Colombia está compuesta por un total de 41.564.000 habitantes de los cuales 16.235.000, es decir, el 41.5% del total de la población del país son menores de 18 años. La diversidad cultural y lingüística de estos habitantes está representada en la existencia de 85 pueblos indígenas, grupos raizales y afrocolombianos. También existen 64 idiomas distintos además del español que es el idioma oficial. Según las estadísticas, el 72% de la población está localizada en zonas urbanas. La tasa de crecimiento anual de la población es del 1.9% en general, y del 2.4% anual en las zonas urbanas. Geopolíticamente Colombia resulta estratégica siendo el primer país de la América del Sur, con costas en los dos mares, poseedora de todos los pisos térmicos, de una grandísima riqueza en biodiversidad y mezcla cultural.

La historia colombiana se ha caracterizado por presentar muchas formas de violencia en la cual convergen factores sociales, económicos, culturales, políticos e históricos, los cuales han dejado un cumulo de experiencias dolorosas en la memoria de los y las colombianas. Algunos analistas afirman que Colombia es “un país en guerra endémica permanente”, reflejado en el siglo XX en una guerra con el Perú, la confrontación de partidos de 1948 destacándose la persecución política por el partido conservador, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan y el surgimiento de las guerrillas. En la década de los sesenta surgen guerrillas revolucionarias (FARC, ELN, EPL) que buscan disputar el poder al bipartidismo del Frente Nacional y de las clases sociales tradicionalmente dominantes en la sociedad colombiana. A fines de la década de los sesenta y principios de la década de lo 70 surgen otros movimientos insurgentes como el Movimiento 19 de Abril, el PRT y el Movimiento Quintin Lame, entre otros. Algunos de éstos han sido fraccionados por su desmovilización y por los acuerdos de paz durante los gobiernos de Barco y Gaviria. Para impedir el avance de la guerrilla se originan los paramilitares como forma de autodefensa legalizada dentro de las políticas contrainsurgentes diseñadas en el marco de la Seguridad Nacional, quienes impulsados por terratenientes y ganaderos logran convertirse ante todo en una expresión militar y económica asociada al narcotráfico. Después el paramilitarismo se profesionalizó militarmente y se legalizó mediante cooperativas y asociaciones de seguridad llamadas “Convivir”, y con la primera cumbre de Autodefensas liderada por Carlos Castaño, cabeza de la Autodefensas Unidas de Córdoba y Uraba (AUC). Cabe decir que no puede afirmarse que exista una política de estado de apoyo al paramilitarismo. No obstante, en algunas ocasiones se ha evidenciado los nexos con miembros de la fuerza pública mediante su colaboración activa u omisiva.

Actualmente el gobierno de Uribe con la puesta en marcha de medidas encaminadas a garantizar la seguridad y la lucha contra el terrorismo como la propuesta de Seguridad Democrática que incluye el fortalecimiento de la fuerza pública y la red de informantes, y la puesta en marcha desde el año anterior del denominado “Estatuto Anti-terrorista” que entrega poderes especiales a las Fuerzas Armadas y de Policía para detener, allanar y retener a cualquier persona sin necesidad de orden judicial, ha producido en la actual coyuntura una gran polémica por las arbitrariedades que se están cometiendo contra la población, a la que se considera culpable antes de ser escuchada en indagatoria por jueces y fiscales cuya independencia está en cuestión.

Esta situación ha colocado en la mira en especial a jóvenes de sectores rurales y urbanos, que son hostigados y sufren persecución por no poseer su libreta militar, lo cual entraña, por consiguiente, un nuevo factor que promueve la vinculación de estas personas en los programas estatales de “Soldados y Policías Campesinos” o alistarse en las filas de las fuerzas armadas y de policía de manera voluntaria. Con esto se ha aumentado considerablemente el tamaño de la Fuerza Pública en Colombia, pasando de aproximadamente 250.000 a comienzos de la década de 1990 a más de 355.000 en el 2004

También con iniciativas gubernamentales como la Reforma Política la cual busca recortar las libertades individuales de los ciudadanos, la eliminación de las Personerías y la Acción de Tutela, las reformas a la ley de reclutamiento, la convocatoria a soldados campesinos e indígenas, la ley penal juvenil que considera como “incapaces” al momento de ejercer sus derechos civiles y políticos y de responder penalmente por sus actos al igual que los adultos. Y, a pesar de mencionar la eliminación del servicio militar obligatorio, crea un “servicio social obligatorio para hombres y mujeres el cual incluirá entrenamiento militar básico”. 

