Análisis crítico del PCPE del proyecto de Constitución Europea
La Constitución Europea, pieza clave en la cohesión del bloque imperialista
europeo
Diana Bazo y Juan Rafael Lorenzo
El Tratado de Constitución para la Unión Europea es una pieza clave en la
cohesión del bloque imperialista europeo. Avanza en la configuración de sus
instituciones políticas decisorias (de carácter no representativo y no
participativo), de sus ejes de estructuración económica (asentados en la
intocable propiedad privada y en la competitividad), de su ensamblaje de
aparatos policiales y judiciales (expertos en la implacable represión de toda
disidencia real), de un ejército centralizado autónomo (imbuido de la doctrina
de guerra preventiva allí donde el capital lo requiera) y de un conglomerado de
servicios sociales regido por la lógica neoliberal.
Hemos analizado en documentos del PCPE que el proceso de construcción de la
Unión Europea no es un proceso exento de contradicciones. Las distintas
burguesías locales y las oligarquías de los países centrales del proyecto
imperialista europeo mantienen un continuo “toma y daca” con el que, lejos de
sostener discusiones de principios, se esfuerzan por garantizar espacios propios
de poder dentro del mercado común. El nivel de tensión de estas disputas ha
impedido en algunas ocasiones que el proceso avanzara en la dirección que ahora
apunta el Proyecto de Constitución Europea. Sin embargo, en este momento
concreto, y por encima de las confrontaciones entre fracciones de la oligarquía,
la Unión Europea puede ofrecer una imagen de Europa “alternativa” al coloso
yanki que le permite situarse en la arena política internacional con voz propia.
Cerrar el camino iniciado para la aprobación de una ley fundamental que otorgue
personalidad jurídica propia a la Unión (como así reza el artículo I-6 del
Proyecto) se convierte en un elemento esencial para el futuro inmediato de este
polo imperialista.
Un proyecto antidemocrático desde sus orígenes
El Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa es
un texto presentado al Consejo Europeo, reunido en Salónica, en junio de 2003,
por la Convención Europea sobre el futuro de Europa.
A modo de “comité de notables”, la Convención Europea (encabezada por Valéry
Giscard d´Estaing, quien hace las veces de Presidente, y por Giuliano Amato y
Jean-Luc Dehaene, que ostentan dos vicepresidencias) está compuesta por 105
miembros (todos ellos cargos oficiales), que han sido los encargados únicos de
la redacción y discusión del texto base de este Proyecto de Constitución. Las
enmiendas que algunos componentes de la Convención elaboraron no llegaron a
votarse y ningún parlamento estatal ha podido discutir ni pronunciarse sobre el
contenido de este documento.
El texto finalmente remitido al Consejo Europeo resulta ser una mezcla confusa
entre un Tratado y una ley fundamental, y en él se aglutinan, después de un
Prefacio y un Preámbulo, los nueve títulos básicos de la Constitución, recogidos
en una Parte I, junto con la “Carta de los derechos fundamentales de la Unión”
(que pasa a ser la parte II del Proyecto), una Parte III dedicada a las
Políticas y el Funcionamiento de la Unión y una Parte IV (de “Disposiciones
generales y finales”), donde se anexan cinco protocolos de diversa índole
(“Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la UE”,
“Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiaridad y
proporcionalidad”, “Protocolo sobre la representación de los ciudadanos en el
Parlamento Europeo, la ponderación de votos en el Consejo Europeo y el Consejo
de Ministros”, “Protocolo sobre el grupo del euro” y “Protocolo por el que se
modifica el Tratado Euratom”) y algunos otros textos (“Declaración aneja al
Protocolo sobre la representación...”, “Declaración sobre la creación de un
servicio europeo de acción exterior” y una “Declaración al acta final de firma
del Tratado por el que se instituye la Constitución”, de corte procedimental).
Por ello, y dada la “maraña” de documentos y asuntos que en ella se tratan,
entiéndanse las siguientes reflexiones como una primera aproximación a lo que
esta “ley fundamental” supondrá en el corto y medio plazo para los pueblos de
Europa.
