Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente República de Colombia
Popayán, Cauca

Señor Presidente

En 1985 nuestras autoridades tradicionales, en Tierradentro, emitieron la Resolución de Vitoncó, documento que mostró ante la opinión pública, por primera vez en Colombia, una posición social frente a los actores armados exigiendo respeto a nuestras autoridades legítimas ancestrales y a nuestra autonomía territorial. Contribuyó igualmente nuestra organización con iniciativas de paz en la década de los 80 que abrieron camino a la Constitución del 1991, primer acuerdo nacional que reconoció la diversidad étnica de la nación colombiana, dejando directrices muy claras frente al comportamiento del Estado con nuestros procesos y comunidades.

En carta del 2002, le expresábamos a usted: "La Asamblea Nacional Constituyente fue un escenario en el que los indígenas por primera vez y en forma directa, forjamos un protagonismo político y logramos influir para que muchas de nuestras reivindicaciones ancestrales fueran reconocidas y entraran a formar parte, tanto del espíritu como de la normatividad Constitucional. Por fin el Estado y la sociedad colombiana reconocieron la multiculturalidad y la pluriétnicidad, en donde las formas de ser, pensar y sentir propias de los pueblos indígenas se entienden como un enriquecimiento de las mismas bases de la nacionalidad colombiana. Sus idiomas, derecho, autoridades, cultura, territorio y cosmovisión propias, fueron reconocidos por la institucionalidad oficial. De igual modo, se reconoció la propiedad colectiva y los derechos territoriales ancestrales, los cuales son imprescriptibles, inalienables e inembargables, en los que se establecerá una institucionalidad propia, administrada según los usos y costumbres".

En la década de los 90, los pueblos indígenas del Cauca, ejercitando lo principios constitucionales, logramos concertar con el Estado colombiano acuerdos sobre las obligaciones de éste con nuestras comunidades a través de Convenios y actas de cumplimiento, la firma de un decreto presidencial, el 982/99 y el registro del CRIC como Autoridad Tradicional Indígena por mandato de los cabildos y comunidades. (resolución 025 de junio de 1999 del mininterior). Nuestras autoridades definieron, también, adjudicar una parte del resguardo Guambiano de La María Piendamó como Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil con el Estado colombiano. Ya en otros tiempos habíamos posibilitado que los acuerdos de paz entre el Estado y la insurgencia se realizaran en nuestros territorios.

Como puede observar señor presidente, nuestra búsqueda de la convivencia ciudadana y el participar de un Estado Social de Derecho no es una novedad, nuestras preocupaciones continúan siendo las mismas:

1. Exigir de los actores armados respeto a nuestra autonomía territorial y a las autoridades tradicionales y a las decisiones colectivas.

2. Reclamar del Gobierno Nacional y de las instituciones del Estado acatamiento a los mandatos y principios constitucionales.

3. Insistir en mecanismos de diálogo y Negociación para solucionar el conflicto social y armado que vive nuestro país pero con participación activa de la sociedad civil, evitando que se abran las puertas a que los crímenes de lesa humanidad se conviertan en leyes de perdón y olvido.

Sin embargo, es evidente el desinterés que muestran los actores de poder por proseguir un camino que beneficie estas búsquedas. Por un lado, observamos que a nadie le interesa respetar nuestras decisiones, por el contrario, se ha dado un recrudecimiento de la confrontación armada en nuestros territorios, con similitudes asombrosas en la estrategia militar:

*Mientras el Gobierno Nacional allana residencias de los supuestos colaboradores de la guerrilla en Toribío, Jambaló, San Sebastián, Bolívar, Totoró, Tierradentro y Santa Rosa, las FARC amenazan "...a familiares, amantes de policías y soldados y demás comunidad…" en el departamento del Cauca.

*Mientras el Gobierno Nacional se empeña en fortalecer la política de seguridad democrática con las redes de informantes, las recompensas, los batallones de alta montaña y los saldados campesinos, las FARC Ofrecen "recompensas por cada soldado campesino o profesional y policía muerto", promete "…la compra de cada fusil que sea recuperado…", invita "…a los habitantes de los municipios que estén en condiciones de atacar la fuerza pública…" " para que se unan a sus filas"

*Mientras el gobierno inventa políticas de seducción para que los guerrilleros se entreguen a las fuerzas militares del Estado, las FARC-EP invita "…a soldados y policías para que deserten…" y se unan a sus filas.

