"Las fumigaciones no sólo arrasan la coca, arrasan con todo, hasta las casas las fumigaron y eso queda un líquido blanco...fumigaron hasta los estanques ... Yo como mujer me sentía culpable por haber cultivado coca y luego ver las montañas y todos los sembrados acabados, los árboles secos... Yo me preguntaba porque tenían que pagar los árboles por las cosas que uno hace... pero yo pensaba si el gobierno antes de las fumigaciones hubiera entrado a negociar con los campesinos, tal vez no hubiera sucedido eso... si el gobierno le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan pues nos hubiéramos ahorrado todo eso..."

Testimonio de una mujer del Putumayo

Afectaciones en las mujeres por la política antinarcóticos y la exacerbación del conflicto

1. Copamiento de los actores armados en la zonas de producción de coca:

A nivel nacional, el departamento del Putumayo es visto como una de las regiones epicentro de delicados conflictos de incidencia nacional, que convergen tras la dinámica impuesta por los grupos al margen de la ley que dominan amplios territorios y donde se produce un volumen importante de coca, para financiar sus actividades.

Varios municipios del Putumayo son catalogados como los pueblos más violentos de Colombia y en donde mayor grado de impunidad existe. Un 97% de los hechos no son denunciados a las entidades competentes para ser investigados, dicha situación obedece al miedo que impera en más de la mitad del departamento, a la inoperancia de la justicia y a la desconfianza de las personas frente a las entidades que la administran.

La Policía Nacional hace presencia en 10 de los 13 municipios del departamento, también está la Brigada 24, el batallón No. 1 antinarcóticos del Ejercito Nacional, los soldados campesinos y la red de informantes. Igualmente, la fuerza pública colombiana en este departamento cuenta con el apoyo militar de los Estados Unidos expresado en dotación de aeronaves para la fumigación, helicópteros artillados, entre otras ayudas

La presencia guerrillera en el departamento de Putumayo, data de los años 80´s, y en la actualidad la FARC es el único grupo guerrillero que queda en la región. Éste opera con cuatro de sus frentes: 2, 13, 32 y 48 del bloque sur; aproximadamente con 1.800 hombres, principalmente en el medio y bajo Putumayo.

Las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- bloque sur, con especial fuerza en el Putumayo están desde 1998 y desde esta fecha es clara su articulación a los intereses del narcotráfico. Su accionar ha estado dirigido a dominar el Bajo Putumayo, región estratégica para el tráfico de estupefacciones y de armas. Operan 5 frentes con cerca de 500 miembros (Defensoría del Pueblo octubre de 2002). Es así, como las FARC y las AUC, han logrando el control de la economía ilegal, como parte de su estrategia de fortalecimiento militar frente al conflicto. Los primeros, personificando la función de regular -bajo su "lógica guerrillera"- las conductas, las relaciones sociales, afectivas, laborales, económicas, políticas y ambientales de las comunidades en donde hacen presencia; y las segundas, operando como respuesta contrainsurgente, favoreciendo la concentración de tierras adquiridas con dineros del narcotráfico y buscando lesionar las finanzas de la guerrilla.

Adicionalmente a estas acciones de los grupos irregulares se suman la erradicación forzosa de cultivos de coca y los operativos contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas en la región, agudizando aún más las condiciones de la población civil asentada en estas zonas.

2. Las Fumigaciones en el departamento del Putumayo

Las fumigaciones en el Putumayo se empezaron a desarrollar en julio y agosto de 1997 con la aspersión de 516 hectáreas. En 1998 se fumigaron 3.950 hectáreas en el municipio de Puerto Guzmán. Luego, en el año 2000, se intensificaron las campañas de fumigación masivas en el Putumayo, bajo la estrategia del Plan Colombia.

Para el año 2001 en el Putumayo, principalmente en los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón y Puerto Caicedo se fumigaron 23.176 hectáreas y a partir de agosto del 2002 se reinició la fumigación. Los resultados siguen siendo pobres, pues en el año 2000 el Putumayo registró la extensión más grande de hectáreas cultivadas, comparadas con años anteriores, llegando a 66.022 hectáreas. En el 2001 con fumigación y con pactos de erradicación voluntaria sólo se percibe un leve descenso llegando a 66.000 hectáreas .

