La grave situación de derechos humanos en el país ha afectado de manera especial a la infancia, en Colombia hay 16.800.000 personas menores de 18 años, lo que representa el 41.5% de la población total del país, el 59.8% de la población colombiana está por debajo de la línea de pobreza y 591.500 niñas viven en la miseria. Los derechos a la vida, al desarrollo, a la protección, la supervivencia y la participación de los niños y niñas son violados en los espacios privados y públicos, en la no definición de políticas, planes y programas sociales. (1)

La degradación del conflicto armado colombiano ha hecho que niños, niñas y jóvenes se vean inmersos desde muy temprana edad en el aterrador mundo de la guerra: testigos o víctimas de ataques indiscriminados a la población civil, asesinatos, masacres o genocidios, el hambre, el desplazamiento y las enfermedades les esperan. Muchos quedan huérfanos, otros desaparecen, son sometidos a tratos crueles e inhumanos y un buen número de ellos terminan vinculados a los diferentes grupos armados.
El reclutamiento de niños y niñas por parte de la guerrilla y las fuerzas paramilitares ha aumentado significativamente en los últimos años. Ninguna de las partes ha hecho un esfuerzo serio por detener esta práctica. Cada una de las fuerzas irregulares en conflicto continúa violando claramente los reglamentos sobre la edad mínima para el reclutamiento. Es más, el Estado no ha protegido a los niños y niñas mediante la aplicación de la legislación colombiana, que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años, y las autoridades judiciales no han procesado penalmente a los responsables de esta aborrecible práctica.

(1) Defensoría del Pueblo. Estado de los Derechos de los niños y las niñas en Colombia para el año 2000.

De acuerdo con UNICEF y la Defensoría del Pueblo en Colombia se calcula en seis mil el número de niñas y niños vinculados a grupos alzados en armas. Sin embargo, Human Rights Watch (2) calcula un promedio de once mil niños combatientes pues el número de niños en los ejércitos ilegales ha crecido notablemente en los últimos años, como reflejo de las políticas y las campañas de reclutamiento comunes entre todas las fuerzas irregulares. La vinculación (3) se produce entre los 7 y los 17 años de edad, con un promedio de 13,8 años. El promedio de escolaridad es apenas de 4º grado de primaria según la Defensoría del Pueblo.

Sobre niños, niñas y jóvenes combatientes

Según el informe de Human Rights Watch, las FARC-EP y el ELN no muestran indulgencia con los niños por su edad y les asignan las mismas tareas que a los adultos. Así pues muchos de estos menores han sido reclutados a la fuerza y entrenados para irse, en cualquier momento, a las zonas de combate, además, son utilizados para la fabricación artesanal de minas antipersonales, así como para instalarlas o para detectarlas; cumplen funciones de inteligencia; ejecutan acciones criminales por fuera del combate tales como asesinatos de civiles desarmados, infringen torturas, participan en secuestros o vigilan a los secuestrados; se desempeñan como guías, mensajeros, encargados de compras, vigilantes y cocineros; participan directamente en los combates.

Los que incumplen reglas menores de disciplina tienen que cavar trincheras o letrinas, despejar el bosque, cortar y llevar leña o hacer labores de cocina. Si pierden el arma, pueden ser obligados a entrar en combate sin ella hasta que puedan recuperar otra del enemigo. Las violaciones graves se tratan en consejo de guerra, en el que se presentan los cargos y la defensa y se puede dictar una sentencia a muerte por alzamiento de manos.

Se suele disparar contra los niños que desertan, especialmente si se llevan su arma. Los sospechosos de informar al enemigo, los infiltrados, o los que se quedan dormidos durante la guardia corren la misma suerte. El comandante elige al azar a un grupo encargado de ejecutar la sentencia. El niño, con las manos atadas con una cuerda de nylon, es llevado fuera del perímetro del campamento donde tiene que esperar a que caven su tumba. También se apela a los niños para la ejecución de enemigos capturados.