*Mientras el gobierno nacional obliga a los alcaldes y empleados a funcionar en sus municipios sin ofrecer ningún tipo de garantías para la vida, las FARC continúan sus amenazas de muerte sobre los mandatarios que no renuncien a sus cargos.

*Tanto fuerzas del Estado como de la guerrilla advierten a la población que deben abstenerse de admitir u hospedar en sus viviendas a personal de los bandos contrarios.

Por otro lado, las decisiones políticas del orden nacional, contradicen los mandatos constitucionales de respeto a los derechos humanos y las diversidades, siendo espectadores forzosos de la guerra biológica contra los cultivos de uso ilícito que afecta gravemente nuestra salud, cultivos de pan coger, el medio ambiente y nuestras semillas tradicionales; del recrudecimiento de los enfrentamientos armados que tienen como centro a la población civil; de los bombardeos sin tregua, día y noche, y de la ocupación de comunidades enteras al mejor estilo de los ejércitos extranjeros bajo el argumento de combatir al terrorismo; la judicialización de comunidades enteras, en especial de las organizaciones sociales señalándolas de ser auxiliadores de la guerrilla. Atónitos nos enteramos del recorte a los recursos de inversión social para sostener la guerra armada, el pago de la deuda y justificar la apertura económica y los acuerdos de libre comercio y como si fuera poco, la aprobación del Estatuto Antiterrorista que no es otra cosa que legitimar la violación de los derechos humanos.

Frente al anterior panorama llegamos a la triste realidad, que esta guerra no es entre ejércitos por el poder del Estado, sino de los ejércitos contra la población civil, en especial contra aquella población establecida en territorios que tienen importancia estratégica, bien sea de orden económico o militar, en donde se están fortaleciendo los escenarios de confrontación bélica, situación que mantiene en zozobra y alto riesgo de desaparición forzada a nuestras comunidades indígenas del Cauca y del país.

En diversas comunicaciones le hemos dicho que el montaje de bases militares o puestos de policía fomenta los enfrentamientos armados pues éstos no han demostrado ser la solución y por el contrario han probado que los riesgos para la población inerme son inminentes.

Tal parece que es política nacional, implementar acciones de guerra desconociendo las iniciativas sociales e intensificar el conflicto sin prever las consecuencias sobre la gente, que debería ser el centro de las políticas. Para nosotros ha sido claro que la confrontación viene agudizando la situación de violación de los derechos humanos en territorios indígenas y aumentado los índices de impunidad:

Toribío y Jambaló: Aumento de enfrentamientos, bombardeos y cruce de fuego que afecta viviendas, ganado, y personas, posteriores amenazas, allanamientos y promesa de recompensas a la comunidad por informes sobre cualquiera de los bandos.

Silvia: En el Resguardo Indígena de Quizgo un espacio del territorio esta minado, que según informes de algunos comuneros fue hecho por la misma policía porque es paso obligado por la guerrilla. En el Resguardo Indígena de Pitayó en la Vereda de Calambas sitio Monterredondo se ha dado el señalamiento por parte de la Policia que gran parte de la comunidad son colaboradores de la guerrilla, ordenando en las diferentes intervenciones aéreas el bombardeo indiscriminado sin medir las consecuencias en la comunidad.

San Sebastián: Asesinato de líder indígena por las FARC y presión del ejército nacional sobre familiares de comunero para que entreguen a un familiar que según ellos es insurgente; desaparición y posterior asesinato de un guardia indígena y de un miembro del cabildo Papayacta, y posteriores señalamientos de la Fuerza Pública sobre la comunidad como auxiliadores de la guerrilla y el caso del corregimiento de Valencia, municipio de San Sebastián donde fue asesinado un Guardia Indígena en extrañas circunstancias el día 17 de los corrientes.

Santa Rosa: Toma militar del pueblo el cual ha quedado aislado de toda información y bloqueo total sobre las comunidades indígenas de Piamonte y la posterior judicialización de más del 40% de la población bajo la acusación de ser auxiliadores de la guerrilla.

Almaguer: Asesinato de alcalde y dos concejales por parte de las FARC,

Puracé: Detención arbitraria de comuneros en resguardo indígena de Paletará, quienes tuvieron que permanecer desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente en bus escalera donde viajaban después del día de mercado. Enfrentamiento entre grupos colocando en riesgo a los estudiantes de primaria de la escuela y del colegio de bachillerato.

Totoró: Panfletos con amenazas a comunidades enteras con un primer resultado, el asesinato del comunero ARCADIO CONEJO SÁNCHEZ bajo el señalamiento de tener a sus hijos prestando el servicio militar,. Según el anterior comandante de la III Brigada, tenía un listado de líderes indígenas que colaboran con la guerrilla, lo cual ha sido interpretado como una amenaza por estar reclamando las exigencias de la colectividad de no ser reclutados.

