En este mes se han presentado
tres hechos importantes en torno a la defensa del
ambiente y de los derechos colectivos, que casi
no han sido mencionados en la gran prensa, pero
que deben ser conocidas por el pueblo para sumar
fuerzas en torno a ellas y lograr su concreción.
I
La Veeduría para la
Protección de los Pueblos Indígenas
en Asilamiento de Yasuní, encabezada por
el Centro de Derechos Económicos y Sociales,
CDES, hizo pública, con numerosas firmas
de respaldo, la exigencia de delimitación
de los territorios de la Zona Intangible (es decir,
aquella en la que no se permitirá ningún
tipo de explotación de recursos naturales)
que se encuentra en el Parque Yasuní. Tal
como dice la comunicación, la delimitación
“es un imperativo para la protección
de los pueblos en aislamiento voluntario y para
la conservación de una biodiversidad única
en el mundo presente en la región del Yasuní”.
La falta de una delimitación clara facilita
una acelerada extracción forestal ilegal
y repetidos hechos de violencia, incluyendo la masacre
de mayo de 2003, y asedio permanente a los pueblos
Tagaeri- Taromenane, que hasta hoy permanecen en
aislamiento voluntario.
II
Una noticia importante es el
recurso de amparo presentado para dejar sin efecto
la licencia ambiental para las obras de Petrobras
en Yasuní, por constituir un acto ilegítimo
de la autoridad pública, entre otras razones,
por no haber sido estudiado el impcto ambiental
de la construcción de las instalaciones centrales
de producción –CPF- al interior del
Parque Nacional, afectando de manera directa a más
de 15 hectáreas, así como de la carretera
que éste requiere, así como por la
inexistencia de certificación alguna que
demuestre que se cumplió con el procedimiento
de consulta previa a las comunidades.
El recurso, presentado por
Fundación Natura, Ecolex, Ecociencia, CECIA,
Ambiente y Sociedad y quién escribe esta
nota, es una oportunidad para hacer respetar la
Constitución y las Leyes vigentes, impidiendo
efectos negativos de inmensa gravedad sobre un Área
Protegida que es considerada como una de las zonas
de más alta biodiversidad en el mundo.
Ya antes se dieron diversos
pronunciamientos de ambientalistas y pueblos amazónicos,
pero ahora este recurso no espera una respuesta
voluntaria de las autoridades sino que plantea un
nuevo terreno de disputa tal y como fija la legislación
ecuatoriana, de manera de garantizar la seguridad
jurídica y de permitir una decisión
obligatoria para las autoridades ministeriales.
Esto, claro, si la Dra. María Elena Chávez,
Jueza Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha,
administra justicia en este caso.
III
La Asociación Nacional
de Servidores Públicos del Ministerio del
Ambiente, ANSEPMA, hizo el lanzamiento de la “Agenda
País: El Ecuador Ambiental que Queremos”,
en la cual se plantea un conjunto de políticas,
objetivos, actividades y proyectos que, con la experticia
de los funcionarios ambientalistas, estructuran
una propuesta general que amplia el debate sobre
los retos que, para la protección ambiental,
plantea el desarrollo. En palabras introductorias
de su presidente, el Dr. Mario Andino, la Agenda
“incluye los principales lineamientos para
asumir la gestión ambiental como una política
de Estado encaminada a la conservación y
uso sustentable de la biodiversidad, bajo el enfoque
ecosistémico, y la equidad intra e intergeneracional,
con la participación de todos los sectores
de la sociedad”.
Esta Agenda, realizada al margen
de las autoridades ministeriales, confirma que en
los servidores públicos del ministerio hay
reflexión y compromiso. Al igual que en otros
ministerios, lo que falta es autoridades comprometidas
con el pleno cumplimiento de la Ley que trabajen
con los profesionales técnicos que hacen
la vida permanente de las instituciones públicas.
E.I.L.
El movimiento indígena
busca un cambio verdadero
Cerca de100 participantes
estuvieron en la Cumbre de Legisladores y Líderes
Indígenas, que se reunió en Quito
desde el 11 al 13 de octubre, con el objetivo de
definir propuestas y estrategias de cara a la Comunidad
Sudamericana de Naciones (CSN). Acudieron delegaciones
de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay y Venezuela, que debatieron sobre
los alcances de la propuesta de la CSN y expusieron
una visión de la integración que va
mucho más lejos de la de ciertos gobernantes
que solo la miran como un instrumento para la apertura
comercial y el impulso de infraestructuras en función
de los intereses del capital transnacional.
