Mucho misterio ha rodeado al  denominado «Plan Colombia » en los últimos meses.   Hoy por hoy el tema forma parte de la actualidad nacional.  No obstante,  múltiples inquietudes siguen rondando en torno a él: la existencia de varias versiones, sus estrategias, su ligazón con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional  y con la ayuda antinarcóticos norteamericana, forman parte de ellas.

Es un hecho que el  Plan Colombia  es prácticamente desconocido para una gran mayoría de colombianos e, incluso, que pobladores de las regiones directamente relacionadas con él, escasamente lo han oído o tienen alguna vaga mención sobre su existencia. Que en diferentes círculos del exterior el Plan es mirado con expectativa y reserva a la vez. Que los énfasis en las estrategias propuestas han  variado de acuerdo a los destinatarios de la Comunidad Internacional y lo que se espera conseguir de ellos.

Intentar desenredar la madeja, aproximarnos al contenido del Plan Colombia y sus alcances en la  difícil situación del país, caracterizada por  el persistente deterioro de la situación de derechos Humanos, el escalonamiento del conflicto armado y la crisis económica  más fuerte de las últimas décadas,  constituyen las pretensiones del presente documento.
 

La expresión Plan Colombia surge estrechamente ligada al discurso político de paz del Presidente de la República Andrés Pastrana Arango. Sin mucha difusión, en su momento, el denominado Plan Colombia  fue  dado a conocer en diciembre de 1998 en Puerto Wilches. En dicha oportunidad el Presidente expresó al respecto «la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectos del Plan Colombia ».

La iniciativa del Plan había sido concebida por el Excanciller y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional,  Augusto Ramírez Ocampo, sobre la base de su conocimiento y experiencia en el proceso centroamericano.  Se proyectaba como un proceso simultáneo a la  negociación que permitiera ir financiando proyectos sectoriales ligados  a los acuerdos logrados. Apuntaba además a la rehabilitación  e inversión principalmente en zonas afectadas por la violencia, cultivos ilícitos o de conflictos ambientales, sobre la base de una articulación de las comunidades y del Estado desde la base .  El planteamiento de metodología participativa con las comunidades resulta contrario a la realidad; en lo que va corrido del período de gobierno,  este se ha caracterizado por  un total distanciamiento de las mismas.

Como elemento  importante en el marco de una negociación de Paz, e l Plan Colombia formó parte de los preacuerdos entre el gobierno y las FARC  con anterioridad a su instalación oficial, el 7 de enero de 1999. Fueron el propio Ministro del Interior Nestor Humberto Martínez y el Director de Planeación Nacional, Jaime Ruiz, quienes  junto al Alto Comisionado para la Paz, Víctor G Ricardo, se ocuparon de  exponer ante  la Comandancia de las FARC  la incorporación del Plan Colombia en la futura agenda de negociación.
 
 

Mucho ha cambiado desde entonces hasta llegar a lo que hoy por hoy se conoce como Plan Colombia; el contenido del actual es sustancialmente diferente a aquel.  Una mirada a la evolución de las relaciones con los Estados Unidos en los últimos meses podrá dar algunas luces sobre las razones de dicho cambio.

Colombia  se ha convertido en pocos meses en uno de los ejes de la política exterior Norteamericana. Dos elementos lo hacen acreedor a  tal protagonismo: el problema del narcotráfico  y la consideración de Colombia como amenaza de la seguridad hemisférica, (por un desbordamiento del conflicto armado hacia los países vecinos).

Sería el General Barry McCaffrey, Zar antidrogas, el llamado a atar los cabos y disparar la alarma: el involucramiento ascendente de la guerrilla con el negocio de tráfico de drogas  determina que para  superar la violencia que afecta el país y amenaza  la subregión,  es necesario combatir a la «narcoguerrilla » para lograr la paz.  El propio MacCafrey,  junto a altos oficiales del Comando Sur y legisladores del Partido Republicano,  encabezaría la solicitud del aumento de la asistencia militar norteamericana a  Colombia y el descongelamiento de  recursos destinados al ejército. De este punto al nuevo plan Colombia solo hay un paso.

Pickering, Subsecretario de Estado, alentaría  al gobierno colombiano a la elaboración de  Plan que permitiera un paquete de ayuda suplementaria , altos funcionarios estadounidenses demandarían una estrategia integral y asesores del departamento del Estado colaborarían en la redacción de la nueva versión del  «plan Colombia » .