Buenos Aires: presencia de actores armados, como paramilitares y guerrilla, así como bombardeos nocturnos que han colocado en alto riesgo a la población del Naya, la cual está aún a la espera de las soluciones prometidas a través de la Defensoría del Pueblo o las recomendaciones hechas por las Naciones Unidas al Estado colombiano.

En sentido de lo anterior, compartimos las reclamaciones de la ONIC, a la señora Martha Lucía Ramírez, entonces Ministra de Defensa Nacional, donde manifiestan su profundo y enérgico rechazo por las declaraciones del Coronel Montoya Sánchez, Subcomandante de la XVIII Brigada del Ejército con sede en Arauca, quien señaló de forma calumniosa y temeraria que los 545 indígenas desplazados en el templo católico de Saravena y en Alto Caranal (Tame), así como los 300 campesinos que se encuentran en este último sitio, actúan siguiendo orientaciones del ELN, o como las del oficial del Ejército, Gabriel Pinilla Franco, comandante del Batallón San Mateo de Pereira, que no dudó en señalar al Consejo Regional Indígena de Risaralda CRIR y al Consejo de Paz Indígena de la ONIC como brazos de la guerrilla.

Expresa la organización nacional que es evidente el objetivo de deslegitimar las exigencias de los desplazados y comunidades que reclaman por sus derechos, y lo peligroso de afirmaciones temerarias hechas por las fuerzas armadas de Colombia, lo cual convierte el trabajo de las organizaciones indígenas, de forma automática, en objetivos militares. Tal vez por ello es necesario que el ministerio responda a la pregunta planteada por la ONIC en el sentido de si es política del gobierno nacional, y especialmente de sus Fuerzas Armadas, descalificar todas las denuncias hechas por las organizaciones indígenas y señalar a las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan en los diversos lugares del país como auxiliadores de la guerrilla o agentes del terrorismo; pues para nosotros en el Cauca, esas mismas expresiones las escuchamos con frecuencia, ejemplos de viva voz los tenemos con los oficiales del ejército con quienes nuestras autoridades indígenas han cruzado palabras en Totoro, Sur Yanacona, Jambaló, Toribío.

En días pasados más de 300 indígenas visitaron Popayán, al enterarse que se realizaría la audiencia pública sobre el proceso seguido a 75 personas que fueron detenidas y sindicadas de ser paramilitares que actuaron en la masacre del Naya, para ellos no hubo garantías, ni se les invitó a participar del proceso, debiendo desfilar por las calles de Popayán para que la gente se enterara que a dos años y siete meses su problemas no se han solucionado y que aún no hay indicios sobre quienes fueron los autores intelectuales del genocidio, cuando se sabe públicamente que los paramilitares solo actúan donde les pagan, lo cual mantiene latente la impunidad sobre este crimen de lesa humanidad..

Por boca de ellos nos enteramos que varias misiones humanitarias que acompañan el proceso del Naya vienen exigiendo del Gobierno colombiano cumplimiento de su deber, en el sentido de garantizar los derechos fundamentales de la población afectada y cumplir con las recomendaciones de la ONU dirigidas a esclarecer la verdad, aplicar justicia, alcanzar una reparación integral por los daños causados a nuestras culturas y legalizar la entrega de los territorios ocupados por nuestros pueblos asentados en la región desde hace varios siglos.

Ante las condiciones descritas, nuestras comunidades manifiestan que la Constitución Nacional y lo pactado con los pueblos indígenas sigue siendo letra muerta; el Gobierno Nacional se resiste a acatar la Carta Magna y se obstina, por un lado, en reformarla y, por otro, en hacerse el de la oreja mocha para no cumplir con sus obligaciones, en una especie de declaratoria permanente de guerra silenciosa que tiene por objeto la desaparición forzada de nuestros pueblos. Por eso muchos de nuestros comuneros expresan qué si el referendo no tuvo acogida por parte de la mayoría de los colombianos, por qué el gobierno no acata ese mandato popular y archiva la pretensión de hacerle reformas a la Constitución nacional.