En el caso de los niños y niñas que hacen parte de grupos paramilitares, agrupados en las AUC, han participado en combates contra la guerrilla, el ejército y la policía. Cabe destacar, no obstante, que se conocen casos en los paramilitares habían colaborado estrechamente con las unidades militares para realizar operaciones contraguerrilleras, lo que vuelve a confirmar la información de que algunas unidades del ejército continúan dando apoyo a las operaciones paramilitares.

A diferencia de las FARC-EP o el ELN, los paramilitares pagan regularmente a sus reclutas un salario, financiado con los ingresos del narcotráfico, la extorsión y las contribuciones. Aunque se han denunciado casos de reclutamiento forzado, el dinero parece haber sido el factor decisivo para ganar nuevos militantes. Si los niños intentan desertar, una vez admitidos en sus filas, corren el riesgo de ser capturados y ejecutados por sus comandantes por infiltrados o informantes.
Las unidades de la guerrilla tienen entre una cuarta parte y la mitad de mujeres, algunas de ellas de hasta ocho años de edad. Las fuerzas paramilitares tienen comparativamente pocas mujeres combatientes y muy pocas niñas. Aunque en la guerrilla tienen más o menos los mismos deberes y posibilidades de ascenso que los varones, sin embargo, las niñas guerrilleras se enfrentan a presiones relacionadas con su condición de mujeres. Aunque no se toleran la violación ni el acoso sexual abierto, muchos comandantes varones utilizan su poder para mantener vínculos sexuales con muchachas menores de edad. Las niñas de hasta 12 años de edad tienen que utilizar anticonceptivo y abortar si se quedan embarazadas.

(2) Aprenderás a no llorar: Niños combatientes en Colombia, Human Rights Watch, 2003.

(3) El conflicto: callejón con salida, PNUD, 2003.

En el último año ha aumentado la práctica de detenciones masivas, muchas con carácter arbitrario. La afectación sicológica de los niños y niñas, que presencian la captura violenta de sus padres es preocupante. En el 2003, niños y niñas fueron víctimas, en el marco de detenciones masivas o bajo la misma acusación que sus padres. En Arauca, niños y niñas denunciaron haber sido golpeados y maltratados durante su detención (4).

as niñas son frecuentes víctimas de violencia por razones de género. Además de haber sido víctimas de violaciones, han sido asesinadas por no aceptar ser novias de algunos paramilitares (5), o por no aceptar la orden de las guerrillas tener relaciones con policías para obtener información (6).  Las niñas vinculadas a los grupos armados, son víctimas de acoso y abuso sexual (7) y uso forzado de métodos de planificación, incluyendo dispositivos intrauterinos (8) y abortos (9).

201 niños y niñas fueron secuestrados en el 2003. Las guerrillas son responsables por la mayoría de los secuestros, pero los paramilitares también utilizan el plagio como táctica de guerra (10). Igualmente, durante el 2003 se reportaron 4 niños y niñas desaparecidos, por parte de los paramilitares (11).

Así mismo, niños y niñas han resultado muertos o heridos en el marco de graves infracciones al DIH, entre ellas, la utilización de niños, engañados o

forzados para llevar bicicletas o caballos bomba a instalaciones militares, y la muerte de (12) niñas, en un retén de la Armada Nacional1 y en el marco de bombardeos de la Fuerza Aérea. (13)

Durante el 2003, se dieron denuncias sobre asesinatos de al menos 5 niños y niñas por parte de miembros de la Fuerza Pública (14). Igualmente, aumentaron las denuncias sobre operaciones de limpieza social por parte de paramilitares en zonas urbanas marginales.

Sobre la desvinculación o reinserción de niños y jóvenes

Aunque no es posible establecer una cifra exacta de niños y jóvenes desvinculados de los grupos armados, pues algunos regresan con sus familias. Los que desertaron de la guerrilla o de las fuerzas paramilitares corren el riesgo de que los capturen y los maten y, si vuelven a casa, pueden poner también a sus familias en peligro. Algunos niños no quieren regresar a sus casas y, en algunos casos, los propios padres están con la guerrilla o los paramilitares. Entre las razones de salida para los desmovilizados se cuentan: las promesas económicas incumplidas, las dificultades de la vida militar, los maltratos físicos y sicológicos, y la privación de la libertad. Entre las mujeres, la desvinculación se debe además a los abusos sexuales, a la orden orden de usar su cuerpo como arma de guerra y a la exigencia de practicar un aborto, como suelen disponer las normas del grupo.

