El Jueves 16 de octubre de 2003 a las 7:30 p.m. en la ciudad de Barrancabermeja, región del Magdalena Medio (Colombia), un grupo de tres paramilitares forzó a la señora ESPERANZA AMARÍS MIRANDA a subir a un carro frente a su casa en el barrio Versalles. Cinco minutos después Esperanza fue asesinada y su cuerpo fue abandonado en la calle frente al Colegio Camilo Torres. Su hija mayor, en un intento por salvar a su mamá, se aferró al carro donde se la llevaron y fue arrastrada casi 200 metros antes de caer. Esperanza, una mujer trabajadora y madre de dos hijos que se dedicaba a la venta de lotería, hacía parte de la Organización Femenina Popular (OFP) y días antes había denunciado ante la Fiscalía las amenazas recibidas de parte de los grupos paramilitares presentes en Barrancabermeja. La OFP también denuncia que cuando intentaron comunicarse con la policía en el momento en que sucedieron los hechos, no funcionaron los mecanismos de reacción inmediata que habían sido acordados en una reunión del Comité Operativo Intersectorial de Barrancabermeja.

La Organización Femenina Popular, que desarrolla en la región del Magdalena Medio un valioso trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres y de sus comunidades, viene denunciando con valentía el aumento de la presencia y el control social ejercido por los grupos paramilitares en el Magdalena Medio y exigiendo que las autoridades legalmente constituidas recuperen el control social y político de Barrancabermeja y del Magdalena Medio.

La Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” - de la que hace parte la Organización Femenina Popular - ha denunciado en sus Informes la situación de amenaza y agresión que han sufrido las organizaciones sociales de mujeres en el país por parte de los actores armados. En su informe de la visita a Colombia la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer describió la intimidación y persecución sistemática contra las organizaciones de mujeres como la OFP y señaló que [1] <mid://00000003/>:

(90) “(…)Las organizaciones de la mujer, sobre todo campesinas, indígenas y afrocolombianas, y sus dirigentes, han sido objeto de intimidación sistemática y se han visto perseguidas por la labor que realizan en defensa de la mujer y en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. Sus miembros no son los únicos que se ven directamente afectados. Sus hijos y los esposos o las parejas de estas mujeres han sido también asesinados debido a las actividades sociales y políticas de la mujer. Tal es el caso de organizaciones no gubernamentales como la Organización Femenina Popular (OFP), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) y la Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP).”

(91) “En su afán de lograr el control social y político de territorios en litigio, los grupos armados la emprenden con las organizaciones de la mujer por considerarlas un obstáculo visible profundamente arraigado en las comunidades, a las que tratan de utilizar para su beneficio propio o de lo contrario tratan de destruir. Las organizaciones que no se pliegan a los intereses de estos grupos se ven obligadas a llevar a cabo sus actividades en condiciones de inseguridad permanente y se ven cada vez más obligadas a abandonar o a transformar los métodos de trabajo de su organización.”

(92) “A partir de enero de 2001, la OFP[2] <mid://00000003/> ha estado recibiendo amenazas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares respecto del caso de la OFP.(…) La situación de seguridad de esta organización sigue siendo precaria.”

(93) “(…) La Relatora Especial expresa preocupación porque el aumento y la frecuencia de las agresiones contra las organizaciones de mujeres por parte de las facciones armadas surten efectos múltiples, simultáneos y desproporcionados en la participación de la mujer. (…) En este contexto es indispensable adoptar con urgencia medidas de protección adecuadas para garantizar el derecho de la mujer a la participación social y política en pie de igualdad.”

En su Informe de la misión a Colombia, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer incluye las siguientes Recomendaciones:

(116) "El Estado debería intensificar sus esfuerzos para luchar con eficacia contra los grupos paramilitares y velar por que las personas de las que se sospecha que han cometido violaciones de los derechos humanos, incluso autoridades públicas, sean llevadas ante los tribunales civiles. Deberían establecerse grupos operacionales en las zonas bajo control paramilitar para tratar directamente este problema y poner fin a las violaciones de los derechos humanos. Considerando la elevada proporción de violaciones de los derechos humanos perpetradas por los grupos paramilitares, el Estado debería adoptar una política firme para desenmascarar a estos grupos. Todo funcionario público que tenga vínculos comprobados con grupos paramilitares debería ser destituido, sometido a investigación y condenado".

(117) "El Estado debería prestar un mayor apoyo y protección a las organizaciones de derechos humanos que se ocupan de cuestiones de derechos humanos de la mujer o de asuntos de la mujer. (…) En las zonas apartadas, las organizaciones de mujeres están realizando una labor sumamente valiosa a nivel de base, por lo que merecen que existan sistemas apropiados de apoyo y medidas de protección. Tan pronto se empiece a luchar contra la impunidad y se enjuicien los casos de violaciones basadas en el género se estará enviando un mensaje en el sentido de que estos delitos se castigarán seriamente. Se debe atribuir alta prioridad y prestar seria atención al compromiso de entender los riesgos, aplicar medidas preventivas y brindar protección".

La Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”, exige el Estado Colombiano hacer efectivas las Recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, para que se proteja la vida de las mujeres y el derecho a la participación de las organizaciones de mujeres en el país.

Manifestamos nuestro profundo rechazo frente al asesinato de Esperanza y frente a todas las formas de militarización de la vida civil en Barrancabermeja y en el país.

En solidaridad con la Organización Femenina Popular y con todas la organizaciones de mujeres en Colombia,
Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”:
Bogotá, Octubre 17 de 2003