Alfredo Palacio pretende dar
continuidad a los proyectos hidroeléctricos
que se presentaron en la administración de
Lucio Gutiérrez, pero que evidentemente favorecen
intereses de los grandes grupos económicos
que manejan el país y que tratan de tener
el control tanto político como económico
del Ecuador. Uno de ellos es el “Proyecto
Multiproposito Baba”, en la provincia de los
Ríos, con una inversión de 200 millones
de dólares; que son “grandes inversiones
que permitirán el desarrollo del país";
dicen para justificar estas millonarias inversiones.
Pero se trata del desarrollo a costa del despojo
y atraso de los habitantes y comunidades de estos
sectores, que se verán afectados con la construcción
del mencionado proyecto.
Los estudios están a
cargo de la CEDEGE (Comisión de Estudios
para el Desarrollo de la Cuenca Baja del Río
Guayas), y mencionan que el Proyecto será
de vital importancia para el país y en particular
para la provincia de Los Ríos, pues brindará
un sinnúmero de beneficios a los habitantes
de las cuencas de los ríos Baba, Quevedo,
Vinces y Guayas; brindará un componente de
control de inundaciones y regulación de caudales
incorporando miles de hectáreas a la producción
agropecuaria, y contribuirá a evitar futuros
apagones. Estas son ideas que probablemente solo
queden en papel, porque sus habitantes están
en desacuerdo con la construcción de esta
represa y están dispuestos a impedirlo.
La lucha por impedir la ejecución
de este proyecto se debe a que existe una ausencia
total de garantías para la población,
tanto en el área del embalse, como de las
poblaciones ribereñas en el curso inferior
de los ríos después de la represa
que sufrirán las consecuencias del drenaje
de aguas servidas.
La población teme que
se pierdan las zonas de bosques primarios y secundarios,
como también que se vea afectada la sobrevivencia
de comunidades indígenas y campesinas, ante
lo cual mantienen una posición de defensa
de la vida y de lucha contra la privatización
del agua en la cuenca alta del río Guayas.
Efectos negativos por la realización
de este proyecto
La zona afectada está
ubicada en la parte sur de la provincia de los Ríos,
en la parroquia Patricia Pilar, del cantón
Buena Fe. Los cantones que serán afectados
son: Quevedo, Buena Fe, Mocache y Vinces, incluso
en la zona donde se pretende construir se inundarían
unas 30 mil hectáreas de tierra que están
en plena producción, donde existe todo un
sistema de vialidad, de construcciones escolares;
alrededor de 1.500 familias serían las afectadas.
A esto se suma que el proyecto
no cumple con los requisitos esenciales y deja de
lado los preceptos constitucionales y legales. No
cuenta con el informe favorable del Ministerio de
Medio Ambiente, que no aprobaría la construcción
de una represa que a la larga se convertiría
en un foco de enfermedades tropicales como el paludismo,
dengue, mal de chagas, encefalitis y síndrome
meningo encefálico, entre otros. Este proyecto
Baba no consta en las prioridades del CONELEC, ya
que servirá para aumentar la generación
de energía eléctrica de la central
del Daule-Peripa en apenas 45 megavatios.
Además, el Estado reconoce
en el Art. 84 de la Constitución que para
la ejecución del mencionado proyecto se debe
tomar en cuenta la opinión de los moradores
de la parroquia, el cantón y la provincia.
Motivos por los que el Bloque del Movimiento Popular
Democrático, presentó una demanda
de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional,
con la finalidad de derogar los decretos ejecutivos
2174, emitido en el anterior gobierno, y el 176
emitido por el presidente Palacio, con los que se
declara prioridad nacional el “Proyecto Multipropósito
Baba.”
El verdadero trasfondo para
la construcción de este proyecto es, la privatización,
venta y exportación del agua a países
europeos, este es el gran negocio del futuro.
El Ecuador es poseedor de una
gran riqueza hídrica, que puede abastecer
las necesidades energéticas por las que atraviesa
el país, pero el interés político
y económico que está detrás
de estos proyectos hidroeléctricos es más
poderoso que las necesidades de dar un buen servicio
a la ciudadanía que paga por ser atendida.
