"EL COLECTIVO INVISIBLE"

COTO TALENS
Revista: Ruralia

Si exceptuamos a la mujer acreditada como empresaria o titular de una explotación agraria (del que
número es, todavía, muy poco significativo), la mayor parte de las mujeres que aportan su trabajo a la
Explotación Familiar Agrária (EFA) pertenecen a, lo que se ha dado en llamar, "el colectivo invisible". La
mujer agricultora que colabora en la explotación familiar aporta un trabajo no reconocido, no remunerado
y que no figura en las estadísticas. Algunas veces, en la sombra, desarrolla funciones de
coempresaria, que tampoco se le reconocen y para las que en la mayoría de los casos no ha recibido
una formación adecuada. No participa en las relaciones exteriores de la explotación, ni suele aparecer
como socia en las cooperativas y organizaciones profesionales agradas. De forma que el trabajo
atípico, por la duración de sus horarios, su ritmo estacionario, su ámbito mal definido por el límite del
trabajo doméstico, la ausencia del estatuto profesional, etc., son factores que hacen que el trabajo de
la mujer en el sector agrario escape, a menudo, a la consideración política, a la legislación y a las
estadísticas. Es urgente emprender acciones dirigidas a corregir esta situación. En efecto, si para las
mujeres titulares de explotación, los derechos económicos y sociales son comparables a los de los
hombres, para las agricultorascolaboradoras esos derechos no son, en la mayoría de los casos, individuales, sino derivados de los de sus maridos.

Estaríamos pues, frente al primer planteamiento fundamental en la lucha de las agricultoras por
conquistar su dignidad: "el reconocimiento, a todos los efectos, del trabajo que aportan a las
explotaciones agrícolas y ganaderas, Con el fin de que puedan beneficiarse de un estatuto profesional
que les garantice la titularidad de sus derechos". En definitiva, reconocer el estatuto profesional de las
agricultoras implica concederles derechos propios en el sistema de protección social, permitir que
tengan acceso a una profesión en la que se sientan realizadas, que puedan ejercer su profesión en
condiciones socioeconómicas favorables y tener fácilmente acceso a la formación permanente, así
como aprovechar un contexto social positivo para recuperar los retrasos que tanto han contribuido a su
segregación y aislamiento. Además, hay que tener en cuenta que un mejor conocimiento acerca del
trabajo de la mujer agricultora permitiría medir el impacto de las medidas y programas comunitarios
adoptados al amparo de los Fondos Estructurales y sobre los que, actualmente, no existen datos
utilizables desagregados por sexos.

Otro aspecto a considerar es el bajo índice de afiliación de la agricultoracolaboradora al REA (Régimen
Especial Agrario), ya que pese a estar la posibilidad jurídica de pagar la cotización este gasto se
realiza raras veces por considerarlo de segundo o tercer orden. Esta actitud contrasta con el carácter
rutinario y normal con el que se asume el cotizar a la Seguridad Social por parte de los hijos, aunque
estos sólo estén en la agriculturaganadería de forma transitoria. Los problemas económicos que afectan
a la EFA obstaculizan la cotización de la mujer a la S. S. Agraria y en la base de este hecho se
evidencia, una vez más, el escaso reconocimiento que la propia mujer hace del trabajo productivo que
aporta a la explotación. Sin embargo, estar en la Seguridad Social es un elemento fundamental para el
reconocimiento de la mujer como trabajadora del sector agrario, tanto en el interior de la EFA como de
cara a la Administración.

Por otra parte, al no reconocerse en términos jurídicos el trabajo de la agricultoracolaboradora se
propicia que las disposiciones legales en materia de seguridad no se apliquen en su caso, ya que
escapan a la noción de "trabajadora"; de la misma manera que no disfrutan de derechos en el caso de
enfermedad o de incapacidad en el trabajo, ni mucho menos en materia de embarazo y maternidad,
careciendo, incluso, de un servicio de sustitución:

Las agricultoras, frente a esta situación, proponen la instauración de una cotización única por
explotación agraria, calculada sobre sus rendimientos y que genere derechos para todas las personas
que trabajan en ella y que se emprenda un estudio sobre el coste que supondría, para la S.S.A. la
adopción de este tipo de sistema, al mismo tiempo que instan a las Organizaciones e Instituciones a
vigilar el cumplimiento de la Directiva 86/613 del Consejo.