Las fumigaciones indiscriminadas han originado una pérdida de confianza en las entidades estatales y en las organizaciones ejecutoras de los programas de desarrollo alternativo. Por ejemplo, el programa de iniciativas locales para el desarrollo de alternativas de erradicación temprana -PILDAET- señala que la erradicación forzosa, está incidiendo en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas dentro del Programa, muchos proyectos se han visto afectados por la fumigación . Esta situación es un hecho contradictorio por parte del gobierno y de la cooperación internacional, por un lado se continúan entregando dineros para la financiación de proyectos alternativos que posteriormente son afectados y por el otro se continua apoyando con recursos para las fumigaciones del Plan Colombia.

3. Política antinarcóticos desarrollada por el actual presidente de Colombia.

El desarrollo alternativo en la administración Uribe se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo "Hacia un Estado comunitario", el cual concibe la política de desarrollo alternativo en el marco de la estrategia de "seguridad democrática", describiéndola como una "intervención integral, en torno a la generación de alternativas económicas y ambientalmente sostenibles para el desarrollo en zonas de conflicto", a partir del enfoque del desarrollo alternativo como esencia del desarrollo regional, sobrepasando el papel complementario que tenían las anteriores políticas; así mismo plantea que la estrategia de intervención debe adaptarse a las particularidades de cada región en conflicto.

La estrategia de "Fortalecimiento Institucional y desarrollo en zonas de conflicto", contiene tres líneas de acción básicas:

· Proyectos productivos y generación de ingresos: compuesta por proyectos forestales y agroforestales, encaminados a la recuperación, preservación y conservación de ecosistemas afectados por la expansión de los cultivos ilícitos. Tiene como meta vincular a 50.000 familias productoras de cultivos ilícitos, destinando cerca de 150.000 has. para uso comercial y 120.000 has. para la protección de cuencas hidrográficas y 1 millón has. para bosques naturales. En contraprestación cada familia recibiría 5 millones de pesos al año. · Fortalecimiento institucional y comunitario: A través de la legitimación del Estado como resultado de procesos de desarrollo y garantías de seguridad.

· Construcción y Mejoramiento de infraestructura física y social: Como parte del progreso y desarrollo que mejore las condiciones de infraestructura social básica en las zonas apartadas del país.

La aplicación de la política se fundamenta en primer lugar, en el reconocimiento de la incidencia que tiene el conflicto armado en las zonas de cultivos ilícitos, y en segundo lugar, en la participación de la comunidad para hacer efectiva sus estrategias de seguridad. No obstante detrás de esa definición de los programas de desarrollo, están implícitas peligrosas medidas para la legitimación del Estado a través del ejercicio autoritario del poder y el uso indiscriminado de la fuerza y para garantizar la recuperación de las regiones productoras de cultivos de uso ilícitos, regiones en donde el Estado no ha hecho presencia y donde convergen actores armados ilegales.

De igual forma, resulta preocupante involucrar a la población civil en el contexto del conflicto armado, desconociendo la obligación de salvaguardar la seguridad de las comunidades sin condicionamientos ni contraprestaciones a cambio de algún pago como guardabosques.

4. Cambio de una política antinarcóticos con énfasis en la eliminación de la producción de coca a una política que combina la lucha contrainsurgente con la eliminación de producción de coca.

El panorama de las políticas antidrogas en el país ha cambiado significativamente en los últimos años, a partir de 1998 se acelera un modelo mucho más represivo reafirmando la militarización en el manejo del problema, en el que se entrelaza la lucha contrainsurgente y la erradicación de los cultivos de uso ilícito, que luego se enmarca en el controvertido Plan Colombia en el año 2000.

El Plan Colombia concentra esta lucha en la estrategia militar, "destinando el 70% a la compra de helicópteros de combate, el adiestramiento y equipamiento de batallones del ejército, la entrega de aparatos sofisticados para los servicios secretos de las autoridades en Colombia" (Defensoría del Pueblo, Agosto de 2000.); privilegiando la fumigación como la principal herramienta de la actual política, en busca de conseguir grandes resultados a corto plazo. La sustitución voluntaria fue utilizada como bandera social del Plan Colombia, estrategia que no evidenció las acciones represivas de este plan en una región históricamente abandonada.

Por su parte, la estrategia contrainsurgente de programas de fortalecimiento militar y las acciones de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, han llevado a desfigurar los límites entre el fenómeno guerrillero, el narcotráfico y las comunidades campesinas e indígenas que subsisten de este tipo de economía. Bajo los argumentos de atacar la narcoguerrilla a través de la eliminación de la principal fuente de financiación, la fumigación se convierte en parte integral de los objetivos para acabar con ésta. La fumigación tiene efectos perversos como la criminalización del campesinado, además del impacto social y ambiental que provocan.

