No pocas reacciones han causado la serie de reportajes que OPCIÓN viene presentando acerca del origen, vínculos y propósitos de ONGs como Participación Ciudadana y Fundación Esquel en el Ecuador, así como de varios grupos que éstas han promovido para llevar a cabo sus propósitos, como es el caso de los denominados “Ruptura de los 25”.

No es para menos. Ha quedado al descubierto la intervención directa que el gobierno de los Estados Unidos hace a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la política interna del Ecuador, financiando y orientando políticamente a ONGs y grupos que, bajo el argumento de “defensa de la democracia”, promueven una crisis política que les permita conseguir la reestructuración del sistema de justicia -en realidad lo que buscan es volver a la antigua hegemonía política de la Corte- que sirva a sus intereses y al de las transnacionales.

A raíz del primer reportaje, que apareció en la edición número 82, bajo el título “ONGs: Intervencionismo yanqui en el Ecuador”, periodistas de otros medios de comunicación, principalmente del diario Expreso, comenzaron a investigar el tema y a presentar información que produjo tibios comentarios de algunos canales de televisión, alineados en su mayoría con los detractores de la actual Corte Suprema de Justicia y por lo tanto, aliados de estos grupos.

Los recursos de las ONGs tienen control directo del gobierno de Bush

Los reportajes y noticias que presentó diario Expreso, en sus ediciones del martes 22 y miércoles 23 de febrero, mostraron que varias fundaciones ecuatorianas; entre ellas: CORDES, ESQUEL, CEDIME, FUTURO LATINOAMERICANO, CLD-TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA y HACIA LA SEGURIDAD cumplían agendas norteamericanas en el Ecuador.

Sin embargo, estas denuncias del diario guayaquileño no fueron más allá, tal vez porque Jorge Vivanco, subdirector de este medio, también aparece entre los personajes involucrados con Participación Ciudadana (PC), según información de la página web de esta ONG. De todas formas, el trabajo del periodista que supo sacar esta información a tiempo fue importante.

Por su parte, el diario El Comercio, del 29 de marzo, presentó un reportaje con el título: “El comando Sur opera en dos vertientes”, en el que describe el trabajo abierto que realiza el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos en Ecuador, a través de Kevin Saderup, representante de esa instancia militar extranjera en nuestro país. Según este diario, en el Ecuador existen cinco oficinas del Comando Sur, la más importante, la del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar, según dice la página web de la Embajada: “apoya la democracia en el Ecuador y su buen récord de respeto a los derechos humanos, así como los objetivos de la política estadounidense en el país”. En el mismo reportaje, se consulta como fuente al sociólogo Freddy Rivera, quien sostiene que “El dinero que la USAID maneja en Ecuador llega mediante el Comando Sur”. Es decir, nuevos elementos que indican el papel que cumplen las ONGs financiadas por la USAID en Ecuador debe ser investigado a fondo, para que los ecuatorianos demos una respuesta digna, de defensa de nuestra soberanía.

Los medios han buscado también reacciones de representantes de la Embajada de EEUU en nuestro país. Es así como el portavoz de la Embajada, Glen Warren, ratificó que estas ONGs sí reciben dinero de la USAID: “EEUU hace un permanente seguimiento y evaluación del dinero que se entrega a las fundaciones privadas para el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador”, dijo.

Las reacciones han venido de varios sectores académicos, sociales y políticos

Este escenario de informaciones alarmantes ha provocado que varias voces se escuchen criticando más abiertamente y mostrando nuevos datos acerca de la procedencia, relaciones y reales propósitos de los líderes de estos grupos. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el actual magistrado Ramiro Román, quien sostiene que los ‘notables’ que estos grupos proponen nombrar para que seleccionen a los nuevos magistrados (de una tercera Corte) son personajes como Alberto Wrig, abogado de Jamil Mahuad, así como Fabián Corral y Farith Simón, todos docentes de la Universidad San Francisco y quienes han sido claves en la designación de varios jueces en la Corte destituida en diciembre del año pasado. Según Román, a través de estos personajes se canalizan también los financiamientos de la USAID para la fundación Esquel y para otras organizaciones como Projusticia.

