En octubre del año 1987, se produjo el primer encuentro entre delegaciones del gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y la URNG, en Madrid, pero este no supuso a lo largo de 1988 y 1989 la continuidad de reuniones entre gobierno y URNG. Por e contrario desde finales de 1987 hasta principios de 1990, la confrontación militar se incrementó considerablemente tanto por parte del ejército como por las fuerzas guerrilleras de la URNG.

El acuerdo de Oslo suscrito en 1990 entre delegaciones de la URNG y la Comisión Nacional de Reconciliación, sentó las bases para un proceso de diálogo entre diversos sectores de la sociedad guatemalteca y la URNG, y de negociación directa con el Gobierno de la República.

Según marcaban estos acuerdos, la comandancia general de la URNG realizó encuentros con los representantes de los sectores político, académico, empresarial, religiosos, popular y profesional. Todos reconocieron la necesidad de cambios institucionales, del respeto a los derechos humanos, de una democracia real y participativa, y de un diálogo directo entre la URNG y el Gobierno-ejército.

El 24 de abril de 1991, siendo presidente Jorge Serrano Elías se da otro paso en la negociación, iniciándose una primera reunión entre el Gobierno y la URNG. En julio de 1991, en la ciudad mexicana de Queretaro se firmó un «acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos», que constituía un marco general en el que deberían tratarse los demás temas de la agenda.

El terna siguiente a tratar era el de los derechos humanos, tema difícil y complejo para un gobierno-ejército que los viola sistemáticamente. Dos años después no se había firmado un acuerdo, aunque existía un preacuerdo parcial.

En mayo de 1993 el ejército dio un golpe de estado bajo la apariencia de un autogolpe: fue la expresión del disgusto de los militares ante e! proceso de negociación, que no había supuesto la desmovilización de la guerrilla, queriendo imponer así una salida militar al conflicto.

El golpe fracasó y tras la caída de Serrano Elías fue investido presidente Ramiro de León Carpio, hasta entonces procurador de derechos humanos.

El nuevo presidente afirmó que las conversaciones de paz no tenían una prioridad inmediata. Pero más tarde presentó dos propuestas de paz inaceptables, que parecían elaboradas por los sectores más duros del ejército y la oligarquía. Estas propuestas desconocían acuerdos anteriores que ya estaban firmados y pretendían partir de cero.

La URNG rechazó estas propuestas y lo mismo hicieron los sectores civiles, a excepción de los dirigentes empresariales.

En enero de 1994, bajo una convocatoria de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Gobierno-ejército y la URNG se reunieron en México para definir conjuntamente los términos de la reanudación de las conversaciones y firmaron un acuerdo marco según el cual se comprometían a negociar sobre los puntos de la agenda acordada tres años antes. Además de poder contar con la presencia de la Misión Internacional de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) a través de la designación de un moderador con la función de verificar los acuerdos, informar de la situación y denunciar las violaciones a los Derechos Humanos. Paralelamente a esto también se constituye la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), que asegura la participación de los sectores civiles, con la excepción del sector empresarial, mediante el apoyo activo y dinámico a la mesa negociadora.

Las posiciones de la URNG sobre los derechos humanos, la desmilitarización y los cambios en las estructuras políticas y económicas, chocan especialmente con los sectores más conservadores del ejército y el empresariado, inflexibles a cualquier cambio que implique abandonar sus posiciones de poder. Para la URNG una negociación seria no debe separar la guerra de sus causas, debe llevar transformaciones profundas en las estructuras políticas, económicas y sociales, con verificación internacional.

Esa posición es compartida por diversos sectores nacionales, convencidos de que la paz no puede ser legítima con miseria y opresión, ni con la militarización de la sociedad.

En el período comprendido entre el 29 de marzo de 1994 y el 31 de marzo de 1995 se firman diversos acuerdos como el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, sobre Comisión del Esclarecimiento Histórico y sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. A partir de este momento la negociación quedó paralizada, dado el grado de complejidad que supuso el tema socioeconómico y también por la insuficiente capacidad del gobierno transitorio de Ramiro de León Carpio para finalizar el proceso de negociación.

Con el gobierno de Álvaro Arzú, el proceso de negociaciones entre la COPAZ y la URNG se dinamizó al lograr la firma, entre mayo y diciembre de 1996, de los acuerdos Socioeconómico y sobre Situación Agraria, sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Estos acuerdos redefinen el papel de esta institución, que se limita única y exclusivamente a la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio guatemalteco. Sólo así será posible desmilitarizar la sociedad. y por último los temas denominados operativos, como el Definitivo Cese al Fuego, las Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad, y Reformas Constitucionales y del Régimen Electoral. El 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que puso punto final al largo proceso de negociación terminando con tres décadas de conflicto armado.