Los indígenas plantean
una integración plurinacional, equitativa,
soberana, justa y fraterna, en la que se preserve
la vida y se garanticen los derechos de los pueblos
y nacionalidades indígenas 'en armonía
con los demás pueblos que coexistimos en
Sudamérica'. Algunos de los tópicos
planteados en este evento tienen que ver con el
reconocimiento de la identidad, los derechos colectivos
de los pueblos indígenas, la identidad, los
recursos naturales, el Estado plurinacional, la
biodiversidad, los conocimientos ancestrales, la
militarización de los territorios indígenas
y las amenazas de los tratados de 'libre comercio'.
A esto se suma la acción
de las transnacionales que están privatizando
todo. Las inversiones extranjeras no han sido beneficiosas
para los pueblos indígenas, éstas
solo han favorecido a una élite de políticos
y empresarios. Las actividades de las transnacionales
petroleras, madereras, mineras, farmacéuticas
y otras, han provocado la destrucción de
los bosques, la división y la muerte de las
comunidades indígenas y la erosión
de sus identidades.
La parlamentarios y líderes
indígenas plantean que la integración
propuesta por los gobiernos no responde a la realidad
de los pueblos de la región, sino que responde
a los intereses de las élites dominantes.
Marcelo Pastuña,
dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi,
que participó en el evento, señalo
que “a más de la lucha por la defensa
de nuestra cultura y nuestra identidad, debemos
entender que se trata de una lucha de clases, por
las necesidades de nuestras comunidades. Como pueblos
y nacionalidades necesitamos vivir en mejores condiciones
de vida, de salud y de educación. Nuestras
comunidades necesitan vida, ya no comen cuento,
porque necesitamos agua, riego, préstamos
para la reactivación de nuestros campos y
la defensa de nuestra tierra”.
Desgraciadamente, la
CONAIE, sostiene el dirigente, no ha estado pensando
en ello: “está dirigida por una cúpula
que al igual que la de Pacahakutik defienden intereses
de su grupo, han defendido sus puestos y privilegios
burocráticos, en los ministerios y otras
instituciones, con las cuales se han enriquecido
a nombre del movimiento indígena, olvidándose
de las bases, de las comunidades y de todo el movimiento”.
Y así, aclara Pastusa,
con acuerdos con las Ongs y el gobierno, con la
burguesía, como actúan estas cúpulas,
lo único que han obtenido es que se siga
explotando a las nacionalidades indígenas
y al resto del pueblo. “Esa no es la alternativa,
esa es una traición. Estas prácticas
pretenden dispersar al movimiento indígena,
algunos de ellos hablan de recuperar el estado de
derecho, sin embargo, no hay tal estado de derecho
cuando carecemos de educación, salud, trabajo
y tierra. Estar con el estado de derecho no es hacerle
el juego al gobierno, ganando en esos puestos 2
ó 5 mil dólares, con ello han surgido
nuevos patronos, solo que ahora indígenas,
mientras a nuestras comunidades llegan con el proyectito
para criar cuyes o unos borreguitos. Eso nada cambia,
más bien aumenta la pobreza. Necesitamos
un cambio profundo, que acabe con el sistema capitalista
y que permita construir un estado popular, un gobierno
popular. Es hacia allá donde debemos apuntar
y concentrar nuestra acción”, enfatiza
Pastusa.
Existen temas importantes,
según el dirigente, por los cuales deben
luchar unitariamente los pueblos indígenas,
como son los tratados de libre comercio como el
que se viene discutiendo entre Estados Unidos y
los países andinos (Ecuador, Colombia y Perú):
“Nosotros estamos opuestos al TLC pues las
consecuencias serán muy graves, nuestras
tierras serán nuevamente acaparadas por los
latifundistas, nuestra medicina y la biodiversidad
serán privatizados, pero además nuestros
productos no podrán competir con los productos
subsidiados por Estados Unidos. Por ello, insistimos
en rechazaro el TLC y estamos exigiendo que se convoque
a una consulta popular para que el pueblo decida,
previo a una información veraz y a un debate
serio. En ese camino debemos trabajar por la unidad
del movimiento indígena y popular”,
manifiesta Pastusa. (CM)