Lo anterior sumado a las acciones de fuerza de los organismos de seguridad contra la población civil y las fumigaciones indiscriminadas, expresan un vacío de legitimidad en el Estado social de derecho, que no termina por resolver la complejidad del conflicto ni potencia la región desde propuestas alternativas de desarrollo que transforman las condiciones sociales de la población.

5. Efectos de la política antinarcóticos y la agudización del conflicto armado en la vida y cuerpo de las mujeres.

La situación de las mujeres en el sur de Colombia no puede verse desligada de las condiciones históricas, su situación está atravesada por discriminaciones y subordinaciones ancestrales y por una cultura patriarcal que se agudiza en contextos de narcotráfico y guerra. Las mujeres son víctimas de los efectos que este fenómeno deja en su vida cotidiana y en su cuerpo. Las mujeres también sufren los efectos de las políticas del Estado. En dichas políticas las mujeres no son reconocidas como sujetos de derechos, ni gozan de políticas específicas.

Producto de la aplicación de la política antinarcóticos y de la acción de los diferentes actores armados en la región, se identifican los siguientes efectos sobre las mujeres:

5.1 Constante presión y tensión por los requerimientos del contexto

Las mujeres y la familia se han convertido en un escenario de expresión de las fuertes tensiones generadas por la dinámica del conflicto armado, expresado no solamente en la ruptura de vínculos familiares -por resentimientos profundos que surgen ante lo que se está viviendo, aislamiento de la familia, situaciones de desplazamiento o duelo por el asesinato de alguno de los integrantes familiares-, sino también por su instrumentalización por parte de los actores armados, tanto al margen de la ley como los que están establecidos institucionalmente. Las políticas implementadas refuerzan la situación anterior.

Las mujeres aparecen como unidades estratégicas para ejercer el control en las comunidades, pues los actores armados buscan una legitimación como autoridad resolviendo conflictos y aplicando sanciones, teniendo una directa influencia sobre la vida privada, y por lo tanto, entablando un control social en la comunidad, que muchas veces pone en mayor estado de riesgo a las familias. Dicho control se ejerce a la vez por diferentes grupos armados, provocando mayores niveles de violencia y autoritarismo.

5.2 Efectos en la salud mental de las mujeres

Las estructuras de control social instauradas por los actores armados han agudizado las manifestaciones de violencia intrafamiliar, de manera física y psicológica, introduciendo la amenaza como estrategia de control y debilitando la capacidad que la familia tiene para manejar directamente sus conflictos. Así a través de las normas que imponen, reproducen las identidades de género más tradicionales. Igualmente, ejercen un estricto control del cuerpo y la sexualidad femenina, en especial en las mujeres jóvenes quienes son víctimas de múltiples manipulaciones por su vulnerabilidad socioeconómica y por su situación social de bajo estatus y poder.

5.3 Efectos en el cuerpo de las mujeres

Es frecuente el asedio y abuso sexual al que son sometidas las mujeres jóvenes. Igualmente, su situación económica las impulsa a establecer acuerdos de pareja para generar soluciones prácticas a las situaciones que viven, sacando ganancia del cuerpo como valor de cambio en las alianzas que entablan con los actores armados. Los actores armados pagan a las mujeres por acortarse con ellos y de esta manera también manipulan el silencio por lo que sucede.

Las mujeres que mantienen una relación con alguno de los actores armados, suelen ser víctimas del maltrato de su pareja, ya que la resolución de los conflictos se ejerce desde las estrategias de guerra: autoritarismo, seguimiento, control, vulneración física y psicológica e incluso amenazas de muerte; a otras simplemente se les coarta este tipo de relaciones, pues en medio del contexto en que se viven, se convierten en objetivo militar al ser juzgadas como combatientes - aunque no lo sean - por las relaciones de pareja que entablan con alguno de los hombres de los grupos armados de la zona.

5.4 Efectos en los estereotipos sexuales que se imponen

Como ya se ha ilustrado, los actores armados ejercen control en la manera de vestir y comportarse de las mujeres. Igualmente, tienen inherencia en la forma de vivir y de asumir la masculinidad en los hombres de la zona. Por una parte los obligan a acatar la corporalidad tradicional masculina (pelo corto, no aretes, etc.) y por otra, los actores armados ejercen influencia en el acceso a los empleos determinando el orden político de la zona, que los hombres se ven obligados a aceptar para poder mantener su condición masculina como proveedores. Estos hechos desestructuran la masculinidad tradicional al limitar la libertad de acción en los hombres.

