Dijeron
los pregoneros hace algunos años que el Partido Popular había emprendido un
viaje al Centro (político se supone). De la mano de Pilar del Castillo (y no la
única), ese partido emprende viaje de vuelta a la derecha (si es que la llegó
a abandonar), esta vez en su expresión más reaccionaria.
Dediqué
especial atención al documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación,
en el que quedaban bien a las claras las intenciones e ideología que inspiraban
la contrarreforma educativa en marcha. Una vez aparecido el articulado del
proyecto de ley, he de reconocer que me equivoqué al pensar que no habría
cambiado nada.
Al
haberse producido ya un debate en torno al primer documento de bases (en www.nodo50.org/movicaliedu
pueden encontrar artículos de varios autores al respecto), me voy a dedicar a
repasar las diferencias más notables entre aquél y el articulado que
recientemente se ha hecho público. Me detendré en cinco temas importantes de
este proyecto, empezando por los que han sufrido menos cambios en estas semanas,
y terminando por los que han cambiado más.
Los principios de la contrarreforma
En
el primer documento quedaban más explícitos y fundamentados. Ahora, junto a
otros principios de valor universal, se mantienen en el título preliminar los
siguientes: El valor de la responsabilidad y el esfuerzo; las aptitudes,
intereses y expectativas de los alumnos a los que el sistema educativo pretende
responder; la potenciación de la función directiva; la primacía del
autoritarismo en menoscabo de la participación; la competencia frente a la
solidaridad, afirmando que los poderes públicos deben ofrecer una educación de
calidad, “excelente”, a aquellos estudiantes con expectativas y capacidad de
esfuerzo, y proporcionar a los que no reúnan esas características, y que no
merecen de la ayuda pública, una salida del sistema educativo lo antes posible,
para que no estorben a los demás.
Preescolar
Poco
les ha faltado en volver a llamar Guarderías a los centros del primer ciclo de
la educación infantil (0-3 años), que se configura con carácter
educativo-asistencial, con regulación diferenciada y por tanto fuera del
sistema educativo general, lo que afectará negativamente a los requisitos del
personal y de los centros para impartirlo. Todo un paso hacia atrás en la
pedagogía más elemental, que considera fundamentales los primeros años de la
vida de los individuos.
Autoritarismo
No
sé si la escuela es capaz de cambiar la sociedad (vieja polémica), pero parece
obvio que contribuye a conformarla. Desde luego no resultan muy firmes las
convicciones democráticas de este Gobierno cuando defiende que el prestigio de
los directores aumenta cuando su elección deja de ser un proceso directo con
participación de toda la comunidad educativa, para convertirse en un concurso
de méritos burocrático con participación directa de la Administración. Quizá
dentro de 10, 15 años nos quejemos de la baja participación de los ciudadanos
(ya es muy baja), de índices “alarmantes” de abstención electoral, etc...
No se olvide entonces que la desnaturalización del Consejo Escolar, que hasta
ahora es Órgano de Gobierno del Centro Escolar, tendrá mucho que ver con ello,
pues supone uno de los órganos más cercanos de participación real de los
ciudadanos, tanto de docentes, padres, alumnos y personal administrativo. Con el
proyecto de ley se eliminan del Consejo Escolar competencias directas tan
importantes como la mencionada de elección del director, la aprobación del
proyecto educativo de centro, la admisión de alumnos, resolver
conflictos, etc. Además desaparece la posibilidad de colaboración con
Entidades Sociales del barrio, que pueden incorporarse al Consejo Escolar, con
voz y sin voto, con el actual ordenamiento legal (en los 6 años que lleva en
vigor esa posibilidad, los gobiernos han incumplido esta normativa). Para colmo
de despotismo, ni siquiera se reconoce en el capítulo dedicado a los derechos y
deberes de los padres su derecho a la participación, ni en el centro, ni
siquiera en la educación de sus hijos (tan sólo colaborar con el centro y los
profesores, que parecen ser los únicos que saben).
Segregación
La
llamada “reválida” de bachillerato y los itinerarios en la ESO han sido los
temas más polémicos del primer documento de bases; los dos se mantienen en el
articulado del proyecto de ley, dejando a la fijación de las enseñanzas mínimas
la determinación de las asignaturas comunes y específicas de los mismos. A los
alumnos que “no deseen cursar ninguno de los itinerarios ofrecidos”, se les
escolarizará en Programas de Iniciación Profesional (Garantía Social) desde
los 15 años, que de ser una opción excepcional tras la etapa obligatoria,
puede convertirse en una verdadera tentación para “aparcar” a los alumnos
considerados molestos y poco motivados, con objetivos tan generales como
irreales y sin proporcionar titulación ni preparación profesional: Es la vía
de expulsión del sistema educativo en cuanto cumplan 16 años. La segregación
temprana en itinerarios desde los 14 años, va a producir un deterioro en la
convivencia de los centros, al crear grupos segmentados con poca o nula relación
entre ellos, provocando actitudes intolerantes entre los jóvenes que más
adelante se reflejarán en la vida social.
