UN CAMINAR EN DIGNIDAD

Nuestro caminar como Comunidad de Paz de San José de Apartado lleva un recorrido de 66 meses desde la declaratoria el 23 de marzo de 1997. En dicha declaratoria, que contiene los principios que día a día hemos vivido, ha sido claro el no apoyar a ningún actor armado y por ende el que no exista presencia de ninguno de ellos en el lugar donde habitamos como Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Durante este tiempo como comunidad hemos experimentado diariamente una cantidad de acciones terroristas contra nuestro proceso, que han venido desde los diversos actores armados. Nuestra posición de no participar con ninguno de ellos, ni de estar con ellos, ha provocado quizás el ser atacados por los diversos actores armados.

Las acciones que hemos sufrido han sido: masacres, asesinatos, quema de cosechas y de nuestras casas, amenazas, torturas, calumnias y todo un recorrido de impunidad y de  acciones contra nuestro proceso. Son más de cien asesinatos contra nuestra comunidad en donde el accionar de los militares en tales hechos ha sido irrefutable, no solo por nuestro testimonio, sino también por el de innumerables personas que han estado junto con nosotros: nacionales e internacionales, religiosos y laicos, acompañantes.

También la guerrilla de las FARC nos ha agredido en algunas ocasiones, especialmente el 6 de octubre de 1997 cuando asesinó a 3 miembros de nuestra Comunidad de Paz, incluyendo a un miembro de nuestro Consejo Interno, Ramiro Correa.

Nuestra posición clama por la justicia histórica, por el sentido de humanidad y solidaridad. Muchas veces se nos critica nuestra opción de no estar con los actores armados ya que esto, según dicen algunos, no va de acuerdo a los códigos, pero nuestro argumento es mas fuerte, ya que acudimos a principios éticos de justicia universal, en donde la víctima no puede estar con el victimario; es un deber mas fuerte que cualquier código y se apoya y sustenta en la historia y en el sentido de  humanidad.

Es desde esta posición de humanidad, de memoria histórica, de justicia universal, de donde partimos para vivir diariamente en solidaridad, en trabajo comunitario y en grupos. Sabemos que las estigmatizaciones contra nuestra comunidad, contra nuestra gente, no tienen mas argumentos que la mentira, la calumnia y no tienen otro objetivo que despojarnos de nuestra tierra, de nuestro trabajo.

Si somos culpables de algo, es de crear caminos de vida, de generar alternativas de dignidad, pero nos sentimos orgullosos de ello, y sabemos que el costo para crearlos diariamente  ha sido la muerte y el que atenten continuamente contra nuestro proceso.

Queremos aprovechar para dejar constancia de nuestra firme decisión de no retroceder frente a estos principios de vida, de dignidad, y estar dispuestos, desde nuestros argumentos de comunidad y solidaridad, a resistir hasta lo último. Queremos poner a la historia, a la humanidad, como testigos de este esfuerzo, y poner al mundo como nuestro apoyo en esta búsqueda ética de la vida.

Por ello no podemos sino rechazar todo aquello que genere muerte, como han sido las armas de los asesinos que nos intimidan, acribillan, nos masacran y nos desplazan. Rechazamos cualquier presencia de cualquier actor armado en los lugares donde estamos como comunidad; rechazamos cualquier involucramiento en acciones armadas, y por ende, nos negamos a apoyar a cualquier actor armado. Nuestra experiencia de años de sufrimiento nos hace ver y hablar con claridad de la guerra, y sabemos que la única alternativa para nosotros es la que hemos tomado y ninguna otra.

Le apostamos a la vida con dignidad y no cedemos a otra cosa que no sea ello;  esperamos que las consecuencias de esta decisión no sigan siendo las que han sido hasta el momento, como: represión, asesinatos, calumnias, impunidad.

Creemos que después de esta reunión en la cual dejamos constancia de nuestro proceso y  decisiones, tendremos eco en el Estado, para ser respetados en nuestra opción, que universalmente no está en contravía de lo que se predica como dignidad, justicia social, paz, acciones que vivimos diariamente. Ojalá se llegue a  reconsiderar la opción por seguir atacándonos con intención de acabarnos, y, por el contrario, se busquen espacios como los que hemos creado en otras comunidades, donde los integrantes de la población civil logremos ser respetados y podamos sobrevivir con nuestros principios y posiciones sin ser por ello asesinados.

Queremos dejar este documento como constancia. En él hemos planteado, además de nuestra realidad y de nuestros principios, unas propuestas que hacemos para que sean analizadas por el Señor Vicepresidente.