Socavando los débiles fundamentos de la democracia formal
Hay quien ha calificado de “cínico” el hecho de que el Proyecto de Tratado
elaborado por la Convención abra sus páginas con la siguiente cita de Tucídides:
“Nuestra Constitución ... se llama democracia porque el poder no está en manos
de unos pocos sino de la mayoría”. La estructura de poder diseñada para la Unión
Europea viene a ser una especie de ataque mortal a los principios de soberanía
popular. Sin alterar en lo esencial el modelo institucional que hasta ahora
regía la Unión (con su reparto de funciones entre el Parlamento Europeo, el
Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea), los ciudadanos
y las ciudadanas de Europa (que automáticamente pasan a ser poseedores y
poseedoras de la doble nacionalidad – estatal y de la Unión – por obra y gracia
del artículo I-8 –1) podrán seguir eligiendo por sufragio universal y directo el
Parlamento Europeo, un órgano que las más de las veces es citado en el Proyecto
de Constitución por su carácter “consultivo” y que comparte sus capacidades
legislativas y presupuestarias con el Consejo de Ministros. En las instituciones
de orden ejecutivo y con poder decisorio real (Consejo y Comisión europea, por
ejemplo) siguen siendo los gobiernos de los estados y no los pueblos quienes
ostentan la soberanía.
Para cuidarse en salud, la vía de la democracia participativa se recoge en el
Proyecto de Constitución bajo la formulación del artículo I-46 (“Principio de
democracia participativa”) del siguiente modo: “1. Las instituciones de la Unión
darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces
apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones
sobre todos los ámbitos de acción de la Unión”. Uno de ellos, expresado en forma
de “derecho ciudadano de petición” se recoge como sigue: “4. Un número
significativo de ciudadanos –que no será inferior a un millón– procedentes de un
número significativo de Estados miembros podrá pedir a la Comisión que presente
una propuesta adecuada cuando los ciudadanos estimen que se requiere un acto
jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de la Constitución. Mediante ley
europea se determinarán las disposiciones relativas a las condiciones y
procedimientos específicos por los que se regirá esta iniciativa ciudadana”
La indefinición, que es una nota distintiva de este Proyecto, se aprecia
claramente en este punto donde todo queda abierto a la libre interpretación de
las instituciones europeas dentro, claro está, de los límites de su propia
Constitución.
Mención especial merece, sin duda, la cuestión de las competencias de la Unión
en relación con las que se le adjudica a los Estados miembros. Más allá de lo
que luego reseñaremos al hablar del modelo económico del proyecto imperialista
de la UE, quedémonos con una idea, recogida en el Proyecto de Constitución como
sigue: “Artículo I-10: El Derecho de la Unión. 1.La Constitución y el Derecho
adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias
que le son atribuidas primarán sobre el Derecho de los Estados miembros”. Los
principios de soberanía nacional, por tanto, se convierten en principios
obsoletos para el proyecto avanzado del imperialismo europeo. La fase de
desarticulación de los Estados–nación, tal y como fueron concebidos en la
modernidad, se va concluyendo; el momento actual de crisis del capitalismo
mundial requiere de un aparato supraestatal que responda a las demandas de la
oligarquía europea para intervenir en las políticas de guerra, rapiña y saqueo
que nos depara el siglo XXI.
Ni qué decir tiene que el derecho democrático de autodeterminación de los
pueblos, ni siquiera mencionado como tal, es directamente suprimido en la
mención expresa al compromiso de la Unión con la “integridad territorial de los
Estados” (artículo I-5 – 1).
Pero, sin discusión, sorprende aún más leer en la Parte II del Proyecto de
Constitución (conocida como la “Carta”) la posibilidad de la eventual limitación
de derechos y libertades de los ciudadanos y las ciudadanas si se estimase
necesario para preservar los “intereses generales” de la Unión. La cita literal
corresponde al artículo II-52: “Cualquier limitación del ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida
por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.
Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de
proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos
de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de
los derechos y libertades de los demás”. Quién determinará cuáles son esos
intereses generales para delimitar “por ley” qué derechos y libertades deban ser
limitados no aparece recogido, pero nos será fácil suponer quién tendrá la
potestad de hacerlo.
