Por su parte, la Defensoría
del Pueblo informó que ha aumentado la muerte, desaparición
y desplazamiento de mujeres como consecuencias de la violencia sociopolítica.
Entre octubre de 1995 y septiembre de 1996, 12 mujeres fueron desaparecidas,
cinco torturadas y 33 víctimas de
atentados.
Para 1998, se estima que
691,300 mujeres han sido desplazadas por problemas derivados de los conflictos
armados internos. Las mujeres conforman el 56 por ciento de la población
desplazada. De ellas, el 35 por ciento (173 mil) ejerce la jefatura en
el hogar.
Por Socorro Ramírez
(FEMPRESS) La Asamblea Constituyente
de 1991, momento privilegiado de la democracia colombiana por su representatividad
y sus logros, fue un escenario propicio para la acción organizada
de las mujeres y para el arranque de esperanzadores procesos. A través
de desayunos de trabajo con algunos constituyentes, lobby permanente, propuestas
concretas de la Red
Nacional de Mujeres -conformada
desde entonces- se alcanzó a incidir en la formulación o
ajuste de algunos artículos que, por ejemplo, reconocen la diversidad
de familias. Se ayudó también a sustentar la necesidad de
que, para proteger todos los tipos de familia, el Estado debe enfrentar
la
violencia intrafamiliar.
Pero tal vez el mayor impacto en la legislación para hacerle frente y buscar la erradicación de la violencia intrafamiliar lo ha dado la ley 294 de 1996. Su logro fue un esfuerzo sistemático y permanente del movimiento de mujeres y de la acción concertada con parlamentarias que asumían su espacio para contribuir al mejoramiento de la situación de sus congéneres y, claro, de la democracia.
Esta ley 294 parte de lo
alcanzado en la Constitución de 1991 en cuanto al reconocimiento
de todos los vínculos naturales o jurídicos para la constitución
de las familias, y consagra para todas ellas mecanismos de protección
con el fin de prevenir o en ciertos casos remediar el maltrato
físico o psicológico,
la amenaza o el agravio. Cualquiera de esas medidas de aplicación
inmediata pueden ser tomadas por los jueces de familia y, a falta de estos,
por los jueces civiles o promiscuos municipales pues enfrentan conductas
que la ley tipifica como delitos contra la familia.
Otro logro en el terreno
legal, esta vez sobre la violencia sexual contra la mujer, lo constituye
la ley 360 de 1997 que reconoce el carácter de delito a esa forma
de violencia y abuso sexual y aumenta las penas que se les deben aplicar.
Pero además, modifica el código penal que antes
señalaba que si la
víctima se casaba con el violador a éste se el perdonaba
el delito. A pesar de estos avances, la reglamentación de la ley
aún no se ha desarrollado lo que deja inoperantes las medidas allí
establecidas. De mucha importancia en la ampliación de la acción
del Estado ha sido la
mesa de trabajo que la Dirección
Nacional de Equidad instaló, en 1998, con la participación
de doce instituciones, para promover un análisis del problema de
la violencia intrafamiliar y revisar los procedimientos que usan esas entidades
en su atención.
En los últimos años
se han multiplicado además las comisarías, defensorías,
juzgados de familia, las unidades de las personerías y la procuraduría
que atienden casos de violencia intrafamiliar. Por su parte algunas fiscalías
han creado una unidad encargada de delitos contra la libertad y el pudor
sexual y otra dedicada a
la violencia intrafamiliar para responder al aumento de denuncias que han
llegado a sus dependencias. Estas unidades, además de darle trámite
a la aplicación de justicia, han emprendido una labor social desarrollada
por psicólogos y trabajadores sociales para prevenir y erradicar
estas formas de violencia.
Un balance del funcionamiento
de estas entidades realizado por la Corporación Excelencia de la
Justicia, arrojó aleccionadores resultados. Descubrió deficiencias
en la formación de los funcionarios que tienen que atender los casos.
Detectó inadecuadas instalaciones, deficiencias en la
dotación y organización
del trabajo. Dio nuevas explicaciones a la falta de denuncias y a la impunidad
en que quedan las que llegan. Pero, además, recuperó y reforzó
un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que asegura que el 20%
de las mujeres declara haber sufrido agresión física, el
10% abuso sexual y el 34% maltrato psicológico en su familia, y
que da
cuenta de las lesiones y
traumatismo que dejan esos comportamientos.
Estos avances legales han
sido fruto de décadas de acción persistente de grupos de
mujeres que han logrado, además, que muchas de las denuncias que
antes hacían a partir de su propio acercamiento a esta realidad
y de estudios preliminares, sean ahora avaladas por una amplia cantidad
de instituciones y hasta por editoriales de los grandes diarios. Este es
otro
indicador de cuanto se ha
avanzado.
Sugerencia destacados:
* Estos avances legales
han sido fruto de décadas de acción persistente de grupos
de mujeres muchas de las denuncias sean ahora avaladas por una amplia cantidad
de instituciones y hasta por editoriales de los grandes diarios.