por Diego Cevallos

MEXICO, 16 ago (IPS)  Una nueva víctima se sumó a la ola de  violaciones y asesinatos de mujeres que se registra en el estado  de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, donde se registraron  ya m s de 145 casos con patrones similares en cinco años.

Las evidencias indican que el o los culpables son los mismos en  todos los casos, pero los crímenes, que se reportan periódicamente  desde 1993, continúan. Algunos familiares de las víctimas afirman  que la policía est  involucrada.

Organizaciones de padres demandan la intervención del gobierno  para terminar con la impunidad, autoridades estatales contratan a  investigadores expertos en asesinos múltiples y grupos feministas  sostienen que las actitudes misóginas alientan los crímenes.

Pero nada detiene la ola de asesinatos. El martes pasado se  informó del hallazgo del cadáver de otra víctima. Se trata de una  menor de edad con huellas de haber sido violada y su cabeza  destruida a golpes.

En los casos precedentes, las víctimas siempre fueron desfiguradas de alguna forma. A varias, además, se les cercenaron  los senos.

El último crimen se registró en un trayecto de la vía de  ferrocarril que comunica a Chihuahua, capital del estado del mismo  nombre, y Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

La mayoría de asesinatos fueron cometidos en Ciudad Juárez,  donde existen más de 300 fábricas maquiladoras, lugares en los que  la mayoría de los trabajadores son mujeres.

Las autoridades de Chihuahua se negaron a admitir hasta fines  de 1997 que los crímenes estaban relacionados. Este año, sin  embargo, lo hicieron luego de soportar durante meses protestas de  grupos feministas y recibir una exhortación de la estatal Comisión  Nacional de Derechos Humanos.

Las investigaciones de la Comisión, a las que se sumaron  miembros de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de  Diputados, demostraron que la policía de Chihuhua no dio la debida  importancia a los crímenes e incluso dejó escapar o protegió a  algunos sospechosos.

La policía indicó en un principio que las violaciones y los  asesinatos fueron crímenes ''pasionales'' y que muchas de las  víctimas ''alentaron'' a los delincuentes por ir vestidas de  forma ''provocativa'', por lo que exhortaron a las mujeres a usar  otro tipo de ropa.

Los argumentos indignaron a los grupos de derechos humanos y  feministas, que calificaron a las autoridades de misóginas.

Antes de la intervención de la Cámara de Diputados, ''las  investigaciones de las violaciones y asesinatos en Chihuhua  estaban prácticamente archivadas'', afirmó la diputada Alma  Vucovich, integrantes de la comisión de Equidad y Género.

Muchas de las víctimas eran mujeres que trabajaban en alguna  maquiladora. Otras no han sido aún identificadas. Las autoridades  indican que probablemente se trate de mujeres procedentes de otros  estados que intentaban ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.

En México, 95 por ciento de los casos de abuso sexual  presentados a las autoridades quedan impunes y apenas 17 de cada  100 mujeres ultrajadas realizan la denuncia, según diversos  estudios.

   Los familiares de las mujeres violadas y asesinadas en  Chihuahua temen que los crímenes continúen y que nunca se detenga  a los culpables, pues sospechan que algunos policías tienen  relación con los asesinos.

   Los vínculos entre policías y crímenes sexuales indigna a la  sociedad y deben ser destruidos en forma inmediata, dijo Vucovich.

   Nueve policías de la capital fueron detenidos en julio acusados de secuestrar y violar a tres jóvenes mujeres.

   Las víctimas pudieron denunciar los hechos, luego de que  lograron escapar de las caballerizas de un destacamento policial  donde fueron encerradas.

''En México no existe una verdadera política publica destinada  a combatir la violencia sexual'', por eso existe corrupción e  impunidad, dijo Patricia Olamendi, directora de Atención a  Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría de la capital  mexicana.