Este lunes 24 de octubre, Quito amaneció vestido de verde y blanco. Sus calles fueron el escenario culminante de la gran marcha “Por la dignidad de Esmeraldas” iniciada el 12 de octubre pasado.

No era un mitin de 200 personas en la Avenida de los Shiris, era una marcha de alrededor de 5 000 ecuatorianos, muchos de los cuales (más de 400) llegaron luego de recorrer a pie los 360 kilómetros que separan a Esmeraldas de Quito. Definitivamente no eran forajidos, pues los propósitos que los movían no iban por el lado de exigir maquillajes a la institucionalidad del país; los movía la necesidad de vialidad, educación, salud y obras de infraestructura básica, pero sobre todo la decisión de hacer respetar su dignidad como pueblo.

Su organización y unidad, construidos con el liderazgo de autoridades locales de la vertiente de la izquierda revolucionaria, logró un triunfo histórico. No solo arrancaron del gobierno el compromiso de cumplir con todos sus planteamientos, sino que también demostraron ante el país que los pueblos del Ecuador tienen intereses comunes y anhelan transformaciones estructurales; que las particularidades regionales no son un elemento de fragmentación, sino de unidad nacional.

Se trata de un acontecimiento que quedará grabado en la conciencia de los esmeraldeños, como un hito más de su lucha por el progreso, camino en el que se encuentran involucrados desde hace casi cinco años, cuando decidieron confiar en la propuesta política del Movimiento Popular Democrático, representado por el actual alcalde Ernesto Estupiñán Quintero y desde hace un año por la prefecta Lucía Sosa de Pimentel, a quienes reconocen como sus líderes.

La marcha fue el resultado de la decisión de la Asamblea Provincial de Esmeraldas, que reúne a todas las fuerzas vivas de la provincia: autoridades locales, organizaciones populares, cámaras de la producción, transportistas, universidades, etc., que se cansaron de esperar que el presidente Alfredo Palacio cumpla su palabra, expresada en la firma, el pasado 12 de julio, de un acuerdo que contiene 12 puntos de reivindicaciones, y que fuera ratificada por el mismo Palacio el 5 de Agosto, durante la sesión solemne por las festividades de Esmeraldas.

Cuando la marcha llegó a Quito, el Gobierno mostró nuevamente su perfil autoritario, tal como lo hizo cuando las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos se levantaron para reclamar que se cumpla con sus requerimientos urgentes. En el momento en que la marcha “Por la Dignidad de Esmeraldas” se disponía a cruzar el puente sobre el río Machángara, fue reprimida brutalmente con gases lacrimógenos, que causaron muchos asfixiados. Era doloroso mirar a mujeres y hasta personas de la tercera edad que, a más de estar gravemente afectadas por la extenuante caminata de 360 kilómetros y la falta de oxígeno que naturalmente afecta a los habitantes de la Costa en estas regiones de la Sierra, no soportaban y caían en media calle, buscando arrancarle fuerzas al cuerpo e incorporándose nuevamente para continuar en su cometido.

Hizo falta la intervención firme de la Prefecta y del alcalde de Esmeraldas, para que el gobierno finalmente ceda y permita que la marcha continúe su paso hacia el parque de El Arbolito, donde se recuperarían fuerzas y se volvería al ataque. Había una decisión: si era necesario había que quedarse unos días más en la lucha, pero el gobierno debía entender que no se puede burlar así de un pueblo altivo y luchador.

Finalmente, el Gobierno tuvo que aceptar los planteamientos de los dirigentes de la medida de hecho, y firmar un nuevo documento, que deberá cumplir si no quiere enfrentar acciones más contundentes aún.

Aspectos clave del nuevo compromiso:

1.- Puente sobre el río Esmeraldas: Hasta el año 2006, durante la ejecución presupuestaria del próximo año, el Ministerio de Economía efectuará las modificaciones necesarias para que conste el valor de 20 millones de dólares para la construcción del puente sobre el río Esmeraldas (Esmeraldas-Tachina). Los restantes 20 millones, el Gobierno los hará constar en la proforma presupuestaria del 2007. El Gobierno Provincial será el responsable de la ejecución de la obra.

