CAMPAÑAS - CONTRA LA GUERRA - COLOMBIA

NOS MANTENEMOS FIRMES EN NUESTROS PRINCIPIOS
Documentos públicos que son dos aclaraciones frente a las reuniones con el Estado

Comunidad de Paz San José de Apartadó
20-mayo-2003

Nuevas mentiras.
Informe de la Comunidad en reunión con el Estado el 15 de mayo de 2003.

NUEVAS MENTIRAS

La comunidad quiere dejar constancia de nuevas mentiras, atropellos, calumnias y engaños con que el gobierno responde a la difícil situación de la comunidad. El pasado cinco de junio a las 3 p.m. se tenía una reunión con el estado sin embargo la Vicepresidencia canceló la reunión a pesar de que había importantes exigencias de la comunidad como lo es la presencia permanente de Defensoría y la no militarización de los caseríos y lugares de trabajo de la comunidad.

El pasado 20 de febrero de 2003 en reunión con la Vicepresidencia, la comunidad presentaba el testimonio de Luvian Sepúlveda en donde, como ya lo dejamos en constancia a la historia, se exponían los planes de exterminio y montajes en contra de la comunidad.

En dicha reunión la Vicepresidencia planteó varios puntos en los que decía existían cosas oscuras dentro de la comunidad, y a lo cual la comunidad contestó con claridad. Nuevamente estas situaciones se dejaron claras en la última reunión del 15 de mayo de 2003 (Informe) con Vicepresidencia, Fiscalía, Procuraduría, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa ya que la Vicepresidencia seguía planteando estos puntos a varias organizaciones. En vista de que dicha situación continúa por parte de instituciones del estado, la Comunidad quiere dejar constancia de las aclaraciones que ha hecho ante tales calumnias auspiciadas por las fuerzas militares.

Las mentiras que nos buscan empañar y las transparencias con que hemos actuado son:

- En febrero del año 2002 las FARC entregaron una persona que tenían secuestrada y posteriormente lo asesinaron; este hecho sucedió a dos horas del caserío de San José de Apartadó. La Cruz Roja Internacional, junto con los familiares fueron a recoger el cadáver. Se nos acusa de que dicha acción fue realizada dentro de la comunidad lo cual es
totalmente falso ya que los hechos ocurrieron lejos de la comunidad. La comunidad realizó inmediatamente un comunicado público rechazando esta acción criminal de las FARC que viola el derecho Internacional Humanitario. Este comunicado se entregó a la comisión de Investigación en reunión de marzo de 2002.

- Un segundo hecho en el que trata de implicarse a la comunidad es el asesinato del señor Henry Tuberquia. Siempre ha sido evidente que los asesinos han venido desde fuera de la comunidad, todas las veces han entrado por la carretera y la cancha, entran encapuchados, con camuflado, arma larga y varias veces con prendas de la brigada XVII. En
todos los hechos siempre ha estado el ejercito alrededor y siempre hemos cuestionado la omisión y la participación de las fuerzas militares en todos estos hechos.

El asesinato de Henry Tuberquia hace parte de los casos de los que se ocupa la Comisión de Investigación y eso es claro para la Vicepresidencia. El señor Henry Tuberquia fue asesinado el sábado 15 de diciembre hacia las 7 p.m. en el caserío de San José; en ese momento la mayoría de la comunidad se encontraba en la vereda Arenas Altas en el
comienzo de la novena de navidad con las hermanas salesianas que se encontraban acompañando el proceso. En San Jos{e entraron unos seis hombres vestidos de camuflado con arma larga y venían de la carretera donde se encontraba el ejército; la comunidad dejó constancia de cómo los asesinos entraron y salieron por donde estaba el ejército y este no hizo absolutamente nada pese a escucharse los tiros. El cadáver lo bajó la comunidad acompañados por una hermana y sólo por autorización de la defensoría quienes había hablado y recibido autorización de la fiscalía para que se bajara el cadáver a Apartadó. La comunidad ve indignada cómo se cuestiona a la víctima cuando es el victimario el asesino el que debe ser cuestionado y juzgado.