Los pilares del neoliberalismo elevados a rango de ley fundamental
El artículo que recoge con más claridad (dentro de la oscuridad que rezuma todo
el texto) la definición económica del proyecto de la UE es el artículo 3 del
Título I (“De la definición y los objetivos de la Unión”). En él, en un
ejercicio que se ha calificado con acierto de labor de “cuadratura del círculo”,
la Unión apuesta por una “Europa caracterizada por un desarrollo sostenible
basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y
en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. No
cabe ninguna duda, a estas alturas de desarrollo del proyecto del imperialismo
europeo y tras años de conformación de su corpus teórico en materia económica,
que su “economía social de mercado altamente competitiva” resume en pocas
palabras el modelo del neoliberalismo que durante décadas han promulgado las
distintas fracciones locales de la burguesía en Europa y que ha conducido a
resultados radicalmente opuestos al “desarrollo sostenible”, el “crecimiento
económico equilibrado”, el “pleno empleo”, el “progreso social” y el “nivel
elevado de protección y mejor de la calidad del medio ambiente”.
Por supuesto, se recoge y desarrolla en distintos momentos del articulado del
Proyecto de Constitución una de las condiciones necesarias para hacer posible la
puesta en marcha de su propuesta económica: la libre circulación de personas,
bienes, servicios y capitales.
Para el desarrollo de sus principios de “economía social de mercado altamente
competitiva” la Unión se reserva para sí competencias exclusivas en los terrenos
de la política monetaria de los Estados miembros que hayan adoptado el euro, la
política comercial común, la Unión Aduanera y la conservación de los recursos
biológicos y marinos dentro de la política pesquera común (artículo I-12), así
como para la firma de acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, estipula
compartir con los Estados miembros competencias en materia de mercados
interiores; libertad, seguridad y justicia; agricultura y pesca (excepto en
conservación de recursos biológicos marinos); transportes y redes transeuropeas;
energía; política social; cohesión económica, social y territorial; medio
ambiente; protección del cosumidor y la consumidora; y seguridad en materia de
salud pública.
El control financiero, comercial y las fronteras, cuyo valor estratégico para el
capital nadie puede obviar, queda fuera del margen de maniobra de los Estados.
Para estos se reserva la posibilidad de compartir competencias con la Unión en
sectores sobre los que ya ha incidido ampliamente la UE en los últimos años, y
en el ámbito de los derechos sociales, sobre los que la Unión parece preferir
mantenerse en un plano de mera “recomendación”.
Sobre los servicios sociales y otros que llamamos públicos
La parte segunda del proyecto de Constitución está conformada por la llamada
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Su Título 7 se redacta bajo el
lema genérico de “Solidaridad”. En su artículo II-36 consigna que “La Unión
reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general”. Ya
no son servicios públicos, sino de interés general. A diferencia de los
apartados de política económica o militar, en los que se usa fórmulas
imperativas, de obligado cumplimiento, aquí se “reconoce y respeta el acceso...”
de la misma manera que se puede reconocer y respetar que una persona acceda a
una peluquería. Nada de garantizar, que sería lo apropiado si se estuviera
pensando en salvaguardar el interés de las mayorías. Pero en lo que piensan es
en la privatización de los servicios públicos (hay de plazo hasta el 1 de enero
del 2005 para recalificarlos como de “interés general”, para luego subastarlos
al capital, como manda el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, de la
Organización Mundial de Comercio), servicios a los que se accederá siguiendo la
lógica neoliberal, o sea, pagando.
El artículo II-34, dedicado a “Seguridad social y ayuda social”, “reconoce y
respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los
servicios sociales que garantizan una protección” y, más adelante, “con el fin
de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el
derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda”. Parece que, en lugar de
estar leyendo un proyecto de Constitución, estamos ante las recomendaciones de
un comité de almas buenas. Lejos de ello, nos topamos con expertos en exprimir a
los pueblos. Y lo tienen tan claro que en todo este apartado “social”, el
proyecto se remite continuamente a lo que “disponen las legislaciones y
prácticas nacionales”, que, como hemos experimentado bien en España, llevan un
largo recorrido de ajustes a la baja, para encuadrarse dentro de los “criterios
de convergencia” y de déficit cero. Ese es el camino que marca la Constitución,
el del “dumping” social y salarial, para que cada región pueda aprovechar mejor
sus “ventajas competitivas” en la atracción de inversiones y siempre siguiendo
el principio de la competitividad.
