El Gobierno central trata, en
este mes de abril, de aplicar arbitrariamente el
denominado Plan Bicentenario; Plan que termina con
el derecho constitucional de la educación
fiscal, al entregarla a los municipios, que en su
mayoría tienen problemas de corrupción
por el mal manejo de recursos y que en otros casos
están abandonados.
Los maestros ecuatorianos están
así, a un paso del desempleo. Se trata de
una nueva estrategia que tiene el imperialismo para
privatizar la educación. Para tal objetivo,
se han unido tres organismos internacionales: el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y la Corporación Andina de Fomento (CAF),
quienes entregarían 170 millones de dólares
al Gobierno, en forma de préstamo que sería
canalizado a los municipios, con la finalidad de
hacer atractiva la propuesta y se pueda así
engañar fácilmente a los ecuatorianos
y a ciertos alcaldes para que acepten la propuesta.
El Plan Bicentenario sustenta
sus bases en tres ejes: calidad, cobertura y equidad,
términos con los que se presenta al proyecto,
que apunta, según el régimen, a mejorar
la educación pública.
Pero, para cumplirlos, pretenden
reducir o racionalizar los recursos tanto humanos
como financieros. Esto claramente implicaría
que en forma inmediata deban acogerse a la jubilación
cerca de 5000 maestros que han completado el tiempo
de servicio.
La racionalización de
recursos financieros tiene que ver con la entrega
de dinero por parte de los municipios a los centros
de educación, de acuerdo al número
de alumnos existentes. Además, las vacantes
ocasionadas por las jubilaciones de los maestros
se convertirán, cada una de ellas, en dos
o tres partidas, las mismas que se manejarían
directamente a través de los municipios o
de las redes amigas, a nombre de la autonomía.
Al ser aplicado este proyecto,
para el maestro ecuatoriano significa la pérdida
de la estabilidad, debido a que el Municipio de
cualquier localidad estaría en la potestad
de contratar a los maestros al sueldo que ellos
fijen; es decir, funcionarían como una especie
de tercerizadoras: no pagarían beneficios
sociales a los maestros, como el subsidio de antigüedad
y otros componentes, que son conquistas logradas
a través del magisterio nacional y su gremio,
la Unión Nacional de Educadores.
“Este es un Plan antinacional
-menciona el profesor Jorge Escala, Presidente nacional
de la UNEya que golpea a los sectores más
vulnerables de la sociedad, que son la niñez,
la juventud y, por ende, la gente pobre y explotada
el país. Apunta a eliminar la educación
pública, la Ley de Carrera Docente y a la
organización de los maestros, que siempre
ha significado la piedra del zapato de todo gobierno.
De esta manera se libera el Estado de la responsabilidad
que implica la educación; y así el
coronel Lucio Gutierrez podrá cumplir con
pago de la deuda externa, que es su verdadero compromiso
con el Gobierno norteamericano”.
Consta también en el
Plan Bicentenario, que todo cuanto sea construcción,
remodelación e implementación de escuelas
o colegios, o material didáctico, que se
realizaría con los 170 millones de préstamo
de la CAF, se lo realice en el plazo de tres años;
luego de lo cual se entregarían los establecimientos
a los municipios, que de forma inmediata se harían
cargo del manejo y contratación de los maestros.
Por otro lado, y de acuerdo
a un informe de la Contraloría General del
Estado, el 54% de los municipios del país
ha demostrado incapacidad o se les ha determinado
responsabilidades penales, sobre todo en los gobiernos
locales pertenecientes a Socialcristianos, PRE e
Izquierda Democrática.
Con estos antecedentes, que
no toma en cuenta el Gobierno, ¿qué
suerte puede correr la educación de las presentes
y futuras generaciones? Es claro y notorio que el
Plan Bicentenario es una jugada de estos grupos
y partidos políticos enemigos de la educación,
que venían planificandola hace mucho tiempo.
Para que este Plan pueda desarrollarse a plenitud,
se prepararon ya las condiciones con las últimas
reformas a la Ley de Descentralización del
Estado, que establecen que la educación se
transfiere a los municipios y consejos provinciales.
Éstos, a su vez, acogerán
a la educación pública como otro servicio
municipal más, susceptible de concesión
a la empresa privada; entonces el pueblo tendrá
que pagar la educación de sus hijos como
paga el agua, la luz y demás servicios básicos.
Un ejemplo es el Municipio de Guayaquil, que hace
tiempo que no brinda ningún servicio público:
todos los servicios están concesionados a
la empresa privada o fundaciones. “Lo que
corresponde a la Unión Nacional de Educadores
es denunciar qué es lo que busca este proyecto,
para así, en la unidad del gremio, rechazarlo.
