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Las cifras del horror

Por Esperanza Bosch y Victoria A. Ferrer

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Desgraciadamente, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex - parejas en España no es, en absoluto,una novedad. La violencia contra las mujeres está enraizada en lo más profundo de la cultura machista, y se manifiesta en toda su crudeza en los casos de asesinato. Lo que sí es relativamente nuevo es su visibilización. Desde el tristemente famoso caso de Ana Orantes allá por 1997 los medios de comunicación más serios (no podemos tener en cuenta aquí a aquellos medios más sensacionalistas o determinada prensa rosa que sólo busca el lado morboso y la frivolización del tema) se han ido haciendo eco cada vez más de esta lacra social, favoreciendo el debate y la sensibilización, ganando espacio más allá de las páginas y secciones de sucesos.

En aquellos años nos enfrentábamos a un cierto desconocimiento, a la necesidad de sacar a la luz el problema, de ampliar la legislación, o, incluso en algunos casos, de crearla, de batallar por aumentar los recursos, y, sobre todo, de conocer cada vez más los mecanismos de la violencia machista para poder atajarla y prevenirla. En el tiempo transcurrido desde entonces es indudable que se han producido mucho avances, la aprobación a finales de 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es buen ejemplo de ello. Su puesta en marcha generó grandes expectativas y se vivió como un hito en el tratamiento de este problema (y, realmente lo es, incluso en el ámbito internacional). Sin embargo no se nos puede olvidar que legislar no es suficiente. De hecho, a poco más de un año y medio de su entrada en vigor, han comenzado a alzarse voces decepcionadas (no todas desinteresadas) al constatar que esta medida legal no ha acabado ya con el problema. Sin embargo, estas expectativas a corto plazo eran inviables, y las personas que trabajamos con el tema lo sabíamos. La complejidad de la violencia contra las mujeres, su enganche en lo más profundo de la sociedad patriarcal, la dificultad de determinados hombres de aceptar los cambios en la estructura familiar y social, la determinación de las mujeres de ser dueñas de sus destinos, la legitimación que el patriarcado hace de la violencia, y también, como no, la concepción tradicional del amor romántico, todo ello convierte el proceso hacia la plena igualdad y la convivencia en paz en un dificultoso, largo y costoso camino. Si aceptamos que desmontar el terrorismo político es un proceso posible, pero difícil y lleno de dificultades, de avances y retrocesos, debemos aceptar también que desmontar el terrorismo doméstico lo es todavía más.

Además, aún siendo a nuestro juicio la ley integral una buena ley, también es verdad que puede ser mejorada en algunos aspectos, y sobretodo desarrollada de manera más rápida y poniendo más recursos sobre la mesa. Creemos que sería muy positivo que en la búsqueda de soluciones estuviéramos dispuestos todas y todos, desde los diferentes estamentos sociales y desde las diversas disciplinas, a aportar nuestros conocimientos a modo de granito de arena que, sumado a todos los demás, lleguen a construir una sólida estructura.

Es por ello que, desde la Psicología a la que nos dedicamos nos gustaría incidir en algunos aspectos que nos parecen relevantes para entender mejor qué está pasando, por qué seguimos siendo víctimas de estas cifras del horror, que, en el momento que escribimos estas líneas, ascienden a 55 mujeres asesinadas en 2006.

En primer lugar, nos parece fundamental recordar que el sentimiento fundamental, además del desconcierto, que viven las mujeres maltratadas es el miedo, y debemos recordar que el miedo es un sentimiento que paraliza y que, en muchas ocasiones, impide actuar, que condiciona sus vidas y sus respuestas. Que estas mujeres en muchos casos están perdidas dentro del laberinto patriarcal que teje sus hilos y prepara sus trampas mediante la amenaza, la anulación de la personalidad, la descalificación permanente, en definitiva, mediante la instauración del terror. Y siempre con el agravante de que el agresor es alguien que dice que te ama, en muchos casos padre de tus hijos, alguien con quien en algún momento se construyó un proyecto de vida, alguien con quien existe una buena parte de vida en común. Tener al delincuente en casa puede distorsionar la realidad.

