El payaso mayor del circo populista ecuatoriano está de nuevo en escena: canta, baila, dice malas palabras, gesticula, amenaza...

Abdalá Bucaram ha vuelto, y habrá que cuidar bien las bóvedas del Banco Central -por si acaso se le ocurre visitarlas-, mientras se hace algo para ponerlo donde realmente merece estar: ¡en la cárcel!

No es cierto que los políticos honestos, progresistas y de izquierda le teman; el sentimiento es otro: es de repugnancia e indignación.

Quien sí es cierto que le teme es su ex ñaño, Álvaro Noboa, quien ve tambalear su candidatura presidencial en la que ha invertido una fortuna desde 1998.

El caso de Abdalá Bucaram no puede ser visto únicamente desde el ámbito jurídico, pues ahí existe todo un cúmulo de contradicciones e interpretaciones interesadas, que solo expresan la debilidad del sistema frente a las disputas de las distintas facciones oligárquicas. Es obvio, por ejemplo, que Bucarám tiene razón cuando dice que el Congreso jamás pudo destituirlo sin que antes haya existido un enjuiciamiento político, e incluso que él no podía ser enjuiciado penalmente sin antes existir una autorización del Congreso en Pleno.

Pero esos argumentos, por más jurídicos que sean, no tienen importancia cuando se valora políticamente lo que fue su gobierno: un espacio de raterías de la más baja calaña. El hecho de sacarse casi 14 mil millones de sucres del Banco Central en sacos de yute, momentos antes de su caída, por ejemplo, da la medida del carácter de esa administración, que no duró más de seis meses pues la lucha popular se encargó de presionar para que finalmente sea derrocado. Y, en ese sentido, cualquier mecanismo jurídico que se haya encontrado en ese momento, por más traído de los cabellos que parezca, era justo y necesario.

Es un hecho que Bucaram tejió bien su estrategia para poder saborear hoy de su triunfo.

Simplemente porque cualquier acción que su partido ha tomado en los últimos seis años tuvo como propósito fundamental lograr su retorno, por eso, la alianza con Lucio Gutiérrez tenía como fin último lograr de él el respaldo para ese propósito. El que no lo hayan arrestado a su arribo lo demuestra.

Es evidente también que parte fundamental de la estrategia del PRE fue su participación en la mayoría que reestructuró los organismos del Estado, y entre ellos la Corte Suprema. Pero es evidente que eso no lo tenía del todo garantizado desde el inicio, ya que la conformación del máximo organismo de justicia resultó en una participación de varias fuerzas, entre ellas el PRIAN, a quien hoy constatamos no le gustó para nada el retorno de Bucaram. Del MPD no se puede decir que haya actuado en función de permitirle al PRE llevar a cabo su estrategia, ya que fue uno de los partidos que mayor oposición le hizo a Bucaram durante su gobierno, tanto que ahora exige la destitución del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Castro Dager, por haber hecho lo que hizo.

Tanto el PRIAN como el MPD, e incluso los independientes que estuvieron en la mayoría para integrar la Corte, lo hicieron pensando cada quien en sus propios intereses, el primero buscando crear el escenario de impunidad necesario para cuando Álvaro Noboa sea presidente, el MPD buscando golpear al Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, que dominaban la anterior Corte y que eran los responsables de que, entre otras cosas, se deje en libertad a los asesinos materiales e intelectuales de Jaime Hurtado González, y promover a jueces como los que hoy se han mostrado liderando la propuesta de destitución de Castro Dáger de la presidencia de la Suprema.

Con el retorno de Bucaram, el escenario de disputa electoral se vuelve más complejo; incluso para el mismo Bucarám, que no desecha del todo la idea de un binomio con Álvaro Noboa.
Aunque ahora la mal llamada “oposición”, encabezada por el PSC y la ID tienen mejores elementos políticos para convocar a la movilización por la destitución de la Corte, la verdadera expresión popular no está tras sus planteamientos, sino tras una agenda propia, expresada en la lucha contra el TLC, el Plan Colombia, contra la ley Topo y en defensa de los derechos de los trabajadores y los pueblos.