Un signo importante de la preponderancia  asignada al componente de lucha antidroga en el nuevo plan  lo constituye el hecho que el Ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez y los comandantes de Policía y de las Fuerzas Militares, Generales Serrano y Tapias, respectivamente, fueran los primeros  llamados a explicar el Plan ante el secretario de Defensa de Estados Unidos William Cohen y  Representantes del Congreso.

El plan se concretaría ante el Congreso norteamericano a través del proyecto de ley  S 1758, presentado  por los Senadores Republicanos  Coverdell, Dewine y Glaseley el pasado 20 octubre, mediante el cual se solicita una ayuda suplementaria para Colombia de  US1.600 millones en tres años. De los cuales más del 70% estaría destinado a diferentes aspectos relacionados con la lucha antinarcóticos.
 
La desilusión del gobierno colombiano  frente al hecho que el Congreso Norteamericano hubiese aplazado el debate sobre esta ayuda para el 2000, fue  gratamente compensada con el anuncio del Presidente Clinton, a principios de año, sobre su voluntad de demandar ante el Congreso  una ayuda para  Colombia de 1600 millones de dólares para los próximos dos años.

El Presidente Clinton  expresó sobre la necesidad de la ayuda:
“El Presidente Pastrana ha respondido con una agenda  audaz, el Plan Colombia. El Plan prevé una estrategia sólida, multifacética que Estados unidos debe apoyar con ayuda sustancial. Tenemos un interés nacional apremiante en la reducción de la corriente de cocaína y heroína hacia nuestras costas, y en la promoción de la paz, la democracia y el crecimiento económico en Colombia y en la región. Dada la magnitud del problema del tráfico de drogas y las actuales dificultades económicas por las que atraviesan, ni el gobierno de Colombia ni sus vecinos pueden asumir toda la carga”.

De manera inmediata importantes organizaciones  internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Wola, entre otras, reaccionaron  advirtiendo sobre los efectos negativos de la ayuda para la situación de derechos humanos que atraviesa el país, posición  que  tiene eco en algunos congresistas demócratas. Pese a ello, el compromiso del gobierno norteamericano de sacar adelante la ayuda quedaría  definitivamente sellado con la visita de la Secretaria  de Madeleine Albright a Colombia pocos días después.
 
 

El Plan en su totalidad redondea un costo de 7.500 millones de dólares de los cuales Colombia aportaría 4.000 millones,  los 3500 restantes  esperan recaudarlos a través de los aportes de la Comunidad Internacional "al esfuerzo de paz del actual gobierno".

Ello determinó la necesidad de lanzar el mensaje de cooperación  hacia el Plan Colombia también a los socios de la Unión Europea. Así lo hizo el propio Presidente Pastrana durante su visita al Consejo, Comisión y  Parlamento Europeo a finales del mes de octubre de 1999.  No obstante, tomando en cuenta  el espíritu de la Unión hacia la cooperación de programas sociales,  el  Plan Colombia  tuvo otro énfasis.

Ante el Parlamento Europeo en pleno el Presidente Pastrana presentó el Plan Colombia en los siguientes términos:

« Es una estrategia integral y unificada orientada a fortalecer los temas fundamentales del país como la búsqueda de la paz, la reactivación de nuestra economía y la generación del empleo, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la justicia y el aumento de la participación social. El resultado final será el fortalecimiento de nuestro Estado, como requisito para el logro de la paz y el progreso.
Requerimos de  su participación en todos esos frentes, pero principalmente necesitamos que ustedes, que sus naciones, que Europa toda, invierta en la paz, para la paz, que abra sus mercados para que podamos generar empleos para la paz ».

Los temas fundamentales incluidos en la cita se refieren a cada uno de los ejes del Plan Colombia;  solamente faltó  uno en esta  transversal caracterización del plan: la estrategia antinarcoticos.

Según el Comisario Europeo responsable de las relaciones internacionales Cristopher Patten, la UE estaría en la disposición de analizar el plan, así como los proyectos concretos que  se  diseñen para respaldarlo y que le permitirán a la Unión mirar las áreas de cooperación para el desarrollo social del país.

El gran empujón del Plan en el escenario de la Unión se daría meses después por parte del Presidente de España José María Aznar, al comprometerse a convocar a los países de la Unión Europea, así como a Japón y Canadá, a apoyar el Plan Colombia a través de una  mesa de donantes  que tendría como sede España y se  proyecta instalar en el próximo mes  de junio . Con miras a ella  se están elaborando 44 proyectos sociales dirigidos a zonas afectadas por el narcotráfico o la violencia con un costo  que redondea los US$ 1.047 millones, de los cuales el 80% se espera sean aportados por la comunidad internacional.