“Toda persona tiene derecho a trabajar”. Así lo dice el artículo II-15 sobre
“Libertad profesional y derecho a trabajar”. Desaparece el derecho al trabajo,
reconvertido en libertad y derecho a trabajar. La obligación del Estado y la
sociedad de proveer de un puesto de trabajo a cada persona en edad activa se
sustituye por la voluntad individual, supuestamente libre.
El artículo II-14 es también ilustrativo de cómo se rebajan y empobrecen los
derechos y garantías ya establecidos en legislaciones nacionales, Convenios y
Declaraciones internacionales. Dice: “Toda persona tiene derecho a la
educación... Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la
enseñanza obligatoria. Se respeta la libertad de creación de centros
docentes...”. Subliminalmente queda establecido que lo normal es la educación en
centros de pago, privados, aunque se deja una ventana abierta a “la facultad”
(que no el derecho) de recibir enseñanza gratuita.
Por si sirve de resumen, el espíritu que anima el apartado de derechos
fundamentales queda consignado en el artículo I-7 así: “La Unión procurará
adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales. La adhesión a dicho Convenio no afectará a las
competencias de la Unión que se definen en la presente Constitución. Los
derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de
las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman parte del
Derecho de la Unión como principios generales”. ¿Qué fuerza ejecutiva tiene un
principio general?
Política militar: fuerza propia para el choque interimperialista
El Proyecto de Constitución que comentamos dedica un amplio repertorio a la
política militar de la Unión Europea. El principio rector del articulado es
establecer que “la competencia de la Unión en materia de política exterior y de
seguridad común abarcará todos los ámbitos de la política exterior y todas las
cuestiones relativas a la seguridad de la Unión” (artículo I-15). Por tanto, se
entra en la etapa final de la transferencia a los órganos de la Unión de toda la
soberanía de los Estados en estos cruciales aspectos. Ello compromete a que “los
Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política exterior y de
seguridad común de la Unión, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua, y
respetarán los actos que adopte la Unión en este ámbito”. Para llevar adelante
esta orientación, “el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros adoptarán las
decisiones europeas necesarias” que serán ejecutadas “por el Ministro de Asuntos
Exteriores de la Unión y por los Estados miembros”. Se remarca el carácter
oligárquico extremo de la estructura de la UE al detallar, para que no quede
ninguna duda, que “se consultará periódicamente al Parlamento Europeo sobre los
aspectos principales y opciones fundamentales de la política exterior y de
seguridad común, y se le mantendrá informado de la evolución de la misma” (art.
I-39). Al único órgano elegido por sufragio únicamente se le consultará e
informará. Ello en una Constitución para cuya reforma se requiere la unanimidad,
cuyas probabilidades de lograrse se acercan muchísimo a cero.
Con este mandato, que succiona la soberanía de los Estados, y con esa
oligarquización en la toma de decisiones, que niega la soberanía de los pueblos,
de la escuálida democracia burguesa no va a quedar ni el esqueleto.
A diferencia de los apartados sobre políticas sociales, en este ámbito sí que se
especifica la dirección y el propósito. Así, en el artículo I-40 se establece:
“La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política
exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa
basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en
misiones fuera de la Unión” -¿sería un prejuicio ideológico afirmar su carácter
imperialista?- “que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz”
-¡faltaría más tratándose de la civilizada y cristiana Europa!, aunque nos
vienen a la memoria las “misiones fuera” de los paracaidistas belgas, los
expedicionarios italianos, los legionarios franceses y españoles, los gurkas
ingleses...-, “la prevención de conflictos” –o sea, la militarización de
determinado país o región donde las aspiraciones de los pueblos amenacen
trastocar el orden establecido- “y el fortalecimiento de la seguridad
internacional” –del actual orden imperialista, se sobreentiende-, todo ello, eso
sí, “con arreglo a los principios de la Carta de las Naciones Unidas” –como en
Yugoslavia o Afganistán (en el caso de la ocupación de Irak, el Consejo Europeo
de Salónica considera que “la caída del gobierno de Saddam Hussein ha allanado
el camino para que el pueblo iraquí disfrute de un futuro pacífico, seguro y
próspero”)- y con el objetivo claramente definido “de mantener los valores de la
Unión y de responder a sus intereses”.
