El Proyecto de Ley Orgánica
de Racionalización Económica del Estado
se inscribe dentro de las propuestas de “reforma
estructural” del Estado, que constan en la
Carta de Intención firmada el 15 de febrero
de 2003 con el Fondo Monetario Internacional, y
la Estrategia de Asistencia al País, del
29 de abril de 2003, con el Banco Mundial. La reforma
estructural del Estado, es una serie de transformaciones
de carácter jurídico, institucional
y político, en virtud del cual se eliminan
las intervenciones del Estado en el ámbito
económico, social e institucional, para proveer
servicios, como aquellos de educación, salud,
seguridad social, etc. Y se transfieren esos servicios
al sector privado (privatización).
La Ley establece, entonces,
una reforma a 18 leyes, teniendo como norte la reforma
estructural del Estado, esto es, la privatización
y la eliminación del sector público
en la dotación de servicios públicos.
El objetivo de estas reformas es el de garantizar:
- La privatización de
recursos y servicios que presta el Estado, y eliminar
el concepto de solidaridad en la seguridad social
(Reformas a la Ley de Hidrocarburos, Ley de Seguridad
Social, Ley de Régimen de Sector Eléctrico);
- El fortalecimiento de la capacidad
presupuestaria del Ministerio de Economía
y Finanzas, para garantizar el pago de la deuda
externa (reformas a la Ley orgánica de administración
financiera y control)
- La creación de un
fondo que sirva como prestamista de última
instancia para la banca privada, teniendo en cuenta
que en dolarización no existe un prestamista
de última instancia (reformas a la Ley de
Régimen Monetario)
- El cumplimiento con los acuerdos
de la Carta de Intención con el FMI suscrita
en febrero de 2003, en los que se establecía
la necesidad de que la Agencia de Garantía
de Depósitos, AGD, cumpla con sus compromisos,
para lo cual se establece la venta del Banco del
Pacífico una vez que el Estado ha saneado
con recursos públicos a esta institución
(reformas a la Ley para la Transformación
Económica del Ecuador, y reformas a la Ley
de régimen monetario)
- La criminalización de la protesta social
al plantear penas de reclusión mayor de ocho
a dieciséis años, a quienes atenten
en contra de las actividades de dotación
de servicios públicos, y en especial a los
que afecten a la actividad en los campos petroleros.
El IESS
nuevamente en la mira
Por: Dr. Ricardo Ramírez
Aguirre*
Ex Miembro del Consejo
Directivo del IESS.
Este es un proyecto de
Gutiérrez que pretende reimplantar el Sistema
Mixto de Pensiones, pese a que fue declarado inconstitucional
por el TC. Entrega el manejo del IESS a la Superintendencia
de Bancos y a la Junta Bancaria, dándoles
el control y autoridad total sobre el Consejo Directivo
del IESS, lo cual violenta la autonomía institucional
dispuesta por la Constitución en su art.
58.
Pretende regalar al sector
privado de la burguesía financiera -que ya
asaltó y quebró la banca- y a los
capitalistas norteamericanos principalmente, tanto
las inversiones, la administración de cuentas
como la entrega de prestaciones que la Constitución
determina claramente que son responsabilidades del
IESS.
Dejaría al IESS
sin funciones y suprimiría varias obligaciones
y disposiciones que la Ley de Seguridad Social estableció
para impedir el peculado o la estafa por parte de
las EDAPs, ahora denominadas IARPs. Pretende considerar
el 40% que el Estado aporta para las pensiones jubilares
por mandato de la Constitución y la Ley,
como parte de pago del déficit actuarial
del IESS, con lo que dejaría de pagar casi
300 millones de dólares anuales. Esta pretensión
es una vieja exigencia del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BM-BID).
