Los mayas
La independencia.
Revolución de Octubre y período democrático (1944-1954).
La contrarrevolución.
Militarización de la sociedad.
Régimen contrainsurgente y elecciones.
El golpe de Estado y la elección de Ramiro de León Carpio
Las elecciones de 1995.
La consulta popular sobre la reforma constitucional (1999).
Las últimas elecciones (noviembre de 1999).
Partidos políticos.

Los Mayas

El pueblo maya llegó a Guatemala hacia el año 2000 antes de nuestra era. Entre la herencia de la cultura maya se encuentra la astronomía, lo que supone la existencia de una ciencia matemática organizada y sistemática. En la literatura y el arte lograron un importante desarrollo, como lo prueban el Popol Vuh, el Rabinal Achi, etc. En la religión y arquitectura estaban muy avanzados; su religión estaba basada en la naturaleza y la arquitectura estaba relacionada con sus creencias religiosas. Desarrollaron la industria del tejido, la pintura, la cerámica, así como el comercio y el intercambio. En cuanto a la agricultura, conocían diversas técnicas de cultivo.

1524. Conquista española encabezada por Pedro de Alvarado. Se llama «conquista» a lo que realmente fue una ocupación militar del territorio. Esta ocupación se justificó de muchas maneras, siendo la, principal la necesidad de que los indígenas fueran «cristianizados y civilizados».

1524 a 1821. Después de la conquista se despojó a los indios de las tierras. Los conquistadores empezaron a usar la mano de obra de los indígenas en base al trabajo forzoso. Para ello se crearon instituciones como la Encomienda, el Repartimiento, los Mandamientos y los Pueblos de Indios. Se legalizaron los tributos y la esclavitud, llegando incluso a importar esclavos de África. De tres millones de habitantes que existían en esa época un millón murió como producto de la represión y el trabajo forzoso, así como por enfermedades, importadas de España, para las cuales los indígenas no tenían defensas.

Los conquistadores mantuvieron el control de la población con el uso de la fuerza y su superior tecnología militar, así como con la creación de un estado colonial de ideología racista. Este racismo creó la división de los habitantes del espacio conquistado entre indios y descendientes de los españoles, o criollos, sustituidos al pasar el tiempo por los ladinos o mestizos.

1821. La Independencia.

La independencia fue promovida por los criollos: liberales influenciados por la revolución francesa y conservadores vinculados a la Iglesia.

El 15 de septiembre de 1821, los grandes propietarios de la tierra y los comerciantes, junto con las autoridades coloniales, proclamaron pacíficamente la independencia de lo que había sido la Capitanía General del Reino de Guatemala, y que incluía los cinco países centroamericanos.

Desde 1831 a 1838, los criollos (es decir, los blancos descendientes de españoles), que dominan Centroamérica desde la independencia, dan importantes concesiones territoriales en el Petén a los intereses ingleses, sucesores del colonialismo español.

En 1838 se produce la disolución de la Federación Centroamericana y el nacimiento de los estados de la región.

A mediados del siglo XIX, la invención de los colorantes artificiales provocó una gran crisis económica en Guatemala, cuyos principales productos de exportación eran los tintes vegetales. Ello dio lugar a la introducción del café como cultivo masivo. Con la Reforma Liberal de 1871, los indígenas perdieron muchas tierras comunales, incorporadas por los grandes terratenientes a la producción cafetalera. Este período liberal imprime características que aún perduran: democracia de fachada, incremento de la desigualdad y marginación del indígena. Comienza la influencia alemana, que sustituye a la inglesa.

A finales del siglo XIX se potencia la entrada masiva de capital norteamericano, que se adueñó de los ferrocarriles, los puertos, los transportes marítimos y, sobre todo, de grandes extensiones de tierra.

Desde 1931 y durante los trece años que estuvo en el poder, el dictador Jorge Ubico había institucionalizado el terror de Estado y el trabajo forzado. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, su base de apoyo, el capital alemán, desaparece. Este hecho, junto al cansancio de la población ante el abuso de poder, pobreza, leyes inhumanas, etc., facilitó la convergencia de distintos sectores sociales (principalmente intelectuales de clase media y pequeña burguesía) que hicieron posible la Revolución.

