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COALICIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE MUJERES
Categoría II estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
Econ. Zoraida Ramírez Rodríguez
Vicepresidenta Mundial - Representante para Latinoamérica y el Caribe

Declaración II de Dacca (Bangladesh) 29 de Enero de 1999

Conferencia Mundial
“Organizándonos a nivel regional y mundial para luchar contra la explotación sexual”

Introducción

Durante las últimas dos décadas, la prostitución y el tráfico sexual han alcanzado magnitudes alarmantes en todo el mundo. Cada año, entre 5.000 y 6.000 mujeres y niñas nepalesas (algunas con tan sólo nueve años) son traficadas a la India a través de la frontera. Al mismo tiempo, cerca de 200.000 mujeres y niñas de Bangladesh son explotadas sexualmente en Paquistán. Se calcula que en Tailandia hay cerca de dos millones de mujeres y niñas dentro de la prostitución, mientras que por lo menos 1.000.000 de mujeres y niñas filipinas son traficadas anualmente como “anfitrionas” dentro de la creciente industria sexual japonesa. Del mismo modo, la prostitución y el tráfico sexual han adquirido formas nuevas y peligrosas.
Del 26 al 29 de enero de 1.999, la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres–Bangladesh convocó una conferencia mundial con la participación de cerca de 400 delegadas de Asia, Africa, Europa, América Latina y Norteamérica, cuyo propósito era analizar estas cuestiones tan preocupantes. Bajo el nombre de “organizándonos a nivel regional y mundial para luchar contra la explotación sexual”, esta conferencia tuvo como objetivos primordiales: producir una reflexión conjunta acerca de la prostitución, el tráfico y la explotación sexual de niñas y mujeres, y desarrollar estrategias regionales y mundiales.

Declaración de la Conferencia

La prostitución y el tráfico sexual no son aspectos universales e inherentes a la condición humana, ya que violan los derechos humanos de la mujer y constituyen formas de violencia contra las mujeres. Hay personas que, sin embargo, emplean la visión tradicional de la prostitución “como el oficio más antiguo del mundo” para sustentar “la inevitable” legalización de la prostitución femenina como trabajo. Estas personas podrían pedirnos que aceptáramos a la prostitución y al tráfico sexual como realidades de la vida de las mujeres, provocadas por la fuerte pérdida de poder femenino y por la constante feminización de la pobreza. Han llegado incluso a señalar la distinción entre prostitución “libre” y “forzada”, y hasta han sugerido que el tráfico sexual y la prostitución “forzada” sean penalizados bajo leyes especiales de tráfico. Estas personas también han planteado que la prostitución “libre” (que incluye a los empresarios que dirigen el negocio de la prostitución, también conocidos como proxenetas, chulos o dueños de burdeles) se rija por las mismas leyes laborales como cualquier otro trabajo. La validación de la prostitución como un sector económico más representa la instauración de la desigualdad y de la violencia contra la mujer.

Solicitamos que se despenalice a las mujeres que están dentro de la prostitución, no como trabajadoras, sino como víctimas y sobrevivientes de la explotación sexual. Sin embargo, despenalizar la institución de la prostitución y legalizar la prostitución como trabajo es indemnizar a los proxenetas, reclutadores, comerciantes de mujeres y dueños de prostíbulos quienes confinan a las mujeres en condiciones de esclavitud y servilismo sexual. Legalizar la prostitución es aceptar entonces que un gran número de mujeres sean utilizadas para el provecho y consumo masculinos y que sus cuerpos sean comerciados para el mero placer de los hombres.
Legitimar la prostitución como trabajo sólo concede protección legal a los proxenetas y chulos. Otorgarles respetabilidad como terceros en el negocio de la prostitución les facilita el ambiente de mercadeo propicio para la violación y comercialización de los cuerpos de las mujeres, y también les brinda impunidad legal y confidencialidad como explotadores. En países en los que ya se ha legalizado y regulado la prostitución como trabajo, se observa un número cada vez mayor de mujeres que son incorporadas a la industria sexual tanto del tráfico internacional como de los mercados internos.

Además, la mal llamada prostitución “libre” es realmente un mito ya que las posibilidades que tienen las mujeres que subsisten en condiciones de tráfico sexual y prostitución están fuertemente restringidas. En vez de hablar sobre el acceso de las mujeres a la prostitución o sobre los derechos que tienen las mujeres a la prostitución, deberíamos hacer énfasis sobre la resignación que sienten las mujeres por las limitadas posibilidades con las que cuenta. Las mujeres entran a la prostitución debido a una serie de circunstancias que van desde la coacción y el engaño manifiestos pasando por la carencia económica y finalmente por el abuso sexual.

Actualmente, el desafío de los gobiernos es reconocer que la prostitución es una industria masiva y creciente aunque no se convierta en trabajo. El desafío de los gobiernos es garantizar los derechos y la protección de las mujeres que se encuentran bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución mientras se reconozca que la prostitución viola la dignidad humana y los derechos de la mujer. El desafío de los gobiernos es penalizar al número cada vez mayor de explotadores sexuales, proxenetas, chulos, comerciantes de mujeres y dueños de burdeles, mientras que no se penalicen a las mujeres que se encuentran bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución.