Estos acuerdos pueden proporcionar las bases para la construcción de una nueva Guatemala democrática, y abrirán la posibilidad de eliminar los elementos que han presidido la realidad de este país, como son la injusticia social, la militarización de la sociedad, la impunidad y la discriminación racial, etc.

La materialización de este sueño va ser muy difícil hay que ser conscientes de que los problemas de este país no van a desaparecer de la noche a la mañana. En Guatemala continúan existiendo sectores muy poderosos que atacan sistemáticamente los acuerdos de paz; un ejemplo claro lo tenemos en las declaraciones de Ríos Montt diciendo que en caso de haber estado él en el poder, hubiera fusilado a los miembros de la Comandancia de la URNG en el momento que llegaron al aeropuerto de Guatemala. y no olvidemos que Ríos Montt es el líder del partido de extrema derecha Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en el poder desde las últimas elecciones. Además, la mayoría formada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el FRG en el Congreso puede desvirtuar los acuerdos. Por ejemplo, la aprobación por el Congreso, con la oposición únicamente del FDNG (Frente Democrático Nueva Guatemala), de la Ley de Reconciliación Nacional que sin duda favoreció el mantenimiento de la impunidad. Tampoco han cambiado demasiado las actitudes de las autoridades guatemaltecas: continúan dándose desalojos violentos de fincas y terrenos ocupados, por parte de las fuerzas de seguridad. Para algunos sectores del ejército los acuerdos de paz se encuentran en una dimensión muy alejada de su realidad inmediata; difícilmente se podrán cumplir si se conciben como algo ajeno a este colectivo. A esto hay que añadir la aparición de nuevos «escuadrones de la muerte» y grupos paramilitares similares a las desmovilizadas PAC (Patrullas de Autodefensa Civil), que junto con los militares son responsables de numerosos asesinatos políticos y secuestros. Los sectores más recalcitrantes, como el ejército y la oligarquía, continúan teniendo el poder e impulsando, con la ayuda del Gobierno, políticas neoliberales que todavía empobrecen más a la población más desfavorecida.

Nos encontramos en una nueva etapa cuyas bases están escritas, ,pero sin su implantación se convierten en letras muertas. Por lo tanto, en este momento histórico para Guatemala es de suma importancia hacer cumplir al Gobierno los contenidos de los acuerdos de paz en su totalidad y no de forma parcial, como es previsible que suceda, únicamente con el objetivo de cubrir las apariencias ante la Comunidad internacional. Para conseguir garantizar el cumplimiento de estos acuerdos es necesario apoyar la lucha del movimiento popular y revolucionario. Por lo tanto, más que nunca es necesaria la presencia activa de la solidaridad internacional.

Cronología del proceso de negociación 1987-1996

1986. Primer gobierno civil. Llegada a la presidencia de Vinicio Cerezo.

1897, octubre. Encuentros en Madrid.

1990, enero. Gobierno de Jorge Serrano.

1990, marzo. Acuerdo de Oslo. Se acuerda iniciar un proceso que debería significar la consecución de la paz y el perfeccionamiento de la democracia en Guatemala.

1991, abril. Acuerdo de México. Se concretó una agenda temática de once puntos según la cual se tratarían en primer lugar los puntos sustantivos (derechos humanos, derechos indígenas, desarraigo, aspectos socioeconómicos, situación agraria) y, en segundo lugar, los aspectos operativos (cese del fuego, reformas constitucionales, incorporación de la URNG a la vida política, desmovilización).

1991, julio. Acuerdo de Queretaro sobre la democratización. Se establece la preeminencia de la sociedad civil y la necesidad de la sumisión de las fuerzas armadas al poder civil y de un Estado de Derecho.

1993, mayo. Intento de golpe militar con el beneplácito de Jorge Serrano. Fracasado, es investido el presidente Ramiro de León Carpio. 1994, enero. Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación. En este acuerdo, además de retomar el camino de la negociación sustantiva exigida por la URNG, también se aseguraba la participación de los sectores civiles en la negociación, a través (tal y como quería la URNG) de la Asamblea de los Sectores Civiles (ASC) , integrada por representantes de organizaciones mayas, sindicales, de derechos humanos, de mujeres, ONG, periodistas, etc.