Pero
la segregación no sólo será de estudiantes, sino también de centros, para lo
que se ha buscado la siguiente redacción camuflada: “Los centros sostenidos
con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la
presente Ley. Las Administraciones educativas, de acuerdo con su programación, podrán
adecuar este principio a las necesidades generales y de la demanda, atendiendo a
las características de los centros” (Art. 24.4). Es decir, no pero sí. Esta
segregación de centros, reforzada con el fomento de la privatización que ahora
veremos, va contra todas las tendencias innovadoras que proponen un aprendizaje
colectivo y en la diversidad; y producirá un aumento de los centros gueto,
tanto de privilegiados como de desfavorecidos, pues unos y otros, al estar
aislados de su contexto social, no podrán ofrecer una educación de calidad, en
sentido integral, a sus jóvenes estudiantes.
Privatización
Si
hay un colectivo especialmente agraciado en esta “segunda vuelta” del
proyecto de ley es la patronal de la enseñanza, particularmente la religiosa,
que una vez más actúa en defensa de sus mezquinos intereses económicos y
doctrinarios, y se olvidan de la solidaridad evangélica. Han conseguido los
conciertos en el 2º ciclo de Educación Infantil, como venían reclamando desde
hace unos años; vuelve una asignatura obligatoria de “sociedad, cultura y
religión” en la educación secundaria, con un profesorado precario. Se
estimula la relación de los centros educativos con el entramado empresarial
local, que poco a poco irá metiendo las narices en los colegios e institutos,
proponiendo contenidos, realizando promociones, cazando talentos, etc., y nada
se dice en cambio de la relación con las entidades sociales y vecinales de los
barrios.
Además
se introduce el criterio del expediente académico en la selección del alumnado
(en principio en las enseñanzas post-obligatorias), y se acuña un nuevo
concepto llamado “Carácter de Centro” que los titulares de centros privados
podrán establecer para el suyo, de tal manera que “la elección del centro
por las familias y alumnos comportará la aceptación del carácter propio” de
aquél (art. 65). Por si no había quedado claro que los centros privados tienen
reservado el derecho de admisión,
ahora pueden aplicar además la normativa de las
lentejas, que si quieres las tomas y si no las dejas. Resulta intolerable
que, con dinero público y en nombre de un servicio público, los centros
privados puedan hacer lo que quieran, atrayendo a la clientela no por su ideología
caduca (que a pocos interesa), sino por ofrecer vías más cómodas y seguras de
acceso a estudios superiores, a base de expulsar a los que no rinden lo
suficiente. Por si esto fuera poco, y como premio extraordinario de última
hora, se extiende a los centros sostenidos con fondos públicos la legislación
sobre incentivos fiscales y mecenazgo como si fueran entidades sin fin de lucro.
Compensación de las desigualdades
Ya
en el documento de Bases resultaba sospechoso que al hablar de alumnos con
necesidades especiales se refiriera exclusivamente a los extranjeros (a los que
sólo se favorecerá su
incorporación al sistema educativo) y los discapacitados. Pues el proyecto de
Ley aclara las dudas. Ya no existen alumnos que lleguen al sistema educativo con
una desventaja de origen familiar, social, étnico o cultural. Sencillamente el
que va mal en los estudios es porque no quiere estudiar o no se esfuerza, y por
ello el Estado, que tiene que reducir presupuesto por la política económica
neoliberal, no va a perder el tiempo y gastar el dinero en esos vagos
responsables de su propio fracaso escolar. Se acabaron las desigualdades, y por
eso ya no hay que compensarlas. El único apartado que el proyecto dedica a esta
compensación de las desigualdades, (aparte de la atención a los alumnos con
necesidades educativas específicas, o sea los extranjeros, los superdotados y
los discapacitados) es la disposición derogatoria 3ª que, entre otros, se
carga todo el título V de la LOGSE dedicado a la Compensación de las
desigualdades en la educación, sin ofrecer ninguna otra alternativa.
Este
modelo clasista y elitista de educación, que prima la trasmisión de
conocimientos por encima de la construcción colectiva de los mismos, resulta
anacrónico y peligroso. Anacrónico porque la evolución vertiginosa de la
sociedad hace que los conocimientos se queden obsoletos en un espacio de tiempo
cada vez más breve, y por ello resulta más relevante el aprendizaje de las
destrezas, las capacidades de búsqueda, investigación, el trabajo en grupo,
etc. que la simple acumulación de conocimientos tradicional. Además la
preparación para una vida profesional más cambiante que en el pasado, requiere
de una mayor base generalista que permita en el futuro una adaptación y
reciclaje profesional en mejores condiciones. Para el docente, en la actualidad,
adquiere mayor relevancia el papel de guía que oriente los diferentes caminos
para ser capaces de asimilar y comprender la ingente cantidad de información
que a los alumnos les llega de fuentes muy diversas, y de las que el profesor es
una de ellas y cada vez menos importante.
Pero
además es peligroso pues configura un modelo de sociedad más injusta, menos
solidaria, lo que generará mayor tensión social, pues, lo quieran entender o
no los gobernantes, las personas desfavorecidas están decididas, como todos, a
vivir lo mejor que puedan, y si no lo hacen por medios adecuados (por no habérselos
facilitado la sociedad), pues lo harán a costa de los demás. Con lo que todos
sufriremos las consecuencias de un mayor deterioro social, y los privilegiados
estarán condenados a vivir en urbanizaciones-fortaleza, con rejas y alambradas
elevadas, a modo de auto-cárceles de las que cada vez tendrán menos capacidad
de salir.
