El tema de la Asamblea Constituyente
se impuso en el Ecuador, así no sea un verdadero
clamor popular. Hay que tener presente su origen:
se planteó como propuesta a raíz de
los sucesos de abril, en los que los sectores medios
y burgueses de la población quiteña,
articulados como movimiento bajo el liderazgo de
algunos políticos agrupados en ONGs (algunas
financiadas y dirigidas por los Estados Unidos),
y bajo el argumento de defensa de la institucionalidad
democrática del país, buscaban un
espacio propio para actuar en el escenario del Estado.
Y lo consiguieron involucrándose con un gobierno
que comenzó comprometiéndose con ellos,
luego los abandonó por aliarse con el Partido
Social Cristiano, la Izquierda Democrática
y Pachakutik, y al final volvió a ellos para
tomar fuerza cuando se quedó solo y gravemente
debilitado.
No es una propuesta que, como
en el caso de Bolivia, haya surgido desde abajo.
En ese hermano país era una bandera política
frente a un Estado desvalijado por las privatizaciones,
que se quedó sin empresas del Estado en las
principales áreas de la economía y
requería con urgencia recuperar espacios
perdidos frente a las transnacionales.
Evidentemente tampoco surgió
en un escenario como el de Venezuela, en el que
fue un proceso dirigido desde un gobierno como el
de Hugo Chávez, que requería de un
marco constitucional adecuado para empujar sus reformas
de corte democrático y popular.
Ahora, en nuestro país
el debate se centra en si la Asamblea debe ser constituyente
o constitucional, y se buscan acuerdos que permitan
viabilizar una consulta popular que lo defina, y
mientras se da esa discusión, en estos meses
el Congreso ha aprobado 11 leyes, entre las cuales
la más nociva es la Ley de Estímulos
Tributarios que exonera del pago de impuestos a
las empresarios, abriéndoles el camino para
una mayor explotación de nuestros recursos
naturales y de los trabajadores; las negociaciones
del TLC llegan a la recta final; Uribe afirma posiciones
con Palacio para el desarrollo del Plan Colombia;
en la proforma presupuestaria se aumenta el porcentaje
para el pago de la deuda externa y se reducen los
aportes para los organismos seccionales, la educación
y la salud; el entreguismo y la política
antipopular sigue el curso definido por el banco
Mundial y el FMI.
En esencia, este rumbo no lo
cambiará ni la Asamblea Constituyente, y
menos una constitucional, lo más probable
es que se afirme.
El pueblo intuitivo y sabio,
no come cuentos y se afirma en el camino de la lucha,
en los últimos meses, la movilización
popular ha sido intensa. Se han levantado provincias
y regiones enteras en reclamo de rentas para sus
gobiernos locales. La gran marcha del pueblo esmeraldeño
que llegó a Quito el 24 de octubre obligó
al Gobierno a entregar los recursos que había
ofrecido pero cuya entrega estaba incumpliendo,
los campesinos del Seguro Social Campesino agrupados
en la FEUNASSC, paralizaron las carreteras en 17
provincias demandando medicinas y atención
a los problemas del agro, lo mismo sucedió
con el paro biprovincial de Sucumbios y Orellana,
exigiendo la salida de la OXY y las rentas para
sus provincias; 10 mil estudiantes universitarios
de todo el país reclamaron también
recursos para la educación. Todo esto expresa
el anhelo de cambio que tenemos los ecuatorianos
y que se traduce en movilizaciones y propuestas
concretas.
Los grandes medios de comunicación
han pretendido ocultar estas acciones y demandas,
sin embargo por su fuerza han sido inocultables,
aunque por momentos se pierden en medio de un escenario
en el que la disputa entre facciones oligárquicas
y el imperialismo son la noticia diaria.
La realidad está creada,
no es posible rehuir a ella, por eso es obvio que
los pueblos están impelidos a tomar una posición
sobre el tema de la Constituyente. Entonces surge
la necesidad de convertirlo en un nuevo escenario
de lucha, que pueda contribuir al avance de un proyecto
transformador. Si tiene que darse una Asamblea ésta
debe ser Constituyente y con plenos poderes, pero
si existe la alternativa de la Constitucional, debe
entonces someterse a consulta popular para que el
pueblo decida qué carácter debe tener.
Y lo más importante: debe estar constituida
de forma que sea la expresión real y democrática
de la sociedad ecuatoriana actual, algo que la propuesta
del Ejecutivo no cumple y que la propuesta de la
ID y el PSC no quiere.
Por último, una vez
instalada, la Constituyente (integrada democráticamente
y dotada de plenos poderes) debe servir para definir
temas de real trascendencia para el país,
como el TLC, la política nacional frente
al tema de la deuda externa y el Plan Colombia,
así como el establecimiento de una nueva
institucionalidad y marco jurídico que permita
la democratización mayor de la sociedad ecuatoriana
y el impulso al aparato productivo popular. Es decir,
que ponga en escena los reales temas de la agenda
popular ecuatoriana.
