Funcionarios del Tribunal para La Antigua Yugoslavia han completado
un análisis jurídico sobre la
posible comisión de crímenes de guerra por parte de los miembros de
la Otan durante el conflicto
de Kosovo.
Hace 18 meses, el Pentágono se opuso radicalmente a la creación de una corte penal internacional permanente por temor a que una corte fuerte e independiente pudiera hacer que las tropas americanas en misiones en el exterior fueran procesadas al margen del sistema judicial estadounidense. Ahora, como resultado de la guerra aérea desencadenada por la OTAN la pasada primavera contra los serbios, oficiales del ejército estadounidense se han visto sometidos al escrutinio de tal corte: el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Expertos en derecho internacional afirman que esto puede originar los precedentes políticos y jurídicos para exigir a los norteamericanos que se sometan a revisión judicial internacional. "El futuro temido por el Gobierno de los Estados Unidos ha llegado antes de lo previsto", afirmó Diane F. Orentlicher, Directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra del Washington College of Law de la American University. "Los Estados Unidos han tenido siempre un temor obsesivo en lo que se refiere a la eventual actuación de una corte penal internacional en relación con soldados estadounidenses", añade, "y ahora sucede que por un giro inesperado de la historia el tribunal internacional para Yugoslavia tiene tal jurisdicción". Funcionarios del Tribunal, en La Haya, acaban de completar un informe interno, a finales de diciembre, que es un análisis jurídico sobre la posibilidad de que los aliados de la OTAN hayan cometido crímenes de guerra durante su campaña de 78 días contra Yugoslavia. Funcionarios del Tribunal y de la administración han declarado que no existe virtualmente ninguna posibilidad de que se formulen cargos contra personal estadounidense o de la OTAN. La Fiscal Jefe del Tribunal, Carla Del Ponte, vino a subrayar en una declaración emitida el pasado jueves que "no había investigación formal alguna sobre las acciones de la OTAN durante el conflicto de Kosovo". Pero ni los empleados de la Casa Blanca ni del Pentágono han puesto en duda la autoridad legal del tribunal para examinar la participación estadounidense y aliada en la contienda. Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que no había duda alguna de que el Tribunal está envestido de tal autoridad. El Tribunal fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 para enjuiciar a los acusados de crímenes de guerra en los conflictos que siguieron al desmembramiento de Yugoslavia, durante el cual se produjo la secesión de cuatro de sus seis repúblicas. Cuando Slobodan Milosevic, el Presidente de lo que queda de Yugoslavia, ordenó en 1998 a las fuerzas militares y policiales que eliminaran a los rebeldes que operaban en la bastante despoblada provincia albanesa de Kosovo, al Sur de Serbia, este conflicto también recaía bajo la jurisdicción del tribunal. De hecho, condujo a la imputación del Sr. Milosevic por los cargos de crímenes de guerra contra él formulados el pasado mes de mayo. Los Estados Unidos han apoyado de manera notable el tribunal y su trabajo, pero la idea de subordinar la soberanía estadounidense a cualquier organismo jurídico internacional, sigue encontrando la resistencia de algunos americanos. Ha sido éste un asunto de interés especial, si bien no exclusivo, para los conservadores en el Congreso. Cuando los delegados de más de 160 países se reunieron en Roma en julio de 1998 para negociar la creación de una corte penal internacional permanente, la Administración Clinton presionó firmemente para limitar la autoridad e independencia de la Corte y así proteger la soberanía estadounidense. Con el Pentágono a la cabeza del asunto, la administración esgrimió que los soldados norteamericanos podrían verse sometidos a enjuiciamientos frívolos o politicamente motivados por parte de tal corte. Los negociadores de los Estados Unidos pedían que en el estatuto de la corte se incluyeran disposiciones que, en esencia, otorgarían a los Estados Unidos poder de veto sobre cualquier enjuiciamiento a través de su silla en el Consejo de Seguridad. Muchos países, incluyendo poderosos aliados, como Alemania, contestaron que las disposiciones estadounidenses socavarían la corte, y los delegados las rechazaron. Desde entonces, 92 países han formado el tratado constitutivo de la corte y 6 lo han ratificado. Cuando 60 países hayan ratificado el tratado, la corte comenzará a funcionar, lo que ocurrirá probablemente dentro de dos o tres años. Técnicamente, los bombardeos aéreos de la OTAN en los meses de la guerra en Bosnia en 1995, caían también bajo la jurisdicción del tribunal de La Haya, pero estos bombardeos fueron mucho más limitados y el tema nunca surgió. En cambio, la guerra aérea de la OTAN del año pasado incluye bombardeos en Serbia y Montenegro, las dos repúblicas yugoslavas. Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rigths Watch, organización de defensa de los derechos humanos en Nueva York que ha trabajado el tema de los crímenes de guerra, dijo que la última campaña de la OTAN merecía de escrutinio jurídico. Mencionó el uso de bombas de fragmentación, así como la decisión de bombardear centrales eléctricas y otros blancos de uso civil y la de hacer volar a los aviones a gran altura, lo que, si bien reduce el riesgo para los pilotos, aumenta las probabilidades de bombardeos accidentales. "A diferencia del resto del mundo, el Pentágono no puede aceptar la idea de que su conducta sea sometida a la fiscalización de un tribunal internacional", declaró. La revisión de estos hechos por parte del tribunal comenzó en agosto, después de que miembros del parlamento ruso y expertos legales se reunieran con la predecesora de la Sra. Del Ponte, Louise Arbour, e instaran a la investigación del papel de la OTAN. La revisión sistematizó los cargos y las cuestiones jurídicas en torno a los mismos, pero distaba de constituir una investigación, según palabras de algunos funcionarios. Aún así, la Casa Blanca respondió con contundencia. "La OTAN llevó a cabo esfuerzos extraordinarios para aminorar los daños colaterales", declaró uno de los portavoces, James R. Fallin. "Cualquier investigación sobre la conducta de sus pilotos estaría completamente injustificada". La Sra. Orentlicher, de la American University, y otros expertos, afirmaron que la aceptación tácita por parte de los Estados Unidos de la jurisdicción del tribunal de La Haya sobre las acciones estadounidenses en la guerra de kosovo, hará más difícil para los Estados Unidos oponerse a la autoridad de la nueva corte en futuros conflictos. El funcionario del Departamento de Estado dijo que sólo se sentaría "un precedente limitado", ya que la nueva corte va a ser una entidad jurídica diferente, al haber sido creada mediante un tratado y no mediante una resolución del Consejo de Seguridad con el apoyo de los Estados Unidos. El precedente político en cambio será mayor. William L. Nash, un General del Estado Mayor del Ejército ya retirado, que supervisó las tropas estadounidenses destacadas en Bosnia en 1995 y 1996, declaró que el tribunal estaba mostrando que era lo suficientemente bien intencionado como para no dejar de investigar a la OTAN, sin que ello signifique que lo hará inmediatamente. "Los críticos de la corte pueden ver que no todo esto es malo", dijo Nash, que ahora dirije los programas civiles y militares del National Democratic Institute for International Affairs en Washington. El Pentágono no entrará en si se está sentando un precedente, pero un funcionario del Departamento de Defensa dijo que el Pentágono seguía oponiéndose contundentemente a cualquier jurisdicción exterior sobre los militares estadounidenses, al margen de la jurisdicción del tribunal de que se trate. [Fuente: The New York Times - Por Steven Lee Myers - 03jan00. Vía Vincent Romano, Coalition for an International Criminal Court (CICC) Media Associate. Traducción libre del original en inglés realizada por el Equipo Nizkor, 05ene00] |