En cuanto a las cuestiones relativas a la salud y seguridad laboral hay que tener en cuenta, en un
sentido más amplio, que la agricultora trabaja bajo presión, sin que se reconozca debidamente su
trabajo. Esto conlleva grandes esfuerzos físicos y grandes tensiones nerviosas; además, compatibilizar
el trabajo de la explotación con las tareas domésticas supone, no sólo un alargamiento de la jornada,
sino un conflicto de roles, con el consiguiente riesgo de enfermedades psicosomáticas. Esta situación
se agrava cuando las condiciones de trabajo se precarizan y no se respeta la normativa. Otro factor que
afecta a la salud de las agricultoras es el entorno de vida y de trabajo, la exposición a sustancias
peligrosas y productos de protección de las cosechas conlleva riesgos para la salud, así como el
contacto con plantas y animales capaces de transmitir enfermedades.

Con vistas a mejorar la salud y las condiciones de vida de las agricultoras es necesario, en primer lugar,
que éstas hagan evidente su propia existencia. Significa que ellas y el trabajo que efectúan deben contar
con e! reconocimiento por parte de su entorno y de ellas mismas. A este respecto, la educación y el
asesoramiento pueden jugar un importante papel. Si las mujeres llegan a contar, en las estadísticas
oficiales, los servicios sociales y las normativas aplicables, podrán adaptarse mejor a la situación de las
mismas. Ello habrá de mejorar el grado de acceso a dichas disposiciones para las agricultoras.

Es necesario, igualmente favorecer un cambio de mentalidad a través del asesoramiento y de la
información, con el fin de que, tanto los hombres como las mujeres, se convenzan de la necesidad de
recurrir a ciertas disposiciones legales y a los servicios sociales. Y, en particular, es imprescindible la
realización de estudios sobre los efectos para la salud de las agriculturas de los productos utilizados en
la práctica agrícola sobre todo durante el embarazo, y también sobre las enfermedades profesionales
específicas de ciertas actividades agrícolas.

Otra de las claras discriminaciones a las que se ve sometida la agricultora es la de la formación. Debido
a la reestructuración de las explotaciones agrarias, la gestión y la organización el trabajo se complica.
Esta evolución cualitativa de las tareas en la explotación agraria debe ir pareja a una mejora de la
formación de los agricultores y agricultoras. La evolución tecnológica del material agrícola y el empleo
de la electrónica en la maquinaria, la pareciación del estado fisiológico y sanitario de los productos, la
necesidad de adoptar una gesitón financiera rigurosa (contabilidad, relaciones comerciales, etc.) son,
por tanto, ejemplos que prueban que el agricultor y la agricultora de hoy deben asumir tareas para las
que una formación cualificada es imperativa.

Si a esto añadimos las nuevas orientaciones de la P.A.C. (Política Agraria Comunitaria) y hablamos de
desarrollo rural, diversificación de actividades para compensar la caída de las rentas en las pequeñas
explotaciones agrarias, y si tenemos en cuenta que el éxito de la mayor parte de estas medidas va a
depender, en gran manera, de la capacidad de esfuerzo y de adaptación de las agricultoras, estamos
evidenciando las necesidades de formación como una herramienta indispensable para construir el
futuro del mundo rural. Pero el verdadero problema que encuentran las agricultoras que desean
conseguir una mejor preparación para afrontar su trabajo, es no tanto el de la existencia y las
condiciones de acceso a las redes de formación como el del tiempo. El trabajo y el peso de las tareas
familiares se convierten en un obstáculo, a veces "insalvable" en su motivación para la formación. Sólo
el desarrollo de infraestructuras y la evolución de las mentalidades en cuanto al reparto de las
responsabilidades y del tiempo, pueden resolver el problema de la participación de las mujeres en los
procesos de formación. Estas medidas destinadas a permitir una mejor conciliación entre la vida
familiar y la vida profesional deben ser prioritarias en todos los programas políticos.