Y precisamente el rechazo a este proyecto será
la resolución del Congreso Nacional de la
UNE, que se realizará del 31 de mayo al 4
de junio en la ciudad de Esmeraldas”, manifestó
Escala.
El Plan Bicentenario, supuestamente
diseñado para regular y controlar la educación,
pretende entregar los recursos según el número
de alumnos de cada establecimiento educativo, con
la finalidad supuesta de garantizar la cobertura
y la permanencia de los estudiantes y evitar la
deserción escolar; pero no de acuerdo a las
demandas y necesidades reales de los locales escolares.
Lo que no toma en cuenta el
Gobierno es que la única manera de evitar
la deserción escolar es enfrentar los problemas
sociales que vive el país, como el desempleo
y la pobreza, y reducir así el número
de niños que a temprana edad deben trabajar
para contribuir a la economía del hogar.
Son problemas que no pueden solucionarse por más
buena voluntad que exista de los maestros para retener
a los niños en las escuelas. No se puede
dejar pasar por alto el daño que se ocasionaría
a las escuelas unidocentes de los sectores rurales:
este Plan Bicentenario entregaría todas estas
instituciones a las redes amigas.
En el censo realizado en el
magisterio se determinó que existe un déficit
de 13.000 partidas a nivel nacional y más
de 6.000 escuelas cerradas, esto es, 19.000 partidas
de déficit. El Plan Bicentenario llegaría
a cubrir 5 ó 6 mil partidas, y el resto del
déficit deben asumirlo, como gastos, los
padres de familia; esto aumentará la deserción,
el analfabetismo, el desempleo y con ello el atraso
del país, negando a los niños así
el derecho constitucional a educarse.
Todo este proyecto solo significa
mayor endeudamiento y dependencia de nuestro país,
no implica inversión del Estado en educación
sino, por el contrario, aumenta el pago de la deuda
externa y, por obvias razones, reduciría
el presupuesto para educación.
Se evidencia el abandono a la educación
En la Costa son casi 3.000 aulas
escolares las que necesitan ser reparadas.
Los pupitres y las instalaciones, en el 80% de los
locales escolares del Ecuador, son obsoletos y carecen
de servicios básicos.
Este gobierno, lejos de incrementar
las asignaciones para la educación, en el
2005 ha realizado drásticos recortes presupuestarios:
solo en educación media, en el 2004 se entregó
362 millones de dólares y en el 2005 esta
cantidad se redujo a 310 millones.
En infraestructura escolar,
de 13 millones que fue el presupuesto del 2004 (cantidad
obtenida fruto del paro), para el 2005 se redujo
a 9 millones. De 14 millones asignados en el 2004
para la capacitación, en el 2005 se entregaron
solo 5 millones para este concepto. De 11 millones
que se asignaron en el 2004 al programa de alfabetización
Minga por la Esperanza, para el 2005 se asignan
apenas 10. De 22 millones para pagar servicios básicos
en el 2004, para el 2005 se le recorta a cerca de
21 millones.
Al no existir recursos necesarios,
el Gobierno trata, a través de su Ministro
Roberto Paisaalague, de que esta diferencia se la
cubra con los 25 dólares que en forma ilegal,
inmoral y arbitraria se cobra a los padres de familia
para acceder a una matrícula en cada año
lectivo. Con estos recursos (insuficientes) de los
mismos padres de familia, se cubren las obras de
infraestructura de los planteles.
Para cubrir las necesidades
de infraestructura en el país se requiere
por lo menos 300 millones de dólares, sin
embargo la Dirección Nacional de Construcciones
Escolares, DINCE, solo cuenta con 9 millones de
dólares (a esto se le resta el 12% de IVA).
Para atender estos requerimientos existen menos
de 9 millones. Con la aplicación del Plan
Bicentenario, el gobierno busca trasladar esa responsabilidad
a los padres, en definitiva, al pueblo.
No se puede hablar de calidad
de la educación cuando existen 3 millones
de niños matriculados, y solo 800 mil niños
reciben alimentación escolar, misma que ya
comenzó a ser eliminada de los locales escolares;
de las 3 raciones que entraban al año, hoy
se reciben únicamente dos. Aesto se añade
que el 56% de la niñez sufre algún
grado de desnutrición.
“En el supuesto que existieran
maestros bien capacitados y bien pagados, lo cual
no es cierto, si no se combate la desnutrición
infantil, el bajo nivel de rendimiento escolar continuaría,
por las condiciones en las que se desenvuelve el
infante”, sostiene Jorge Escala.
