Por: Carolina Recalde

Durante el actual proceso de campaña electoral, se han producido intentos de deslegitimar el mecanismo de asignación de recursos para las franjas publicitarias implementado por el Consejo Nacional Electoral (CNE); varios candidatos, en medios locales, se han pronunciado al respecto.

Tanto las franjas publicitarias, como la igualdad y equidad para los partidos y movimientos políticos, son disposiciones de la nueva Constitución. El CNE, acatando los nuevos principios constitucionales, realizó la distribución del presupuesto asignado por el Estado, que fue de $53 millones.

Para la promoción electoral, que abarca la presentación de candidatos, ideas y propuestas en medios de comunicación y vallas publicitarias, se destinaron alrededor de 40 millones; el monitoreo y gastos administrativos costarán 3 millones, mientras que 10 millones se utilizan para los informes del proceso que realiza el CNE.

A los candidatos presidenciales se les asignó el monto de $ 650 000; los aspirantes a asambleístas nacionales recibieron $ 390 000, y para las dignidades provinciales y cantonales, como alcaldes, concejales, prefectos y asambleístas, se fijaron recursos según el número de electores de cada provincia.

Cada medio y organización política recibieron una clave, a través de la cual los partidos y movimientos pueden realizar la contratación de publicidad según los recursos que les hayan sido acreditados; los medios cobran directamente al CNE, pues ningún tesorero recibe dinero en efectivo.

La candidata a la presidencia por la Red Ética y Democrática, RED, Martha Roldós, denunció en varios medios locales no haber iniciado la campaña el 10 de marzo como se tenía previsto. Pero esta situación pasó con todos los candidatos, pues la elaboración de la normativa de la promoción electoral tuvo que ser discutida y perfeccionada en un mayor tiempo que el plazo fijado.

Además, el plazo para que los medios y agencias se inscriban en el Instituto Nacional de Compras Públicas -como se debe actuar cuando se trata de dinero del Estado- no se cumplió; no todos los partidos inscribieron a su tesorero a tiempo, por lo que el CNE tuvo que dar 8 días más para que se inscriban y poder de esta manera entregar las claves.

Para el 10 de marzo, fecha en que se tenía que iniciar la difusión, recién se tuvo la lista completa de los medios y de los tesoreros únicos de campaña; en ese momento se procedió a la entrega de las claves para la asignación de recursos.
Otros partidos, como el Partido de Renovación Institucional, PRIAN, a través de Vicente Taiano, han protestado por no poder utilizar sus propios recursos para la promoción electoral. Sin embargo, esto lo hacen porque poseen los suficientes recursos para copar todos los espacios en los medios, como lo han hecho en otros procesos electorales.

El CNE se ha preocupado de proporcionar equidad en los recursos, para que todos tengan las mismas posibilidades de presentar sus propuestas. El manejo de los fondos, la elección de medios y horarios que hagan para promocionarse, dependen de la disposición de cada organización política.

El gasto electoral contempla todos los recursos que están al margen de la promoción electoral y, por lo tanto, aquí no se utiliza el dinero del Estado. En este gasto se incluyen volantes, banderas, afiches y gigantografías, que es controlado por la Dirección de Fiscalización del CNE, organismo que hace un seguimiento para cuantificar el gasto electoral, el cual tiene límites y exige una justificación de cada partido y movimiento.

Existen sanciones impuestas para los partidos y para los medios que no cumplan con las normativas impuestas por el CNE. Un ejemplo es el retiro de vallas publicitarias, como se hizo con una de Antonio Ricaurte del Movimiento Vive, de Augusto Barrera de PAIS y otra de Macarena Valarezo de UNO, en un operativo del 25 de marzo. Se seguirán realizando estos operativos de control, tanto de la promoción electoral como del gasto electoral.

Según datos oficiales, hasta el 25 de marzo se utilizaron alrededor de $12 millones; se han entregado 363 claves a los tesoreros de los partidos y movimientos, y 705 claves a los medios de comunicación.

A pesar de las constantes críticas que ha recibido este mecanismo de asignación de recursos, se han tomado todas las medidas para realizar un proceso en el que se asignen los recursos de forma equitativa y que se hagan todos los intentos de poner en práctica las normas constitucionales, por ser este uno de los procesos más complejos, no solo porque se eligen 5.964 dignidades de elección popular en todo el país, sino porque hay nuevas reglas de juego. Sin embargo, se conoce que hay irregularidades, como candidatos dueños de medios de comunicación que usan todos sus recursos solo en sus respectivos medios, o de otros que ofrecen parte de lo acordado a fin de que los sujetos políticos compren más espacios en sus medios.
Controlar estos fenómenos, según la fuente del CNE, resulta casi imposible.

