Carta por la libertad de la USO (Colombia)- 18 -noviembre-1999.

Esta carta es una protesta por la situación de Pedro Chaparro y Nicodemus Luna (sindicalistas de la USO colombiana) y por las masacres del distrito petrolero de Tibú.

PROPUESTA DE CARTA AL GOBIERNO COLOMBIANO
 

A través de documentos de la CIOLS y de la comisión Interamericana hemos tenido conocimiento de la brutal represión de que han sido objetos los sindicalistas colombianos y particularmente el sindicato de los trabajadores de la industris del petróleo, Unión Sindical Obrera USO.

También tenemos conocimiento por parte de la USO de que en el próximo mes de diciembre se iniciará la audiencia pública contra Pedro Chaparro, quien al momento de la detención en 1993 se desempeñaba como presidente la USO en el Complejo Industrial de Barrancabermeja.

En tal sentido le requerimos para que se investigue el centenar de crímenes contra la USO y el de su defensor Eduardo Umaña.
Que se devuelva la libertad a los compañeros Pedro Chaparro y Nicodemus Luna y cesen todos los procesos penales contra la USO. Montaje judicial que ha contado con la inescrupulosa complicidad del ente encargado de administrar justicia, reteniendo ilegalmente a los sindicalistas, con el claro objetivo de diezmarla para implementar las políticas de la Banca Internacional y las Transnacionales del petróleo en Colombia.

Que se desmonte la política de terror del Estado en las zonas económicamente estratégicas como son las zonas petroleras, que vienen siendo objeto de una brutal arremetida criminal, tal como sucede actualemente en la región petrolera de Tibú, donde en tres meses ha habido 16 masacres, en donde los criminales han contado con la total complicidad de la policía y del ejército.

Que se valoren los ingentes esfuerzos de la USO para elaborar una política de manejo de los hidrocarburos donde prioriza el beneficio nacional por encima de mezquinos intereses nacionales y extranjeros. Intereses económicos que están financiando la guerra de estado contra el pueblo colombiano a nombre de "proteger sus inversiones", provocando con ello la tragedia de derechos humanos que vive Colombia.

Manifestarle que el mejor aporte a la paz es dotar al país de un sistema judicial imparcial, donde no haya fuero militar para los criminales y condenas que equivalen a prisión perpetua a los líderes sindicales y sociales que reclaman equidad ante la justicia y ante la vida.

Es evidente la dimensión de la corrupción por el alto grado de riquezas que no se corresponde con el alto grado de pobreza, desempleo y desprotección social de sus ciudadanos.

Esperamos que nuestras voces no sean ignoradas como lo ha venido haciendo el gobierno colombiano en la última década con las recomendaciones de los organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales que han conminado al gobierno colombiano a respetar la normatividad internacional con relación a los derechos humanos, entre ellos el respeto a la vida y a la libertad de expresión.