La Revolución de Octubre significó el inicio de reformas, así como la democratización real de la sociedad: surgimiento de diversos partidos políticos, entre ellos e! Partido Comunista, organización masiva de sectores populares, etc. Dichos cambios fueron llevados a cabo en un primer momento por Juan José Arévalo, y de forma más contundente por el presidente Jacobo Arbenz. Su objetivo era crear un capitalismo independiente modernizando la economía nacional y elevando el poder adquisitivo de las masas; ello requería un cambio estructural profundo: la reforma agraria.

La reforma agraria fue considerada por los terratenientes como un peligro para sus bases de dominación. La expropiación de grandes cantidades de tierras ociosas de las compañías norteamericanas fue calificada por el propio gobierno norteamericano como «una amenaza a los intereses de Estados Unidos».

La Contrarrevolución.

A mediados de 1954, y bajo la argumentación de una posible agresión comunista, Estados Unidos llevó a cabo una invasión organizada y derrocó al gobierno del presidente Arbenz, subiendo al poder el jefe militar Carlos Castillo Armas. A la caída del régimen democrático contribuyó la negativa del ejército guatemalteco a combatir al ejército mercenario que organizó la CIA. Tras el triunfo de la contrarrevolución, el ejército fue depurado de sus elementos democráticos, particularmente de los oficiales formados en la década revolucionaria.

La contrarrevolución fue un retroceso para el país en el orden político, económico, social y cultural. Se desarticularon las organizaciones de obreros, campesinos, estudiantes y profesionales, y pensar y actuar libremente volvió a ser delito.

El 13 de noviembre de 1960, una parte del ejército se levantó en armas con la intención de convocar unas elecciones que instituyeran un gobierno civil, alejado de las influencias de Estados Unidos. El levantamiento fracasó y aquellos que lograron sobrevivir a la represión marcharon a las montañas para organizar un movimiento armado que con el apoyo popular pudiese levantar una insurrección generalizada. Ese fue el origen de la guerrilla.

Militarización de la sociedad.

A partir de 1954 la recomposición del régimen político se registra en dos planos:

1.La institución militar, en cuanto a tal, desborda sus funciones técnico-militares y adquiere influencia en el apartado productivo (Banco del Ejército, fábrica de armamento, etc.).

2.La incorporación de altos cargos militares a la oligarquía agroexportadora. Esta incorporación es acelerada a través del control del aparato del Estado (ocupación de fincas en la franja transversal del norte) .

En 1974 cada uno de los generales del ejército recibió 900 hectáreas en las más fértiles tierras de Alta Verapaz; los coroneles recibieron 450 hectáreas. (En 1986 un estudio de la AID informó que el 60 % del departamento de Alta. Verapaz era propiedad de mandos del ejército.)

Por otra parte, y especialmente desde la década de los sesenta, se institucionaliza el terror sistemático como medio de lucha contrainsurgente y como mecanismo de control social, con asesoramiento de EEUU, y se ponen a prueba tácticas usadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los franceses en Argelia y los yanquis en Vietnam y Filipinas. Los cuerpos de represión estatales secuestran y asesinan a miles de personas, y aparecen bandas paramilitares de extrema derecha (Escuadrones de la Muerte, Movimiento Anticomunista Nacional) .

En 1978 es elegido presidente Lucas García con un 65% de abstención. Durante su mandato, y para acabar con la guerra popular revolucionaria, el ejército, de acuerdo con la ciase dominante y la Administración estadounidense, concibió un plan global contrainsurgente en cuatro planos: militar, económico político-ideológico y de relaciones internacionales.

La estrategia militar tuvo tres elementos centrales:

1.El lanzamiento de una ofensiva militar durante los años 1981 y 1982.

2.La política de «tierra arrasada» que significó el terror sistemático para la población rural del país. El resultado: 440 aldeas destruidas, 40.000 muertos, más de un millón de desplazados entre los años 1981 y 1983, y más de 100.000 refugiados en el exterior.

