La conformación de la actual Corte Suprema de Justicia es de exclusiva responsabilidad del H. Congreso Nacional. La Constitución Política de la República del Ecuador contiene mecanismos y procedimientos que se deben aplicar y los organismos ante quienes se debe acudir por cualquier afectación a normas legales o garantías constitucionales que se alegue por parte de cualquier persona o grupo.

Por ello resulta totalmente absurdo que los grupos de poder económico y político que se han sentido afectados por la remoción de quienes conformaban la antigua Corte Suprema, hoy, bajo el pretexto de la inconstitucionalidad de la designación de sus actuales miembros, no solo se atrevan a declarar públicamente desconocer a la misma, sino a los actos que emanen de tal institución.

Tal hecho no solamente es absurdo o paradójico, constituye además una negación del estado de derecho que tales sectores pregonan defender. La actitud referida implica un desenmascaramiento del “sistema democrático” que proclaman, desnudándolo tal cual es y cómo lo conciben, esto es: la imposición de su única voluntad, métodos y procedimientos, y el desconocimiento y desacato a todo cuanto se les oponga o les signifique mengua de su poder tradicional.

Mantuvieron una paz sepulcral tales grupos cuando un ex presidente rodeó con tanques de guerra los edificios de las cortes, cuando su hegemonía en tal sector se vio amenazada; cuando magistrados de la antigua Corte beneficiaron con sospechosos fallos o se abstuvieron de dictarlos oportunamente a implicados en delitos que afectaron gravemente el patrimonio nacional; y ni qué decir de los responsables de la quiebra bancaria; cuando la inoperancia de la antigua Corte Suprema se reflejó en no poder designar a ministros y jueces cuyos cargos estaban vacantes o habían fenecido ya los períodos para los que fueron designados, lo que, obviamente, implicaba un atentado para la ágil administración de justicia.

Más aberrante resulta que tales sectores se atrevan a paralizar la administración de justicia, no para defender la estabilidad de los empleados y funcionarios judiciales de carrera, no para exigir una mejor asignación presupuestaria, no para exigir una aplicación de justicia ágil y transparente, con unos administradores honestos y probos; no, para y por ello no paralizan, paralizan para rescatar y mantener las cuotas y prebendas que a título personal o de partido tenían y aún poseen, y vorazmente desean incrementar; paralizan porque ven peligrar la impunidad de que gozaban, paralizan porque ven disminuida –no desaparecida- su capacidad de chantaje y persecución a sus opositores, paralizan porque ya no pueden garantizar, en el mismo grado, el éxito y millonarias ganancias en cada contienda judicial, independientemente de que les asista o no la razón.

Aberrante es también que algunos de quienes impulsan tan injusta paralización, hace no mucho tiempo enjuiciaron y encarcelaron a médicos y profesores por una huelga justa que hicieron para reclamar el pago de sus sueldos.

Repugna también que sea el pueblo, que sean los usuarios de la Función Judicial, que sean los abogados en libre ejercicio las víctimas concretas de estas paralizaciones sin causa ni motivo justo, que las víctimas resulten quienes no pueden recobrar su libertad, o que la misma sea retardada por horas, días o semanas, cuando ésta constituye el bien más preciado después de la vida. Repugna que las víctimas sean los niños y niñas que no pueden alimentarse en razón de que sus padres están obstruidos para depositar las pensiones, o sus madres estén impedidas de cobrar las pensiones alimenticias, o que quienes hayan sido víctimas de asesinatos o violaciones estén condenados a que los victimarios queden impunes, puesto que no se emiten las boletas de encarcelación correspondiente. Repugna aún más que quien lidere esta paralización sea el tradicional dirigente nacional de los judiciales, Luis Muñoz.

¿Qué hubiera sucedido si al pueblo se le preguntaba sobre si estaba o no de acuerdo con las antiguas cortes y su forma de administrar justicia? Es indudable que en la actual corte existe representación política. La diferencia con la antigua es que ésta es multisectorial. No existe el monopolio de una o dos fuerzas políticas y económicas que manejaron la justicia a su gusto y antojo en la Corte antigua.

El cuento de los colegios electorales y de las juntas de notables, no es más que eso, un cuento con el que se pretende engañar, confundir o vender falsos sueños o esperanzas, una publicidad engañosa y abusiva, que perjudica realmente al consumidor y usuario de la función judicial.

¿Desde cuándo los colegios electorales o los notables están exentos del predominio o influencia política? Es más, en la actualidad los partidos y grupos de poder tradicionales se atreven a plantear esto ya que seguros están que los dirigentes de tales colegios en gran parte son sus obsecuentes servidores, baste mencionar a las Cámaras. De lo contrario ni los mencionarían.

Indignante también resulta que no se pronuncien para que quienes elijan a los ministros de la Corte Suprema sean los campesinos, los trabajadores, los moradores de los barrios marginales, los maestros, los estudiantes, es decir el pueblo, ¿quién más que él para que designe a los administradores de justicia? Que sea el propio pueblo que elija, mediante voto universal y secreto, bajo su propia responsabilidad.