El proyecto pretende sujetar
el incremento anual de las pensiones al límite
del gasto público que disponga el gobierno,
a través del Ministerio de Economía
y Finanzas, en aplicación de la Ley de Responsabilidad
y Transparencia Fiscal. El Consejo Directivo pierde
su facultad constitucional y legal de disponer técnica
y socialmente el monto anual de dicho incremento,
aunque ya renegó de esa facultad en el último
incremento del 2005. Pretende así mismo incrementar
unilateralmente el porcentaje de aportes de los
afiliados, con lo que se reduce el aporte patronal.
Lesiona la autonomía
del IESS, al pretender convertirlo en un apéndice
de la Superintendencia de Bancos. Pretende eliminar
el principio de solidaridad con la aportación
por tramos, mediante el Sistema Mixto que fue declarado
inconstitucional por el TC. Según este sistema,
los que ganan grandes sueldos serán privilegiados,
porque lo acumulado por el rendimiento de la inversión
del fondo de pensiones del IESS, dejará de
ser de reparto colectivo, proporcional y reglamentario,
para convertirse en una distribución según
la cuenta individual de cada afiliado: los que tengan
los más altos sueldos, acumularán
más por sus aportes y recibirán los
mayores montos de cesantía y pensión
jubilar; y los que tengan menor salario acumularán
muy poco en su cuenta individual y por tanto recibirán
irrisorios montos de cesantía y pensión
jubilar.
Pretende controlar y condicionar
los egresos del IESS, según las disposiciones
del FMI, para destinar esos recursos a la compra
de bonos del Estado y el pago de la deuda externa.
Pretende reformar leyes que abordan varias áreas
y tópicos, lo cual contraviene el art. 48
de la Constitución, que dice: “Los
proyectos de ley deberán referirse a una
sola materia…”. Pretende evadir toda
responsabilidad del Estado y del IESS para con el
afiliado y el jubilado, ya que de imponerse esta
ley, el asegurado tendría que entenderse
con una IARP, mientras es activo y con una Compañía
de Seguros privada desde que se jubila.
Por todos estos aspectos
es un proyecto de ley inconstitucional, ilegal,
antipopular y antipatria, razón por la que
los asegurados, junto a los demás sectores
populares, debemos levantar una lucha tanto o más
beligerante que la realizada contra la fracasada
pretensión del Alcalde Nebot de Municipalizar
el IESS. A la cabeza de esta lucha deberían
estar los miembros del Consejo directivo del IESS,
o por lo menos el representante de los asegurados.
Pero esta pelea también
será de los millones de asegurados y del
resto de los pueblos, que aspiran a una seguridad
social universal, autónoma y solidaria.
Otro ataque a los derechos
laborales
La Ley Topo, para recortar
el beneficio que hoy tienen los trabajadores sobre
el 15% de utilidades que las empresas registran
cada año, pretende, mediante una reforma
al artículo 97 del Código del Trabajo,
rebajarlas al 5%, valor que será cancelado
siempre y cuando exista un mutuo acuerdo entre el
empleador y el empleado. Esto quiere decir que lo
que antes era el derecho de los trabajadores sobre
las utilidades, hoy se convertiría solamente
en un bono, correspondiente a dos remuneraciones
básicas mínimas de 300 dólares,
y esto en el mejor de los casos, porque serían
pagadas solo si el empleador quiere.
El 15% de utilidades que
las empresas deben dar a los trabajadores, y que
los empresarios dicen que les resta competitividad
a las empresas, actualmente representa apenas 200
millones de dólares anuales, de los cuales
el 70% se produce en Pichincha y el 30% en el resto
del país. De las 80 mil empresas registradas
en el país, solo 3 800 dan utilidades a sus
trabajadores y, por ende, pagan Impuesto a la Renta,
las otras utilizan la técnica de la doble
contabilidad, declaran cero utilidades y por lo
tanto no existen ganancias para los trabajadores.
De aprobarse estas reformas se estaría legitimando
lo que las empresas han venido haciendo ilegalmente.
Gutiérrez, uno
más de los enemigos de los trabajadores
Los países en
desarrollo se encuentran atravesando una profunda
crisis económica, social y política,
producto del fracaso de las reformas estructurales
impulsadas en los últimos años por
los organismos multilaterales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), en común acuerdo con
los gobiernos que han representado el interés
de las transnacionales y de los grupos socios de
ellas en sus respectivos países.