Una parte de los jóvenes en nuestro país viven en los estratos económicos más bajos y muchos de ellos se encuentran en condiciones de miseria total. Los derechos al desarrollo, a la supervivencia, a la participación y a la vida digna de los y las jóvenes son violados en los espacios públicos y privados, en la falta de la definición de políticas, planes y programas sociales. Marginados de estos derechos fundamentales y de cara a afrontar el conflicto armado colombiano, muchos jóvenes nos vemos obligados a participar cotidianamente en una guerra de subsistencia, desde el rebusque hasta la delincuencia y criminalidad, resultando en el aumento de la violencia e intolerancia en los barrios, la desintegración de la vida familiar, y la estigmatización y discriminación de la juventud en general. Esto último resulta en acciones punitivas por parte de las fuerzas públicas que pretenden controlar los brotes de desorden social con medidas de represión, desconociendo las causas estructurales que han llevado a la juventud en ocupar el no poco honroso lugar o estigma del peligro.

Al lado de estas violaciones de derechos humanos, la degradación del conflicto armado ha hecho que los y las jóvenes se vean inmersos desde temprana edad en el aterrador mundo de la guerra, siendo testigos o victimas de ataques indiscriminados a la población civil, asesinatos, masacres o genocidios, la limpieza social en los barrios, el hambre, el desplazamiento, etc. Muchos quedan huérfanos, otros desaparecen, son sometidos a tratos crueles e inhumanos y un buen número de jóvenes terminan vinculados a uno de los diferentes grupos armados.

La presión ejercida por los actores armados hacia los y las jóvenes es constante. La falta de oportunidades laborales, el poco acceso a la educación superior, la ausencia de políticas públicas claras encaminadas a la juventud, son algunos aspectos que inciden en la participación de los y las jóvenes en el conflicto armado. La posibilidad de adquirir el status y seguridad que brindan las armas, llama la atención en un joven ambicioso de obtener reconocimiento y mejorar su autoestima. Ante la realidad de las pocas oportunidades de educación y empleo, el ingreso a uno de los grupos en conflicto se convierte en una opción de trabajo para ayudar a la familia a salir de la difícil situación económica en que se encuentra.

El incremento de la participación de jóvenes de ambos sexos dentro de las fuerzas armadas y de Policía en Colombia, o su involucramiento directo e indirecto con grupos guerrilleros, paramilitares u otras expresiones de los actores del conflicto armado colombiano, en un contexto de creciente deterioro y degradación de las hostilidades, con la utilización de métodos y medios prohibidos por el derecho internacional humanitario, ponen en grave riesgo la pervivencia de la población menor de 25 años en el país.

El empobrecimiento derivado de la crisis relacionada con el conflicto armado y la aplicación de modelos económicos que privilegian el endeudamiento externo y el pago del servicio de la deuda, tiene un impacto muy fuerte en el desempleo juvenil. Por esta razón, el ingreso a la carrera militar y policial estatal, o la vinculación a grupos paramilitares y de guerrillas, se convierte en una alternativa económica para miles de jóvenes colombianos. Las opciones en empleos no militares son escasas y exigen niveles de escolaridad más avanzados cada vez, volviéndose el problema un círculo vicioso para los y las jóvenes, que sin poder acceder al sistema educativo, no hallan tampoco forma de ganar el sustento de manera pacífica.

Al lado del reclutamiento masivo que se lleva a cabo en especial en zonas empobrecidas de los campos, pueblos y ciudades colombianos, el gobierno nacional está promoviendo una nueva iniciativa legislativa que endurece y modifica la ley sobre Servicio Militar Obligatorio, extendiéndolo a mujeres y eliminando la prohibición para indígenas.