A los niños se les va generando un modelo de masculinidad fundamentado en la legitimación de las armas, los uniformes y ganar la batalla, es común encontrar que los juegos son juegos de guerra, de luchar y matar; mientras a las niñas se les sigue ofreciendo un modelo de roles femeninos tradicionales, aún cuando algunos grupos al margen de la ley, también las inserten a sus filas.

Por otro lado, las diversas violencias y las persecuciones que genera la dinámica del conflicto armado hacia las mujeres, no son tratadas en ningún espacio social ni institucional y sus hogares tampoco son un espacio para la expresión de los sentimientos de miedo, terror y dolor que viven cotidianamente por el conflicto.

5.5 Efectos en la seguridad alimentaria de las comunidades

Los efectos ocasionados por las fumigaciones a los cultivos alimenticios y a la flora en general, están poniendo en peligro las condiciones de seguridad alimentaria de la población, limitando la disponibilidad y acceso de los alimentos. Al destruir los cultivos agrícolas, se limita el acceso a unos mínimos requerimientos nutricionales de autoabastecimiento familiar. También se limita el suministro de alimentos suficientes para distribuir y comercializar, repercutiendo en los bajos o nulos ingresos de las unidades familiares campesinas. Las mujeres soportan la presión cotidiana del hambre y la escasez de alimentos.

5.6 Efectos en cuanto al desplazamiento

El desplazamiento incide en las mujeres de manera particular, ya sea por una acción forzada de los actores armados o por las condiciones en las que quedan sus parcelas después de la fumigación.

Los impactos del desplazamiento se dan mayoritariamente en la población de mujeres rurales. El trauma y la crisis las obliga a cambiar su existencia estable por una serie de circunstancias que las pone en una situación vulnerable, abiertamente desesperada, ya que significa una destrucción de su identidad social, relacionada con un cambio brusco en la forma en cómo dirigen sus vidas, pues dentro de sus comunidades de origen es normal que ellas pertenezcan al ámbito de lo privado, mientras que al hombre ya se le ha configurado en un espacio social y geográfico más amplio.

La Mujer no sólo pierde identidad social, ella debe encontrar un medio de subsistencia que asegure el bienestar de sus hijos/as, padres y madres, personas mayores a su cargo. Frente al escaso empleo y ante las demandas de cuidado sus niños/as las mujeres tienen dificultades para conservar sus empleos. Muchas veces tienen que recurrir a trabajos temporales, a las ventas ambulantes, pidiendo limosna o incluso prostituyéndose con el objetivo de obtener comida para sus hijos e hijas.

5.7 Dificultad para organizarse.- Las mujeres sin voz.

En el marco coyuntural que vive el departamento, y a pesar de los notables hechos de participación y organización de las mujeres, ellas están siendo vulneradas a través de la intimidación y amenazas de grupos armados, quienes pretenden coartar o controlar para sus beneficios los proyectos que las mujeres han emprendido. Así, el incremento de las acciones militares y la coerción por parte de todos los actores armados presentes en la zona, para lograr el control social y político del territorio, atentan contra la dinámica de las organizaciones de mujeres, y las convierte en objeto de estigmatización, lo cual limita sus capacidades de acción e incrementa el riesgo de perder sus vidas.

La situación anterior, ha obligado a muchas mujeres de organizaciones sociales a desplazarse hacia otras zonas, especialmente Mocoa, afrontando rupturas familiares, condiciones de extrema pobreza y la necesidad de buscar nuevas alternativas de sobrevivencia sin renunciar a los ámbitos de participación asumidos.

5.8 Postura crítica

Las mujeres son las que más han motivado a la población del departamento a hacerse participes de los programas de desarrollo alternativo, propuesto por el gobierno, como una alternativa para mejorar la baja calidad de vida que ha traído el cultivo de la coca.

Sin embargo el panorama es desalentador, sus intentos por acogerse a dichos proyectos han sido infructuosos, pues las políticas de orden nacional incrementan las fumigaciones produciendo mayores niveles de marginalidad.

6. Propuestas del Movimiento de Mujeres contra la Guerra

6.1 Las mujeres y los hombres del Putumayo tienen que tener voz y hacer parte de las decisiones de las propuestas alternativas para la sustitución de la coca.