3.La militarización de los campesinos mediante las «aldeas modelo» y las PAC (patrullas de autodefensa civil), que mantenían bajo control militar a más de un millón de campesinos, obligados a patrullar y trabajar para el ejército.

Es importante señalar que todas estas medidas buscan aniquilar al pueblo indígena como tal, no físicamente (aunque una parte del mismo sí es exterminado) sino como colectivo social. El ejército intentaba así la destrucción del conjunto cultural que les ha permitido mantener su identidad a través de cinco siglos de dominación. Esto es producto de la ideología racista dominante y del análisis de sociólogos y antropólogos de EEUU, que ven la dificultad de dominar una revolución que proviene del pueblo indígena.

Como ejemplo de la represión que se produjo en estos años está la matanza de Panzos, el incendio de la embajada española provocado por fuerzas gubernamentales en el que murieron campesinos guatemaltecos y diplomáticos españoles (España rompió relaciones diplomáticas), secuestro de líderes sindicales, masacres de campesinos en el Quiché, desapariciones, etc.

El mandato de Efraín Ríos Montt (marzo 1982 agosto 1983) es especialmente reseñado por la dureza con que fue aplicada la política de «tierra arrasada». En el primer año de gobierno fueron asesinados más de 15.000 guatemaltecos, 70.000 buscaron refugio en países vecinos - especialmente México -, unos 500.000 se internaron a vivir en las montañas huyendo del ejército, y centenares de poblaciones fueron devastadas. Se multiplicó el sistema de aldeas modelo, donde eran trasladados los campesinos, a quienes se obligaba a producir en un nuevo esquema destinado directamente a la exportación y no a su supervivencia.

En agosto de 1983 Ríos Montt fue depuesto por un golpe militar (nuevamente orquestado por la CIA) que llevó al poder al general Oscar Mejía Víctores. El ejército, liderado por Mejía Víctores, rediseñó su política contrainsurgente, y con el objetivo de mejorar la posición internacional de Guatemala, que había sido condenada reiteradamente por las violaciones a los derechos humarlos, el ejército se planteó la instauración de un gobierno civil aunque seguiría bajo el control de los militares.

Régimen contrainsurgente y elecciones

En 1984, después de tantos años de ejercer el poder, el ejército no sólo había fracasado en su intento de derrotar al movimiento revolucionario, sino también como institución gobernante, habiendo provocado una notable agudización de la crisis económica y social.

La institución armada no podía continuar con su programa contrainsurgente desde las posiciones del gobierno. Era preciso llevar a cabo cambios formales en el aspecto político del país. Fue así como el ejército, con el interesado beneplácito de Washington, anunció una apertura democrática y convocó elecciones.

Sin renunciar al ejercicio del poder político y al control de los aspectos estratégicos de la vida económica y social, el ejército ofrecía compartir algunas esferas del poder.

El establecimiento de unas elecciones debía producir, según las previsiones de los autores del proceso, el aislamiento político del movimiento revolucionario armado; pensaban quitarle sus banderas de lucha, desarmarlo políticamente y restarle apoyo popular, para, en un segundo momento, golpearlo militarmente y aniquilarlo.

Con su aparente retiro del poder político, los militares esperaban también mejorar su imagen y sorprender a sectores de la comunidad internacional. Ello respondía también a los intereses de EEUU, que necesitaban en Guatemala un aliado más respetable que los desprestigiados gobiernos militares.

La embajada norteamericana se constituyó en garante del proceso electoral. Varios sectores y personalidades, tanto nacionales como internacionales, señalaban el verdadero carácter de ese proceso. El próximo gobierno, advertía en 1985 el arzobispo Próspero Perlados, será un «gobierno militarizado». En diciembre de 1985 un 47% de :os ciudadanos acudía a votar; de ellos un 63% lo hacía por la Democracia Cristiana, y así Vinicio Cerezo se convirtió en el primer presidente civil tras largos años de dictaduras militares. Esta «democracia» tutelada y diseñada por EEUU tuvo su continuación en el proceso electoral realizado el 11 de noviembre de 1990, en que la abstención se aproximó al 65% y cuyo resultado obligó a una segunda vuelta el 6 de enero de 1991, en la que ganó el candidato, perteneciente a una secta evangelista, Jorge Serrano, del Movimiento de Acción Solidaria (MAS).