El dirigente anhela un cambio drástico, añade
que el Estado debería imitar a Cuba, donde
sí se invierte en educación; allá
por cada dólar invertido en educación
más del 4.5% se obtiene de beneficio para
el Estado, por los resultados que produce. En el
Ecuador no existe inversión en educación;
esta crisis es producto de un sistema capitalista
rapaz, reaccionario y atrasado, que le niega este
derecho a los pueblos.
Propuestas
El Programa de Alfabetización
, Minga Por la Esperanza, se aprobó luego
del paro del 2003 y tuvo el respaldo de varias entidades
del país, y como no tuvo más alternativa,
el gobierno debió acoger esta propuesta,
que significa que los maestros sin recibir remuneración
enseñarán y compartirán con
los ecuatorianos iletrados, que han sido excluidos
por el gobierno y el sistema del derecho de educarse.
Este programa significa un gran
cambio para este sector de ecuatorianos, a los que
se los reinsertará al mundo, a la cultura
y a otros ámbitos a los analfabetos; para
esto se logró una asignación de 11
millones de dólares de los cuales se ha entregado
apenas uno. Esto demuestra que por más buenas
iniciativas que existan, el gobierno las trata de
cuartar por cualquier medio, sin embargo de ello,
la UNE ha decidido seguir adelante en 7 cantones
del país; en lo que es Guayaquil iniciaría
a fines de abril: la idea es realizar un plan piloto
en estos sitios y en los próximos años
masificar este trabajo. Con esto se demuestra al
país y a los detractores de la educación
pública que pretenden estigmatizar a la UNE,
que sí es posible entregar educación
de calidad de parte del Estado con la participación
de los estudiantes, de los maestros, ya que es la
mejor manera de incentivar la práctica de
valores y la solidaridad con los iletrados.
Abril,
mes de la educación
La UNE Nacional y sus núcleos
en las distintas provincias trabajan por la estabilidad
de los maestros, en defensa de la educación
fiscal de los educandos y por el bienestar y desarrollo
que esto implica.
Es por esta razón que
los dirigentes hemos mantenido reuniones con el
Ministro de Educación, para exigir la atención
que este importante sector se merece, como es el
pago de los servicios básicos de las instituciones
escolares, exigir que se cumpla con lo que menciona
la Constitución: el presupuesto en un 30%
para la educación.
Se ha orientado a los maestros
para que, sin dejar de luchar por estos problemas,
en este mes se realicen actos culturales, sociales
y educativos en los centros de enseñanza
del país, por ello se ha denominado al mes
de Abril como “el mes de la educación
y de la cultura”, por el justo homenaje que
merecen los y las maestras. El Consejo Provincial
de la UNE de Pichincha planteó realizar eventos
para hacer ver a los medios de comunicación
que la UNE tiene propuestas, que se impulsa y defiende
la educación pública, y así
desvirtuar los estigmas que se vierten sobre la
UNE desde las esferas del poder.
Los dirigentes de los maestros
han demostrado honestidad y firmeza, además
de un interés constante por forjar la unidad
y el trabajo organizado durante mucho tiempo. Los
beneficios obtenidos para la educación han
sido fruto de la lucha, esto se refleja en la capacitación,
la infraestructura y la alfabetización, este
último es un proyecto que nació en
el seno de la UNE y que se iniciará el 9
de abril con una carrera pedestre denominada “Corra
en defensa de la educación pública”.
Para el 11, en la Casa del Maestro
se realizará una mesa redonda para tratar
sobre el Plan Bicentenario y el TLC, que contará
con la presencia de representantes del Ministerio
de Educación, dirigentes de la UNE, y que
concluirá en un debate. El 14 será
el homenaje a los maestros que cumplen 25 años
de labor en la docencia, y a los profesores que
se acogieron a la jubilación, y por la tarde
un festival musical con la participación
de maestros y varios artistas populares.
El 22 se realizará un
concurso de dibujo; el 25 será el concurso
de declamación y poesía con los estudiantes
de las instituciones; el 26 será el concurso
de danza institucional. Con este y otros actos se
trata de dar un estímulo y un justo reconocimiento
a los maestros.
Las propuestas que la UNE hace
van encaminadas a combatir lo que se critica sobre
el bajo nivel en la calidad de la educación
pública, pero la responsabilidad de acogerlas
para que se produzcan los cambios es en gran parte
del Ministerio de Educación, que poco o nada
hace para mejorar esta situación, ya que
no imparte capacitación, (lo que sí
lo hace la UNE).
“Nosotros dictamos cursos
con temas actuales, innovadores, como son las nuevas
metodologías pedagógicas, planificación,
nuevas metodologías en matemáticas,
entre otros, esto sí es coadyuvar a mejorar
el nivel de educación, para el desarrollo
del país, a pesar de los pocos recursos existentes”,
dice Francisco Rojas, presidente de la UNE, núcleo
de Pichincha.