Es por ello necesario hacer historia de lo que ha sido la interlocución con la Vicepresidencia de la Republica

El RECORRIDO:

Nuestra comunidad, a pesar de los diversos golpes que ha recibido, siempre ha buscado justicia para tales acciones; por ello no ha ahorrado esfuerzos para facilitar el que se pudieran encontrar resultados en algo tan esencial y que es un derecho universal, como es la justicia debida a la víctima.

Pese a las visitas de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Vicepresidencia, del Ministerio del Interior, de la Defensoría, entre otras instancias del Estado, la justicia no ha llegado, ni los victimarios han respondido por lo que han hecho; por el contrario, han podido incrementar sus acciones criminales.

El ambiente de muerte continuó contra nuestro proceso, incrementándose hasta el día de hoy. A raíz de la masacre de julio de 2000 en la vereda la Unión, (perteneciente a nuestra Comunidad, donde asesinaron a seis miembros de la comunidad en acciones conjuntas de militares y paramilitares) nuestra Comunidad acudió, como ultima instancia, al Vicepresidente de la Republica, para que se conformara una Comisión Especial de Investigación que iniciara la investigación de esa masacre. Nos movió a ello el papel especial de protección y promoción de los derechos humanos que se le ha asignado a la Viceprisidencia.

La comisión de investigación se conformó, quedando compuesta por la Vicepresidencia, entidad que coordinaría la comisión de investigación; la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta comisión comenzó a funcionar hacia septiembre del 2000. Viendo toda la cantidad de asesinatos contra nuestra comunidad, la comisión planteó el ampliar sus funciones, no solo a la masacre de julio sino a los demás casos, esto porque permitiría según ellos  un trabajo mas eficaz.

Sin embargo, la conformación de la comisión tenía dos objetivos claros, uno buscar justicia frente a los responsables, y el segundo prevenir acciones contra nuestro proceso, los dos objetivos eran complementarios, pues veíamos que toda acción de justicia ejemplar contra los victimarios conllevaría a generar acciones de prevención .

Con todo, los años fueron pasando y los resultados no se vieron.  Más de 70 personas que declararon por parte de la comunidad, sin quererlo, fueron haciendo que casi toda la responsabilidad de la investigación quedara en la comunidad misma, pues sus declaraciones fueron quedando solas en los expedientes, y a pesar de ser contundentes, los agentes judiciales no iban en búsqueda de otros elementos que permitirían dar mayor avance y resultados a las investigaciones.

Se programaron reuniones para mirar el desarrollo del trabajo y sus alcances, sin embargo estos eran nulos y, lo peor, las acciones de prevención no eran eficaces, prueba de ello es que después de la masacre  del 8 de Julio de 2000, cuando se creó la  comisión, se han perpetrado mas de 30 asesinatos, desplazamientos, masacres, quemas de casas y cosechas, bloqueos económicos y de alimentación, robos a nuestros productos, etc.

Realmente el trabajo de la comisión ha sido muy pobre y los dos objetivos han sido nulos. En el mismo seno de la misma Comisión la Comunidad siempre pidió y exigió la presencia del Estado pero una presencia no militar, ya que indudablemente uno de los grandes victimarios de la comunidad han sido los militares. Por eso pedimos presencia del Estado a través de una persona permanente de la Defensoría del Pueblo, una de la Vicepresidencia, que pudieran indudablemente tener un carácter de prevención y detener este derrame de sangre, pero sin embargo no fuimos escuchados, como tampoco nos escucharon respecto de los problemas de la educación, en lo de la carretera, en la misma salud y en tantas otras necesidades.

Ante esto, la Comunidad, después de reuniones y reuniones infructuosas, en donde las investigaciones no daban resultado y en donde las acciones preventivas han conllevado a realizar su acción en contra de la Comunidad, nosotros mismos solicitamos una evaluación profunda de la Comisión de Investigación. En dicha reunión se acordó que se nos tendría en cuenta y se nos convocaría. Dicha reunión fue en marzo, y pese a la grave situación de bloqueo y de asesinato por parte de paramilitares, con apoyos de retenes militares, no se ha dado ninguna respuesta hasta el momento. La acción preventiva, que no fue eficaz, quedó anulada al no responsabilizarse nadie del Estado ante la situación. Simplemente la respuesta era militarización, respuesta que no era al problema, pues de nuevo reiteramos que el victimario no puede ni proteger ni dar justicia a su víctima.  Este es un principio mínimo universal de justicia.