Durante el mandato de Jorge Serrano aumentaron de forma alarmante las violaciones de los derechos humanos. A principios de 1993 se incrementaron los pronunciamientos de distintos sectores de la sociedad guatemalteca, al igual que de organizaciones y personalidades de ámbito internacional, manifestando su preocupación por la militarización, por ser generadora de violaciones de los derechos humanos.

El golpe de estado y la elección de Ramiro de León Carpio

El golpe de Estado correspondió a un plan que se perfiló desde meses atrás en los circuitos de poder bajo la dirección de la alta jerarquía militar.

A primeras horas del día 25 de mayo de 19S13, e! entonces presidente Jorge Serrano Elías dio a conocer la decisión de asumir la jefatura de Estado y las funciones legislativas, para lo cual suspendió las garantías individuales y fundamentales de la Constitución. Disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional. Las emisoras de radio y televisión fueron intervenidas, así como la prensa.

Los días anteriores al golpe se produjeron enérgicas protestas por la elevación de las tarifas eléctricas y la imposición de medidas de control a los institutos de enseñanza pública secundaria, que al ser reprimidas por fuerzas gubernamentales, se convirtieron en serios disturbios.

El golpe de Estado se vio frustrado por una repulsa generalizada dentro y fuera del país: el pueblo guatemalteco se movilizó desde el primer momento; el gobierno de EEUU y la Comunidad Europea impusieron sanciones económicas mientras persistiera la situación. El presidente Serrano se vio obligado a dimitir.

Constitucionalmente corresponde al Congreso elegir un nuevo presidente en ausencia del titular en cargo. Fue designado como presidente de la República de Guatemala el abogado Ramiro de León Carpio.

La actitud crítica de Ramiro de León frente a los gobiernos de Cerezo y Serrano y en algunas ocasiones frente al ejército, cuando era procurador de los Derechos Humanos (1989-1993), así como la actitud que adoptó frente al golpe, le dio un prestigio reconocido dentro y fuera del país, lo que le colocó en un lugar preferente para su elección y aceptación por parte de los distintos sectores.

Ramiro de León inició una campaña de depuración de los militares que apoyaron a Serrano. El Plan de Gobierno de Ramiro de León reafirmó la política de ajuste estructural, priorizó el cese de la intervención estatal en la economía, la reforma financiera y la privatización de empresas. Se propuso una reforma constitucional y se llevó a cabo una consulta popular al respecto (enero de 1994). La abstención del 85 % determinó un verdadero fracaso para la política del presidente De León Carpio.

Las elecciones de 1995

El 12 de noviembre de 1995 hubo elecciones generales. Se presentaban 19 partidos, pero esta vez había una grata novedad: por primera vez desde hacía muchos años se presentaba un partido de izquierda, el FDNG (Frente Democrático Nueva Guatemala), una coalición resultante de una alianza entre las organizaciones sociales de base que conforman la Asamblea del Sector Civil, que ha jugado un papel determinante en los últimos años, desde que fue creada en 1994.

En su programa electoral, el FDNG expresa su propósito de «terminar con el poder paralelo, la democracia de fachada y la militarización del Estado» y, a la vez, «luchar contra la discriminación de los pueblos indígenas».

En la primera vuelta electoral ganó el PAN (Partido de Avanzada Nacional), con el conservador Álvaro Arzú, con un 36%. Este partido representa a la derecha neoliberal. En segundo lugar, con un 22 %, quedó el FRG (Frente Republicano de Guatemala), liderado por el dictador Ríos Montt, el artífice de la política de «tierra arrasada» en los años ochenta, que no pudo presentarse como candidato a presidente porque la Constitución se lo impide por haber llegado al poder en 1982 con un golpe de Estado. En su lugar ha puesto a Alfonso Portillo, su «hombre de paja». Su partido representa a la derecha represiva.

