Madrid 30/04/2001

Con casi 12.000 suscriptores, Ardi Beltza es una de las revistas de información general de mayor tirada en el Estado español. Más de 100 páginas y 18 secciones de periodismo de investigación. Sus informaciones han destapado corrupciones políticas, policiales y judiciales, han denunciado las situaciones de precariedad y de exclusión social, la vulneración de los derechos de las personas presas, el racismo, la represión de las demandas de autodeterminación nacional en Euskadi, las andanzas de proxenetas, narcotraficantes y de la extrema derecha, las consecuencias de la globalización en el mundo, las protestas de los movimientos sociales, los atentados al medio ambiente...

Denuncias que los distintos poderes del Estado no sólo no intentan resolver, sino que se esfuerzan en acallar. La campaña de criminalización iniciada contra la publicación el pasado noviembre supuso el encarcelamiento de su director, Pepe Rei, dos meses después. El juez Garzón le acusaba de colaboración con ETA. Después, de pertenencia a banda armada para proceder al cierre de la revista. El auto de la detención y del procesamiento carece de fundamentación jurídica; no hay mención alguna a elementos probatorios. Pepe Rei ha declarado en numerosas ocasiones ser inocente de cualquier relación con banda armada. En 1994 fue encarcelado, juzgado y absuelto; en 1999 fue igualmente apresado por su actividad periodística y liberado sin pruebas.

Pese a las dificultades, la revista continuó publicándose. Sin embargo, los medios de comunicación (cuyo entramado de intereses ha sido denunciado por Ardi Beltza y su vídeo "Periodistas, el negocio de mentir") habían conseguido que los receptores, muchos de los cuales no conocían los contenidos de la revista, relacionaran su nombre únicamente con "terrorismo".

Una de las mejores formas de silenciar las expresiones críticas es criminalizándolas. Ardi Beltza lo ha sufrido. Y también muchos movimientos reivindicativos de todo el Estado, igualmente "ovejas negras" del sistema.

Actualmente, las manifestaciones de los más variados colectivos son censuradas o reprimidas violentamente. La protesta por la abolición de la deuda externa concluyó en Madrid con una carga policial que provocó 24 heridos. Más de 40 personas lesionadas en la manifestación antifascista del 20N. También ha sufrido la represión el vecindario de Santa Eugenia, los trabajadores de Sintel disueltos a porrazos frente a la sede del PP, los sindicalistas de CGT o los grupos convocantes de la última Semana de Lucha Social. Muchos de estos colectivos además sufren cuantiosas multas administrativas que pretenden asfixiar su actividad.

La policía agrede a los y las activistas con total impunidad. Desde secuestro y acoso a militantes del movimiento antiglobalización hasta la entrada en la universidad, a petición de la autoridad académica, para desalojar violentamente a numerosos estudiantes que demandaban un "aula social".

Los montajes mediático-policiales se suceden periódicamente. Eduardo García, encarcelado por su actividad de apoyo a las personas presas, permanece en prisión. Zigor y Diego se encuentran encerrados por ser miembros de movimientos sociales catalanes criminalizados con el recurrente movilizador visceral de la lucha antiterrorista.

Las informaciones de los grandes grupos mediáticos provienen de la única fuente de la oficialidad. El derecho de información es vulnerado. Así, se prohiben charlas sobre la tortura en la Facultad de Derecho o sobre Euskadi en Ciencias de la Información de la UCM. Miembros de Izquierda Castellana son juzgados por difundir panfletos y carteles contra la monarquía. La Asociación de Derechos Humanos de Andalucía va a ser juzgada por divulgar el Informe contra la Tortura de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas. La página web de la Asociación contra la Tortura fue clausurada por mostrar informes sobre torturas y se enfrenta a una elevada sanción.

Es el momento de defender la expresión de las voces críticas. De defender las escasas publicaciones que dan visibilidad a estas voces. El cierre de Ardi Beltza supone una nueva pérdida de las expresiones silenciadas, del conocimiento de los abusos del poder, del grito de las mayorías reprimidas. Supone, en definitiva, la pérdida de la democracia.