- Se afirma también que no existe transparencia de la comunidad frente al hecho ocurrido con Amanda Usuga. En dicho caso la comunidad ha exigido una investigación clara y recta. Además hemos dejado claro que frente a dicho episodio existen cosas bastantes raras que nos hacen plantear que es un montaje, posición que afianzamos al conocer varios testimonios que demuestran el accionar de muerte contra la comunidad; dichos testimonios han sido conocidos por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU debido al alto riesgo de las vidas de los testigos.

- El ultimo punto de cuestionamiento que en forma vil se expone para querer enlodar la comunidad es la de Eliodoro Benítez alias Torolo. En la reunión del pasado febrero de 2003 la Vicepresidencia sacó el nombre de este señor señalando que él acusaba de varios aspectos a la comunidad. Esta persona ha realizado acciones de muerte y vandalismo con
la comunidad como paramilitar. El señor Heliodoro acusa a los líderes y acompañantes de la comunidad de tener nexos con la guerrilla, de estar implicados en varias acciones de muerte. Para la comunidad es evidente la semejanza del plan que ya habíamos hecho público y que se dio a conocer por el testimonio de Luvian Sepúlveda con este en el que está
implicado el señor Benítez ya que por sus falsos testimonios se busca poder judicializar a la comunidad; es claro que tal y como hemos denunciado ellos han dicho que si no funciona esta acción jurídica se emprenderán acciones de muerte contra los líderes y acompañantes.

Creemos que para este aspecto del señor Eliodoro Benítez lo mejor es mostrar la realidad y es ella misma la que devela la verdad. El señor Heliodoro Benítez cuando comenzó en marzo de 1997 vivía en la vereda Arenas Altas allí vivió por casi un año, situación que siempre llevó a la comunidad a tener distancia con dicho señor ya que mientras todo mundo había sido desplazado de las veredas, él permanecía allí en la vereda. Ante esta situación la comunidad nunca tuvo ninguna clase de relación con dicho señor; en 1999 él se trasladó hacia las afueras del caserío de San José allí comenzó a vender licor por lo que la comunidad realizó marchas pacíficas contra esta venta de licor. La reacción de esta persona fue insultar y amenazar a la comunidad.

Ese mismo año el señor Benítez se fue de San José hacia Apartadó, allí se le comenzó a ver en el terminal y luego ya apareció con los paramilitares armado y realizando acciones de muerte. El participo en acciones conjuntas de paramilitares y militares como la quema de casas del 5 de marzo de 2001, el asesinato de Humberto Mora el 19 de abril de 2001, el asesinato de Gilma Graciano el 30 de marzo de 2002, en el
asesinato de los conductores en el 2002, en cantidad de retenes con los paramilitares amenazando y quitándole los mercados a la gente diciéndoles que eran guerrilleros. El señor Heliodoro Benítez fue detenido en el segundo semestre del 2002 cuando asesinaba a una persona en Apartadó.

Es innegable la participación de este señor en el baño de sangre que ha enlutado a la comunidad, pero indudablemente esa es la lógica de la injusticia en la que el victimario termina siendo una víctima a la que el Estado no duda en dar crédito y utilizarle en contra la comunidad. Creemos sin embargo que la historia, la justicia mostrarán y evidenciarán la verdad de las víctimas y dejarán al descubierto los planes asesinos y las mentiras que los victimarios utilizan contra procesos en dignidad y transparencia.

La Comunidad de igual forma rechaza y deja constancia de las detenciones que ha realizado el ejército contra varias personas de las veredas. El martes 3 de junio de 2003 fueron detenidos como a las 11 a.m. en la vereda Buenos Ares el señor Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano y la señora Marina Osorio cuando se dirigían a la vereda Mulatos donde viven; ellos llevaban el mercado para su familia. Ellos fueron bajados a Apartadó y acusados de ser guerrilleros, en la noche fueron dejados en libertad. Al otro día, el miércoles 4 de julio en la mañana, cuando iban a coger el carro hacia San José fue nuevamente detenida la señora Marina Osorio, quien hasta el momento se encuentra detenida.

El sábado 7 de junio de 2003 fue detenido el señor Araminto Borja en la vereda buenos Aires a las 12 p.m., llevaba una ollita con comida para unos trabajadores que tenía trabajando en la finca. Fue detenido por el ejército y acusado de llevarle comida a la guerrilla, fue bajado con la olla hacia Apartadó y se encuentra hasta el momento detenido en la Brigada.