Para realizar estas misiones con suficiente convicción no vale cualquiera. Nadie
más capaz que quien tenga valores e intereses. Por eso, el proyecto afina y
determina que serán “los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de
capacidades militares” quienes tengan que “realizar las misiones más exigentes”.
Como muy bien prevén los inspiradores del proyecto, no va a poner el mismo ardor
en una guerra de conquista el ejército del capitalismo subsidiario húngaro que
el del imperialismo franco-alemán.
Y no olvidan nada. Esas capacidades militares tienen que ser resueltas
solidariamente; o sea, pagadas por todas las partes contratantes. Para ello,
“los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades
militares. Se creará una Agencia Europea de Armamento, Investigación y
Capacidades Militares... adecuada para reforzar la base industrial y tecnológica
del sector de la defensa”. Los preparativos y ejecución de la guerra contra Irak
de 2003 sacaron a la superficie el nivel de alta confrontación entre los
imperialismos estadounidense y europeo, así como la determinación de EEUU de
aprovechar su actual ventaja para imponer un nuevo reparto del mundo. En
consecuencia, como no hay que perder ni un minuto, el Consejo Europeo de
Salónica (junio, 2003) acordó crear dicha agencia en el transcurso del 2004,
“abierta a la participación de todos los Estados miembros” (para esto sí que no
se espera por la unanimidad, y quien se retrase ya sabe que cosechará pérdidas
en sus valores e intereses), agencia entre cuyos objetivos está la “creación de
un mercado europeo competitivo de material de defensa” (para entendernos, otro
salto en la carrera de armamentos, cuyos costes vendrán a reducir aún más los
presupuestos para cubrir las verdaderas necesidades de los pueblos) y “el
fomento de una investigación que permita alcanzar una posición de vanguardia en
tecnologías estratégicas para las futuras capacidades de defensa y seguridad”
(es decir, crear un poderío militar que iguale y supere al de EEUU). Esta
política desemboca, necesariamente, en la creación de un ejército europeo,
superador de los ejércitos nacionales. ¿Dónde queda la OTAN? Quizá se transforme
en el futuro con la salida de los miembros no europeos. Por ahora, de acuerdo
con el proyecto de Constitución, se “respetará las obligaciones derivadas del
Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros”, siendo
“compatible con la política común de seguridad y defensa”.
El colofón a este planteamiento lo pone la llamada “Cláusula de Solidaridad” (art.
I-42), que legaliza la intervención, incluso militar, en el territorio de
cualquier Estado miembro bajo el socorrido pretexto del terrorismo, con una
formulación tan flexible y peligrosa –para la lucha de los pueblos- como
“prevenir el riesgo de terrorismo en el territorio de los Estados miembros” o
“proteger las instituciones democráticas y a la población civil de posibles
ataques terroristas”. Tomando ejemplos de la realidad actual, en la línea de lo
que hacen la OTAN en Kosovo, EEUU en Afganistán o Irak e Israel en Palestina. No
olvidemos que la lucha de resistencia de estos pueblos es calificada como
terrorismo.
A la cláusula de solidaridad hay que añadir el llamado “espacio de libertad,
seguridad y justicia”, siendo uno de sus principales instrumentos la “euroorden”,
que crea un “sistema de libre circulación de decisiones judiciales”, el cual
recorta drásticamente la capacidad de defensa jurídica de las personas
afectadas, pues “da lugar a la supresión de la extradición entre los Estados
miembros”, sustituyéndose por “un sistema de entrega entre autoridades
judiciales”, que, como bien sabemos, se ejecuta en plazos fulminantes marcados,
en la práctica, por las policías. Es el procedimiento de secuestro del
científico Vanunu, en Italia, por la policía israelí, o de Ocalan, por la
policía turca, pero legalizado, consignándose en el Proyecto de Constitución
como “cooperación operativa de las autoridades competentes de los Estados
miembros”.