Entre enero de 1999 y abril de 2003, el ICBF atendió a 830 niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado. El 8% son de origen urbano y 92% rural. Cerca de 80% están entre los 15 y los 17 años de edad. Unos 595 son hombres y 235 mujeres. El 72% se entregó voluntariamente y el resto fue capturado. El 84% pertenecía a las organizaciones guerrilleras, 10% a grupos de autodefensas y el saldo no pudo ser determinado. Su procedencia se concentra en cinco departamentos: Antioquia, Santander, Cundinamarca, Meta y Tolima.

La desvinculación de niños y niñas se enmarca en una estrategia de guerra (15) y no en la restitución de sus derechos. Varios niños permanecen más de 36 horas en batallones militares y, según testimonios recogidos, han recibido ofrecimientos para trabajar con el Ejército. En el marco del proceso de paz con los grupos paramilitares, la entrega de un poco más de 100 niños ha tenido gran impacto en la opinión pública, pero no necesariamente en la protección de niños y niñas pues, si existen al menos 2.200 vinculados a sus filas (16), las entregas realizadas no son significativas. Informes desde el terreno y fuentes estatales, señalan que los comandantes han manipulado a los niños para entregarse, a cambio de dinero y según testimonios.

Iniciativas del presidente Uribe en materia de la infancia

En su documento de propuestas sobre Infancia y Familia, el presidente Uribe propuso una estrategia para “combatir la utilización de niños en el conflicto interno”, basada en los siguientes puntos (17):

1. Un ejercicio firme de autoridad que impida que los niños y jóvenes se enrolen en grupos guerrilleros o paramilitares.
2. Una política que brinde oportunidades de estudio y trabajo a los niños y jóvenes que se acojan a los programas de reinserción.
3. Desarrollar una estrategia de rehabilitación de niños y jóvenes que han sido víctimas de reclutamiento forzoso por parte de grupos violentos.

La vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados no obedece a la “falta de autoridad” sino a la carencia de relaciones familiares afectuosas, y la ausencia estatal, manifiesta en la falta de oportunidades escolares y laborales, la marginalización de las comunidades y el no reconocimiento de estas personas como sujetos plenos de derechos. Por esta razón, consideramos que su propuesta en torno a “un ejercicio firme de autoridad” no combate ninguna de las causas del reclutamiento, al contrario, fortalece las concepciones totalitarias y represivas que han llevado a nuestros niños, niñas y jóvenes por el camino de la guerra.

En torno a la responsabilidad penal juvenil, se ha propuesto “más severidad con el menor delincuente de alta peligrosidad” (18) y “evaluar si 18 años debe seguir siendo la edad mínima de responsabilidad penal o la conveniencia de rebajarla” (19) . Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad (20). La Convención igualmente señala que para los niños a quienes se alegue que han infringido las leyes penales deberán existir mecanismos específicos que atiendan a sus condiciones especiales, y que se recurrirá en la menor medida posible a los procedimientos judiciales (21).

La posibilidad que plantea de analizar si se establece una edad de responsabilidad penal por debajo de los 18 años es claramente contraria a la Convención, por cuanto crearía una situación mixta para los y las jóvenes, al considerarlos como “incapaces” al momento de ejercer sus derechos civiles y políticos (pues en ningún momento se plantea reducir la mayoría de edad) pero a la vez, y en total perjuicio para la niñez, capaces de responder penalmente por sus actos al igual que los adultos.

El Estado colombiano no ha logrado mayores avances en materia de garantizar los derechos fundamentales de la niñez, aún cuando estos son prevalentes en virtud de la Constitución Nacional y en este marco considera en primera instancia establecer políticas públicas tendientes a hacer efectivos los derechos de los niños y las niñas y políticas para la prevención de la delincuencia juvenil, antes de pensar en la penalización de niños, niñas y jóvenes.

