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Mujeres migrantes en Mexico, la violencia oculta

Las leyes mexicanas son omisas respecto al género

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Las mujeres migrantes en México viven una situación similar a la de otras minorías: desconocen las leyes y prácticamente carecen de derechos civiles, son dependientes y se ven obligadas a vivir situaciones de violencia física y psicológica. Las leyes mexicanas al respecto no fueron concebidas con un enfoque de género.


Por Carolina Velásquez/CIMAC

Paula es guatemalteca. Entró a México, sin documentos, hace dos décadas. El mismo año en que llegó, 1985, conoció a Leonel, un mexicano con el que vivió por ocho años en unión libre. De esta relación tuvieron tres hijos. En 1988 obtuvo la forma migratoria que le permitía su estancia legal, siempre y cuando permaneciera en el país bajo la dependencia económica de su pareja (FM3).

En la relación de Paula y Leonel había problemas. Vivían con su suegra, de la que recibía malos tratos, y otros familiares. Eran frecuentes los insultos, la violencia sexual y los golpes. Todo empeoró cuando él la amenazó con quitarle a sus hijos. Las cosas fueron de mal en peor, hasta que en 1999 le negó definitivamente el apoyo económico, dejándola desprotegida y en una situación migratoria irregular.

Ya separada, Paula empezó un largo y sinuoso camino.

Acudió al Ministerio Público (MP) a presentar una denuncia. Bajo el argumento de que no presentaba lesiones, los agentes del MP la persuadieron a favor de una conciliación y recibir atención psicológica en un Centro de Atención a Víctimas (CAVI), del gobierno del Distrito Federal. Ahí le dieron un citatorio que debía entregar personalmente a Leonel, su agresor, quien en respuesta además de amenazarla con denunciar su condición migratoria irregular a las autoridades, le quitó a dos de sus hijos.

Luego, se dirigió a la embajada de Guatemala, donde la remitieron a Sin Fronteras organización civil dedicada al tema migratorio en México. Ahí le brindaron asesoría e inició un proceso familiar y penal. Sin embargo, los obstáculos continuaron pues al no poder regularizar su situación el MP no aceptó la denuncia penal y le avisó que “se veía obligado” a remitirla a las autoridades migratorias. Las amenazas de Leonel continuaban.

Su regularización tardó varios años. Fue hasta el 2004 que, con la asesoría de Sin Fronteras, Paula consiguió que el Instituto Nacional de Migración (INM) le extendiera un documento que la autorizaba a trabajar “como empleada doméstica o vendedora de productos varios”. Desistió de la denuncia penal debido a los obstáculos que se presentaban con el MP.

El juicio de lo familiar aún no se ha resuelto.Actualmente vive con su hijo menor y no ve a los mayores, cuya custodia tiene Leonel, y no le permite visitarlos.

UN TEMA CON POCA ATENCION EN NUESTRO PAIS

En México son pocas las investigaciones acerca de la violencia que viven las mujeres en el proceso migratorio, situación que toma distintas formas, una es la violencia intrafamiliar o doméstica. ¿Cómo denunciarla? Una barrera es el desconocimiento que tienen las migrantes de sus derechos, otra es cuando su permanencia legal está condicionada por el apoyo económico que reciben de su pareja.

Esta dependencia facilita la vulnerabilidad de las extranjeras, muchas de ellas con hijos mexicanos por nacimiento, y las hace susceptibles de sufrir violencia doméstica. No se atreven a denunciar el maltrato, pues viven bajo la amenaza de su agresor -generalmente con quien habitan o han tenido alguna relación- de denunciarlas ante las autoridades migratorias o privarlas del contacto con sus hijos en caso de que manifiesten ser o haber sido víctimas de golpes, insultos o presión psicológica.

Un estudio pionero en el tema es el estudio Violencia y mujeres migrantes en México, realizado con 65 mujeres de Centro y Sudamérica por Sin Fronteras, que reporta algunas de las características de este tipo de violencia, sus rasgos y consecuencias. En él se concluye que es un factor de peso en su vida cotidiana, ejercida mayoritariamente por la pareja o cónyuge y que se suma a la tensión que viven por su situación de irregularidad en el país.

La investigación, financiada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), reporta varios casos que ejemplifican esta situación.

