El pasado 12 de febrero, miembros del Batallón Bejarano Muñoz interceptaron en la vereda Caracolí un vehículo de servicio público que se desplazaba entre Apartadó y San José y retuvieron a 11 personas, entre las cuales se encontraban varios miembros de nuestra Comunidad de Paz quienes permanecieron en esa situación hasta el 15 de febrero en la noche, cuando fueron dejados en libertad, con excepción de Amanda Usuga, quien aún permanece detenida. A eso de la media noche del 12, gran cantidad de miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad se tomaron el caserío y realizaron varios allanamientos, existiendo solo en un caso orden judicial, tomaron fotografías y filmaron varios lugares comunitarios.

En el vehículo interceptado apareció una caja pequeña sin dueño que al ser abierta por los soldados se descubrió, según ellos lo afirman, que contenía algunos explosivos. En su interior, además, ellos afirmaron haber encontrado un papel escrito a mano en el cual se le pedía a una supuesta "Amanda" entregar ese material a una cadena de destinatarios, que, según afirman los militares, son "milicianos". Por esta razón, la Fiscalía ordenó la detención preventiva de Amanda Usuga, una de las ocupantes del vehículo. Luego de escuchar a los testigos y de realizar otras muchas averiguaciones sobre lo sucedido, nuestra Comunidad tiene hasta ahora elementos de peso que la llevan a concluir que se trata de un nuevo intento de dañar nuestro buen nombre; de hacernos aparecer como cómplices de actividades ilegales y justificar así nuevas agresiones contra nosotros.

En efecto: desde la Terminal del Transporte de Apartadó, los pasajeros del vehículo percibieron una intensa vigilancia militar y movimientos extraños de gente sospechosa. En el barrio Mangolo abordó el vehículo una persona desconocida con botas, corte de pelo y porte militar, quien estuvo observando intensamente a Amanda Usuga, hasta descender en el sitio La Balsa, sitio de habitual presencia militar. Los soldados que interceptaron el vehículo no habían establecido ningún retén previo en la carretera sino que esperaron expresamente el paso de este vehículo para salir a interceptarlo. Solicitaron las cédulas de los pasajeros y se les devolvieron enseguida, quedándose solamente con la cédula de Amanda Úsuga, antes de inspeccionar los equipajes y descubrir la supuesta caja con explosivos. En momentos en que esto ocurría, en una extraña llamada telefónica a la Comunidad, La Fiscalía de Apartadó preguntaba si era cierto que Amanda Usuga se encontraba desaparecida. Pocos minutos después, en una segunda llamada, la Fiscalía preguntaba con qué ropa iba vestida ese día Amanda Úsuga. Unos militares que llegaron poco después, a pié, al sitio donde estaba interceptado el vehículo, llevaban chalecos de unidades "Anti-explosivos", lo que muestra que estaban esperando en las cercanías para realizar una inspección planificada de antemano. Las 9 personas que permanecieron ilegalmente retenidas en las instalaciones de la Brigada XVII en Carepa, entre ellas una menor de edad, fueron sometidas a interrogatorios no solo tendenciosos sino ofensivos, así como a insultos y amenazas de muerte. Varios soldados les gritaban que si ellos los hubieran capturado no estarían vivos sino que les hubieran cortado la cabeza. Quienes interrogaban lo hacían sobre el supuesto de que la Comunidad y sus líderes eran cómplices de la insurgencia.

En los últimos días ha llegado a conocimiento de nuestra Comunidad la existencia de un plan muy concreto, dirigido por el Ejército, que busca destruirnos. De acuerdo con esas informaciones, que ya han sido puestas en conocimiento de las altas autoridades del Estado y de la Comunidad Internacional con pruebas contundentes, el Ejército ha buscado a antiguos miembros de la Comunidad o a personas que han sufrido traumas morales profundos a causa de acciones de grupos insurgentes, para que desahoguen su dolor colaborando en la destrucción de una Comunidad que ellos les presentan como cómplice de la insurgencia. En dicha estrategia, según se ha sabido con detalle, el Ejército pretende acusar a los líderes de nuestra Comunidad de delitos graves, como asesinatos y otros hechos, utilizando falsos testigos altamente remunerados, y si su judicialización no funciona con la celeridad que ellos quieren, utilizar entonces los grupos paramilitares para asesinarlos.

Entre los blancos de esta estrategia están, en concreto, el Presidente de nuestro Consejo Comunitario WILSON DAVID, nuestro acompañante en representación de organizaciones no gubernamentales EDUAR LANCHEROS a quien pretenderían acusar de "financista de las FARC" y de haber participado en algún asesinato; varios de nuestros líderes como ARTURO DAVID, y otros miembros de nuestra Comunidad como AMANDA ÚSUGA y RODRIGO RODRíGUEZ. Se ha podido constatar también, como método para reclutar falsos testigos, el colocarlos primero en listas de supuestos "milicianos" y cuando la persona se entera de ello y trata de "arreglar su problema" explicando que no pertenece a esas estructuras, lo someten a un chantaje sin salida: "o trabaja con nosotros o tiene arruinada su vida, ya sea por procedimientos judiciales o por persecución paramilitar".

Nos preocupa la actitud asumida por varios medios de comunicación masiva que se han limitado a divulgar los comunicados enviados por el Ejército sin tomarse el más mínimo trabajo de establecer la verdad. Con actitudes como esas, se convierten en cómplices y colaboradores de estrategias tan criminales como la que se está poniendo en marcha para exterminarnos, luego de habernos eliminado a más de 100 miembros de nuestra Comunidad. Nuestra Comunidad de Paz quiere reiterar los principios que la han animado desde nuestra constitución el 23 de marzo de 1997, a través de los cuales optó por no colaborar con ninguno de los actores armados dentro del conflicto que nos envuelve y de defender nuestros derechos como sociedad civil. La memoria de todas nuestras víctimas nos mueve cada vez más a defender estos principios por los cuales ellos entregaron su vida y a demandar a la comunidad nacional e internacional nos acompañen con su solidaridad en estos momentos difíciles que vivimos.

Pedimos una vez más su apoyo, MANDANDO comunicaciones a las instancias del Estado y copia a la Fiscalía Regional de Apartadó para que cesen los montajes.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