La estrategia que han asumido los 7 binomios que aspiran llegar a Carondelet es atacar al gobierno de Correa, aprovechándose de sus errores y conspirando contra las posiciones más progresistas de la corriente de cambio que viven los pueblos de Ecuador. Así, la campaña se ha convertido en un espacio para el escándalo más que para la presentación de propuestas.

En los recorridos por las provincias, Gutiérrez repite un discurso con la siguiente estructura: hablar de la situación económica, motivar a los jóvenes al voto, atacar al Gobierno acusándolo de “narcopolítica”, proponer un gobierno soberano, lucha contra la corrupción y demostrar que tiene posibilidades reales de ser Presidente de la República.  

"Me hice cargo de un país que estaba tan mal como está ahora y entregué con mi mandato una nación en crecimiento" es lo que asegura el líder de Sociedad Patriótica. Gutiérrez pretende que olvidemos que su administración fue una de las peores de los últimos tiempos. En sentido económico, descuidó la educación y la salud, para garantizar el pago de deuda externa, su economía estuvo condicionada a las presiones y chantajes del FMI y del BM; el desempleo se disparó al 11% y el subempleo al 24%; la inflación acumulada llegó al  4, 8% mientras que durante la administración de Correa no llega al 1,4%. ¿Cuál ‘nación en crecimiento’, si los únicos beneficiarios del alto precio del petróleo en su administración fueron los organismos multilaterales? ¿Cuál crecimiento si perdonó las deudas a los grandes deudores al fisco y se dedicó a perseguir a los comerciantes minoristas?

“Los responsables de Angostura deben pagarlo, proponemos un gobierno soberano” (Gutiérrez). ¿Cómo puede hablar de un gobierno soberano?, ¿entenderá qué implica eso? Si fue él quien le dijo a George Bush (11 de febrero de 2003): "queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de EEUU”; si durante su gobierno se hundieron embarcaciones pesqueras (“Guayaipe”, “Tiwintza”, “Santa Martha”, “Santa María” y “Challenger” entre diciembre del 2002 y marzo del 2004) con bandera ecuatoriana en territorio marítimo ecuatoriano por parte de fragatas norteamericanas, a pretexto de lucha contra el narcotráfico. Durante su mandato permitió que la inteligencia norteamericana trabaje a sus anchas, lo que terminó incluso con la captura de Simón Trinidad en nuestro territorio. ¿Soberanía?  

“Lucharemos contra la corrupción” (Gutiérrez). Tal vez piensa que el pueblo ecuatoriano olvidó que su administración fue una de las más corruptas: la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción procesó, durante su período, más de 50 denuncias por nepotismo, malversación de fondos públicos, injerencia en las Fuerzas Armadas, creación de un grupo paramilitar para eliminar a enemigos políticos, etc. etc. No señor Gutiérrez, no olvidamos los círculos de poder oscuros que crearon sus parientes en telefónicas, petroleras, CFN, BNF; ni las negociaciones de Gilmar y Borbúa con petróleo ecuatoriano para su beneficio; ni de Antonio Vargas el negociado con el programa “Aliméntate Ecuador”, ni el fuego en las oficinas del Ministerio de Bienestar Social, tampoco de las balas que desde ese ministerio se dispararon contra los quiteños levantados.

Según un vecino de Gutiérrez, lo declararon en el barrio como indeseable por los escándalos con prostitutas y golpeador a su esposa; con quien tuvieron conflictos incluso cuando era Presidente, pues en su gira por China dejó a Ximena Bohórquez y en su lugar viajó Mónica Acosta, su secretaria. ¿Luchar contra la corrupción? Resulta irónico.

Por otro lado, la campaña que lleva a cabo el multimillonario Álvaro Noboa es de confrontación al Gobierno; ofrece dar atención a la niñez y fomentar el empleo. "Rafael, te voy a ganar en la primera vuelta, como te gané en el 2006. Vas a perder, este es el año de tu derrota” asegura en los medios de comunicación, aun cuando los últimos sondeos de opinión le dan un 12% en comparación con un 52% de intención de voto a favor de Correa. ¿Por qué este eterno perdedor genera tanta resistencia? La respuesta se relaciona con sus promesas de campaña: pura demagogia.