Dice el sociólogo belga François Houtart que “el capitalismo es salvaje cuando
puede y civilizado cuando debe”.
El Proyecto de Constitución europea aboga por un salvajismo legalizado.
El legado reformista
Las izquierdas del Estado Español hemos contado desde un principio con un
hándicap para enfrentar el proyecto imperialista europeo. Dicho hándicap es la
defensa por el PCE, desde 1972, del ingreso en la Comunidad Económica Europea
(Unión Europea). Siendo la principal organización de referencia del movimiento
popular, su posición ha impedido desde el principio el desarrollo de un debate
social amplio sobre este crucial tema en base a criterios de soberanía nacional
y emancipación de la clase obrera. La crítica radical al proyecto imperialista
también fue reducida a una insuficiente incidencia social por el “pacto de la
transición”, produciendo, no obstante, elaboraciones con aguzada visión
estratégica.
Casi 20 años después, el PCE parece sorprendido de aquello en lo que tiene
indudable alta responsabilidad. En su Conferencia Nacional sobre Europa (1989),
no pudiendo ignorar ni obviar la ausencia de confrontación con la Europa real en
construcción, la del capital, afirma, en un meritorio ejercicio de cinismo:
“Podría dar la impresión que la construcción europea unifica sin matices los
anhelos de un amplísimo espectro social y político, borra las diferencias de
desarrollo tecnológico, económico, social y de poder económico y político entre
los países más ricos y los más pobres, anula los contrastes entre las diferentes
concepciones sobre el futuro de las sociedades nacionales y relega a un segundo
plano las confrontaciones sociopolíticas”. Como queda claro, se despoja de toda
responsabilidad, pues es la construcción europea, a la que implícitamente se le
da rango de proceso objetivo inobjetable, la que unifica sin matices los anhelos
y anula los constrastes. Y como no hay propósito de enmienda, sino de persistir
en el entreguismo, en el mismo documento se regocija de que “sectores cada vez
más amplios de la izquierda han asumido que es perentorio disputar la hegemonía
del proceso comunitario y de la construcción europea a las fuerzas conservadoras
y al gran capital transnacional”. Lo que para la concepción de una Europa de los
pueblos es una claudicación, para el PCE es un estímulo.
Siendo esas las bases de partida, no debemos extrañarnos de la valoración del
Proyecto de Constitución para Europa que realiza Pedro Marset, director de la
revista política del PCE, en su informe al respecto: “Como resumen, se puede
decir que el texto de la Convención es un paso positivo en la dirección
adecuada, pero en el que existen restos de la inercia del pasado y del modelo
neoliberal. Se ha introducido mayor grado de democracia y de participación
social en las instituciones de la UE y en su funcionamiento democrático, pero
que se ha quedado a medio camino entre la reedición de los Tratados de
Maastricht, de Amsterdam y de Niza, y lo que realmente debe ser una Constitución
Europea a la altura de las circunstancias. A su vez, en un mundo amenazado por
el hegemonismo y agresividad de Estados Unidos, y por el ninguneo de la ONU y
del derecho y legalidad internacionales, el objetivo de la UE ha de ser
precisamente desempeñar un papel internacional como factor de paz y de
solidaridad en la esfera internacional y de relaciones con el resto del mundo.
Para desempeñar ese papel de paz y de fomento del derecho internacional y de la
igualdad entre los pueblos, para erradicar las desigualdades y la miseria, hay
que afirmar la personalidad jurídica y respetuosa de la UE con la ONU, y poner
en cuestión, con todas las consecuencias, el modelo neoliberal y sus
principios”. Podemos ser benevolentes y decir que es víctima de un tremendo
despiste. Pero, con estos personajes, la benevolencia es sinónimo de traición a
la crítica que desde la fundación del PCPE hemos hecho a las posiciones
contrarrevolucionarias del PCE. No hay despiste. Hay plena coherencia con el
proyecto de subordinación a la oligarquía que el PCE defiende desde hace más de
treinta años. No otra cosa es captar “la subordinación de la democracia al marco
neoliberal” y que “lo que domina es el carácter neoliberal” para concluir que el
Proyecto “es un paso positivo en la dirección adecuada”. El posterior acuerdo
del Comité Federal del PCE rechazando el actual proyecto de Constitución poco
cambia esta querencia de fondo. Y así es generalmente aceptado. Por ello, el
monárquico y reaccionario ABC, en editorial tras las elecciones del 14 de marzo,
dedicaba a IU un encendido elogio (y apoyo), señalando: “… El paisaje
democrático español ofrece históricamente un espacio claro a la izquierda del
PSOE, donde debe asentarse una formación que refuerce la centralidad política de
la socialdemocracia y al tiempo sirva de dique de contención para las
tentaciones antisistema. IU ha ejercido, desde su refundación a partir del viejo
PCE, como factor de estabilidad que ha cargado a sus espaldas con los distintos
impulsos de izquierda alternativa que se han ido configurando tras la crisis del
marxismo tradicional, evitando que se produzcan tentaciones escapistas y
rupturistas al margen de los cauces de la democracia”. Recordando a Bebel,
cuando la burguesía te piropea...