Se gastan cientos de millones de dólares
en proyectos que dejan a su paso destrucción,
obras inconclusas, división de tierras comunales,
pagos ínfimos por las expropiaciones de los
predios afectados y, por ende, la generación
de más pobreza, migración y desempleo
al bajar la producción agrícola.
Las poblaciones afectadas dicen
No a la construcción del “Proyecto
Baba”
Adolfo Puente
Frente Popular de los Ríos
El proyecto se denomina
“multipropósitos” de acuerdo
a los estudios realizados por la CEDEGE y el interés
del prefecto de Los Ríos, Jorge Manuel Marun,
de llevar el agua hasta la cuenca baja del río
Guayas a través de un desvío del proyecto
de represa Baba-Vinces, que la traslada al Daule-Peripa
para el regadío de tierras de la Península
de Santa Elena, en donde tienen tierras Jaime Nebot,
Juan José Pons, la familia Bucaram y el mismo
prefecto Marún.
Existe oposición
de los sectores populares, campesinos, de los pequeños
y medianos productores, porque existen cuestiones
de trasfondo, documentos ocultos. A más de
llevar el agua a la Península de Santa Elena
para beneficiar algunos agroindustriales, se pretende
crear una gran planta de procesamiento del agua,
para venderla e incluso exportarla a algunos países
del continente Europeo, de manera que lo que se
quiere en definitiva es la privatización
del agua de esta provincia. Ese es el motivo por
el que lo denominan “Proyecto Multipropósitos”.
Experiencias como las
dejadas por el proyecto Daule–Peripa, a 15
Km del río Baba, son las que la gente de
Buena Fé y Patricia Pilar no quieren volver
a repetir: los campesinos de ese sector fueron desplazados
sin el pago de sus tierras, no existió una
previa notificación, la gente desplazada
no tenía donde refugiarse, a más de
los daños ambientales, el aislamiento de
varias comunidades productivas en la provincia de
Manabí, que realizaban su comercio con los
cantones de la provincia de los Ríos: Buena
Fe, Patricia Pilar, parte del cantón El Empalme
de la provincia del Guayas y Pichincha.
La intención para
la que fue construido el Daule-Peripa no ha cumplido
su propósito y está en total abandono,
hay una cantidad de agua represada y llena de maleza,
porque no se ha dado el mantenimiento del agua represada.
Esta situación alerta a los pobladores de
la zona donde se pretende construir el Proyecto
Baba.
Ningún beneficio
acarrearía la construcción de este
proyecto ya que se afectaría el ecosistema
y la biodiversidad de la zona, además de
dejar incomunicadas a las parroquias Patricia Pilar
y Santa María del Toachi del cantón
Santo Domingo, con la destrucción del único
puente que comunica a todas estas sectores productivos,
afectando al comercio y a la economía de
estas poblaciones.
Acciones de la población
afectada...
Frente a esta resistencia
de la población, la CEDEGÉ ha tratado
de hablar con los sectores afectados, con el objetivo
de socializar la problemática del proyecto,
pero siempre actúan como representantes los
grandes productores-exportadores, organismos gubernamentales
y personeros de CEDEGÉ, excluyendo a los
representantes de la población afectada que
son más de doce mil personas y parte del
territorio de la etnia Tsáchila.
Entre otros frentes de
lucha está la conformación de la Coordinadora
“Por la No Construcción de la Presa
Baba”, y entre sus conclusiones y resoluciones
exige que la CEDEGÉ entregue todos los estudios
del proyecto, porque hasta la fecha solo se han
entregado siete de los trece volúmenes, donde
se hace referencia a la ejecución de otros
tres embalses, denominados La Libertad, Puebloviejo
y Mantequilla - este último que anegaría
el Humedal de Abras de Mantequilla -un lugar ecológico
de amplia biodiversidadconforme se desprende del
mapa global del proyecto al que la Coordinadora
ha tenido acceso.
En su plataforma de lucha
consta la apelación a un comité internacional
para auditar social, ambiental y económicamente
el proyecto de CEDEGÉ, teniendo como antecedente
la deplorable experiencia de la represa Daule –
Peripa. También solicitarán apoyo
técnico a las universidades y centros de
investigación agropecuarios del Ecuador para
finalmente levantar una denuncia y posteriormente
un juicio de ámbito internacional, por atentar
contra los derechos humanos y socio-económicos
de las comunidades afectadas.