En los últimos días nos hemos enterado por los periódicos de la captura de Heliodoro Benítez, una persona de la zona que desde hace mas de dos años estaba trabajando con los paramilitares y que en los asesinatos de abril y mayo contra la Comunidad se le vio con otros paramilitares realizando sus acciones en los retenes militares.

Creemos que esta captura se dio en  flagrancia, cuando Benítez asesinó a una persona en el centro de Apartadó. Creemos que no ha sido fruto de un trabajo de acción real de justicia, como para darles castigo a los asesinos de tanta barbarie en San José.

La captura de esta persona no es argumento suficiente para demostrar una supuesta eficiencia de la Comisión de Investigación, pues ni el señor Heliodoro Benítez estuvo en todas las acciones, ni tampoco actuó solo. ¿Dónde están los militares que actuaron conjuntamente y que ordenaron tales acciones?  ¿dónde están los destituidos por tantas y tantas omisiones?; ¿dónde están las investigaciones que se han abierto por el bloqueo y asesinatos contra nuestra comunidad?; ¿dónde está la cantidad de asesinos que caminan libremente por Urabá?. No puede presentarse como “un acto de justicia” la detención de una persona, cuando están de por medio los asesinatos de más de 100 personas, más cuando ha sido todo un accionar de exterminio programado y calculado contra la comunidad, que podemos calificarlo como un exterminio sistemático al que no le cabe otro nombre que el de genocidio.

¿Cómo explicar que en los últimos días sigan apareciendo los retenes paramilitares y paren los carros mandándonos amenazas de que nos van a acabar y de que ahora sí tienen el  respaldo total  para lograrlo?. Es por ello que, ante tanta injusticia y tanto horror,  no nos queda otra acción que la de resistir con nuestras propias vidas desde lo que hacemos y somos. Por tanto, nos mantenemos en que se realice una evaluación profunda de la Comisión de Investigación.

PUNTOS  QUE QUEREMOS PROPONER A LA VICEPRESIDENCIA:

1.

Frente al anuncio público que hace pocos días hizo el Señor Presidente de la República, según el cual, la fuerza pública iría a hacer presencia en las Comunidades de Paz, solicitamos encarecidamente que a nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó NO INGRESE LA FUERZA PÚBLICA.

En efecto, desde que nos proclamamos como Comunidad de Paz, el 27 de marzo de 1997, y elaboramos nuestros principios y reglamentos, nos definimos como distantes de todos los actores armados que están luchando en nuestro territorio nacional, con el fin de dejar muy en claro que no somos actores en esta guerra ni colaboramos con ninguno de los actores de la misma, y nos comprometimos a no brindar a ninguno de ellos apoyo logístico (como comida, bebida o armas) ni informaciones.

Desde el comienzo les suplicamos a todos los actores armados que no transitaran con armas por nuestro territorio de paz y que no hicieran actos de presencia que pudieran inducir a los miembros de la Comunidad a algún tipo de colaboración logística o informativa con ellos. Sin embargo, en todo este tiempo la fuerza pública ha violado estos principios haciendo presencia a corta distancia de nuestros espacios habitados, causando permanente zozobra en nuestra comunidad.

Nuestra experiencia dolorosa nos muestra que el actor armado que más nos ha destruido con actos de barbarie, a lo largo de estos cinco años, ha sido el Ejército Nacional, y a pesar de nuestro clamores ante los Presidentes de la República, no se ha querido esclarecer las responsabilidades individuales de miembros del Ejército en esos actos de barbarie, ni destituir ni sancionar a los culpables, ni reparar a las víctimas, ni someter a investigaciones rigurosas ni a depuraciones de fondo a la Brigada XVII.

Por todo esto, convivir con quienes nos han hecho tantísimo daño sin mostrar siquiera arrepentimiento ni pautas de transformación, sería aceptar infligirnos un mal todavía más profundo. Por ello, la comunidad tiene claro si el Gobierno ordena la  presencia militar en nuestra Comunidad de Paz, ello equivale a obligarnos a un nuevo desplazamiento. Suplicamos al Señor Vicepresidente nos ahorre, con su intercesión, ese nuevo sufrimiento.

Nunca hemos rechazado la presencia del Estado pero hemos exigido que ésta no sea una presencia armada, sino más bien una presencia de protección. Sin embargo, nunca se nos ha escuchado en esto. Volvemos a proponer una presencia del Estado en nuestra Comunidad a través de una Casa de la Justicia, donde no haya presencia alguna de armas, y donde funcionarios de la Defensoría y de la Procuraduría puedan ayudar a prevenir cualquier acto contra la convivencia democrática.