Por otro lado, el candidato Noboa señala: “Tengo amigos multimillonarios que me han dicho que si soy presidente vendrían a invertir al Ecuador, eso generaría empleo”. Si Noboa llegase a la presidencia se repetiría el fenómeno que existe en las bananeras de su propiedad: explotación y bajos salarios para los trabajadores; en un artículo la investigadora de la Universidad de California en Santa Cruz, Dana Frank (Washington Post, 2 de junio de 2002), cita los resultados de una investigación realizada por US/LEAP, según los cuales el salario mensual promedio de un trabajador del ramo va de 500 dólares en Panamá, entre 200 y 300 en Colombia, entre 150 y 200 en Honduras, y entre 56 y 125 dólares en Ecuador.

Este empleo que ofrece también estaría acompañado por una persecución antisindical como es su estilo; sino, debemos preguntar a Mauro Romero, a quien el 16 de mayo un sicario rompehuelgas le voló una pierna de un balazo cuando se encontraban en una huelga en Los Álamos, hacienda de propiedad de Noboa; o recordar la noticia publicada por IUTA, 16 de de mayo del 2002, que decía: “de 300 a 400 hombres encapuchados atacaron violentamente a los trabajadores bananeros en huelga de las plantaciones en Los Álamos en Ecuador. De acuerdo a las informaciones, algunos de ellos estaban armados. Al menos una docena de trabajadores resultaron heridos en el atentado, algunos de ellos recibieron impactos de balas. Los hogares de los trabajadores fueron saqueados, y las mujeres maltratadas. Los encapuchados se transportaban en los vehículos de la bananera de Noboa”.

¿Y su preocupación por la niñez? Si hay que reconocer algo de Noboa es su preocupación por la niñez, pero no para atenderla, sino para explotarla. Según el informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, los niños “ponen las estampillas con las etiquetas de las marcas en la fruta; cubren a las plantas de plátano con plásticos tratados con insecticida, rocían con fungicidas los bananos que serán transportados… se utiliza un sistema de cables, poniéndoles a los niños una especie de arnés de tiro, como a los bueyes de tiro…”; según el mismo informe, “el único agua disponible viene de pozos altamente contaminados, causando fuertes dolores gastrointestinales y diarrea”.

La campaña electoral de la oposición carece de propuestas verdaderas, que fomenten una discusión sobre los aspectos que nos interesan a los ecuatorianos y la forma de profundizar el cambio que vive el Ecuador. Por ello debemos apuntalar todas aquellas transformaciones que afirmen la soberanía de nuestro país, que le garanticen plenos derechos democráticos a los trabajadores y los pueblos.

Para la opinión pública, movimientos sociales y políticos, la actitud del Gobierno Nacional de haber clausurado la personería jurídica de Acción Ecológica (AE) era una retaliación política por haber encabezado la marcha contra la ley minera. Una de las principales justificaciones para dicha clausura se fundamentó en que AE no cumplía con los objetivos para los cuales fue creada; el régimen se dio cuenta de su error y dio marcha atrás en su decisión.

Las Ong y la USAID en Latinoamérica

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) ha sido denunciada por muchas organizaciones sociales y hasta políticas internacionales de ser una agencia que trabaja directamente con la Central de Inteligencia Americana (CIA). Así lo confirma un reportaje de Roberto Pérez Betancourt, publicado en la página electrónica Voltaire, con el título: “USAID conjuga bloqueo contra Cuba y subversión”, donde afirma que “los propios directivos de la USAID han reconocido su papel cuando pagan a mercenarios que actúan dentro y fuera de Cuba en función del plan desestabilizador orquestado por la administración Bush”.

En este mismo sentido, esta agencia estaría actuando, con mayor precaución, en los gobiernos que aceleran el proceso de cambio como Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros regímenes que aparecen opuestos a la política internacional de los Estados Unidos. Los casos más evidentes de la intromisión de esta agencia en la política local se encuentran en Venezuela y Bolivia. Al respecto, la investigadora Eva Golinger, en un artículo publicado en la página electrónica Eco.portal.net, titulado “Usaid en Bolivia y Venezuela - La subversión silenciosa”, afirma que en Venezuela esta agencia aplicó una estrategia en el año 2002, con el aumento en financiamiento a sectores de la oposición a través de la National Endowment for Democracy (NED) y la apertura de una oficina de transición (OTI) de la USAID en Caracas. “Estos esfuerzos lograron consolidar un movimiento opositor en aquel momento, que a pesar de fracasar en el golpe de Estado, alcanzó a causar daños severos a la industria petrolera y a la economía nacional a través de un sabotaje económico y un “paro” de gerentes y empresarios”.