Pese a que estas personas no pertenecen a la comunidad nuestra obligación moral es dejar constancia de estos atropellos y de acciones infames contra campesinos de la zona. De nuevo manifestamos nuestra decisión de mantenernos firmes en nuestros principios pese a las acciones de muerte, de calumnia y de mentira con que se nos ataca. Creemos que nuestro caminar en transparencia mostrará la historia de la verdad de las víctimas que dista mucho de la verdad de los victimarios, ya que la verdad de las víctimas siempre coincide con la verdad de los hechos.

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Informe de la Comunidad en reunión con el Estado el 15 de mayo de 2003.

La Comunidad de Paz quiere dejar constancia de los aspectos esenciales que se trataron en la reunión del 15 de mayo del 2003. A dicha reunión además de los representantes de la comunidad asistieron la vicepresidencia, Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio del Interior, Procuraduría, fiscalía, defensoría, Ministerio de defensa, la oficina de derechos humanos de la ONU.

La reunión se inicia con los planteamientos de la comunidad, allí se hizo referencia a los tres puntos expuestos al señor Vicepresidente de la república en reunión del mes de septiembre del 2002. Los puntos tratan la no militarización de los lugares donde la comunidad tiene presencia es decir el caserío de San José, La Unión y Arenas Altas, así mismo que no estén en el lugar cuando la gente está trabajando en el campo; el segundo punto es en relación a la evaluación de la comisión de investigación y que para ello todos los procesos se unifiquen en un solo proceso. Allí se planteó que una comisión realizara la evaluación de forma independiente y que estuviera compuesta por una persona de defensoría, otra persona de derechos humanos del senado, una persona de la oficina de derechos humanos de la ONU y una persona de la Comisión Interamericana. El tercer punto hace referencia a medidas de protección de la comunidad.

Además de estos tres puntos la comunidad expuso las diversas acciones que se han dado en contra de la comunidad por parte de ejército en forma conjunta con grupos paramilitares, tales como el asesinato de la niña en la vereda Cristalina, las torturas de diversas personas de la comunidad, los retenes donde se desnuda a la gente, los montajes y detenciones contra miembros de la comunidad, los bloqueos y robos de alimentación.

De igual manera la comunidad dejó claras varias situaciones que eran utilizadas en forma falsa a nivel nacional e internacional por parte del gobierno y los militares, tales como:

1.-El gobierno ha acusado a la comunidad de que una persona secuestrada por las FARC y asesinada por ellos en el mes de febrero del año 2002 fue realizado en San José dentro de la comunidad, lo cual es totalmente falso el hecho sucedió a dos horas de la comunidad en zona rural, donde fue entregado el secuestrado a sus familiares y luego asesinado, testigos de ello son la Cruz Roja Internacional que junto con la familia recogieron el cadáver, así mismo la comunidad realizó una constancia de esta violación contra la vida.

2.-Se ha acusado a la comunidad de tener culpa en los asesinatos que han ocurrido dentro de la comunidad y el ejército ha hecho hincapié en el asesinato en el mes de diciembre del 2001 del señor Henry Tuberquia. La comunidad hizo claridad que siempre los asesinatos que han ocurrido en San José y en la Unión los asesinos han venido de afuera, siempre con uniformes de camuflado, armas largas y varias veces con insignias de las fuerzas militares. Así ha ocurrido en hechos como en el asesinato de Aníbal Jiménez miembro del Consejo asesinado con dos miembros mas en abril de 1999, en la masacre de la Unión donde asesinaron a cinco coordinadores de la comunidad en julio de 2000, el mismo año cinco personas asesinadas en San José en febrero, la quema de 17 casas en marzo de 2001, el asesinato de Henry Tuberquia en diciembre de 2001, el asesinato de Eliécer Guzmán en junio de 2002. Todos estos asesinatos fueron realizados siempre por gente que llegaban desde afuera; en el caso del señor Henry entraron seis hombres de camuflado y arma larga en la noche, las seis personas entraron y salieron por donde se encontraba el ejercito el cual no hizo absolutamente nada.