Se ha puesto en marcha una red de informantes de un millón de ciudadanos para apoyar a la fuerza pública (22), pagados por el Estado. Esta estrategia de información ha generado graves preocupaciones, en primer lugar, por el riesgo que implica para los mismos informantes. Así mismo, la condición secreta de estos colaboradores, que puede ayudar a proteger sus vidas, implica el grave riesgo de que usen esta reserva para hacer acusaciones anónimas sin fundamento.

Los niños, niñas y jóvenes se encuentran especialmente vulnerables frente a estos riesgos; si el mismo gobierno acepta que muchos de ellos están vinculados al conflicto armado, es claro que habrán niños y niñas que resulten sospechosos para los informantes, o que podrá haber jóvenes víctimas de acusaciones injustificadas. Hasta donde sabemos, el gobierno no ha previsto ningún tipo de capacitación y control para sus cooperantes en torno a las garantías específicas que niños y niñas tienen por su condición especial, de manera que no existen mecanismos que permitan el respeto a los derechos prevalentes de la niñez en este contexto. Finalmente, el gobierno no se ha pronunciado sobre los límites de edad para entrar a participar en esta red de informantes; de manera que existe el riesgo de que niños, niñas y jóvenes se conviertan en informantes legalizados para las Fuerzas Armadas.

(4) Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, acción urgente, 24 de septiembre de 2003.

(5) Organización Femenina Popular, Aumenta terrorismo paramilitar en Barrancabermeja., junio 11 de 2003.

(6) Noticiero Caracol TV, 19 de febrero de 2003.

(7) Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe anual del 2001 sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, HRW, You´ll Learn not to cry, septiembre 2003, Boletín “La niñez y sus Derechos”, Defensoría del Pueblo y UNICEF, diciembre de 2002.

(8) Defensoría del Pueblo y UNICEF, “La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano”, Boletín La niñez y sus derechos No. 8, diciembre 2002.

(9) Watchlist, “Colombia: la guerra en los niños y las niñas”, febrero de 2004.

(10) Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep & Justicia y Paz, Boletín No. 10, mayo 21 a agosto 10 de 2003.

(11) Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Informe de la situación real de los derechos humanos en el municipio de Viota y zonas aledañas”, 25 de junio de 2003

(12) El Tiempo, 10 de Febrero, 2003, “Muere niña de 13 anos en reten de la Armada Nacional en San Andres”

(13) El Tiempo, 25 de Febrero, 2003, “Muere niña de 8 años al ser alcanzada por disparos de tropas conjuntas de la Fuerza Aérea y de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra)”, El Tiempo, 25 de Febrero, 2003, “Así murió niña víctima de bombardeo de la Fuerza Aérea en Norte de Santander” y Carta Abierta de ASOBOBALÍ. Marzo 15 de 2.003

(14) Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato - COCOMOPOCA, Organización Regional Embera Wounaan – OREWA y Diócesis de Quibdó, Comunicado a la opinión pública, Quibdó, 4 de junio de 2003; Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep & Justicia y Paz, Boletín No. 9, Abril 21 a 20 de Mayo de 2003; Amnistía Internacional, Temor por la seguridad/posible “desaparición”-Colombia, junio 3 de 2003

(15) PNUD, INDH 2003, “El conflicto, callejón sin salida”

(16) Human Rights Watch, You´ll learn not to cry, septiembre de 2003.

(17) Documento “Propuestas de Álvaro Uribe Vélez sobre Infancia y Familia” , 2002.

(18) Punto 34 del “Manifiesto Democrático de 100 puntos”, Álvaro Uribe Vélez

(19) Programa de Gobierno, Álvaro Uribe Vélez, Presidente 2002-2006. Mayo 6, 2002

(20) Artículo 1

(21) Artículo 40

(22) Punto 38 del “Manifiesto Democrático de 100 puntos”, Alvaro Uribe Velez y Programa de Gobierno, Álvaro Uribe Vélez, Presidente 2002-2006. Mayo 6, 2002