¿Por qué le temen a esta propuesta? Quizás porque los grupos de poder, los Luises Muñoz, los Borja, los Febres, los presidentes de cámaras, los dirigentes burócratas se sienten desenmascarados, y saben que el pueblo aborreció y aborrece la forma en que administraron justicia, y ahora tendrá la oportunidad de elegir a quienes harán justicia, también para los de abajo, y no solo para los de cuello blanco y sobacos perfumados

Los actores de la corrupción en América latina pertenecen a los círculos reaccionarios tradicionales, conservadores y neoliberales, hoy convertidos en privatizadores furibundos que auspician el atraco de los bienes y servicios públicos, del patrimonio nacional de los pueblos.

De esta andanada, el Ecuador no podía quedar rezagado. Todo lo contrario, está entre los más corruptos del mundo y es muy probable que llegue a ocupar el primer puesto en esta competencia. Su historial es muy largo y abultado, abarca los más variados niveles, comienza por la evasión de impuestos se afinca en la administración de los fondos públicos, en los mecanismos de sobrefacturación en el contrabando, en la legislación y en medidas económicas con dedicatorias que tienen por objeto favorecer, enriquecer y proteger los intereses de los grupos oligárquicos: se afianza en los órganos de seguridad, en el manejo de la justicia, en el reparto de la obra social, en las aduanas y en los controles de tránsito, en la construcción pública, en el funcionamiento de la banca y de las sociedades inancieras, en las negociaciones de la deuda externa, en los procesos de fiscalización, en el comercio exterior, en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Por otra parte, en el Ecuador se trafica con las influencias, la salud, las medicinas, los insumos; se especula con los artículos de primera necesidad, se juega con la vida y el bienestar de los ecuatorianos.

La historia última registra casos como la sucretización, el atraco que involucra a las empresas financieras FINASA y FINASA en cuya estructura orgánica constan los nombres de caballeros dados de inmaculados como Diego Paredes, Manuel Laniado de Wind, Rodrigo Paz delgado, Fernando Aspiazu Seminario, Andrés Vallejo Arcos, Alvaro Pérez Intriago, Mario Ribadeneira. Durante el período presidencial de Rodrigo Borja se cometieron muchos ilícitos como el de FODUR, calificada como la cueva de Alí Babá, que fue perjudicada en un monto de más de 1 000 millones de sucres, siendo los principales involucrados Adolfo Bucaram, Oswaldo Lucero, Carlos Ortiz, Fernando Rosero, Modesto Torres, del PRE; Efraín Álvarez Fiallos y René Maugé, del FADI; Raúl Patiño, del socialismo, Luis Piana Bruno, del FRA y Antonio Gallardo, de la ID.

Otros grandes atracos se han cometido en Guayaquil, bajo los gobiernos municipales populistas y sus adláteres. El caso EMELEC debería ser considerado como uno de los grandes atracos del siglo, lo mismo que el caso Dahik, ex vicepresidente del gobierno derechista de Durán Ballén, prófugo y exiliado en Costa rica, y el de la contratación del "seguro petrolero” que se lo hizo sin contar con el concurso de precios y el de “los reyes magos” en el que aparecen complicados militares y policías de alto rango, “peces gordos” como el gerente del banco Rumiñahui de propiedad de las Fuerzas Armadas; los casos, también en los que aparecen Joffre Torbay Dasum, secretario General del régimen febrescorderista, Miguel Orellana junto a Carlos Pareja Cordero, configurando una banda que realizaba “negocios” por demás oscuros.

El caso más espectacular, sin embargo, es el que se comete a propósito de un alicuota impuesta al transporte del crudo por la TEXACO, que hizo pagar al Estado un exceso de 6 años de amortización que representa el equivalente a 100 millones de dólares, en 1986.

Y si en algún momento se llegara a realizar un inventario de los contratos petroleros dolosos y se pudiera contabilizar los perjuicios económicos y los atracos de las empresas petroleras, se descubriría que el monto asciende a 1 5000’000 000 millones de dólares, que viene a ser el atraco de mayor volumen en la historia del Ecuador...

A todo este tenebroso historial agréguese el “feriado bancario” en el que Yamil Mahuad fue el artífice, en su calidad de Presidente Constitucional de la República, que significó un perjuicio por más de 6 mil millones de dólares. Y así por el estilo, la corrupción camina, no se detiene ni para tomar impulso. Se producen robos, atracos, raterías, en plena luz del día, a vista y paciencia de la ciudadanía, delitos que sumados, arrojan resultados considerables, tales como el que tiene que ver con la elección de Miss Universo, con los entuertos de la dación en pago con bienes sobrevalorados por deudas con la AGD, con las cifras alteradas del Banco Popular en saneamiento, con los impuestos que pagan los bancos, con los intereses y amortizaciones de la deuda externa, con el monto de los gastos que hacen la AGD y Filanbanco, con las licencias de manejo que s otorgan sin haber cumplido con los requisitos legales, con las deudas de los jueces y magistrados como Sicouret y Guillermo Castro Dáger, con la silenciosa destrucción de los bosques de mangle, con la contratación de fluido eléctrico, la tala de árboles primarios protegidos, con las coimas y emolumentos, honorarios y otras figuras que se han inventado para la consumación de toda clase de actos de corrupción que se cometen a diario, a lo largo y ancho del territorio nacional, muy a pesar del actual mandatario que juró y se comprometió a eliminar la corrupción aun a costa de su vida.