Al respecto, la misma autora reseña el trabajo de la USAID en Bolivia en los últimos años; ella manifiesta que desde el mes de marzo del 2004 esta agencia abrió otra oficina hacia las iniciativas de una transición (OTI), para supuestamente ayudar a reducir las tensiones en zonas de conflicto social y apoyar al país con la preparación de los eventos electorales. “En este caso, la USAID contrató a la empresa estadounidense Casals & Associates Inc. (C&A) para manejar los más de 13.3 millones de dólares que habían otorgado a 379 organizaciones, partidos políticos y proyectos en Bolivia. C&A juega el papel en Bolivia al igual que hace la DAI en Venezuela”.

La USAID en Ecuador

En la página web de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador se señala, claramente, que “Estados Unidos ha sido un socio del Ecuador apoyando sus estrategias y proyectos de desarrollo desde 1942. En los últimos 45 años la cooperación brindada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha enfocado en temas como la educación, salud, medio ambiente, agricultura, microempresa, y otros. Actualmente, el programa de USAID se concentra en Paz y Seguridad e Inversión Social, Democracia, Crecimiento Económico, Conservación de la Biodiversidad, y otras iniciativas”. Entre sus principales socios, la misma web señala a Participación Ciudadana, la Organización Social para las Migraciones, la Academia para el Desarrollo Educativo, WCS, Corporación Carana, Fonag, Compañeros de las Américas.  

En una entrevista lograda por OPCIÓN a Simón Jaramillo, en ese entonces técnico del Área de Compromiso Democrático de Participación Ciudadana, confirmó que esta organización sí recibe el financiamiento de la USAID; además señaló que existen otras instituciones como la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo y la Fundación Esquel, que también recibe fondos de esta agencia, que es del gobierno de los Estados Unidos. “Entiendo que en años anteriores se tuvo (se refiere a Participación Ciudadana) algún financiamiento de la Comunidad Europea y Fundaciones belgas. En este momento (febrero de 2005), tenemos financiamiento de la USAID; son organizaciones norteamericanas que financian temas de democracia. Ellos financian instituciones tipo Ong en temas de democracia y algunos de justicia. Existen también fundaciones alemanas que financian a otras como CORDES, del doctor Oswaldo Hurtado, están también la FLACSO, el ILDIS”, sostuvo Jaramillo.

En un reportaje publicado, semanas atrás, por diario El Telégrafo, titulado “Hay más de 6.800 ONG sin registros ni personería jurídica en el país”, se señala que la cifra se determinó cuando el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social elaboró el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel nacional. “Según la información de la Secretaría de Estado, existen en el país 40.069 organizaciones no gubernamentales (ONG), de las cuales 6.861, que representan el 17% del total, no cuentan con registros en ningún ministerio, indica esta información. ¿Cuáles son los intereses para presencia de algunas Ong en el país? ¿Por qué no están registradas? ¿Algunos ex miembros de  Ong de dudosa procedencia tendrán como objetivo internacional estar dentro de los gobiernos de turno?  (ESVS)

Un fuerte remezón causó la declaración del vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Santos, quien confirmó que “el Plan Colombia, que nos ayudó mucho y fue muy importante en un momento crítico, desde lo político hasta lo policíaco y militar contra el narcotráfico, ya no se necesita”. Estas declaraciones fueron inmediatamente rechazadas por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, quien explicó que “no se puede pretender desconocer la política internacional del país simplemente por quedar bien con la opinión pública nacional”. ¿Qué repercusiones políticas y económicas tienen estas declaraciones en el Plan Colombia?

Uribe: La plena ejecución del Plan Colombia
Matías Mongan, en un artículo publicado en la página electrónica Rebelión y titulado “Los efectos colaterales del Plan Colombia”, indica que detrás de esta política antiguerrillera “exitosa” de Uribe, muchas veces se esconden excesos y violaciones a los derechos humanos que no llegan a ser difundidos a la opinión pública. Según Mongan, de acuerdo a un informe de las cuatro plataformas de Derechos Humanos y Paz, “en el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica; de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 eran niñas y niños. De las 13.634 personas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente. Además, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor de las violaciones (8.049 casos), el 75,4 % de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por actuación directa de agentes estatales, el 17,53 % (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares, el 57,87 % (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59 % de los casos (1.980 víctimas)”.