1994, marzo. Acuerdo global sobre derechos humanos. A diferencia de los otros acuerdos, tuvo vigencia inmediata y se estableció un, mecanismo de verificación internacional (MINGUA: Misión de Verificación Internacional de Naciones Unidas en Guatemala).

1994, junio. Acuerdo sobre reasentamiento de las poblaciones desarraigadas durante el enfrentamiento armado y Acuerdo para el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población civil (Comisión de la Verdad).

1995, marzo. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Se reconoce la diversidad de pueblos, culturas e idiomas que configuran Guatemala, y se aceptan importantes compromisos para superar la discriminación y el racismo existentes desde la llegada de los españoles.

1995, agosto. Declaración de Contadora, en la cual se reconocen los acuerdos de la mesa de negociación como compromisos de Estado. 1996, enero. Nuevo gobierno bajo la presidencia de Álvaro Arzú.

1996, mayo. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, en el que se establece que la paz firme y duradera debe basarse en un desarrollo dirigido a un bien común y dar respuesta a las necesidades de toda la población.

1996, septiembre. Acuerdo sobre el fortalecimiento de la sociedad civil y función del ejército en una sociedad democrática. Trata sobre las reformas del Estado y su forma de gobierno, las reformas de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; reducción y transformación del ejército y desmilitarización de las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil).

1996, diciembre. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Trata de las reformas constitucionales relacionadas con el Acuerdo sobre Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, la función del ejército y el régimen electoral. 1996, 4 de diciembre. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, que define la separación de fuerzas y la parte operativa de la desmovilización de la URNG.

1996, 12 de diciembre. Acuerdo sobre las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Trata de establecer las condicionesmás favorables para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida legal, y especialmente intenta dotar a los excombatientes de los medios necesarios para su capacitación e incorporación a la actividad productiva. 1996, 29 de diciembre. Firma de Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Algunos puntos relevantes de los Acuerdos de Paz

El respeto pleno de los derechos humanos: "Desmantelamiento de las estructuras de represión".

Verificación del respeto a los derechos humanos por parte de MINUGUA.

Impulsar una estrategia de desarrollo integral para los desarraigados.

Constitución de una comisión técnica para la ejecución del Acuerdo de Poblaciones Desarraigadas y la creación de un fondo con apoyo internacional.

El informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico "no individualizará responsabilidades penales ni tendrá propósitos y efectos judiciales".

Reconocimiento de la nación multicultural, multiétnica y plurilingüe.

Se acuerda la eliminación de toda forma de discriminación racial.

Para cumplir el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas acuerda la creación de las comisiones paritarias.

Participación de las comunidades en su propio desarrollo mediante los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Se organizará un fondo para la asistencia crediticia y fomento del ahorro para pequeños y medianos empresarios

Se constituirá un banco de tierras.

La misión del ejército queda definida como la defensa de la soberanía y la integridad del territorio.

Disolución del Estado Mayor Presidencial, los Comités Voluntarios de Defensa Civil, la Policía Militar Ambulante.

Reducción de los efectivos del ejército en un 33%.

Formalización del cese al fuego definitivo­.

Concentración y desmovilización de las fuerzas de la URNG.

Se creará una comisión dirigida por el Tribunal Supremo Electoral para que recomiende las reformas al régimen electoral.

Se recomienda que se impulse la creación de un nuevo documento único que sirva para todos los trámites civiles y para las votaciones.

La reincorporación de la URNG en términos de dignidad para sus miembros.

La legislación de una Ley de Reconc¡liación, que establece la extinción de responsabilidades penales en delitos políticos, comunes y conexos.

Para la aplicación de los Acuerdos de Paz se hacen necesarias las reformas constitucionales, que deberán ser aprobadas en referéndum. Estas hacen referencia a cuestiones legislativas, jurídicas, y al reconocimiento de Guatemala como nación multiétnica, plurilingüe y multicultural, lo que implica profundos cambios en cuanto a derecl1os y deberes, identidad y espiritualidad de los pueblos indígenas, etc. Esta consulta popular deberá ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral.

Acuerdos de Paz firmados entre Gobierno y URNG

1. Acuerdo de Procedimiento para la Búsqueda de la Paz por medios políticos (Acuerdo de México). Este acuerdo sienta las bases para el inicio del proceso de negociaciones en búsqueda de la firma de un Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

2. Acuerdo marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por medios políticos (Acuerdo de Querétaro). Aquí se sientan las bases para la democratización, las cuales estarán contenidas en los acuerdos que se irán alcanzando hasta llegar a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

3. Acuerdo global sobre Derechos Humanos entre el Gobierno y la URNG. En este acuerdo se establece un conjunto de compromisos de parte del gobierno, para la protección de los derechos humanos; combatir la impunidad; eliminar los escuadrones de la muerte; la regulación de la portación de armas; se garantizan las libertades de asociación y de movimiento; se establece el servicio militar no obligatorio; se protege a las personas que trabajan en la protección de los derechos humanos; se establece un resarcimiento a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y se crea la MINUGUA (misión de observación de la ONU).

