Aunque los hechos que se desarrollan en Salónica desde finales
de junio (la represión más descarnada acompañada
de irregularidades sin cuento y de una sesuda y manipulatoria campaña
mediática) son inquietantes por sí solos, su relieve
se antoja tanto mayor cuanto que ilustran una deriva planetaria
que se ha hecho singularmente palpable tras los atentados del 11
de septiembre de 2001.
Y es que no debe olvidarse que a partir de esa fecha ha cobrado
cuerpo en EEUU un sinfín de aberraciones. Al amparo de la
USA PATRIOT ACT se han registrado fenómenos preocupantes,
como es el caso de la detención, durante períodos
prolongados y sin que se abriese causa legal alguna, de más
de un millar de ciudadanos cuyos nombres no se hicieron públicos;
de interrogatorios sumarios realizados a varios millares de jóvenes
de origen árabe; de registros domiciliarios sin apenas restricciones;
de escuchas telefónicas y controles exhaustivos de las comunicaciones
por correo electrónico; de violaciones del secreto que afecta
a los datos bancarios; de operaciones de vigilancia de las conversaciones
entre abogados y clientes, y de la posibilidad de declarar "terrorista"
a cualquier organización que se presuma ha tenido alguna
relación con grupos o personas de tal carácter. Para
que nada falte, se han sentado las bases de la creación de
tribunales marciales que deben disfrutar de una significativa condición
de extraterritorialidad. En un escenario como Guantánamo,
en el que se ignora de forma deliberada lo estipulado por las convenciones
de Ginebra, no opera la presunción de inocencia, los acusados
no pueden elegir a sus defensores, el derecho de apelación
se conculca y, en fin, para pronunciar una pena de muerte basta
con el voto favorable de dos tercios de los jueces. Nuestra civilizada
UE no está libre, sin embargo, de tales aberraciones. En
el Reino Unido se aprobó en diciembre de 2001 una legislación
antiterrorista que a los ojos de Amnistía Internacional estaba
llamada a desplegarse al margen de cualquier suerte de garantías
legales. En Francia han ganado terreno en los últimos meses
medidas similares. En Alemania la policía puede expulsar
a ciudadanos extranjeros en virtud de meras sospechas. En Italia
se han discutido leyes que deben permitir la comisión de
delitos a los servicios de inteligencia y seguridad. Entre nosotros,
en fin, se prohíben las manifestaciones de quienes disienten
de normas que han abocado en la ilegalización de fuerzas
políticas al tiempo que arrecian las medidas de demonización
de los movimientos que plantan cara a la globalización capitalista
y que se endurecen (y esto no tiene precisamente un relieve menor)
las normas legales aplicadas a los inmigrantes pobres.
En semejante teatro, lo que ha ocurrido en los últimos meses
en Salónica no es en modo alguno una excepción: se
trata, antes bien, de un fidedigno termómetro que ilustra
que la agresión frente a derechos y libertades, y con ella
la conculcación de garantías elementales, tiene un
cariz planetario y en modo alguno responde al propósito de
hacer frente a eso que se ha dado en llamar "terrorismo":
su objetivo principal estriba, antes bien, en amedrentar a quienes
disienten de un orden internacional extremadamente injusto. El procedimiento,
por lo demás bien conocido, reclama siempre una abrupta distorsión
de los hechos, la demonización de sus supuestos responsables
y, en suma, la franca criminalización de los movimientos
de contestación.
10/11/2003 Carlos Taibo
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