La política antinarcóticos no ha tenido en cuenta las condiciones reales, necesidades y abandono en las que están los campesinos y las campesinas de la zona, tampoco tienen en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales y urbanas del Putumayo. Esta situación exige la redefinición del llamado "Desarrollo Alternativo" y del concepto de "Paz".

Es necesario que estos conceptos vayan más allá de querer acabar con la llamada economía de la guerra e incluso de la inexistencia de los actores armados al margen de la ley, se requiere que las políticas sean reorientadas desde un conjunto de procesos de desarrollo rural competitivo que solucionen las necesidades fundamentales y las condiciones de equidad de una población históricamente abandonada por las políticas estatales.

Las pequeñas productoras no han tenido un verdadero acceso a los procesos de capacitación, transferencia tecnológica y créditos como población beneficiaria de los proyectos de desarrollo alternativo, en razón de que las mujeres tienen menor acceso que los hombres a la posesión de tierras. La mayoría de las parcelas en las que trabajan las mujeres están inscritas a nombre del esposo o compañero, considerados como jefes de familia y por ende beneficiarios en mayor grado de estos programas.

6.2 Las mujeres hacemos énfasis en que los y las habitantes del Putumayo no pueden ser tratados como distribuidores o narcotraficantes. Ellos/as son productores/as de la hoja de coca.

A la cabeza del narcotráfico y su comercialización están grandes capos y carteles de la droga. Partir de este argumento implica que la acción punitiva se enfoque en quienes tienen el capital necesario para la producción de la droga. Igualmente, el sistema judicial tiene que hacer un gran esfuerzo por detectar y desmontar las rutas y las redes de aprovisionamiento de insumos, de armas y de lavado de activos. Otra alternativa es activar el debate internacional de la corresponsabilidad de los países consumidores y/o la legalización internacional de la droga.

6.3 Las mujeres instamos la urgente necesidad de darle una salida social, económica y política al problema y no una salida militar.

La militarización de la política antinarcóticos y su uso como estrategia contraguerrilla ubica al campesino/a como un enemigo interno, lo que contribuye a ampliar el paraguas de la ilegalidad y a minar la legitimidad del Estado.

Es responsabilidad del Estado asegurar y garantizar el derecho a la vida humana, animal y vegetal, a la integridad personal y a las condiciones de vida dignas de la población, por lo cual el Estado debe empezar a ejercer la soberanía sobre el planteamiento de las políticas, sobrepasar los intereses particulares y reconocer la naturaleza de la problemática, dando prioridad al tratamiento social de las comunidades vinculadas con la pequeña producción de la coca. Promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población, que aboguen por soluciones pacificas, que rescaten la defensa de la vida e integridad de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y a las comunidades y promoviendo procesos reales de desarrollo regional en aras de generar un desarrollo humano sostenible para el departamento.

6.4 Las mujeres instamos a que se instale la comisión de investigación científica sobre el glifosato y sus efectos en la salud de los seres humanos y en la vida vegetal y animal.

La población que ha visto la devastación de su territorio por efecto del glifosato y que ha padecido consecuencias de salud en su piel, vías respiratorias, afectación en los ojos, problemas en las mujeres gestantes, etc. siempre han pedido que se investigue científicamente lo que hace el glifosato en el ambiente y en la salud humana. Sin embargo, nunca han sido escuchados/as. Pero el gobierno colombiano tampoco escucha a la sociedad civil organizada que ha aplicado instrumentos jurídicos para que se hagan las investigaciones sobre los efectos del glifosato. Hoy y después de diferentes acciones jurídicas, el Ministerio de Protección Social tiene bajo su responsabilidad adelantar una investigación con la Universidad Nacional, que plantee científicamente los efectos del glifosato. Igualmente el gobierno colombiano asumió una responsabilidad internacional con el Ecuador de crear la Comisión binacional para investigar los efectos del glifosato sobre la población ecuatoriana.

6.5 Proponemos crear una veeduría nacional e internacional que haga seguimiento a la efectividad de la política.

Tal y como se ha demostrado a lo largo de este documento, la política antinarcóticos implementada en nuestro país no se corresponde con la complejidad de la problemática, mientras se fumigan los territorios y con ellos la vida de los/as pobladoras, los narcotraficantes cualifican sus sistemas de producción y distribución.

Mientras la política antinarcóticos se aplica desde el componente militar y de fumigaciones dejando poblaciones enteras en la total miseria, los narcotraficantes trasladan los cultivos a otras zonas del país e incluso a otros países sin afectarse realmente el negocio.