Durante cinco siglos, los derechos civiles y las libertades políticas de la población guatemalteca han sido sistemáticamente conculcados. En, los veinte años anteriores a la llegada de Vinicio Cerezo (1985) la represión dejó un saldo de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 40.000 secuestrados-desaparecidos, 1.000.000 de desplazados internos, 200.000 exiliados y refugiados, 440 aldeas destruidas durante operaciones contrainsurgentes, 200.000 huérfanos y viudas. Todo este período se zanjó con la promulgación del decreto-ley 8-86, que concedía amnistía a toda persona responsable (directa o indirectamente de violaciones a los derechos humanos con anterioridad a esa fecha, en que los militares hacen entrega del poder a los civiles.

La aparición de los secuestrados y desaparecidos es una de las demandas constantes por parte de amplios sectores del país y de la comunidad internacional, para una verdadera reconciliación nacional. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), desde su creación en 1984, ha realizado numerosas denuncias de desapariciones y recursos de habeas corpus sin obtener resultado alguno. La indudable autoría de estos hechos, que todas las organizaciones internacionales de derechos humanos y el mismo Gobierno atribuyen al ejército ya la inteligencia policial, parece imposible de probar. Por su acción de denuncia, las organizaciones han sufrido amenazas, secuestros, atentados y asesinatos. Tras el comienzo de los gobiernos civiles, las matanzas masivas continuaron, como la del Aguacate (1988) y la de Santiago Atitlán (diciembre de 1989). Todos los sectores fueron víctimas de la represión. En el campo fueron los miembros de los movimientos protierra y en lucha por un salario justo y los campesinos que se negaban a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil. Los cementerios clandestinos son una realidad en diferentes partes del país; las furgonetas sin matrícula y con los cristales oscuros siguieron secuestrando. Los «escuadrones de la muerte», de los que desde 1962 han aparecido treinta y tres nombres, siguieron actuando impunemente.

Durante los años de gobierno de Vinicio Cerezo se contabilizaron más de 1.300 secuestros o desapariciones y más de 4.000 asesinatos. Estas violaciones no cesaron con el gobierno de Jorge Serrano, sino que aumentaron de forma alarmante. En el momento del autogolpe protagonizado por Serrano Elías (1993) la situación, ya bastante grave, empeoró con las medidas de emergencia dictadas por el entonces presidente. Una vez superados los momentos de tensión, se produjo una disminución de las violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos.

Sin embargo, en el período de gobierno de Ramiro de León Carpio, que tantas esperanzas: había suscitado, se incrementaron las detenciones arbitrarias, los actos de terrorismo en lugares públicos, las amenazas y constante investigación a miembros de organizaciones populares y las ejecuciones extrajudiciales, así como los actos represivos en contra de la prensa. Se mantuvo el cerco militar a las CPR, y se incumplieron los acuerdos firmados con los refugiados. Se siguió practicando el reclutamiento militar forzoso.

La incapacidad de las autoridades para garantizar el derecho a la vida de los menores desprotegidos se pone de manifiesto con los asesinatos de niños de la calle.

Por otra parte, el sistema judicial no es independiente: constantemente se producen traslados y destituciones de jueces comprometidos en la investigación de violaciones a los derechos humanos, detenciones improcedentes, amenazas. En agosto de 1994 es asesinado un juez.

El 29 de marzo de 1994 el Gobierno y la URNG firmaron el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. A los pocos días se producía un atentado que costaba la vida al presidente del Tribunal Constitucional y que se atribuyó a los sectores más recalcitrantes del ejército, contrarios al acuerdo.

El aumento generalizado de la violencia dio pie a la instauración de un «plan de seguridad», que incrementaba la presencia de las fuerzas policiales y militares en la calle, y a la creación de un grupo de acción rápida y un grupo de elite para la investigación criminológica.

A finales de 1994 se instaló la misión de las Naciones Unidas para la verificación del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA).

En 1995 continúa la situación de violencia generalizada. Amnistía Internacional, en su informe anual, registra más de 150 ejecuciones extrajudiciales y decenas de desapariciones (activistas indígenas, retornados, religiosos, niños de la calle, sindicalistas y miembros de organizaciones populares), que atribuye a miembros de las fuerzas armadas, Patrullas de Autodefensa Civil y patrullas civiles. También denuncia casos de torturas, malos tratos, amenazas de muerte a defensores de los derechos humanos. Por otro lado, los avances en el esclarecimiento de casos antiguos son mínimos.

En Estados Unidos salió a la luz la implicación de la CIA en casos de torturas y desapariciones de ciudadanos estadounidenses o sus familiares, como el de Efraín Bámaca (comandante Everardo), miembro de la URNG “desaparecido” por el ejército en 1992.

En octubre de 1995, pocos días antes de las elecciones, mueren once personas en Xamán (Alta Verapaz) a manos de soldados.

En 1996 la violencia callejera sigue estando a la orden del día: secuestros “rápidos”, robos, ataques a fincas por parte de grupos que se autodefinen como revolucionarios.

Al mismo tiempo, se incrementan los desalojos violentos de fincas ocupadas por los trabajadores para reclamar mejores condiciones de trabajo, o bien por campesinos que piden que se resuelva su problema de tierra.

A principios de 1997, tras la firma de la paz entre el Gobierno y la URNG, continúan apareciendo cadáveres con el tiro de gracia, y se siguen denunciando casos de torturas. En febrero dos fiscales de narcoactividad sufren un atentado. En marzo asesinan a dos miembros de COPMAGUA (Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala) y en abril a dos líderes comunales.

En los dos primeros meses del año se han producido 12 linchamientos de supuestos delincuentes por parte de la población.

Todavía no se conoce el paradero de por lo menos 45.000 detenidos-desaparecidos por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.

Movimiento Popular