El propio subsecretario de Estado  Pickering ha solicitado al  gobierno español que la mesa de donantes sea “ al más alto nivel posible” . El pedido del subsecretario de Estado se interpreta como  la posibilidad del gobierno de Washington de involucrar a los países europeos en su estrategia de lucha contra las drogas para  Colombia, teniendo en el Plan Colombia un  instrumento de agarre.
 
 

Una mirada comparativa de  estas dos versiones resulta ser la mejor vía para confrontar los cambios de concepción, alcance y contenido del llamado   Plan Colombia. Si bien es cierto  el segundo documento abarca un espectro más amplio de elementos para la construcción de la paz, también lo es que termina por desvirtuar totalmente la concepción inicial, de ser un proceso simultáneo a la negociación, tendiente a  promover proyectos sectoriales de acuerdo a los avances de la negociación.

El interrogante que surge de acuerdo al esquema del nuevo planteamiento, es  qué pasará sí las estrategias definidas en el Plan Colombia  resultan contradictorias con las discusiones en la mesa de negociación y los acuerdos que en ella se logren?

La respuesta no se ha hecho esperar. Recientemente las FARC ha denunciado la existencia de  dos versiones del Plan Colombia. En su denuncia considera que existe una versión destinada al gobierno de Estados Unidos que “ coloca la lucha contra el narcotráfico en el mismo nivel que el combate de la guerrilla” y que la otra versión es “reformista y asistencialista”, llegando a la conclusión  que  “ la tediosa lectura del Plan Colombia en inglés deja la sensación de que Pastrana poco a poco está enterrando las expectativas de paz del pueblo colombiano”

