Algunos datos sobre el país.

Indonesia es un país en el que casi todo es superlativo: el archipiélago más grande del mundo: más de 17.508 islas y miles de lenguas. La distancia entre el extremo occidental y el oriental, es la misma que entre Lisboa y Moscú. Es también, el país musulmán más poblado del mundo ya que el 87% de sus más de 220 millones de habitantes son musulmanes, conviviendo con un 9% de población cristiana, un 2% hindú y el 2% restante distribuido entre animistas, budistas, etc.

La situación de los derechos humanos también arroja datos que impresionan.

Derechos Humanos en Indonesia.

Desde 1998 existe democracia en Indonesia. Sin embargo sólo a partir de las elecciones de este año, el Parlamento (formado por 500 miembros) no contará con los 38 representantes institucionales (no electos) de las fuerzas de seguridad.

Las reformas adoptadas por los sucesivos gobiernos en estos años de democracia no han sido suficientes para reparar las violaciones de derechos humanos durante el "Nuevo Orden" del General Suharto (1), ni los que se han continuado cometiendo después. Los casi seis años de democracia han visto al menos 46 presos políticos, 39 de ellos desde que Megawati es Presidenta (julio de 2001) (2).

La Comisión Internacional Católica para la Migración (ICMC) denunciaba 694 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad indonesias en todo el país durante el pasado año, mostrando una tendencia ascendente en relación a los años anteriores. La organización local Comité para las personas desaparecidas y víctimas de violencia (Kontras) reportó 289 casos confirmados de los que más de las dos terceras partes se habían producido en Aceh y Papua.

Actualmente, los principales casos de violación de derechos humanos en Indonesia se cometen en Naggroe Aceh Darussalam (NAD) y en Papua, dos provincias con movimientos independentistas fuertes. Asimismo, las organizaciones de derechos humanos recogen denuncias de violaciones de la libertad de expresión, la represión violenta de actos de protesta y crítica no-violenta al gobierno, que ha llevado a la cárcel a un creciente número de personas, incluyendo a sindicalistas, políticos y periodistas.

Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam).

Aceh está situada en el extremo norte de la isla de Sumatra y cuenta con cuatro millones de habitantes. Es, junto con Papua, la provincia más rica del archipiélago ya que produce entre el 11 y el 15% del total de las exportaciones del país, sin embargo, tan sólo el 5% de los beneficios de su producción revierten en la isla.

Aceh tiene una larga historia de independencia, durante 500 años fue un sultanato independiente y resistió treinta años de feroz guerra a la colonización holandesa, siendo el último lugar de la zona conquistado. La integración en Indonesia no fue del agrado del pueblo acehnés y, tras varias revueltas, en 1959 consiguieron el estatuto de "región especial" que no satisfizo las expectativas. La insatisfacción en la región creció con la represión del "Nuevo Orden" y la falta de equilibrio entre la riqueza producida y lo que obtenían del gobierno indonesio. En este ambiente nació en 1976 la guerrilla independentista Gerakan Aceh Merdeka (GAM) o Movimiento Aceh Libre, liderado por Hassan di Tiro, un descendiente del último sultán.
Durante los últimos nueve años de la época Suharto (1989-1998) Aceh fue declarada Zona Operacional Militar (DOM), en1993 Amnistía Internacional estimaba que habían muerto unas dos mil personas. A la caída de Suharto, las denuncias sacaron a la luz las desapariciones, torturas, violaciones y asesinatos cometidos bajo el domino del Ejército. El Presidente Wahid, tras una visita a Aceh en la que pidió disculpas públicas, creó una comisión independiente de investigación que identificó 7.000 casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el informe nunca vio la luz, ni se llevó a juicio a ningún responsable.

A partir del 2000 se establecieron conversaciones entre el gobierno indonesio y el GAM que llevaron a una "pausa humanitaria", aunque las operaciones militares continuaron. En diciembre del 2002 se firmó un acuerdo de cese de hostilidades, pero en marzo del año siguiente la organización internacional que observaba el alto el fuego abandonó la zona tras ver atacadas sus oficinas y personal. Las negociaciones que se llevaron a cabo en mayo para salvar el acuerdo fracasaron ante las exigencias del gobierno indonesio al GAM de abandonar la demanda de independencia y entregar las armas.
Tras este fracaso, el gobierno indonesio impuso la ley marcial el 19 de mayo de 2003 por un período inicial de seis meses. En noviembre pasado, se amplió el plazo seis meses más. Por otro lado, se ha impulsado la inclusión del GAM en la lista de grupos terroristas.

Aunque la Ley marcial preveía varios campos de actuación, incluyendo ayuda humanitaria y normalización del gobierno regional, sólo la parte de seguridad se ha llevado a cabo con 50.000 soldados y policía destinados en la zona.
Según recogen los informes sobre la situación de derechos humanos de distintas organizaciones y del Gobierno de Estados Unidos, ONGs locales y refugiados de la zona denuncian casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, desapariciones, detenciones y desplazamientos de población.
Estos datos no pueden ser verificados por observadores externos pues el acceso a NAD está prohibido a periodistas u organizaciones nacionales o internacionales, excepto (en muy contadas excepciones), con permisos especiales, sólo en compañía de militares y en ciertos municipios -muchas veces no pueden salir de Banda Aceh, la capital-. Por otra parte, el ejército revisa los artículos de los periodistas indonesios en la zona. 76 dirigentes locales dimitieron de sus cargos y sus puestos fueron ocupados por personal militar.

Komnas-HAM (Comisión Nacional de Derechos Humanos) ha realizado varias visitas de investigación a la zona en las que encontró fosas comunes, así como casos de tortura, acoso sexual y ejecuciones extra-judiciales, sin que se indicara responsable de estas atrocidades. También señalaron la existencia de entrenamiento de milicias por el Ejército. Komnas-HAM no ha hecho público el informe de las visitas, haciendo exclusivamente declaraciones a la prensa. Se calcula que hay más de 40.000 personas desplazadas internas.
Hasta hoy, el acceso a Aceh sigue "sellado" y la historia reciente hace temer lo peor, especialmente tras las declaraciones a la BBC del embajador indonesio -y ex - ministro de Defensa- en el Reino Unido el pasado 17 de diciembre: "No se puede esperar responsabilidad legal en una situación de guerra" (3).

Papua.

Papua es la provincia más oriental, una de las más ricas en recursos naturales y la más grande del archipiélago indonesio. La mina de cobre y oro más grande del mundo se encuentra aquí, como también son los más grandes los campos de gas. Sus dos millones de habitantes están organizados en tribus con cerca de 1.000 lenguas y son mayoritariamente cristianos.

En 1963 Holanda traspasó la soberanía a Indonesia a condición de que sus habitantes decidieran libremente su permanencia o independencia. En agosto de 1969 fue anexionada a Indonesia mediante lo que se ha denominado el "Acuerdo de Libre Elección", en el que participaron tan sólo 1.000 representantes seleccionados por Indonesia. A pesar de este proceso tan irregular, Naciones Unidas sancionó la integracion de Papua (4) -llamada Irian Jaya hasta que el Presidente Wahid recuperó el nombre propio de Papua- en Indonesia.

La mayor parte de la administración de la isla está en manos de personas de fuera de Papua, la cultura autóctona ha sido menospreciada y los recursos naturales (incluyendo tierras sagradas) han sido explotados sin control local y sin que la isla recibiera compensaciones adecuadas. Todo ello ha generado un gran descontento entre la población y sentimientos independentistas que han sido duramente reprimidos por el Ejércto y la policía, denunciándose casos de tortura, detención ilegal, desapariciones (incluido el caso de Benny Wenda, lider de la Asamblea Tribal Koteka, desaparecido de su celda) y asesinatos (como los de varios estudiantes que fueron torturados y algunos murieron mientras estaban detenidos en 2000). Todos estos casos, así como las torturas y asesinato (2001) tras una cena con las autoridades militares en Papua de Theys Eluay, líder independentista, continúan impunes, sólo algunos miembros de las fuerzas de seguridad han sido acusados. Los abogados de estos casos han recibido amenazas e intimidación.

En mayo de 2000, un congreso con representantes de 254 tribus concluyó que la anexión de Papua había sido ilegal y, por tanto, Papua era legalmente independiente. Desde 1965 existe un pequeño movimiento independentista guerrillero OPM: Organisasi Papua Merdeka, Organización Papua Libre- que no supone una amenaza real para el Ejército, pero cuyos ataques son contestados brutalmente por el Ejército en una región aislada y con escasas vías de comunicación. Recientemente se han creado milicias, tanto pro-independentistas como integracionistas. Asimismo, está en aumento la población proveniente de otras zonas del archipiélago.

Timor.

Timor fue anexionado por Indonesia en 1975, tras la retirada de Portugal de su colonia. Esta anexión fue condenada por Naciones Unidas como ilegal. En 1978 ya se calculaba que casi un tercio de la población -doscientas mil personas- había muerto como consecuencia de la ocupación.

En 1999, tras la propuesta del Presidente Habibie, Naciones Unidas organizó un referendum en Timor Oriental (5) que arrojó un 78,5% de sí a la independencia en una votación en la que participó el 95% del electorado. Tras estos resultados, las milicias, equipadas y entrenadas por el Ejército, cometieron actos vandálicos que destruyeron el 80% de los edificios de Timor Oriental y obligó a la huida de una cuarta parte de la población a las montañas o a Timor Occidental -que ha permanecido dentro de Indonesia-. Hasta el año 2000 las milicias siguieron atacando Timor Oriental y los campos de refugiados.

Naciones unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas-Ham) llevaron a cabo una investigación exhaustiva que señaló a 33 personas como principales sospechosas de haber perpetrado los crímenes contra la humanidad (al menos 1.000 personas asesinadas), incluyendo a varios generales del Ejército indonesio, entre otros el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el General Wiranto.

El equipo investigador de Naciones Unidas propuso la celebración de un Tribunal Internacional, pero el Consejo de Seguridad decidió que fuera el propio sistema judicial indonesio quien juzgara los casos, lo que exigió incluir en el Código Penal crímenes contra la humanidad que hasta ese momento no estaban contemplados. A finales del 2000 se aprobó una Ley que permitía la creación de un Tribunal de Derechos Humanos, incluyendo tribunales ad-hoc e instaurando el principio de retroactividad. No obstante, los sospechosos se redujeron a 18, desapareciendo de la lista el General Wiranto, y reduciendo la jurisdicción tan sólo a cuatro meses del año 1999 y a una zona, lo que excluyó numerosos actos y crímenes contra la humanidad.

El Tribunal Ad-hoc solo condenó a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, con penas inferiores a las previstas por la Ley, ya que sólo se les acusó de "no actuar" y no de la perpetración de los crímenes. De momento, y mientras tiene lugar la apelación, todos están libres.

De entre ellos, el caso del General Damiri es especialmente relevante.: era el responsable de las operaciones militares en Timor en 1999 y, a pesar de estar acusado de crímenes contra la humanidad, el propio fiscal solicitó su absolución. Fue condenado a tan sólo tres años y ha sido promocionado, llegando a ser el oficial responsable de la guerra en Aceh.

Conclusiones.

Esto sólo ha sido una brevísima introducción a la situación en Indonesia. Hasta ahora los hechos no permiten ningún optimismo, sigue siendo necesaria la reforma legal y judicial que acabe con la impunidad y no se observa ningún avance al respecto. Amnistía Internacional en un reciente informe señala que cuando el Gobierno ha dado un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, paralelamente se han dado varios pasos atrás, ejemplificado por el caso de Timor Oriental, que ha servido fundamentalmente para respaldar la impunidad de los responsables de las fuerzas de seguridad del país.

La presión internacional (6) y el control de las ventas de armas al Ejército (7) pueden servir para la mejora del respeto de los derechos humanos que hoy se siguen violando. Sin embargo, la "guerra contra el terrorismo" ha tomado el papel relevante en las decisiones de EE.UU.(8) sobre la ayuda al Gobierno indonesio, por encima de la defensa de derechos humanos que había esgrimido hasta ahora.

Información en internet sobre Indonesia y Derechos Humanos en Indonesia.

www.a-i.org

www.hrw.org

www.tapol.org

www.hri.ca/fortherecord2003/vol3/indonesiatr.htm

www.thejakartapost.com