4. Acuerdo para el Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento Armado. En este acuerdo se sientan las bases para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por la guerra, garantizando sus derechos y se seguridad, así como los de los diversos grupos indígenas en sus formas de vida, identidad cultural, costumbres, tradiciones y organización social. Se define, también, una estrategia de integración productiva y desarrollo de las áreas de reasentamiento de las poblaciones desarraigadas.

5. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a fa población guatemalteca (Comisión de la Verdad). Esta Comisión esclarecerá con objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos. Deberá comenzar su trabajo un día después de que se firme el acuerdo de paz final, y uno de sus integrantes deberá ser un reconocido profesional extranjero.

6. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este acuerdo supone el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, como elemento clave en la construcción de la unidad nacional. Promueve, asimismo, la lucha contra la discriminación y respalda los derechos de la mujer indígena. Se promueven los derechos culturales, y entre éstos, reformas constitucionales que reconozcan los idiomas existentes en el país. De igual manera, se busca abrir espacios a los medios de comunicación maya, y se promueven reformas que caractericen a la nación guatemalteca a partir del reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos del pueblo maya. Se abren espacios a la participación de los pueblos indígenas, a distintos niveles, y se reconocen los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas.

7. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Sin llegar a reformas estructurales, se trata de sentar algunas bases que conduzcan a un desarrollo participativo, sostenible y con justifica social, en el que tenga cabida la mujer al reconocerle su contribución, a distintos niveles, en el desarrollo económico y social. Se busca una mayor cobertura en la educación, salud y seguridad social, con el propósito de mejorar el ámbito social. Sin establecerse una reforma agraria, el acuerdo persigue promover una mayor participación y acceso a la tierra de la población que de ella sobrevive, buscando, además, seguridad jurídica en la propiedad de aquella. Asimismo, el acuerdo establece una modernización de la gestión pública y la política fiscal.

8. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Aquí se busca abrir los espacios políticos para que la sociedad civil asuma el poder político, desplazando al ejército del control de aquel. Se reformulan las funciones del instituto castrense y se busca modernizar las instituciones del Estado encargadas de la administración y aplicación de la justicia

9. Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego. Con este acuerdo se pone fin al enfrentamiento armado interno y se sientan las bases para un proceso de desmovilización de las fuerzas guerrilleras y la desmilitarización por parte del ejército, de algunas zonas del país.

10. Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de fa URNG a la Legalidad. Se refiere a la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad. Involucra la desmovilización y concentración de las fuerzas militares de la URNG para su posterior inserción definitiva a la vida política, legal, económica, social y cultural. Se promueve la creación de una ley de Reconciliación Nacional y se establece la transformación de la URNG en partido político, entre otros puntos.

11. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral. Este acuerdo incluye las reformas a la Carta Magna propuestas en los acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas y en el referente al Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Entre las reformas propuestas está la que caracteriza al Estado guatemalteco "como una unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe asimismo, se promueve la obligación del Estado a reconocer, respetar y promover los idiomas existentes en el país. Por otra parte, se promueve a la Policía Nacional Civil como único cuerpo policial armado, así como la redefinición de la función del ejército especificándola en la "defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio". Se establece que el ministro de la Defensa puede ser un militar o un civil, y que el presidente de la República es el único que puede acudir al ejército para mantener el orden público y la paz.

12. Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Es el último de los acuerdos firmados. Compendio de todos los anteriores, hace un repaso de todos y cada uno de ellos reafirmándolos y asentando las bases para su total cumplimiento.

Recuperación de la Memoria Histórica

El pasado mes de febrero de 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, respaldada por la ONU, presentó el informe sobre la investigación de las masacres cometidas en Guatemala durante 36 años de guerra civil. El documento atribuye el 93% de las matanzas al ejército guatemalteco y el 39% a la guerrilla.

Esta Comisión ha denunciado al Estado Guatemalteco, en las legislaturas de Lucas García (1978-1982) y Ríos Montt (1982-1983), de genocida. En estos años, en la región maya ixil, casi el 90% de las aldeas fueron destruidas. Las masacres se acompañaron de toda clase de torturas.

El conflicto dejó más de 150.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados.

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