Dentro de estas reformas
conocidas como el modelo neoliberal se incluyen:
liberación comercial, eliminación
de los derechos laborales, reducción del
tamaño del Estado -despido de empleados públicos,
la disminución de empresas estatales y privatización
de las mismas-, entre otras.
n el Ecuador, el cumplimiento
de estas políticas por parte de los gobiernos
que hasta hoy se han turnado en el poder, han ido
debilitando los derechos laborales, a través
de una serie de reformas que se han expedido bajo
el pretexto de mejorar la productividad y la competitividad.
Se iniciaron con el proceso de privatización
de las empresas estatales, en el gobierno de León
Febres Cordero; y más tarde con la aprobación
de la Ley 133, que inicia el proceso de “Flexibilización
Laboral” en el año 90, durante el gobierno
de Rodrigo Borja. Con esta ley se establece la contratación
por horas y se restringe el derecho de sindicalización.
En este período también surgió
la expedición de la Ley de la Maquila, con
la que las transnacionales sobreexplotan la mano
de obra nacional, sin dejar ningún beneficio
al país. Luego siguió la expedición
de la Ley de Zonas Francas, que liberan de todo
tipo de impuestos a las empresas en determinadas
zonas de influencia, y en donde son ellas las que
determinan las condiciones laborales. Luego, en
el gobierno de Jamil Mahuad y su continuación
con Gustavo Noboa, vinieron las leyes Trole I y
II, que han servido para debilitar aún más
el movimiento obrero, disminuyendo los derechos
laborales y precarizando la economía de los
trabajadores.
El actual gobierno también
actúa en este avance de las reformas neoliberales:
autorizó la denominada “tercerización”,
que consiste en la contratación de trabajadores
a través de intermediarios, evitando la relación
directa con la empresa, lo cual les libera a los
empresarios de compromisos con los trabajadores,
y de medidas de hecho que ellos puedan tomar en
reclamo de sus derechos.
Las empresas tercerizadoras
contratan hasta el 75% de trabajadores de una compañía.
Se calcula que en el Ecuador actualmente la mayoría
de trabajadores están contratados por este
injusto mecanismo.
Otra muestra de que el
actual gobierno continúa impulsando la flexibilización
de las Leyes Laborales es el último reglamento
expedido por el Ejecutivo, mediante decreto N 2638,
que reglamenta la modalidad de contratación
por horas, lo cual significa una remuneración
de 0,97 centavos de dólar por hora, vigente
en el país desde el 13 de marzo del 2000.
La idea, según los empresarios y el gobierno,
es producir más en cada hora de trabajo,
y que los trabajadores mejoren sus ingresos empleándose
en varias empresas y, a su vez, las empresas mejoren
sus utilidades; además de que el Estado reciba
más ingresos vía impuestos y aportes
al IESS. Pero lo que no se dice es que en el fondo
esto convierte a los trabajadores en esclavos de
varias empresas, ya que deberían buscar redondear
sus ingresos, sin derechos laborales de ningún
tipo, sin posibilidades de reclamo.
Cada vez más las
políticas de flexibilización laboral
apuntan al debilitamiento de las organizaciones
sindicales y no a mejorar la productividad y competitividad,
pues lo único que han ocasionado es desempleo,
abaratar la mano de obra, abriendo la posibilidad
de que el empleador la deseche cuando la crea innecesaria.
Las reformas laborales
desde hace más de una década no han
resuelto nada, más bien han profundizado
los índices de desempleo y subempleo.
Por ello, se deben crear
estrategias de desarrollo y crecimiento que superen
el divorcio de lo económico con lo social.
La modernización debe basarse en un proceso
que impulse el crecimiento de la empresa privada
y pública, ampliando y promoviendo la eficiencia
de los servicios, potencializando la fuerza laboral
y sus recursos naturales con verdadero sentido y
responsabilidad social.
Por: Adriana Puruncajas