Según estos estudios, la mayor responsabilidad de atentar contra los derechos humanos es del Estado colombiano y de los paramilitares. Según el libro Plan Colombia: ABC de una tragedia, de autoría de   Guillermo Navarro Jiménez, “el ejercicio paramilitar en Colombia se realizó con la ayuda de fuerzas especiales estadounidenses, las que instruyeron a las Fuerzas Armadas Colombianas en la formación de grupos de paramilitares para que cumplan su labor anticomunista, una de cuyas tareas fue el asesinato de casi 5.000 miembros de la Unidad Patriótica, creada como un brazo político abierto de las FARC, experiencia que determinó que las FARC, en la etapa actual de su desarrollo, hayan desestimado la presencia legal de su nuevo partido denominado: “Partido Comunista Bolivariano de Colombia”.

¿El Plan Colombia ha involucrado Ecuador?
Muchas han sido las denuncias respecto a que uno de los objetivos del Plan Colombia es regionalizar el conflicto, atentando los intereses soberanos de cada país, especialmente de Ecuador y Venezuela. El mismo Guillermo Navarro, en el libro antes mencionado, confirma que la principal justificación para el involucramiento de los países limítrofes en el Plan Colombia ha sido y continúa siendo las acusaciones infundadas sobre supuestas incursiones de las FARC en territorios fuera de Colombia. “En el caso ecuatoriano, la manipulación tendiente a justificar la movilización del Ejército ecuatoriano hacia la frontera norte se inicia el 11 de septiembre de 1999, fecha en la cual se produce el secuestro de un grupo de 12 personas, entre turistas y trabajadores petroleros en la vía Lago Agrio-Tarapoa, provincia de Sucumbíos. Ante este hecho, el gobierno ecuatoriano acusó a las FARC de tal acción, para luego descubrir que  fue provocado por delincuentes comunes”. Recordemos que en esos momentos el presidente ecuatoriano fue Jamil Mahuad, cuyo gobierno firmó el convenio de ocupación de soldados norteamericanos en la base de Manta.

Ha sido evidente que el trabajo de la Central de Inteligencia Americana (CIA) es fundamental para regionalizar el Plan Colombia y cumplir con otro de los objetivos de este proyecto anticomunista: buscar la cabeza de los altos dirigentes guerrilleros. Pues así lo confirma el diario electrónico “Página 12”, del 10 de julio de 2008, donde con el título: “Uribe lanzó una ofensiva anti guerrillera”, se indica que luego del rescate de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes, Uribe ordenó agilitar la captura a altos dirigentes de la guerrilla. “Hay que incrementar las operaciones contra el grupo, particularmente contra sus cabecillas, a efectos de ubicarlos, capturarlos y ponerlos a las órdenes de la justicia”, ordenó Uribe al comandante de las fuerzas militares, general Fredy Padilla, según la nota periodística.

Si de la captura de los jefes guerrilleros se trata, la CIA ha sido artífice en Ecuador y Venezuela con la participación, como se ha denunciado, de altos mandos militares y policiales. Hecho que incluso ha sido rechazado por los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, al momento de la captura de altos jefes de la guerrilla a espaldas de sus gobiernos. Así lo publica la agencia de noticias ANSA- Caracas, el pasado 9 de enero de 2005, cuando representantes del Gobierno venezolano denunciaron que autoridades colombianas pagaron 1,5 millones de dólares para la captura ilegal en Caracas del dirigente de la guerrilla de las FARC Rodrigo Granda.

En Ecuador, los hechos han sido más evidentes: el 2 de enero de 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue capturado Ricardo Palmeras (alias Simón Trinidad) sobre lo cual un reportaje de Jorge Serrano Torres, publicado en la agencia de información IPI con el título “Inteligencia Militar: Los Servicios Secretos en Ecuador”, se indica que “el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, destacó que la detención de Simón Trinidad fue producto de una actuación ejemplar de la Policía y el Ejército de su país, de la importante ayuda estadounidense, así como el apoyo del Gobierno y Policía del Ecuador”. El gobierno de Gutiérrez no dijo nada respecto a la posible actuación de la CIA en dicha detención de ese alto dirigente de las FARC.