3.-Un tercer punto es la mentira con relación a la no interlocución con las autoridades locales, la comunidad mantiene una relación estrecha con la defensoría, la personería y en acompañamiento con la diócesis a través del señor Obispo. Con el Alcalde no se mantuvieron mas reuniones después de que él en las reuniones que se le pedían, colocaba a otra persona, no nos recibía personalmente; además en dichas reuniones se de´cían mentiras tal y como el ministerio del interior pudo ser testigo. Asimismo el alcalde, según los militares, plantea la militarización de la comunidad, situación que va en contra de la esencia de la comunidad. Frente al ejército podemos decir que la comunidad se reunión con varios generales pero ante la burla y la mentira de tantas muertes contra miembros de la comunidad donde están implicados los militares la comunidad no volvió ni volverá a reunirse con los victimarios es un deber ético.

4.-En relación con la detención de Amanda por unos explosivos que se encontraron en el carro donde ella viajaba, existen testimonios de que se trató de un montaje contra miembros de la comunidad.

Después de estas aclaraciones de la comunidad se dejó claro que la comunidad denuncia a cualquier actor armado que la atropella y que no se callaría ante las amenazas, de igual forma no iba a dejarse manipular por ningún actor armado, ni permitir que la involucraran con ninguno de ellos ni que la colocaran en objetivo militar al estar con alguno de ellos que es un derecho universal que va mas allá de las políticas del gobierno de seguridad democrática, así mismo no iba a convivir con los victimarios ya que es una exigencia ética universal de justicia. La comunidad ha exigido presencia civil de una persona de defensoría nacional y procuraduría en forma permanente en la comunidad.

De igual manera se solicito un informe sobre el caso de la niña asesinada, sobre los archivos de inteligencia en contra de la comunidad, los montajes y los procesos jurídicos que se quieren hacer desde ellos.

Ante esto el gobierno a través de vicepresidencia expuso varios puntos:

1.-Que el ejército podía estar en cualquier lado y que esto respondía a la posición a la política de seguridad democrática.

2.-Mantener relaciones con la defensoría y el Obispo.

3.-Evaluación de la comisión de investigación por parte de los integrantes de la comisión de investigación (fiscalía, procuraduría, defensoría, vicepresidencia, la comunidad y la oficina de derechos humanos de la ONU.

4.-Interlocución constante con la vicepresidencia.

5.-Visitas periódicas de la vicepresidencia a la zona.

Ante estos puntos se le expuso por parte de la comunidad que la militarización era un atentado para acabar la comunidad; sobre la evaluación que es necesario discutir cómo y quiénes la integrarían, las visitas la comunidad las había pedido además que una comisión de instituciones del Estado podrían dialogar con las autoridades y demás entes de la zona para dejar claro las posiciones de la comunidad, así como el poder visitar las veredas y poder apreciar las necesidades y las acciones en contra de campesinos, frente a la relación con el obispo y la defensoría son relaciones estrechas.

La Vicepresidencia se levanto de la reunión y dejo esos puntos para discutir en otra próxima reunión. Ante la consulta de la comunidad sobre si las demás instituciones tenían poder de decisión y ellas manifestar que no se planteo una reunión para el 5 de junio y tomar decisiones ante las peticiones de la comunidad.

La comunidad de nuevo reiteró la necesidad de presencia de defensoría y procuraduría en forma permanente y la no presencia del ejército allí, nunca se ha pedido despejes o que el ejército no opere en la zona pero que no este en los lugares donde se encuentra la comunidad, el hacerlo implica un atentado mortal contra el proceso y contra posibilidades de que la población sea respetada en medio del conflicto lo cual es un derecho universal. Así mismo que la se realice la evaluación de la comisión de investigación y se tomen las medidas de protección en pro de la comunidad. Estas peticiones han sido colocadas en dentro de las medidas de la Corte Interamericana quien ha colocado en su fallo la concertación con la comunidad de las medidas que se tomen para su seguridad y protección. Dicho fallo tiene un carácter universal y creemos de carácter obligatorio en pro de la vida para los Estados que se han suscrito a ella.

Agradecemos la presencia y el respaldo de la oficina de derechos humanos de la ONU. Acudimos nuevamente a la solidaridad internacional para que nos apoyen y se evite este atentado de querer acabar la comunidad con militarización, así mismo el poder realizar una evaluación de la comisión de investigación en pro de la justicia y contra la impunidad, así como que cesen las acciones de muerte contra la comunidad y de montajes contra sus miembros y acompañantes. Hemos dejado claro toda una cantidad de mentiras y nos mantenemos firmes en nuestra transparencia y nuestros principios.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Mayo 20 de 2003

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