Las decisiones militares de la OTAN también son una cuestión civil

Los acontecimientos de los Balcanes, donde continúa la deportación masiva de la población de Kosovo y los bombardeos sobre la República Federal de Yugoslavia, han dejado en un segundo plano de la actualidad informativa a la Cumbre de la OTAN, celebrada en Washington los días 23, 24 y 25 de abril pasado. Cumbre que ha introducido en sus resoluciones importantes y radicales novedades no sólo en el ámbito interno, ya que también afectan al Derecho internacional.

La Alianza Atlántica, que hasta ahora había fundamentado su existencia en una actitud de defensa del territorio de los países aliados frente a posibles agresiones de terceros países, se arroga en la Cumbre de Washington dos nuevas y significativas competencias: por un lado, el derecho de injerencia «por razones humanitarias», más allá del concepto estratégico de defensa; por otro lado, velar por problemas de seguridad más amplios, como «actos de terrorismo, sabotaje y crimen organizado». Al tiempo, oficializa su intervención en los Balcanes: a partir de ahora, la OTAN actuará en un futuro (como ya lo está haciendo en la crisis yugoslava) sin necesidad de que exista una resolución previa del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice esa intervención militar. Este estado de cosas parte de la constatación de una evidencia: la configuración de Naciones Unidas, con el mantenimiento del derecho a veto de los países más poderosos, se ha convertido, una vez terminada la Guerra Fría, en un serio impedimento para la resolución eficaz de conflictos de alcance mundial, lo que hace necesaria una urgente redefinición de las reglas de esta organización. Pero, aceptando esto, no se puede admitir una decisión como la adoptada por la OTAN en su última cumbre. En primer lugar, porque sitúa los intereses militares fuera del alcance de un auténtico y efectivo control civil. Prueba evidente de que esa intervención no está garantizada desde los parlamentos nacionales de los países aliados la tenemos en España, donde en el actual conflicto de Kosovo el presidente del Gobierno no sólo no ha sometido la intervención española al control parlamentario, sino que ni siquiera ha tenido a bien informar al Congreso hasta un mes después del inicio de los bombardeos. Pero, además, esta decisión de la OTAN abre la puerta para que, en un futuro, otros países con una cierta capacidad de intervención armada puedan decidir, asimismo, tomarse la justicia por su mano cuando lo estimen oportuno, con la misma legitimación que ahora se otorga la Alianza Atlántica. 

Los sindicatos, representantes de la clase trabajadora, que es siempre el sector social golpeado con mayor dureza cuando estalla un conflicto bélico, debemos hacer un llamamiento para que los instrumentos de diálogo y las instituciones de la comunidad internacional no sean ahora devaluados o suprimidos en favor de las fuerzas belicistas, detrás de las que se esconden los intereses de grandes consorcios financieros. La Unión Europea debe contar con un sistema de defensa propio, al servicio de los ciudadanos y bajo el control democrático de un Parlamento Europeo dotado de todo el poder que su representación popular exige. Una Europa de los ciudadanos, que cuente con una política exterior y de seguridad, basada en los principios de la paz y de la convivencia internacional. 

Manuel Bonmati y Juan Moreno son secretarios de Relaciones Internacionales de UGT y CCOO.