“Expansión” / 4 de julio de 2005

El Gobierno quiere evitar la precipitación del reparto efectuado el año pasado, por lo que lanzará en septiembre el debate con las empresas sobre el reparto de emisiones entre 2008 y 2012, pese a la corta trayectoria de la bolsa de CO2.

Aunque las empresas españolas apenas han empezando a tomar contacto con la bolsa europea de emisiones contaminantes, en los próximos meses tendrán que plantearse cuáles son sus necesidades de derechos de dióxido de carbono (CO2) a largo plazo.

Será a partir de septiembre cuando el Gobierno inicie el debate sobre el segundo plan de Kioto, que establecerá el reparto de los topes de emisiones de CO2 a los que se tendrán que ajustar las industrias entre 2008 y 2012. Se trata del periodo previsto por la Unión Europea para la segunda fase de su bolsa de contaminación, que se puso en marcha en enero y cuya primera etapa se extiende hasta finales de 2007.

Este mercado es una de las medidas previstas para cumplir el Protocolo de Kioto, el acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.

Reparto corto o espléndido

La generosidad del Ejecutivo para cubrir las peticiones empresariales de derechos de CO2 determinará el impacto sobre la tarifa eléctrica a largo plazo. Los Ministerios de Industria y Medio Ambiente garantizaron el año pasado que el precio de la luz no se verá afectado por el primer plan de Kioto. Sin embargo, no hay ninguna garantía para amortiguar el impacto de la asignación de CO2 sobre los costes energéticos a partir de 2008.

Según las tesis del ministro de Industria, José Montilla, la estructura tarifaria tiene margen suficiente para compensar el coste que puede derivarse de Kioto entre 2005 y 2007, como consecuencia de la necesidad de comprar derechos de emisión y del cambio tecnológico para recortar el uso del carbón y, así, las emisiones contaminantes.

Endesa y Unión Fenosa han advertido que la tarifa debe recoger el coste de Kioto desde este mismo año. El segundo plan de emisiones complicará aún más este escenario.

Para ese periodo, varios factores pueden empujar la tarifa eléctrica al alza como consecuencia de Kioto. Uno de ellos es el elevado precio de los derechos de emisión, que ya está encareciendo la compra de CO2 para las empresas. El precio de la tonelada de CO2 se ha más que triplicado desde enero, al aumentar un 212%, hasta 26,11 euros.

Asimismo, el elevado precio del petróleo, que ya supera los 60 dólares, ha subido el del gas, lo que complica el cambio del carbón al ciclo combinado (basado en el uso del gas).

Aparte del impacto de los mercados de CO2 y de petróleo sobre el precio de la luz, el debate sobre el segundo plan de Kioto está rodeado de otras incertidumbres.

La principal se deriva de la corta experiencia de la bolsa de emisiones. El Gobierno quiere iniciar con suficiente antelación este debate para evitar las prisas que sufrieron las negociaciones del primer plan, debido a los retrasos acumulados en los últimos meses del Gobierno del PP. Pero esta antelación tiene como inconveniente la escasa andadura del parqué del CO2.

“Iniciaremos las reuniones con los sectores afectados en septiembre para preparar el segundo Plan de Asignación”, afirma el secretario general de Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. “Hay que ver cómo transcurre este año, que es el primero de la bolsa de emisiones. Pero tenemos mucho interés en lanzar el debate cuanto antes y, por ello, lo comenzaremos a la vuelta del verano”, matiza Gonzalo.

En todo caso, se tendrá en cuenta el balance del primer año del mercado. Éste estará disponible cuando las empresas publiquen en el primer trimestre de 2006 su primera declaración anual de emisiones. En ella rendirán cuentas de la compra de derechos para demostrar si se han ajustado a la asignación recibida. Gonzalo afirma que “para el debate del segundo PNA, tendremos que contar más adelante con las declaraciones de emisiones de las empresas”.

Asignación con precio

Para las industrias, el segundo plan de Kioto aún tiene una sorpresa más. El funcionamiento de la bolsa de CO2 entre 2005 y 2007 tiene carácter experimental y, además, se ha basado en un reparto gratuito de derechos; es decir, las instalaciones han recibido el tope máximo de derechos sin ningún coste.

Pero, a partir de 2008, la Unión Europea permite que la asignación ya no sea completamente gratuita y, además, prevé multas más fuertes por cada tonelada de CO2 de más emitida por las compañías. Las sanciones por cada tonelada de exceso será de 100 euros, más del doble que las previstas entre 2005 y 2007.