncia anónima, que se ha usado como bien lo señala, por gobiernos fascistas, la historia nos enseña que Hitler premiaba a quienes denunciaban y encontraban a los judíos, antes y durante la segunda guerra mundial, un factor que permitió en aniquilamiento de esa raza en Europa.

En México se ha dicho que la denuncia anónima debe hacerse si se conoce que en ciertas casas hay personas sospechosas, esta estrategia no les ha funcionado, al contrario ha sido tomada como pretexto para que por envidia, rencor, problemas familiares o vecinales, cualquiera acuse sin fundamento, lo que provoca que el ejército haya incluso cometidos delitos graves, al ingresar a casas o residencias de personas que nada tienen que ver con el crimen organizado. A todo esto el Congreso federal y de los estados, no ha levantado un solo dedo para defender a los ciudadanos de esta agresión castrense y policíaca.

En su comunicado del 27 de agosto, el EPR define su posición y advierte que en caso de ser detenidos por azar, los encontraran y los aprendieran la tregua sería terminada en el acto, una constancia de que, como ya se dijo en análisis previos, la comandancia general del EPR, se encuentra copada y podría ser detenida en poco tiempo: “El gobierno, sin importar color partidario, dice que dará recompensas a quien denuncie al crimen organizado, pretendiendo volver a toda la población en "chivas" y en soplones, alimentando los bajos instintos de alguna gente del pueblo que por envidia, egoísmo, rencillas vecinales o intrafamiliares podrá hablar por teléfono acusando al vecino, al pariente de sospechoso para que fuerzas represivas lo torturen, lo roben, lo metan a la cárcel sin que tenga delito alguno que pagar, satisfaciendo venganzas personales. Esto sí agudizará aún más la crisis social en el país”. “La supuesta lucha contra el crimen organizado sólo es una simulación, en realidad son operativos contrainsurgentes que buscan identificarnos, descubrirnos, capturarnos para asesinarnos y desaparecernos. Estos operativos puestos en marcha en la fase IV de su plan "anticrimen" es extensivo para todo luchador social y opositor político al gobierno calderonista”.

“El pueblo debe saber que si por un azar nos encontraran y nos aprehendieran la tregua sería terminada en el acto”.