El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, Marco Villarroel, sostiene por su parte que los medios de comunicación del país, en aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información, deberían investigar cuánto ganan los ejecutivos de Esquel y de otras ONGs que actúan en el país: “parte de los recursos con los que ellos funcionan son también del gobierno. De acuerdo a la Ley, la Contraloría podría fiscalizarlos. Que transparenten el número de personas y los sueldos reales que tienen, tanto remuneración directa como bonos, viajes y propiedades que tienen o que manejan.

No hay que olvidar que Transparencia Internacional estaba financiada por las empresas más corruptas del mundo, como Worldcom y otras que quebraron y fueron intervenidas por el gobierno de los Estados Unidos por realizar doble contabilidad. Como ecuatoriano yo quiero saber de dónde vienen los ingresos de Valeria Merino, por ejemplo, que es una mimada de los medios de comunicación porque aparentemente desarrolla actividades en pro de la democracia y de la ampliación de la juridicidad del país. De igual manera, sería importante conocer el presupuesto de ONGs relacionadas a las iglesias, las del Opus Dei, las evangélicas, así como las católicas, las fundaciones relacionadas a los gobiernos extranjeros”.

En el Congreso hay pedidos de investigación que no se concretan

En el Congreso Nacional se han producido discusiones sobre el tema. El diputado Rodrigo García (ex Pachakutik), solicitó a la Comisión de Fiscalización investigue los recursos que provienen del extranjero para estas fundaciones.

Por su parte, la Comisión de lo Laboral y Social, a través del legislador Luis Villacís, envió el pasado 24 de febrero al Procurador General, José María Borja Gallegos, un comunicado exigiendo la vigilancia de los recursos que reciben las fundaciones y sus actividades políticas en el país. Sin embargo, estas dos solicitudes aún no han tenido respuesta.

Según García, Participación Ciudadana fue creada en el 2002, con 420 000 dólares facilitados por la USAID, dirigida en Ecuador por Lars Klassen, lo cual debe ser investigado; además “Valeria Merino, junto a otros abogados, son por autodesignación ‘Superdetectives’ de la transnacional Latinacces y Decisión Strategies Faiefax (DSFX). Para Luis Villacis, “lo único que estas organizaciones están haciendo es violentar la soberanía nacional”.

Quizá la polémica más intensa sobre este tema ha tenido como escenario la Internet. Listas de correo electrónico como “Debate educación”, cuya moderadora es Rosa María Torres, ex ministra de Educación de este gobierno, traen comentarios que salen en defensa de estos grupos y ONGs denunciados, así como de quienes coinciden con los reportajes de nuestro quincenario.

En Debate educación se recibieron un sinnúmero de opiniones respecto al tema; unas, argumentando que las relaciones familiares que los dirigentes de “Ruptura de los 25” tengan, no prueban que sus propósitos sean perversos, otros ubicándolos como íntegros representantes de lo que ellos llaman “renovada izquierda”.

Incluso la misma María Paula Romo se pronunció en el sentido de que lo que faltaba en los reportajes de OPCIÓN era información:

“Señores, señoras: He podido leer un artículo enviado por ustedes a la lista debate educación. No deja de sorprenderme la desinformación desde la que pretenden hacer opinión. Les pido por favor me envíen sus datos y una dirección a la que poder mandarles documentos que les permitan informarse sobre los temas que opinan....”

En el mismo sentido se expresó también Valeria Merino, de Participación Ciudadana.

Aunque también hubo comentarios como el de Gillian Neir, que refiriéndose a los recursos que recibe PC dice:

“...Revisé uno que se refiere a un aporte de USAID, por un monto total de 2 374 397 entre el periodo 1 de abril del 2003 al 31 de diciembre del 2003; USAID entra a participar de manera inicial con 314 500. Hasta el 31 de diciembre, USAID le había entregado 559 075. La contraparte (Participación Ciudadana) participa con el 18% del total del programa. Deduzco entonces que este programa lo financia en 30 meses USAID con un aporte del 82%”.