El proceso de la construcción imperialista europea analizado por el PCPE
En noviembre de 1988, el Comité Central del PCPE aprobó el documento “Ante el
Acta Única, dos vías de futuro para Europa”, en el que podemos leer:
“Para los comunistas, el actual proceso de integración capitalista de las
economías de los doce países europeos que forman la CEE es un proceso que, lejos
de apriorismos, ha de ser juzgado en función de los intereses nacional y de
clase de nuestros pueblos y de los intereses generales de la clase obrera y de
los pueblos de Europa. Desde este punto de vista, el Partido Comunista de los
Pueblos de España considera:
Que se trata de un proceso profundamente marcado por los intereses de las clases
dominantes y, en concreto, por la hegemonía del capital monopolista
transnacional, en detrimento de los intereses de las amplias masas de
trabajadores y de los sectores de la pequeña y mediana burguesía e, incluso, de
la burguesía nacional.
Que reduce progresivamente la soberanía nacional de los pueblos europeos,
impulsando la tendencia a una supranacionalidad al servicio de los monopolios.
De esta manera se agrava la problemática de la cuestión nacional, especialmente
en países como el nuestro, en que conviven diversas naciones en el interior de
un mismo Estado, cuestión que sólo puede resolverse con el reconocimiento del
derecho de autodeterminación de los pueblos, doblemente negado en la Europa de
la CEE.
Que subordina los estados periféricos de Europa, más débiles y atrasados
económicamente, al interés de los más poderosos, aumentando gradualmente las
desigualdades entre unos y otros. La construcción del Mercado Unico, que
comporta la libre circulación de capitales, mercancías, servicios y mano de
obra, supondrá la consolidación de una división internacional del trabajo
contraria a los intereses de nuestros pueblos.
Se trata de una integración marcada por un carácter fuertemente antiobrero, ya
que tiende a igualar por abajo las conquistas sindicales y sociales de los
trabajadores a tenor de aquellos países en que los trabajadores han logrado
menos conquistas. A su vez, consolida las actuales políticas de ajuste duro y,
en consecuencia, las elevadísimas cifras de paro estructural.
Con la aplicación del Acta Unica pretende hacer irreversible en todos los países
de la CEE la desrregulación de la economía y la consolidación de las políticas
de corte neoliberal y de ajuste duro, reduciendo progresivamente las
posibilidades de que los diversos estados controlen su propia economía, así como
la actividad de las multinacionales.
Intenta internacionalizar los procesos económicos, políticos y sociales con una
orientación que haga imposible cualquier intento de intervención de los pueblos
en la decisión de su propio futuro: cada vez se van tomado más decisiones y más
determinantes para la economía española fuera del control de nuestro pueblo y en
beneficio de las multinacionales y de los intereses de los sectores más
reaccionarios de la sociedad.
En consecuencia, pretende imposibilitar cualquier proceso de transformación
social orientado hacia el socialismo. Rechazamos como utópica y subordinada a
los proyectos del capital monopolista la idea de que se han agotado las vías
nacionales al socialismo y que, solamente si se da de forma simultánea en todos
los países de Europa Occidental, es posible la transformación social. Sostener
esta idea significa, aunque sea inconscientemente, negar las posibilidades de
transformación social e instalarse en la perspectiva de la gestión del sistema.
