VERICUETOS POR DONDE CAMINA LA
JUSTICIA
Katia Orantes
Publicado en La Cuerda-
julio 98
Las constantes denuncias de acoso y violaciones sexuales, junto con la exigencia de aplicación de justicia por estos delitos y otros que atentaron contra la vida de mujeres, son temas que en julio ocuparon múltiples espacios en la prensa guatemalteca.
A raíz de dos reportajes publicados en el diario elPeriódico, que revelan datos de violaciones sexuales y la forma en que son utilizadas las drogas para ultrajar a adolescentes, surgió una polémica que sirvió de fundamento para que el Ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, tenga que acudir al Congreso a explicar qué está haciendo esa cartera para prevenir y perseguir estos delitos.
De acuerdo a la información referida, las víctimas de abusos sexuales que ocurren principalmente en discotecas y fiestas privadas de zonas exclusivas, son menores de edad. Aunque el Ministerio Público carece de reportes al respecto, médicos y psiquiatras de hospitales privados coinciden en indicar que este fenómeno es común. Algunos aseguran que semanalmente atienden 10 casos.
Según la investigación de la periodista Ana Fresse, la Fiscalía de la Mujer actualmente conoce 152 casos de violaciones sexuales. Sandra Aldana, jefa de dicha dependencia, reveló que "de una a dos mujeres, generalmente menores de edad, son violadas en la ciudad capital cada día", cuyos abusadores son, en la mayoría de los casos, familiares o conocidos de la víctima. Pero más larmantes que esas cifras -consideradas como subregistro- son las declaraciones del especialista Luis Torrebiarte, quien dijo: "El problema es una endemia nacional".
Una interrogante que surge al leer esas informaciones es cómo se dará una justa aplicación de la ley, ya que los jueces son víctimas de actos de intimidación, por lo que se ven obligados a retirarse de los procesos.
Un claro ejemplo de ello son las amenazas de muerte que ha recibido la jueza Edith Pérez Ordóñez, quien tiene a su cargo el proceso contra tres presuntos responsables del secuestro de Adolfo Santizo Gramajo. Ante tal situación, jueces y magistrados repudiaron este hecho y señalaron que "ello evidencia a los sectores interesados en obstaculizar la administración de justicia".
La liberación de Gonzalo Salguero Escamilla, acusado de pertenecer a la banda que secuestró y asesinó a la joven Beverly Sandoval, fue otro caso que causó reacciones de rechazo en diversos sectores que provocaron la renuncia del juez Roberto Echeverría, quien dejó en libertad al acusado.
Cabe resaltar la nota del diario Siglo Veintiuno, del 14 de julio, que da a conocer que la Fiscalía del Ministerio Público de Izabal solicitará que se confirme la pena de muerte contra Mario Chen, sentenciado por asesinar a un hombre, además de violar a la madre de éste y a su hija, en enero de 1997.
Un hecho alentador representa
la decisión del Procurador de Derechos Humanos, Julio Arango, de
darle mayor importancia al seguimiento de denuncias cuyas víctimas
son mujeres, al haber constituido oficialmente la Defensoría de
la Mujer. Además de denunciar los hechos de violaciones
a los derechos humanos de
las mujeres, será necesario persistir en el esfuerzo de que las
recomendaciones del Magistrado de Conciencia se lleven a la práctica,
lo que también forma parte de la aplicación de la justicia.
Otro paso para promover el
respeto a la dignidad de las mujeres se reporta en la prensa internacional.
En Estados Unidos, las empresas deberán tomar medidas para prevenir
el acoso sexual mediante programas educativos. Esta obligación tiene
su fundamento en la decisión de la
Corte Suprema de Justicia
de ese país, que responsabiliza además a las empresas por
el comportamiento de sus funcionarios o empleados. Con ello se reconoce
el deber de crear ambientes de convivencia digna entre mujeres y hombres,
con elementos preventivos respecto a los delitos sexuales.