El 20 de noviembre es el Día Universal del Niño/a, producto de los esfuerzos de la comunidad internacional primero por crear la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y más tarde la Convención de los Derechos del Niño en 1989.

Este día es importante recordar que existe una parte de la niñez en riesgo, como es la niñez migrante no acompañada, que ante las diferentes y contradictorias visiones de los derechos reconocidos y la forma en cómo se aplican, se recuerda al Estado Español las obligaciones que tiene pendientes en esta materia, basta con citar las últimas recomendaciones por el Comité de los Derechos del Niño a España, donde concretamente a este colectivo se posiciona en los siguientes puntos:

• La plena integración de los principios generales de la Convención en la legislación, decisiones administrativas y judiciales, así como en las políticas y programas relativos a los niños a nivel nacional y local. En específico el de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y supervivencia y su desarrollo.
• El principio de No discriminación llegue a sectores de la niñez tradicionalmente discriminados como la niñez de origen romaní, los hijos de migrantes, independientemente del estatus migratorio que posean, en especial los niños migrantes no acompañados.

Existe una responsabilidad en la tutela que ejercen las distintas comunidades, que se extiende al personal que trabaja con ellos en los centros donde se encuentran viviendo, deben de ser calificados y sensibles a las problemáticas a las que se enfrentan estos adolescentes. Estos centros deben contar con las condiciones adecuadas para permitir su libre desarrollo.

Asimismo recordamos que la obligación de regularizar su situación migratoria debe de realizarse dentro de los nueve meses a su llegada a España y no esperar a que cumplan la mayoría de edad para desligarse de sus obligaciones.

El brindar apoyo a los países de origen para la construcción de centros donde se les ingrese una vez que son deportados, no es una medida de cooperación internacional, sino una complicidad ante la negación y reconocimiento de sus derechos en este país.

El ejercicio de sus derechos no debe condicionarse a si son migrantes o no, antes que etiquetarlos por su origen deben garantizarse sus derechos con plenitud, recordando que al estar no acompañados la responsabilidad es del Estado que los acoge.

Desde la Federación de Asociaciones de SOS Racismo, recordamos que el reconocimiento de los derechos de la niñez va más allá de una visión asistencialista y limitada, debe avanzar en la protección y garantía de sus derechos en forma integral.

Antes que migrantes son niños, permitiendo su participación en los procesos en los que se encuentran implicados, sin reduccionismos de principios como el interés superior del niño en acciones que evidencian el racismo institucional, vulnerando más sus derechos al deportarlos a sus países de origen donde se pone en riesgo su supervivencia y desarrollo.

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MIGRANTE SON DERECHOS HUMANOS

Nos hallamos ante una inminente reforma de la Ley de Extranjería, una ley de la que emana el racismo institucional que impregna y/o limita las leyes y políticas que tienen relación con el hecho migratorio y por ende con las personas de origen extranjero que ven también limitados sus derechos. Esta reforma debe adaptar diferentes normativas europeas así como sentencias del Tribunal Constitucional, respuesta a iniciativas socialistas contra la ley aprobada por el PP.

En los últimos meses hemos conocido algunas propuestas de la mano del Ministro Corbacho y ahora también la propuesta íntegra presentada ayer por Rajoy. Ambas tienen un parecido alarmante, y lejos de avanzar en la garantía de los derechos de las personas y en el fortalecimiento de nuestra salud democrática, se obstinan en consolidar y endurecer el racismo institucional.

Desde SOS Racismo denunciamos que esta reforma:

1. Vulnera a partir de las restricciones a la reagrupación familiar el derecho a vivir en familia.
1. Incorpora el articulado de la “Directiva de la vergüenza” que aumenta y legitima las vulneraciones de derechos humanos, implícitas a la existencia de Centros de Internamiento para personas Extranjeras (CIES), como la privación de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Cuando los eurodiputados socialistas votaron a favor, muchos alzamos la voz ante el riesgo de que daba luz verde al PP para presionar en su trasposición en el Estado español y para aplicarla con dureza si hay un cambio político.

Por otra parte, el PP vuelve a la carga con la idea del contrato de integración propuesta que ya hemos rechazado anteriormente por ser una iniciativa racista en su contenido y planteamiento. Y pone énfasis en la prohibición de las regularizaciones extraordinarias así como la restricción del arraigo.

Es profundamente decepcionante y preocupante que más de la mitad de las propuestas del PP y del PSOE sean idénticas. A partir de aquí auguramos una reforma de la ley restrictiva con los derechos de las personas inmigrantes, cuyas consecuencias ya conocemos: la injusticia y la exclusión social, y la rebaja democrática que implica un modelo de sociedad basado en la desigualdad de derechos y oportunidades.

Desde SOS Racismo exigimos responsabilidad política a un Gobierno supuestamente de izquierdas y progresista, y recordamos la necesidad y el compromiso de avanzar en una sociedad democrática que garantice los derechos de todos y todas las que la construimos. Y exigimos valentía política para hacer política y discurso más allá de los votos, desde el conocimiento de las altas facturas que después hay que pagar en términos de convivencia y fractura social en los barrios de nuestras ciudades.