El 8 de noviembre de 2000 tendrá lugar lo que el Gobierno ha anunciado como el último sorteo del Servicio Militar Obligatorio. Las personas que integramos el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) creemos que es una fecha indicada para comunicar una serie de consideraciones sobre lo que ha venido siendo y será la lucha antimilitarista.

En primer lugar, sentimos una gran alegría al contemplar la debacle definitiva de la mili y de su prestación sustitutoria. En el plazo de algo más de un año, ninguna persona tendrá que sufrir esa forma de servidumbre, esa escuela de antivalores que niegan la convivencia humana y fabrica ciudadanos obedientes y acríticos. El ejército dejará por fin de disponer de esa institución dañina, que hasta hace bien poco era tenida como parte del orden natural de las cosas, para socializar el machismo, la homofobia, el autoritarismo, la obediencia acrítica y el culto a la violencia; señas de identidad de su propia estructura y funcionamiento.

Nuestra alegría es mayor, si cabe, por ser esta abolición-suspensión del servicio militar principalmente una de las consecuencia de la movilización social de base y participativa que ha envuelto la acción del movimiento antimilitarista desde hace ya casi 30 años. La abolición de la mili es una verdadera conquista social, y la decisión del gobierno y sus socios, tomada a finales de 1996 y actualizada hace pocos meses, solamente constata lo inevitable y ha sido forzada por el cambio en la mentalidad colectiva, a pesar de declaraciones políticas oportunistas.

Desde de los primeros setenta hasta ahora, la acción política del movimiento antimilitarista, a través de la objeción de conciencia (antes de su intento de domesticación mediante la Ley de Objeción de Conciencia), los servicios civiles autogestionados, la objeción colectiva, la insumisión a la mili y a su prestación sustitutoria, la objeción fiscal al gasto militar, las acciones directas noviolentas, etc., ha conseguido abrir el debate social sobre el reclutamiento forzoso y la función del ejército, y colocarlo en los medios de comunicación, bloquear la puesta en marcha real de la prestación sustitutoria, quebrar la función disuasoria de la LOC haciendo de la objeción de conciencia legalizada un fenómeno de masas, y producir la participación en campañas antimilitaristas de miles de personas que le han perdido el miedo a desobedecer y cuestionar públicamente al ejército.

En concreto, la insumisión ha demostrado la posibilidad y la efectividad «aquí y ahora» de la desobediencia civil como forma de acción política legítima. Los sucesivos gobiernos durante todo ese tiempo han respondido a esta actividad noviolenta con represión; cárcel (que miles de objetores e insumisos han conocido en estos treinta años y conocen actualmente) y «muerte civil» para los desobedientes. Todo ello acompañado de campañas de criminalización, que no han conseguido hacer menguar la solidaridad activa que la insumisión ha generado en amplios y variados sectores sociales. En estos momentos, diez insumisos-desertores, con condenas de 2 años y 4 meses, permanecen encarcelados en la prisión militar de Alcalá de Henares, y otros tantos, serán encarcelados en breve.

El llamado proceso de "profesionalización y modernización" de las Fuerzas Armadas es la pantalla con la que el gobierno y el ejército quieren ocultar el derrumbe de la mili y vaciarlo de contenido antimilitarista. Lo forzado de este proceso se revela en su improvisada y desastrosa planificación (con continuos cambios de calendario y objetivos de contingente) que, combinada con la conciencia generada por estos años de trabajo antimilitarista, lo conducen a lo que hoy es ya un evidente fracaso por falta aspirantes a soldado. A pesar de 4000 millones de pesetas de propaganda engañosa en dos años, de rebajar al mínimo los requisitos, y de la utilización de la mujer para cubrir el cupo, captar personal y "embellecer" la imagen del ejército, en ninguna de las convocatorias de este año se ha superado la cifra de un aspirante por plaza, y dos de cada tres plazas quedarán vacantes. Esto revela tanto el desprestigio como la deslegitimación social del Ejército a pesar de las campañas de adoctrinamiento

El MOC nunca ha considerado la desaparición del servicio militar como un fin en si mismo, sino como una etapa en la lucha por la abolición del ejército y el militarismo social. El retroceso del militarismo que supone la abolición de la mili viene, sin embargo, acompañado de un intento de remilitarizar otros sectores como la economía (aumento y camuflaje de los presupuestos militares, financiación a través de impuestos indirectos, potenciación de la industria y el comercio armamentístico) y la política exterior (ingreso definitivo en la OTAN, participación en misiones "humanitarias" y de agresión). Por eso, lejos de desmovilizarse, el MOC se reafirma en su trabajo antimilitarista, del que forman parte la objeción fiscal a los gastos militares, la denuncia del tráfico y producción de armas, de la injerencia del Ejército en el sistema educativo, la educación para la paz, las campañas por el desmantelamiento de campos de tiro e instalaciones militares, la investigación de alternativas noviolentas de defensa, la acción directa noviolenta, la insumisión y la insumisión en los cuarteles.

Ante la descomposición del servicio militar y su prestación sustitutoria, y el fracaso de la "profesionalización" por evidente ausencia de respaldo social, los y las antimilitaristas del MOC proponen la apertura inmediata de un debate social, amplio, serio, participativo, riguroso y en profundidad sobre la "defensa", que hasta el momento ha sido hurtado sistemáticamente a la sociedad civil. Un debate que gira alrededor de cuestiones como qué es lo que debe defenderse (la paz, el bienestar social...), de qué hay que defenderse (del ejército y del militarismo como proyecto social, de la resolución violenta de los conflictos, de la situaciones de desigualdad y explotación), y cómo debe ejercerse esa defensa (devolviendo poder a la sociedad civil, ampliando radicalmente las formas de participación democrática). Sin embargo, el gobierno prefiere intentar superar este "divorcio" entre FAS y sociedad (reconocido también por analistas militares) mediante el adoctrinamiento y la imposición de un modelo de ejército profesional. El MOC propone resolverlo democráticamente en su sentido profundo; ponerse del lado de la sociedad, y deshacerse de la antidemocrática, peligrosa, garante de la desigualdad, represiva y obsoleta estructura militar: abolir el ejército.

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