Por lo tanto, recomendamos que a las mujeres bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución les sean concedidos los siguientes derechos:

Que los gobiernos protejan y promuevan los derechos de la mujer mientras se encuentran todavía bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución, y que al mismo tiempo se erradiquen las causas de la prostitución.
Que los gobiernos rechacen cualquier política que legitime al tráfico sexual o a la prostitución, o que legalice o regule a la prostitución en cualquier forma, sea como profesión, ocupación, actividad de entretenimiento, o sea como sector económico.
Que los gobiernos despenalicen a las mujeres que están bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución, al mismo tiempo que se penalicen a los proxenetas, chulos y promotores de la prostitución, así como también a quienes comercian con mujeres para actos sexuales (clientes).
Que el gobierno controle y prevenga el creciente tráfico de niños para adopción, para la realización de trabajos forzados y para el comercio de órganos.
Que el gobierno adopte medidas legales para prohibir el turismo sexual y penalizar a los que organizan y promocionan turismo con propósitos de explotación sexual como medio para procurar y promover la prostitución. Tales medidas deberán ser adoptadas e instrumentadas tanto en los países de procedencia de los turistas sexuales como en los países de destino.
Que los gobiernos utilicen la publicidad adecuada para advertir acerca de la penalización de turistas sexuales.
Que los gobiernos prohiban que personas o empresas promuevan, se beneficien o se dediquen a cualquier negocio que involucre arreglar matrimonios de mujeres con ciudadanos extranjeros, y comerciar con novias por correspondencia y/o matrimonios falsos.
Que los gobiernos se responsabilicen por evitar la explotación sexual de mujeres y niñas por parte de personal militar, ya sea dentro de sus países o fuera de ellos.
Que los gobiernos cooperen para detener el uso de la Internet con fines de explotación sexual y tráfico de mujeres.
Que las mujeres que están bajo condiciones de tráfico sexual y prostitución tengan derecho a la integridad y a la autonomía sexual y que por lo tanto puedan demandar por daños y solicitar correctivos civiles (indemnizaciones) debido a explotación sexual, acoso sexual, agresión o violación.
Que el consentimiento de la mujer utilizada para el tráfico sexual y la prostitución no sea reconocido como defensa para los proxenetas, chulos y comerciantes de mujeres, ni tampoco como base para la institucionalización (sancionada por el Estado) de la explotación sexual como trabajo.
Que no sean utilizadas las prácticas socioculturales de matrimonios temporales, contratos de honor o por escrito, para justificar o defender ningún acto de explotación sexual.
Que las mujeres reciban una compensación justa, continua y/o legalmente asignada por trabajar como mesoneras, recepcionistas, bailarinas, cantantes, empleadas de bares, anfitrionas o relacionistas públicas, pero no como trabajadoras sexuales. De esta manera se reduciría la presión económica para dedicarse a la prostitución, que generalmente se disimula bajo estos términos.
Que las mujeres tengan derecho a guardar y a manejar cualquier dinero que ellas perciban.
Que ningún tercero se beneficie de los ingresos de las mujeres inmersas en el tráfico sexual y la prostitución.
Que las mujeres en prostitución sean capaces de formar asociaciones para disminuir los niveles de explotación sexual y económica, pero que al mismo tiempo no se formalicen estos grupos o colectivos como sindicatos que pretendan institucionalizar la prostitución como trabajo.
Que las mujeres inmersas en el tráfico sexual y la prostitución sean capaces de organizarse para obtener servicios de apoyo como lo es el cuidado materno-infantil.
Que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pongan recursos a la disposición de las mujeres, tales como créditos, programas de micro-préstamos, entrenamiento empresarial y otros servicios necesarios.
Que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales suministren atención médica, alojamiento, asesoría voluntaria y programas educativos para mujeres que han sido afectadas por el tráfico sexual y la prostitución.
Que ni la historia de su vida sexual, ni la condición de mujeres inmigrantes o personas apátrida sean utilizadas en su contra.
Que las regulaciones protejan a la mujer emigrante e inmigrante, tanto en el lugar de partida y llegada, como durante su trayecto.
Que las mujeres disfruten de libertad de circulación.
Que las mujeres retengan sus pasaportes y documentos de viaje, y que no puedan serles confiscados.
Que a las mujeres traficadas se les ofrezca un alojamiento, la condición y la protección de refugiadas y la repatriación voluntaria si han entrado ilegalmente al país.
Que los gobiernos reconozcan que hay ciertos tipos de trabajo durante el proceso de inmigración, tales como el trabajo doméstico y el entretenimiento, que son propicios a la explotación sexual y que pueden llevar a la prostitución.
Que las mujeres trabajadoras inmigrantes sean protegidas de la explotación y el abuso sexual en el país anfitrión y que se les otorgue contratos de trabajo válidos por escrito que sean además supervisados por las autoridades competentes.
Que bajo ninguna circunstancia puedan los gobiernos interpretar los derechos aquí descritos para evitar que las mujeres puedan migrar o viajar al extranjero.

Traducido por Luis Enrique Costa Ramírez.
Caracas, Venezuela, 09-2-99.