La actual interrelación de las economías de los tres centros imperialistas (USA,
Japón. Europa Occidental) es de tal magnitud que imposibilita, por la vía de la
CEE, avanzar hacia una autonomía real de Europa respecto a USA. La experiencia
lo está demostrando diariamente. Por otra parte, esa pretendida autonomía de la
CEE hacia Estados Unidos no cambiaría el carácter de clase reaccionario de tal
integración.”
La Tesis “La integración capitalista europea”, aprobada en el IV Congreso del
PCPE, celebrado en 1993, desarrolla este análisis, señalando una realidad social
que, en estos once años transcurridos, ha seguido acentuando sus peores
perfiles:
“La opción por la integración en la CEE y el apoyo al proceso de Unión Política
ha sido un componente decisivo, junto a la incorporación a la OTAN, de la
política de recuperación capitalista y de subordinación al imperialismo
practicada por la burguesía monopolista española que tiene, desde 1982, al
Gobierno de Felipe González como instrumento fundamental. Esta opción fue
posible por la correlación de fuerzas surgida de la "transición política",
hegemonizada por la derecha, y que se saldó con una importante derrota para las
fuerzas de izquierdas, y, en particular, para la clase obrera, que vio perder
importantes derechos arrancados al franquismo a la vez que se abrían las puertas
a la profunda división sindical que hoy aqueja a los trabajadores.
Las consecuencias para nuestro pueblo, para los trabajadores y para la economía
y el desarrollo social del Estado español han sido claras: aumento del paro, de
la precariedad en el trabajo y de la dualidad social; la extensión de la pobreza
y la desprotección social; la desindustrialización, producto de las
reconversiones industriales, que ha llevado al cierre a numerosas empresas y
explotaciones agropecuarias, y a la crisis de sectores enteros de nuestra
economía; la privatización de empresas públicas y la venta al capital
multinacional de un número importante de ramas de la industria, el comercio y
los servicios; el recorte de las libertades y el reforzamiento del estado
policial y represivo. Todo ello unido a la pérdida progresiva de soberanía que
ha comportado la integración del Estado español en la cadena imperialista.
El proyecto de integración capitalista europeo configura un centro imperialista
en Europa ante EEUU y Japón con todas las atribuciones que le son propias.
Refuerza los monopolios de Europa, facilita la consolidación de su dominio en el
área de la CE (Comunidad Europea) y su extensión neocolonialista en los países
de Europa Oriental. Provoca, entre otras cosas, una dura competencia entre ellos
y los otros centros imperialistas por un nuevo reparto de las zonas de
influencia en el mundo. Refuerza la filosofía de la intervención militar en el
marco del nuevo orden imperialista mundial y se dota de un brazo armado, el
futuro ejército europeo, actuando hoy la UEO como un complemento de la OTAN en
Europa.”
Avancemos hacia una Europa alternativa
Hoy, la percepción de la Unión Europea como un agente agresivo hacia los pueblos
forma parte de la apreciación de un notable espectro social. No pocas son las
voces que ya se han alzado contra el Proyecto de Constitución. Hay mejores
condiciones para que los análisis que desvelan el carácter imperialista de la UE
ganen operatividad política. Consideramos plenamente vigentes las conclusiones
del IV Congreso que afirman: “El PCPE rechaza las concepciones federales que
comporta la creación de un Estado supranacional europeo y apuesta por una Europa
basada en la libre asociación de naciones y estados, en una Confederación de
pueblos libres y soberanos, en la que los parlamentos nacionales no vean
mermadas sus competencias y capacidades para decidir en las materias
fundamentales que preserven la soberanía de cada pueblo. La política económica,
monetaria y social, la de defensa y seguridad, así como las relaciones
exteriores, no deben substraerse de las competencias de los Estados miembros”.
Es una plataforma de lucha que habrá que ir articulando, en el proceso de
discusión del Proyecto de Constitución, en un frente amplio de rechazo al mismo
y de defensa de la soberanía de los pueblos de Europa, de las trabajadoras y los
trabajadores de los países afectados.
Diana Bazo. Secretaria General de los CJC
Juan Rafael Lorenzo. Miembro del CC del PCPE
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