2.- Equipo caminero para el Consejo Provincial y siete cantones: El Gobierno Nacional, cumpliendo con su compromiso, dispuso que 3,4 millones de dólares sean transferidos el día lunes 24 de octubre y el saldo de 3,4 millones se transfiera en los 10 días hábiles siguientes.

3.- Mantenimiento vial: En las vías principales San Lorenzo-Esmeraldas, Quinindé-Esmeraldas, se realizan obras de emergencia que concluirán en diciembre de 2005. Esmeraldas-Súa-Pedernales: se realizan obras de emergencia que concluirán en diciembre de 2005.

Autopista Esmeraldas-Atacames-Súa: se avanza en la operación financiera con la constructora Hidalgo-Hidalgo. En 15 días laborales se ubicará la correspondiente partida presupuestaria.

En lo que respecta al proyecto de asfaltado de la vía: La “Y”-La Tola, el Gobierno se compromete a ubicar la partida presupuestaria en el primer trimestre del año 2006.

4.- Adquisición de asfalto: Se entregaron 1,5 millones de dólares al Ministerio de Energía para la pavimentación, por intermedio del Municipio de Esmeraldas, de los barrios alrededor de la Refinería; y el saldo de 2 millones hasta el 15 de enero de 2006.

El Gobierno ha instruido el día de hoy a Petrocomercial para que, en la reunión del día jueves 27 de octubre de 2005, el CAD resuelva autorizar al vicepresidente de Petrocomercial la firma del convenio respectivo.

La Vicepresidencia de Petrocomercial suscribirá con el Municipio de Esmeraldas el convenio para la dotación de asfalto no reembolsable equivalente a 1 millón 500 000 dólares hasta el 31 de octubre de 2005.

Además se incluye:

- Hasta el 15 de noviembre se transferirán 400 mil dólares para la construcción de la sala de quemados del Hospital Delfina Torres de Concha.

- Se entregará un millón 500 000 dólares para la ejecución de obras de infraestructura escolar. Así mismo, la Universidad Luis Vargas Torres contará con 500 000 dólares para mejorar su infraestructura. (FF)

La rapidez con la que se producen los acontecimientos políticos caracteriza la vida del Ecuador en estos días, poniendo en evidencia no solo cómo uno u otro sector calculan y manejan sus movimientos e intereses, sino también la magnitud de la crisis que atrapó al país hace algunos años y de la que no puede librarse.

Cuando el pasado viernes 14 de octubre Lucio Gutiérrez aterrizaba en Manta -arribo con mucho simbolismo, pues lo hizo en la Base Militar en posesión del ejército de los Estados Unidos-, todo parecía indicar que aquel se convertiría en el foco de atención periodístico y político en mucho tiempo, dado su interés por mostrarse como el centro de la oposición burguesa al Gobierno, en circunstancias en las que éste se encontraba sumamente debilitado por la salida de Oswaldo Molestina del Ministerio de Gobierno y por el definitivo fracaso de la consulta popular y la reforma política consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sin embargo, las cámaras pronto tuvieron que fijar su enfoque en otro punto: Palacio, de cara a los grandes problemas acumulados y particularmente por la soledad en la que iba quedando por el distanciamiento –aunque sea circunstancial y muy puntual- con el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, asunto que mermaba aún más su ya golpeada imagen, encontró en la convocatoria a una consulta para que resuelva la realización de la Asamblea Constituyente, la tabla de salvación que él mismo se fabricaba para salir del atolladero.

Planteamiento “con piola”, porque Palacio fue categórico en manifestar, meses atrás, que desechaba por completo la realización de la Asamblea Constituyente, y además en las actuales circunstancias, sin duda, sabía que el TSE rechazaría su pedido de convocar a la consulta, como efectivamente ocurrió, dado que el PSC, la ID, el PRE y el PRIAN hacen mayoría en dicho organismo.