En tercer lugar quedó la alianza de DC (Democracia Cristiana) , UCN (Unión de Centro Nacional) y PSD (Partido Social Democrático) con un 13%, en cuarto lugar el FDNG, con un 8%, consiguió seis diputados y dos en el Parlamento Centroamericano. Únicamente estos partidos lograron representación en el Congreso, pero como no se consiguió mayoría absoluta hubo una segunda vuelta el 7 de enero de 1996 entre los dos partidos más votados, es decir, entre el PAN y el FRG.

En la primera vuelta el FDNG tenía que superar lo insuperable en estas elecciones «limpias y transparentes» como las ha catalogado el gobierno guatemalteco. Su base social es mayoritariamente indígena, pero muchos no pudieron votar por no tener la documentación necesaria y por no estar empadronados. Por este hecho quedaron un millón y medio de personas privadas del ejercicio de sus derechos políticos, ya sea por factores socioculturales (indígenas, mujeres, jóvenes), políticos (CPR, retornados, desplazados) o socioeconómicos (población rural, lejanía, extrema pobreza).

La concentración de los centros de recepción de votos en las cabeceras municipales hacía que los habitantes de numerosas aldeas quedaran a dos días de camino hasta llegar a sus lugares votación. El gobierno noruego ofreció 12 millones de dólares para pagar el transporte a los indígenas y así facilitar a las poblaciones más pobres las condiciones indispensables para emitir su voto, pero el gobierno puso las trabas administrativas necesarias para que esa ayuda no llegara.

La militarización del país, el clima de represión e impunidad, con sus consecuencias de terror e intimidación, las grandes desigualdades sociales, la pobreza y el analfabetismo de amplios sectores de población, la discriminación racial, lingüística y de la mujer, configuran un marco muy poco propicio para un proceso verdaderamente democrático y transparente.

A todo esto hay que añadir la manipulación de los medios de comunicación, controlados por los partidos de siempre, y la campaña que hicieron en contra del FDNG, a quienes constantemente se acusaba de ser el partido de la guerrilla.

Los informes de los observadores internacionales oficiales, para los cuales el sufragio «en general» se realizó en un ambiente de tranquilidad y transparencia, libertad y seguridad, contrastan con el análisis que hicieron los observadores independientes, que denunciaron el contexto social, político, económico y cultural en que se desarrolló este proceso electoral y que ha incidido en el mismo, tanto de manera global como en el desarrollo puntual de las elecciones. Así también, denunciaron un sinnúmero de irregularidades: la compra de votos, la presencia de personas armadas en los centros de votación, la agresión física a algunos fiscales, el proselitismo durante la jornada electoral, la quema de urnas...

Pero el hecho más preocupante fue el incidente del corte de energía eléctrica de hora y media, que afectó a todo el país excepto al departamento del Petén en un momento clave de las elecciones (el recuento de votos) y que puso en peligro la vigilancia del escrutinio y dificultó la transmisión de datos.

La suspensión del fluido de energía eléctrica, que fue explicada de forma infantil por el gobierno (una rama que cayó en un poste eléctrica) , dio lugar a que los fiscales abandonaran los centros de votación ya que se produjeran acciones como el ametrallamiento de la radio Nuevo Mundo, la presencia de hombres armados en diferentes lugares, la quema de urnas y otros hechos preocupantes.

Es evidente que el apagón fue organizado por la inteligencia militar con el objetivo de controlar las elecciones.

En la segunda vuelta, el conservador Álvaro Arzú, del Partido de Acción Nacional (PAN) consiguió la presidencia de Guatemala en un proceso electoral muy ajustado, en el que el voto en la capital fue determinante. La abstención en los comicios fue del 62%, más alta que en la primera vuelta. Esto fue debido a que la mayoría de las comunidades indígenas mayas no se identificaron con ninguno de los dos candidatos. Esta segunda vuelta electoral se vio precedida por un clima de violencia incontrolada, hasta el punto que el presidente De León decidió, una vez más, sacar al ejército a la calle.

En los dos meses siguientes, 500 personas fueron asesinadas en el país, buena parte de los cadáveres presentaban señales de tortura y tiro de gracia. Sólo en la capital se producían 10 homicidios diarios. Una pareja del FDNG, ella embarazada de 8 meses, fue salvajemente asesinada en el departamento de Totonicapán.

