Por Fernando Laría

 
La mayoría de quienes justifican la guerra de la OTAN contra Yugoslavia se apoyan en la existencia de un novedoso derecho de “intervención humanitaria”. En palabras de Mario Vargas Llosas,  “la soberanía (de los Estados) tiene unos límites, y  si un gobierno atropella los derechos humanos más elementales, y comete crímenes contra la humanidad, con asesinatos colectivos y políticas de purificación étnica como hace Milosevic, los países democráticos –que por fortuna son hoy también los más poderosos y prósperos – tienen la obligación de actuar para poner un freno a esos crímenes”. A continuación apoyan la guerra, sin negar lo obvio, es decir su carácter sanguinario y brutal, pero aceptándolo como mal menor, justificado para alcanzar el proclamado “fin humanitario”. Hay quienes también, insuflados de un moralismo bíblico, defienden la guerra como castigo ante el hombre que encarna el Mal, y así la asimilan de modo inconsciente a un juicio penal. Pero esa analogía no es posible. Quien desata la guerra hace de juez, parte y verdugo, y lo más escandaloso, ante la imposibilidad material de personalizar el castigo, hace recaer la condena sobre seres inocentes.

 No negamos la conveniencia y oportunidad de algunos modos de intervención dirigidos a la protección de los derechos humanos de minorías étnicas o religiosas (medidas políticas y diplomáticas, embargo de armas, presencia de observadores, etc.) Pero el derecho de “intervención humanitaria”, si no se lo quiere convertir en mero pretexto para intervenciones que persiguen otros fines, requiere previamente el establecimiento de un marco legal institucional que prohiba las actuaciones unilaterales. En el Proyecto de Informe del Parlamento Europeo de 1994, sobre “Derecho a la Intervención Humanitaria”, se indicaba como condiciones de la intervención “que el Estado que intervenga deberá tener un relativo desinterés en la cuestión, de modo que no entren en juego otros motivos de carácter político y económico”, y que “la intervención no deberá constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionesles, de manera que se ocasione una mayor pérdida de vidas humanas y un mayor sufrimiento que el que se desea evitar”. Sin embargo obsérvese que esos textos angélicos pueden dar lugar a variadas interpretaciones. Actualmente la única norma internacional, pendiente de desarrollo, es el Capítulo VII de  la Carta de las Naciones Unidas, que confiere ciertas facultades al Consejo de Seguridad para adoptar este tipo de medidas. Fuera de esas resoluciones, debemos reivindicar la vigencia de la Resolución 2131 de 1965 de la Asamblea de las Naciones Unidas, que establece el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. No podemos conferir a Estados Unidos y su grupo de aliados el derecho a decidir, bajo el pretexto humanitario, que tiranos deben ser perseguidos y cuales protegidos.

 En tal sentido, el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, por el cual se autoconcede facultades para intervenir en “misiones de paz” o “gestión de crisis” en todo el hemisferio Norte, constituye la más burda vulneración del derecho internacional vigente. Se basa  en una pretensión ilusoria, porque el resto de grandes potencias (Rusia, China,India) probablemente no aceptarán una estructura institucional estable que no sea fruto del acuerdo y consenso de todas las partes afectadas. No existe otro camino para llegar a un marco democrático internacional que no sea por analogía con el que ha tenido lugar en el interior de los estados democráticos modernos. La paz del imperio, impuesta por la sujeción del resto de las naciones al poder de la superpotencia es una utopía irresponsable, fruto de la arrogancia del triunfo efímero en la guerra fría. 
 No queremos dejar de aludir aquí a quienes, oponiéndose a los bombardeos de la OTAN, reivindican en el fondo el “derecho a la intervención humanitaria” o con pretendida finalidad democrática. Así es que al mismo tiempo que reclaman el fin de los bombardeos, afirman también que “hay que poner freno inmediato a los horribles crímenes  de Milosevic, -un “Netanyahu” para los albano-kosovares y un “Pinochet” para los serbios”- (anuncio de “El País” del 29 de abril). Con independencia de la natural desconfianza que nos produce el uso de los cliché al estilo Hooliwood, pensamos que con estos anuncios se desconcierta al personal. Si realmente hay que “poner un freno inmediato” a los “horribles crímenes”, casi se está dando la razón a la intervención de la OTAN. Si lo que se quiere decir es que hay que “intervenir por tierra”, que es el mensaje subliminal que con independencia de la intención de sus autores se deja caer, el problema es que aunque defendiéndolo bajo el paraguas de la ONU, peca de falta de realismo. Estamos legitimando la presencia de una “fuerza internacional”, que es el objetivo de la OTAN. En el artículo que firman Jaime Pastor y Carlos Taibo  en “El Mundo” del 19 de mayo, llamativamente no aparece la menor mención a los claros objetivos geoestratégicos que han presidido la intervención de la OTAN. Coinciden sin embargo en experimentar idéntica indignación moral ante “las atrocidades cometidas en Kosovo”.   
 
 Si legitimamos la guerra y contribuimos a la campaña propagandística de demonización por la descontextualización histórica y geográfica de los conflictos, creo que no trabajamos eficazmente en evitar la tragedia humanitaria radicalizada por la propia intervención militar. Para no perdernos en un laberinto, no debemos abandonar el conjunto de principios jurídicos elaborados trabajosamente por las diplomacias de los países débiles que han querido poner un freno a las grandes potencias imperiales. De allí la necesidad de reivindicar el “principio de no intervención en los asuntos internos de otros países”. Los únicos que tienen legitimidad para decidir si Milosevic es “un Pinochet” son los propios ciudadanos serbios. Los “ilustrados” analistas de las democracias avanzadas deben ser muy prudentes a la hora de sustituir a los pueblos en la calificación de sus propias democracias. Como afirma Richard Gott, una de las peores consecuencias de esta guerra es que “cien años de esfuerzo en el establecimiento de un sistema internacional capaz de imponer límites a las ambiciones imperialistas de las grandes potencias se han ido bruscamente al garete”. --