2.

Frente a la ineficacia que ha demostrado la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN que se creó luego de la masacre del 8 de julio de 2000, en la cual se supone participan la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, con la coordinación de la Vicepresidencia, proponemos que sea sometida a una evaluación con el fin de que se puedan precisar las responsabilidades concretas en su fracaso, pero que al mismo tiempo, sin dilación, se cree otro mecanismo más eficaz que enfrente simultáneamente los problemas de la impunidad y los de prevención y protección. Proponemos que este nuevo mecanismo sea UNA COMISIÓN DE LA VERDAD.

En efecto, la Comisión de Investigación que se creó en el año 2000 nunca tuvo un estatuto de referencia que fijara sus objetivos precisos, sus funciones, sus responsabilidades y sus plazos. Las entidades del Estado, comenzando por la misma Vicepresidencia, mantuvieron posiciones ambiguas frente a la misma Comisión, pues a veces manifestaban incluso que no estaban de acuerdo con su mandato. Si se la considera como una comisión con el simple objetivo de agilizar la justicia, su fracaso es rotundo, pues no ha mostrado ningún resultado. Sus frutos en el campo de la prevención y protección son inexistentes.

En este punto hay una exigencia concreta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución del 24 de noviembre de 2000, al decretar las medidas provisionales a favor de nuestra Comunidad. El punto 4 de su parte resolutiva dice: “Requerir al Estado de Colombia que investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes (...)” y el punto 7 afirma: “Requerir al Estado de Colombia que dé participación a los peticionarios en la planificación e implementación de las medidas y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, la Resolución de la misma Corte del 18 de junio de 2002, luego de la evaluación de las medidas provisionales, adiciona algunos requerimientos, entre los cuales está el del No. 7 de su parte resolutiva que dice: “Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la presente Resolución”.

Convencidos como estamos de que ninguna medida de protección o de prevención surtirá efecto mientras sigan intactas las estructuras militares/paramilitares que han destruido tantas vidas y bienes en nuestra comunidad, y de que para poder abordar esas estructuras es necesario esclarecer las responsabilidades sobre los más de cien crímenes perpetrados contra la Comunidad, de modo que sus actores sean sancionados y los daños reparados, por eso proponemos que se cree cuanto antes una COMISIÓN DE LA VERDAD.  Un modelo de inspiración puede ser la Comisión Intersectorial de Seguimiento a las Investigaciones que se adelantan por Violación de los Derechos Humanos en el Macizo Colombiano, creada por el Decreto 2131 del Ministerio del Interior, del 19 de octubre de 2000, complementada por el Decreto 833 del mismo Ministerio, del 11 de mayo de 2001.

Para la evaluación de la Comisión de Investigación que se creó en el 2000, proponemos que la Vicepresidencia escoja dos entidades evaluadoras entre las instancias del Estado y que nuestra Comunidad escoja dos entidades no gubernamentales de derechos humanos, y que se le solicite a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ejercer la veeduría y secretaría técnica de la evaluación.

Para la implementación del nuevo mecanismo, le solicitamos a la Vicepresidencia que impulse su creación y que acepte la concertación con nuestra Comunidad para su implementación.

3.

La continuidad de las agresiones contra nuestra comunidad exige renovar mecanismos de coordinación de las acciones de prevención y de protección, tal como lo estipulan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decretan y evalúan las medidas provisionales.

Proponemos que la Vicepresidencia de la República designe a un(a) funcionario(a) para tal efecto y que se acuerden mecanismos concretos de comunicación entre dicho(a) funcionario(a) y el Consejo Interno de la Comunidad, de modo que se puedan comunicar a tiempo los riesgos y actuar antes de que sea tarde.

Finalmente creemos que ante estas solicitudes  no existe otro objetivo que  mantener  ese espacio de vida que hemos cultivado durante muchos años, y que con lágrimas, tristezas, llanto, muerte, vida, lo resistimos cada día y cada noche.

Confiamos en su sentido de humanidad y por ello creemos que al acudir ante Usted tendremos esperanzas  para nuestros hijos, nuestra familias y que al fin el derrame de sangre se pare, y  la memoria de nuestros mártires, miembros de nuestra Comunidad, no quede ni en el olvido ni en la impunidad,  por el contrario se logre la justicia social por la que dieron sus vidas con un gran sentido de hermandad y de humanidad. Son ellos, sus pasos, los que nos hacen imposible dar marcha atrás en nuestro caminar.
 
 

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