Desde su llegada al poder, Arzú y el PAN, con el apoyo del FRG, aplicaron un programa de corte neoliberal.

La consulta popular sobre la reforma constitucional (mayo de 1999).

En la convocatoria del 16 de mayo de 1999 había que aprobar o rechazar cuatro paquetes de reformas constitucionales que suponían la plasmación legal de los acuerdos de paz firmados entre la URNG y el gobierno a finales de 1996.

La consulta popular constaba de cuatro preguntas referentes a los pueblos indígenas, al organismo legislativo, al organismo ejecutivo y a la administración de justicia. El resultado fue favorable al No. Los acuerdos referentes a los derechos de los pueblos indígenas son los que obtuvieron un resultado más ajustado (48% contra el 52%), mientras que el resto de reformas generaron un apoyo menor, aunque siempre superior al 40%. El rechazo a las reformas significa que ahora los acuerdos de paz no tienen ningún efecto legal en la realidad política de Guatemala y que, por lo tanto, su plasmación en transformaciones concretas dependerá de la voluntad política de los gobernantes de turno (hay que recordar que los acuerdos de paz no son acuerdos de estado). El país tendrá que seguir conviviendo con la misma constitución autoritaria que loS militares concibieron a principios de los ochenta. El resultado fue del todo inesperado. Las reformas constitucionales parecían contar con un amplio consenso y con el apoyo, formal por lo menos, de las tres principales formaciones políticas (PAN, FRG y FDNG-URNG), y también de la práctica totalidad del movimiento maya, sindical y popular. La explicación del fracaso proviene de la conjugación de diversos factores, entre los que se encuentran la desinformación, tanto institucional como por parte de los diversos agentes sociales y políticos favorables al Sí, quizás demasiado confiados y con la mirada puesta en las elecciones de noviembre; la elevada abstención (sólo votó el 18,55% de las personas censadas) ; una campaña contra las reformas constitucionales, a última hora, por parte de sus detractores; y, cómo no, hay que hablar de un proceso de democratización lento y con frecuentes retrocesos que han ido minando las expectativas de la población en demasiadas ocasiones.

En la convocatoria del 16 de mayo de 1999 había que aprobar o rechazar cuatro paquetes de reformas constitucionales que suponían la plasmación legal de los acuerdos de paz firmados entre la URNG y el gobierno a finales de 1996.

La consulta popular constaba de cuatro preguntas referentes a los pueblos indígenas, al organismo legislativo, al organismo ejecutivo y a la administración de justicia. El resultado fue favorable al No. Los acuerdos referentes a los derechos de los pueblos indígenas son los que obtuvieron un resultado más ajustado (48% contra el 52%), mientras que el resto de reformas generaron un apoyo menor, aunque siempre superior al 40%. El rechazo a las reformas significa que ahora los acuerdos de paz no tienen ningún efecto legal en la realidad política de Guatemala y que, por lo tanto, su plasmación en transformaciones concretas dependerá de la voluntad política de los gobernantes de turno (hay que recordar que los acuerdos de paz no son acuerdos de estado). El país tendrá que seguir conviviendo con la misma constitución autoritaria que loS militares concibieron a principios de los ochenta. El resultado fue del todo inesperado. Las reformas constitucionales parecían contar con un amplio consenso y con el apoyo, formal por lo menos, de las tres principales formaciones políticas (PAN, FRG y FDNG-URNG), y también de la práctica totalidad del movimiento maya, sindical y popular. La explicación del fracaso proviene de la conjugación de diversos factores, entre los que se encuentran la desinformación, tanto institucional como por parte de los diversos agentes sociales y políticos favorables al Sí, quizás demasiado confiados y con la mirada puesta en las elecciones de noviembre; la elevada abstención (sólo votó el 18,55% de las personas censadas) ; una campaña contra las reformas constitucionales, a última hora, por parte de sus detractores; y, cómo no, hay que hablar de un proceso de democratización lento y con frecuentes retrocesos que han ido minando las expectativas de la población en demasiadas ocasiones.