LAS LEYES FAVORECEN VULNERABILIDAD DE EXTRANJERAS

Para Sin Fronteras la actual normatividad y práctica migratoria en México favorecen la vulnerabilidad de las extranjeras con vínculos familiares en el país, ya que su documentación migratoria está determinada por la dependencia económica con su cónyuge o pareja y obstaculiza su acceso a la justicia, demeritando sus vínculos locales con los hijos, por ejemplo, y poniendo en riesgo el principio de unidad familiar.

“De haber sido remitida a las autoridades migratorias, Paula podría haberse hecho acreedora a seis años de prisión, multa de hasta cinco mil pesos y a la expulsión del país, por haber incumplido con las disposiciones administrativas a que se condicionó su estancia en México, esto es a mantenerse al lado y bajo la dependencia económica de Leonel”, señala Sin Fronteras.

Para Sonia, de origen salvadoreño, aunque la circunstancia fue otra, su experiencia es igual de grave y violenta que la de Paula.

DOS MESES EN UNA ESTACION MIGRATORIA

Acompañada de José Antonio, mexicano, Sonia ingresó a México en 1981. Ese mismo año obtuvo la forma migratoria que autorizaba una estancia condicionada a vivir al lado y bajo la dependencia de su pareja (FM3). De esta relación nacieron cuatro hijos. En 1988 obtuvo otro permiso (FM2), en condiciones iguales a la anterior, que le permitió continuar en el país.

Pero durante el tiempo que vivieron juntos, Sonia recibió maltrato de todo tipo de parte de José Antonio. La relación terminó en 1989 cuando él la abandonó, llevándose su permiso migratorio y pasaporte. Sonia quedó en situación irregular, con la responsabilidad del cuidado de los hijos. No obstante, seguía recibiendo amenazas de su parte: “Te voy a echar de la casa. Migración va a ir por ti para deportarte”. Ella, por temor a que las cumpliera, no se atrevía a presentar una queja formal. Se decidió sólo tres años después.

Hace un par de años José Antonio la denunció finalmente ante las autoridades migratorias, logrando que la detuvieran en marzo y fuera trasladada a la Estación Migratoria de Iztapalapa. Gracias al consejo de un amigo, Sonia se amparó contra una posible deportación; no fue expulsada del país pero continuó bajo aseguramiento. Más tarde, con asesoría de Sin Fronteras, se desistió del amparo y solicitó su salida de la Estación para regularizar su estancia en México, quedando libre en mayo pasado.

Fue apenas este mes que el INM le otorgó la regularización migratoria para trabajar en forma independiente vendiendo productos de belleza y zapatos (FM3). No obstante, en violación a la Ley Federal de Derechos se le obligó a pagar derechos migratorios y una multa por su situación irregular desde 1989 —cuando José Antonio la abandonó, y perdió los derechos de residencia acumulados.

Lo más difícil parece haber pasado. Sonia es ahora comerciante, ganó el juicio por pensión alimenticia y cobró las acumuladas durante su detención. Mientras estuvo en la Estación Migratoria José Antonio se llevó con él a uno de sus hijos, pero ahora viven todos juntos al lado de su madre.

AUSENCIA DE PERSPECTIVA DE GENERO

Privadas de la libertad, en el aseguramiento, la situación de las migrantes se agrava, sostiene Sin Fronteras, pues “pierden la posibilidad de ejercer el derecho que les corresponde por ser madres de niños mexicanos y por encontrarse en el territorio nacional”.

Es una consecuencia más de la visión parcial con que se elaboraron las leyes mexicanas, que no hacen consideraciones de género pues en México “no existe un marco normativo federal que proteja y haga valer los derechos de las mujeres, especialmente las que son migrantes”, se afirma en el estudio Violencia y mujeres migrantes en México.

El caso de Sonia prueba el riesgo latente para las mujeres extranjeras de ser detenidas y expulsadas de México, cuando se deciden a demandar y buscar se aplique la justicia. Su estancia regular depende de vivir con y bajo la dependencia de la pareja, quien puede decidir no ayudarlas, dejándolas en una situación de irregularidad migratoria que puede llegar a hacerlas perder derechos acumulados por varios años para obtener su residencia.



2005-07


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