Sin embargo no perdió la oportunidad para adjuntar a su pedido un estatuto electoral antidemocrático que, aunque supuestamente buscaba garantizar la participación de diversos sectores sociales en la Asamblea, en los hechos los restringía por los requisitos, mecanismos y excepciones de participación formuladas. De hecho Palacio buscaba, y en parte logró, ganar la iniciativa política en la confrontación con los partidos que controlan el Congreso, y cosechar el respaldo particularmente de quienes antes ya lo apoyaron y aseguraron que aquel era una opción de cambio, como ocurrió con algunos dirigentes de los denominados movimientos sociales y de la tan promovida “sociedad civil”, que de lo que se puede ver la constituyen los jefes y funcionarios de las ONGs que rinden cuentas a instituciones del extranjero; sectores que justifican el antidemocrático estatuto electoral del Palacio bajo el criterio de que, por sobre todo, lo importante es que se convoque a la Constituyente, sin importar cómo se la estructure.

Parangonando, sería como sugerir que lo importante es llenar el estómago hambriento de millones de ecuatorianos, aunque sea con veneno.

En todo caso, Palacio supo sintonizarse con un sentimiento presente en un significativo sector de los ecuatorianos (la convocatoria a la Constituyente) y lo está aprovechando para el “tira y afloja” con el Congreso, al tiempo de aparecer como ferviente partidario de dicha institución política.

Por el lado de los partidos oligárquicos opuestos a la Constituyente, el vaivén político también es notorio. Coincidieron con Palacio en evadir la consulta popular, aprobando en el Congreso la famosa reforma política. Como aquello no tuvo eco, y más aún suscitó el rechazo de varias organizaciones populares y de izquierda, aparentemente accedieron a dar paso a la consulta que, como todos sabemos, fracasó porque sus particulares intereses les impidieron ponerse de acuerdo en el contenido de la misma. Luego de la total negativa a la Constituyente, y por la repulsa popular que aquello ha provocado, se apropiaron del discurso condenatorio al estatuto antidemocrático propuesto por Palacio, para luego plantear que lo viable es una Asamblea Constitucional y no la Constituyente. Asunto que, por cierto, para muchos parece un juego de palabras, aunque en realidad es un juego de intereses.

Así las cosas, la posibilidad de que se concrete la Asamblea Constituyente se aleja. En el propósito de recuperar espacios, el gobierno ha “reconocido” que el estatuto electoral tenía limitaciones y que está “abierto” a reformar ese instrumento con las opiniones de diversos sectores sociales para insistir en el asunto, asegurándose en sus manos un mecanismo de presión.

Pero los resultados son previsibles, a no ser que se produzcan dos circunstancias: La una, que se genere un movimiento de masas lo suficientemente fuerte y de amplia cobertura nacional que obligue al Congreso un nuevo cambio en su postura política; y, la segunda, que Palacio rompa el orden constituido para convocar la Constituyente, eventualidad que por supuesto le exige contar con una gran fuerza que lo apoye.

En todo caso el país ha entrado a un nuevo momento, en el que, al menos por unos días, el punto será Asamblea Constitucional o Asamblea Constituyente, mientras temas medulares como las negociaciones del TLC o la caducidad del contrato de la OXY se esfuman tras esa estela. El socialcristianismo, la Izquierda Democrática y otros buscan entrampar en este asunto el “debate político”, para ganar tiempo y luego darse cuenta que no hay tiempo para una ni otra Asamblea por la proximidad de la elecciones del 2006. Pero para amortiguar las cosas, en este lapso procurarían aprobar algunas reformas, reaccionarias por supuesto, para justificar su “voluntad” de llevar adelante la reforma política, y con ello conciliar con el programa político del Gobierno central. Es un hecho que no habrá acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo en relación al tipo de Asamblea, por lo que corresponde al pueblo dirimir al respecto. Lo lógico es que se convoque a una consulta en la que se escoja entre la Asamblea Constitucional o Asamblea Constituyente, a lo que debe incorporarse si se suscribe o no el TLC.

Es notorio que la propuesta formulada por diversos sectores populares de ir a la Asamblea Constituyente no solo que va tomando fuerza, sino que va sustentándose de mejor manera en sólidas propuesta nacidas de quienes en realidad tienen interés de su realización. No solo se exige que se reúna la Constituyente, sino que ésta tenga plenos poderes y sea el fruto de un estatuto profundamente democrático, para garantizar una composición que asegure la introducción de cambios positivos y progresistas en el andamiaje político y jurídico del país.