La primera acción, en el ámbito de la formación, debería consistir en una mejora de la información de
las agricultoras sobre sus posibilidades de formación. Pero esta acción sería insuficiente si no se
procura que los problemas que ocasiona la distancia se resuelvan previamente. Deben crearse, por
tanto, infraestructuras sociales (servicios de sustitución, transportes, etc,.) bajo pena de excluir, de
hecho, a las mujeres de todas las posibilidades de formación. Los cursos deben ser especializados y
basados en las oportunidades futuras para las agricultoras. La formación debería ser continua. También
habría que reforzar Iniciativas Comunitarias tales como los programas NOW que han mostrado, en
muchos casos, su eficacia.

Como ya hemos podido constatar, la mujer del medio rural y, de un modo más específico, la mujer
agricultora, tiene problemas propios determinados por el territorio y el paisaje donde desarrolla su vida
cotidiana. A ello se suman los condicionantes ligados a de la actividad agraria. El sector agrario está
atravesando un fuerte proceso de reconversión que, mientras ha llevado a muchos agricultores a
abandonar su actividad, está obligando a aquellos que eligen permanecer en el campo a mejorar su
capacidad profesional para ser más competitivos. Sin embargo, la preparación e integración social del
agricultor, y más aún de la agricultora, es escasa y para que el mundo rural de forma global y el sector
primario y la mujer agricultora, en particular, puedan, no sólo superar la crisis que envuelve al sector,
sino afrontar el futuro en igualdad de condiciones respecto a cualquier otro ciudadano, necesitan
información. Una información/formación clara, próxima y útil es el mejor servicio que puede ofrecerse a
este colectivo. Pero desgraciadamente no se informa suficientemente sobre los problemas del campo
y, todavía menos de los problemas específicos de la mujer rural.

En efecto, esta información, aunque existe, llega tarde y proviene casi exclusivamente del mundo
urbano. Este último, utilizando medios propios, muy a menudo inadecuados a las necesidades y al
nivel cultural de la población agrícola, no satisface ni a la fuente ni al interesado. Por otra parte, en
sentido inverso, dentro de la corriente informativa, se pone de manifiesto la tendencia a dar una imagen
deformada del mundo rural, numerosas veces presentado como una especie de "paraíso idílico" donde
los agricultores (hombres y mujeres) viven en perfecta armonía, respirando aire puro, nutriéndose de
productos naturales o bien percibiendo subvenciones, a menudo, injustificadas. Existe, pues,
manifiestamente, una falta de información de la comunidad rural hacia la comunidad urbana y viceversa.
Esta situación no facilita el desarrollo del mundo rural y le dificulta, en consecuencia, la capacidad para
hacer frente a las exigencias de la nueva política agraria.

Tenemos que trabajar para crear verdaderas "redes" que aglutinen, procesen y difundan toda la
información que pueda ser útil, tanto a los agricultores, como a la sociedad en general. Pero también
debemos llevar a cada rincón del medio rural toda esa información que permita mitigar el aislamiento
social en el que viven someticlas tantas agricultoras y facilitar el intercambio de experiencias entre ellas.
De la misma manera, la falta de información/formación y el bajo nivel de autoeso tima se convierten en
elementos determinantes que entorpecen la iniciativa de las agricultoras a la hora de promover
programas comunitarios, así como su participación en ellos.

El papel de las agricultoras en el mantenimiento de las rentas agrarias ha sido, y va a ser, cada vez más
decisivo y en las zonas deprimidas son las mujeres las que sufren con mayor contundencia las
condiciones de vida desfavorables. Desde la perspectiva de la responsabilidad, el respeto al medio rural
y a sus habitantes, entendemos que los programas de desarrollo comunitários deben nacer de las
necesidades concretas en las zonas y colectivos más débiles y aquí encontramos el verdadero
protagonismo de la agricultora, puesto que es ella quien mejor conoce las situaciones de necesidad y
reconocemos su derecho a implicarse en la promoción, el diseño, la gestión y puesta en marcha de los
programas de desarrollo e Iniciativas Comunitarias.