Las últimas elecciones (noviembre de 1999)

El 7 de noviembre de 1999 hubo elecciones generales. En el mes de mayo se anunciaba una coalición de fuerzas políticas progresistas que suponía la presentación de una candidatura unitaria y que abría grandes expectativas de resultados. Bajo las siglas ANN (Alianza Nueva Nación) se aglutinaban los sectores más próximos al movimiento revolucionario (URNG y FDNG) y los sectores progresistas más moderados (DIA y UNID). Sin embargo, en verano las cuatro formaciones ofrecieron un pobre espectáculo de enfrentamientos diarios en la confección de candidaturas que, además de provocar desconcierto entre los sectores populares guatemaltecos, supuso la ruptura de la coalición. Finalmente, el FDNG se presentó a las elecciones por separado. Por otro lado, cómo no, los dos grandes partidos tradicionales de la derecha se disputaban la presidencia: mientras el PAN luchaba por mantener los resultados del 95, el FRG lo hacía por invertirlos.

En la primera vuelta el FRG obtuvo el 47% de los votos, frente el 30% del PAN y el 12% de la ANN (URNG-DIA), mientras el FDNG quedaba muy por debajo del 2%. En la segunda vuelta, entre FRG y PAN, el partido de Ríos Montt cumplió el trámite y obtuvo la presidencia para Alfonso Portillo con un amplio margen: el 68% de los votos, ganando en todos los departamentos del país.

Si bien la elección de Portillo puede considerarse nefasta, los resultados aportan, por lo menos, dos buenas noticias. En primer lugar, el incremento de la participación, que sin ser elevada (el 54% de los votantes registrados), representa un incremento importante respecto a las elecciones de 1995. En segundo lugar, el resultado de la izquierda. La obtención por parte de la ANN de Álvaro Colom del 12% del voto válido y nueve escaños al congreso supone casi doblar los resultados del 95. Si la firma de la paz, con el retorno del exilio de gran número de refugiados y la incorporación de la URNG a la política, auguraban este incremento, los conflictos internos de la coalición electoral de izquierdas hacen que los resultados obtenidos sean positivos y superiores a lo que pronosticaban las encuestas.

La otra cara de la moneda la ofrece el FDNG, que, con menos del 2% de los votos, se queda sin representación y, por lo tanto, según la ley electoral guatemalteca, queda disuelto. Los sectores populares han dejado clara, pues, su opción respecto a quienes deben ser los cor1tinuadores de la tradición revolucionaria.

En cuanto al resto de formaciones políticas, sólo el Partido Libertador Progresista (PLP) llegó al 5%, mientras que ARDE (2%), UD-LOV (1%), UCN (1%), MLN (0,6%), AD (0,2%) y ARENA (0,1%) han quedado condenados a la desaparición.

En 1999 se han repetido básicamente los problemas que ya hubo en el 95: una parte de la población (principalmente indígena y mujer) privada de sus derechos políticos por falta de documentación, lejanía de los centros de recepción de votos en el área rural y el coste económico del desplazamiento para habitantes de comunidades que viven en extrema pobreza, manipulación de los medios de comunicación y, por supuesto, las tan impresionantes como despilfarradoras campañas propagandísticas del PAN y del FRGN.

Partidos políticos

Siglas de los principales partidos políticos:

PAN: Partido de Avanzada Nacional. Derecha ligada a grandes empresas y al capital financiero. Ganador en las elecciones de 1995.

FRG: Frente Republicano Guatemalteco. Derecha tradicional y ultraderecha, ligada a los militares y finqueros. Fundado por el general golpista Efraín Ríos Montt. Ganador de las elecciones de 1999.

ANN: Alianza Nueva Nación. Coalición de izquierdas compuesta por los partidos URNG y DIA y el comité cívico UNID. Tercera fuerza política en las elecciones de 1999.

FDNG: Frente Democrático Nueva Guatemala. Izquierda. Creado poco antes de las elecciones de 1995 por organizaciones del movimiento popular con el apoyo de la URNG. Aunque integrante inicialmente de la coalición electoral de la ANN para el 99, se produjo la ruptura pocos meses antes de las elecciones.

PLP: Partido Libertador Progresista.

Situación social