Como autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Cauca, agrupados en el CRIC, creemos conveniente alertar a las comunidades indígenas para que fortalezcan sus sistemas de resistencia colectiva, cuestionen el accionar de los ejércitos cuando éstos cometan irregularidades, coloquen en riesgo a la población civil o violen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en especial, venimos motivando a los comuneros para que junten esfuerzos en defensa del territorio y la autonomía y se nieguen a aceptar pertenecer a cualquiera de los grupos armados sean del Estado, sean de los que lo apoyan o de los que lo combaten.

También venimos demandando de los organismos de control e instituciones de justicia del Estado regulen el accionar de la fuerzas armadas de acuerdo a los mandatos constitucionales vigentes y exijan del gobierno nacional atender el llamado de las organizaciones de la sociedad civil que busca mecanismos de acercamiento hacia la paz y la convivencia de los colombianos, así como del respeto a los acuerdos internacionales, en especial los referidos a los grupos étnicos, la defensa y protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

A pesar de nuestra voluntad de creer en la institucionalidad creada con la Constitución Nacional, la realidad nos hace dudar de su existencia, y pareciera que solo nos queda la opción de convocar a los organismos internacionales de derechos humanos, a los países amigos de la democracia y las organizaciones solidarias y sociales del mundo para que estén atentos frente al comportamiento de los actores de la confrontación, pues en la actualidad no se observan garantías para el ejercicio de la democracia, ni para descentralización administrativa con autonomía presupuestal y de gobernabilidad, como lo explicitó el constituyente en 1991. De igual forma el comportamiento tanto de la guerrilla, que amenaza a quienes persistan en permanecer ejerciendo la administración municipal, como de los paramilitares, que obligan comportamientos de apoyo incondicional a la política nacional, limitan el ejercicio de la democracia en Colombia. Acompañando estos comportamientos están los medios de información que se empeñan en fomentar la idea que la movilización y la organización social son instrumentos de apoyo al terrorismo.

En este marco de referencia, es nuestra consideración:

- La verdadera seguridad en los territorios indígenas se garantiza no a través de los grupos armados, cualquiera que sea su origen, sino a través de nuestros propios medios y para ello es necesario garantizar el accionar de las autoridades tradicionales indígenas, respetando por su puesto su autonomía y la de las comunidades y así garantizar el papel de la Guardia Indígena y el control social a través del derecho propio en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena.

- De hecho, para garantizar esa seguridad, es indispensable impulsar el desarrollo en los territorios indígenas conforme a la concepción de cada pueblo, siendo necesario que el estado asigne los recursos para la ejecución de nuestros Planes de Vida.

- Consideramos que estas condiciones deben darse para evitar la violación de los derechos humanos, y evitar así los asesinatos, amenazados, líderes judicializados y desplazamientos de nuestros lugares de origen, ya que no queremos correr con la misma suerte de los compañeros del Naya.

Las anteriores consideraciones implican garantizar la ausencia de actores armados en nuestros territorios, es decir no a los batallones de alta montaña y no a la presencia de grupos armados al margen de la ley para lo cual proponemos el impulso de los procesos de diálogo y negociación o garantizar al menos que si se hace la guerra, ésta la hagan por fuera de nuestros territorios.

Ahora bien, nuestra posición no significa liberar al Estado de la responsabilidad de la seguridad de nosotros como colombianos, por el contrario reiteramos que es su obligación y por tanto responsabilizamos al Gobierno por toda acción violatoria de los derechos de los indígenas y los derechos humanos que suceda dentro o fuera de nuestros territorios.

Finalmente, manifestar nuestra inconformidad por la aprobación del Estatuto Antiterrorista, del cual estamos seguros agravará la situación de violación de los derechos humanos y que al respecto insistimos se tengan en cuenta las políticas del Derecho Internacional Humanitario y las recomendaciones hechas sobre el particular por la Organización de las Naciones Unidas.

Insistimos de todas formas, señor Presidente, en creer que la salida eficaz para los diversos conflictos que mantiene el pueblo colombiano es a través de la solución política y dialogada, siempre y cuando haya participación de la sociedad civil, en especial de sus procesos organizativos. En el mismo sentido, insistimos, para lograr un real proceso de paz, que involucre a los pueblos indígenas es imprescindible el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nosotros por el Estado colombiano, durante las dos últimas décadas.

Consideramos que hoy puede ser el día del inicio de un proceso de concertación hacia una agenda que agilice el trámite de los acuerdos pactados, entre ellos, los establecidos en el decreto 982/99.

Señor presidente y señores asistentes a este Consejo de Seguridad del Cauca: En el año de 1991 nos comprometimos con la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho y, aunque conocemos las dificultades para lograrlo, no queremos desfallecer en el intento.

Atentamente,

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC -