Los ataques aéreos contra Yugoslavia, que se iniciaron el 24 de marzo de 1999,  representan una grave violación de una de las reglas fundamentales del derecho internacional contemporáneo contenida en el art. 2, pár. 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohibe no sólo el uso de la fuerza armada, sino también la amenaza de su uso. Las acciones militares de la OTAN  constituyen un acto de agresión, a tenor de la definición de  agresión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el  acuerdo de todos los estados miembros, incluidos los que hoy dirigen la fuerza militar contra Yugoslavia. Desgraciadamente, diecinueve estados miembros de la OTAN, incluidos tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,  que tiene el deber primordial de la protección de la paz y la seguridad internacionales,  han tomado parte en esta ilegalidad.
 Ya en el  juicio de Nuremberg (1946), el Tribunal Militar Internacional  estipuló que la agresión representa un crimen contra la paz, que  comporta la responsabilidad penal individual de los  ejecutores de tal acto. La “intervención humanitaria” no puede de ninguna manera ser una excusa para la agresión y  tampoco  las circunstancias  imperantes en Yugoslavia, incluida  la situación en Kosovo en el momento del desencadenamiento de los ataques,  pueden invocarse para exonerar la vulneración del derecho cometida.
 Con tal acto,  el orden jurídico internacional, que se ha mantenido durante medio siglo a pesar de todas las dificultades,  se ve afectado en sus propios cimientos. Si  un estado cualquiera, sobre todo  si es grande y poderoso, se toma la “justicia por su mano”, el futuro se promete incierto y preñado de riesgos.
 Los profesores de derecho internacional que firman este llamamiento protestan enérgicamente contra este acto de agresión y piden a los gobiernos de los estados implicados en esta guerra  que detengan inmediatamente los ataques, a la vez que solicitan a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas  que hagan valer su influencia en esa dirección. Esperamos y creemos que la responsabilidad de todos los que han participado en esta  tragedia podrá ser establecida con prontitud.
 Ningún problema político puede arreglarse con el empleo de la fuerza armada y aún menos un problema humanitario. El aislamiento político internacional de Yugoslavia no puede invocarse como pretexto para una violación tan grave del derecho internacional. Ni Yugoslavia en su conjunto  ni sus ciudadanos   pueden  ser colocados de esta manera al margen de la ley.

        Belgrado, 27 de marzo 1999

-Ljubivoje Acimovic, ex consejero, Instituto de Política y Economía Internacional, Belgrado.
-Vojin Dimitrijevic, ex profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Belgrado.
-Dejan Jan-a, ex profesor de Derecho Internacional Público, Escuela de Derecho de la Universidad de -Novi Sad, ex miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
-Konstantin Obradovic, ex profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de Belgrado; miembro del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, San Remo.
-Obrad Ra-ic, ex profesor de Organizaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de Belgrado.
-Milan -ahovic, ex director del Instituto de Política y Economía Internacional de Belgrado, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado; miembro del Institut de Droit International.

(Documento recibido como adjunto, por  vía electrónica,  de Mujeres de Negro de Belgrado,  el  31 de marzo de 1999)