Es por eso que muchas de estas mujeres, aún teniendo habiendo tenido tanto miedo, no siempre tienen una adecuada percepción del peligro que corren. Pueden sentir temor, pero no siempre tienen la suficiente conciencia de peligro concreto como para no verlo a solas, para no dejarlo entrar en casa, para hacer pleno uso de todas las medidas de protección disponibles, ... y esto se hace aún más difícil en ciertas situaciones (como las visitas a hijos e hijas, sobre todos si son de corta edad , muchas veces impuestas desde planteamientos difíciles de comprender, etc.). En muchas ocasiones creen que la mejor manera de neutralizar la ira masculina es dando muestras de buena voluntad, o incluso dando nuevas oportunidades. Sólo desean vivir en paz y pueden creer que haciendo uso de las leyes en toda su contundencia sólo agravarán el problema y quedarán desprotegidas.

Tener miedo ante un peligro real es una conducta absolutamente adaptativa y debería conducir a obrar en consecuencia extremando la prudencia. Ahora bien, en ningún caso debe deducirse de ello que hay que culpabilizar a la mujer maltratada por no actuar o no protegerse. Lo que estamos tratando de decir es que no siempre es consciente del peligro que para ella representa el hombre que fue su pareja y/o con quien compartió su vida. Esa es la clave y por eso precisamente es fundamental ayudarla a entender su situación y poner todos los medios a su alcance para que obre en consecuencia. Ahí es donde entramos las/os profesionales y las instituciones.

En segundo lugar, las medidas de protección y, particularmente, el alejamiento han dado mucho que hablar tanto a favor como en contra. Es evidente que este tema se debe analizar desde las diferentes perspectivas profesionales y desde la nuestra surgen dos preguntas importantes:

La primera pregunta es qué sabemos sobre la eficacia de la las medidas de protección. Una y otra vez diversos organismos estatales, autonómicos y/o municipales han hablado de las famosas medidas de protección (teléfonos móviles, pulseras, ...) pero aún es hora de que veamos un análisis serio y riguroso de la utilidad real de estos dispositivos. Si funcionan, pongamos los medios para que cada mujer que necesite uno lo tenga; si no funcionan dejemos de darle vueltas al tema y busquemos soluciones que sí sean eficaces.

La segunda pregunta es cómo son percibidas estas medidas, y particularmente el alejamiento, por el agresor o, dicho de otro modo, si estas medidas tienen sobre él un efecto disuasorio o no. La tozuda realidad parece demostrar que no están teniendo el efecto deseado tanto porque en ocasiones se permite su quebranto (ya nos hemos referido antes a ese problema) como porque el propio agresor las vulnera y, en este sentido, quizás comience a ser necesario actuar de forma más contundente ante los incumplimientos de las órdenes de alejamiento, o arbitrar otras medidas que permitan evaluar el grado de peligrosidad del agresor y actuar en consecuencia. Debemos recordar que quien está dispuesto a morir matando difícilmente se amedrentará ante determinadas medidas legales.

Finalmente, nos parece importante reflexionar sobre el papel de la ciudadanía ante la denuncia de estos hechos. Creemos que, si observamos detenidamente el comportamiento social, se produce una contradicción más que llamativa.

Así, según los diferentes barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 3 de 4 personas dicen que denunciarían un caso de este tipo; pero de entre aquellas personas que efectivamente conocen algún caso sólo 1 de cada 4 lo ha denunciado. Este dato invita a la reflexión: ¿Son las primeras personas que contestan lo políticamente correcto pero no lo sienten?, ¿Realmente el maltrato nos parece un delito denunciable o seguimos pensando que es algo privado que la pareja debe solucionar? o, simplemente, no queremos meternos en líos. Seguramente hay un poco de todo.

En algunos casos recientes que han salido en los medios de comunicación llamaba la atención cómo familiares próximos o hijos adultos eran conscientes del peligro que corría la mujer y, sin embargo, no se pudo hacer nada.

Creemos que hay una toma de conciencia teórica pero que la implicación personal sigue siendo mal vista, evitada. Nuevamente nos encontramos con la dificultad de que a quien se debe denunciar no es a un delincuente desconocido, puede ser alguien muy próximo: un padre, un hermano, un vecino o un amigo, alguien con quien se puede incluso tener una relación correcta. Es aquí donde más se debería incidir.

La educación, la formación específica de distintos profesionales, campañas diseñadas de una manera más específica y dirigidas a colectivos concretos (hijos, vecinos, etc.), en definitiva, desarrollar de una manera generosa la ley integral y educar para la convivencia y la paz.

P.-S.

Profesoras de Psicología. Universidad de las Islas Baleares



2006-09


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