La moderación de la lista intervino, al final, poniéndose del lado de los cuestionados, pero no logró parar la polémica. El último pronunciamiento fue de los Ruptura de los 25. Al correo de nuestro quincenario llegó una carta de Norman Wray, que por cuestiones de espacio no la presentamos completa, pero que en su parte medular dice:

“Amigos y amigas:

Quiero agradecer en mi nombre y a nombre de Ruptura las manifestaciones de solidaridad en relación a ciertas opiniones mal informadas sobre lo que hacemos.

Al igual que Alexis (Ponce) y María Paula estoy convencido de que las acciones serán las que hablen por nosotros. Lo único que no nos podemos permitir es no ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Pienso que el hecho de apostar a la posibilidad de tener un Tribunal Constitucional y una Corte Suprema imparcial e independiente, es apostar a tener una institucionalidad que pueda defender nuestros derechos de los abusos del poder político.

Por lo tanto opinar y proponer salidas frente a lo sucedido el 8 de diciembre es un compromiso con la democracia, si es que creer que una democracia vale la pena como opción de vida y de gobierno.

Además, información como la del periódico Opción son la tradicional forma de minar procesos, en los cuales lo que se busca es desanimar a las personas que los lideran, para luego eregirse como triunfadores amparados en la ratificación de las más variadas fantasías de complots internacionales. Y el desánimo ni siquiera está en nuestros planes.

Me llamo Norman Wray y en efecto tengo una relación más de amistad que de pariente (pese a que somos primos hermanos) con Alberto Wray. Me siento orgulloso de ser amigo de Alberto Wray, quien desde hace muchísimo tiempo ha sido un defensor incansable de los derechos sociales de los trabajadores, de los derechos humanos y ahora es abogado de las comunidades campesinas e indígenas que luchan contra Chevron-Texaco (para los amigos de Opción, para que no haya tergiversaciones, Chevron-Texaco es una trasnacional petrolera norteamericana, que mientras era solo Texaco operó en el Ecuador hasta el año de 1992 y causó innumerables daños a la salud de los habitantes de la Amazonía ecuatoriana y al medio ambiente de la zona. Información que la conozco porque desde 1992 de una u otra manera he estado apoyando el caso a favor de los demandantes. Además mi compromiso con la promoción y la difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas desde el Centro de Derechos Económicos y Sociales, también me han permitido estar informado al respecto). Me ratificó en sentirme orgulloso de poder contar con su amistad (la de Alberto Wray) porque su honestidad, capacidad profesional y coherencia nunca podrá ser puesta en duda. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, la vida de Alberto Wray es suya e independiente, al igual que la mía.

Mi trabajo, como el de mis compañeros y compañeras de Ruptura es la carta de presentación de nuestra vida y compromiso.

Quienes nos conocen podrán dar fe del mismo. Todo lo demás que se ha dicho seguirán siendo elucubraciones de aquellos que se sienten amenazados en sus feudos, por un discurso y una acción que busca opciones democráticas de vida en común, en un país fragmentado por la palabra irresponsable, llena de lugares comunes, abusiva y mal informada”.

Como es obvio, lo que importa a nuestro quincenario es que ninguno de los dirigentes de Participación Ciudadana, Fundación Esquel y Ruptura de los 25 ha desestimado la veracidad de la información que hemos presentado en nuestros reportajes. Es más, Norman Wray se ratifica en su parentesco y admiración a su primo Alberto, cuyas convicciones políticas son demócratacristianas, y cuyo papel en la elección de la Corte Cesada en diciembre pasado son conocidas por el país. No han desmentido tampoco el financiamiento que reciben de la USAID y lo que esa Agencia del gobierno de Estados Unidos significa en la política yanqui.

Tratar a los análisis que parten de esta constatación como simples fantasías, expresa una falta de capacidad de rebatir con argumentos esta verdad.

OPCIÓN continuará en la senda de la verdad desde el enfoque de los pueblos, y no dejará de expresarla con la misma frontalidad con la que lo ha hecho desde su nacimiento hace cuatro años.