Primera versión Plan Colombia	Versión Plan Colombia Presentada  Ante la Unión Europea
Introducción Plan Colombia es parte integral del Plan de desarrollo y complemento de la política integral de paz. El plan Colombia articula los diferentes componentes de la política de paz  en concordancia con el tipo de conflicto y las zonas más afectadas. El eje  fundamental de gestión del Plan Colombia  será  el Fondo de Gestión para la Paz FIP. Cuyo objetivo es financiación de inversiones destinadas a superar las condiciones  que favorecen la violencia y propiciar un ambiente de negociación y convivencia a través de mecanismos  "efectivos novedosos y participativos”.	Introducción El reto esencial planteado es construir  un  “Estado de justicia social” al alcance de todos los ciudadanos. Para cumplir con este propósito resulta fundamental superar algunas situaciones en el ámbito nacional e internacional: la proliferación del narcotráfico y el impacto económico social y político del proceso de globalización. El logro de la paz  implica un proceso de construcción de la misma en el que se hace necesario: la estabilización del Estado – la lucha contra el narcotráfico -  reforma y modernización de las instituciones – fortalecimiento de  la economía y generación de empleo –apoyo de la Comunidad Internacional.
Objetivos y campos de acción del Plan El plan Colombia se dirige  fundamentalmente a ciertas zonas del país  con el objeto de mejorar su situación económica, social y ambiental, mediante   "inversiones dirigidas”.  Las zonas consideradas son: zonas críticas de conflicto – zonas con presencia de cultivos ilícitos – zonas con conflictos ambientales. El plan busca sobre estos ejes inducir transformaciones económicas, sociales, culturales y ambientales que  hagan viable y sostenible la construcción de la paz, mediante una metodología participativa de involucramiento del  Estado y las comunidades en una edificación desde la base. Los campos de acción del Plan son: Procesos productivos- Promoción del capital humano y atención humanitaria- Infraestructura para la paz – Desarrollo institucional y fortalecimiento del capital social- promoción y sostenibilidad ambiental. *Aunque considera que la estrategia contra las drogas forma parte integral de la política de paz, no incorpora ningún capitulo en este sentido como eje del Plan Colombia	Objetivos centrales y estrategias del Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado    " Plan Colombia” El núcleo central de la estrategia es la negociación con la guerrilla, que involucra un proceso de construcción de sociedad y de acuerdo de paz, negociado sobre bases de integridad territorial, democracia y derechos humanos tendientes a fortalecer el Estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico como tema relevante del plan debe propender por una alianza entre países productores y consumidores bajo principios de reciprocidad e igualdad. Se requieren también reformas institucionales con énfasis en las Fuerzas Armadas; fortalecimiento de una infraestructura que garantice niveles de atención adecuada  en materia de salud y educación, así como de las administraciones locales y de las formas de participación ciudadana en la lucha contra los grandes problemas nacionales como la corrupción, el secuestro, el desplazamiento. Un mejor acceso a los mercados internacionales es un factor indispensable para el desarrollo económico del país y la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo de programas de desarrollo alternativo. El Plan enumera 10 estrategias  que no tienen un desarrollo puntual a lo largo del documento,  que continua con  la sustentación sobre cinco campos de acción: El proceso de Paz, rencauzando la economía, la estrategia antinarcóticos, la reforma al sistema judicial y la protección a los derechos humanos, democratización y desarrollo social.
Procesos productivos: Busca mejorar los niveles de ingreso de la población a través  de alternativas económicas que resulten de un proceso de concertación, con empresas privadas, comercializados, gobierno y  participación activa de la comunidad  “alianzas estratégicas”. Los proyectos deberán tomar en cuenta criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional.	Reencauzando la economía  (segundo capitulo) Parte de la situación de recesión económica que enfrenta el país, teniendo el aumento del desempleo y el  crecimiento negativo del PIB como signos relevantes de esta situación, que de continuar propicia el fortalecimiento del comercio de narcóticos y otras actividades ilegales. Como elemento central de la estrategia se plantea  la estabilización de la economía y el equilibrio fiscal que requiere de la asistencia financiera,  para cubrir los presupuestos en materia de seguridad, antinarcóticos e inversión social. Dentro de las medidas estabilizadoras  emprendidas por el gobierno se relaciona: la congelación de los salarios públicos – la racionalización de las finanzas públicas y la privatización de la banca y empresas públicas. La coordinación de actividades y la ayuda financiera con instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es un elemento  fundamental del plan de gobierno para reformas estructurales y fiscales en un período de tres años. La inversión privada tanto interna como extranjera y la promoción del comercio exterior son otros de los elementos fundamentales para combatir el desempleo, reactivar  la industria, modernizar el sector agrícola (alternativa a los cultivos ilícitos). Sobre el  plan estratégico a diez años para aumentar el comercio exterior resulta importante el lograr ventajas competitivas  para sus productos y negociar acuerdos bilaterales de comercio que garanticen la protección de la inversión extranjera.
Promoción del capital humano y atención humanitaria: Dirigido fundamentalmente a poblaciones víctimas de la violencia, favoreciendo programas de inversión en atención humanitaria y fortalecimiento de los derechos humanos. Como elementos  centrales de este eje se encuentran: el desarrollo eficiente de mecanismos de compensación económica de las víctimas de la violencia. La prevención del desplazamiento, la atención eficaz a las víctimas, mejoramiento de la atención de emergencia y la consolidación de alternativas de retorno y reubicación. La generación de condiciones para el adecuado y normal crecimiento de la niñez como objetivo principal de la estrategia humanitaria	La reforma del sistema judicial y los derechos humanos (Cuarto capitulo) Busca construir un sistema de justicia equitativo y eficaz cuya transparencia, accesibilidad e independencia restablezcan la confianza en el Estado. Consolidación del Estado de  Derecho  cuyos énfasis se centran en la investigación procesamiento y detención de narcotraficantes y la disminución de la incidencia del secuestro y de la delincuencia común, que incluye la adopción de programas antiviolencia con participación de las  Fuerzas Armadas  y de Policía, el sistema judicial y los lideres comunitarios. Una reforma judicial que permita una mayor agilidad del sistema, una disminución de la impunidad, resultados justos (incluidos los casos de militares en jurisdicciones civiles), capacitación única del cuerpo técnico de investigación. Protección y respeto a los derechos humanos mediante el cumplimiento de  las obligaciones internacionales del Estado, aplicación de un modelo pedagógico para las Fuerzas Armadas, creación de comités institucionales  para combatir la impunidad, iniciativas legislativas y programas de protección para defensores de DH. Eliminación de la corrupción  sobre la base de garantizar las sanciones de los funcionarios comprometidos, la consolidación del programa presidencial contra la corrupción y una mayor transparencia en materia de contratación administrativa y transferencias a entidades territoriales.
Infraestructura para la paz: Su objetivo central es el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan mejorar e integrar las actividades productivas y mejorar la calidad de vida de la población. (vías de comunicación – comunicación fluvial-  pequeña minería- electrificación rural – infraestructura social)	El proceso de paz  (Primer capitulo) El elemento central es el proceso de negociación que bajo el liderazgo del Presidente Pastrana busca lograr un acuerdo de paz sobre la base de integridad territorial, democracia y derechos humanos. El proceso significa además una alianza estratégica en contra del narcotráfico, la corrupción y la violación de los DH. Partiendo de una caracterización del conflicto en donde existen tres actores:  la guerrilla, los grupos de autodefensa (paramilitares) y los colombianos en medio del fuego. Un elemento  ilustrativo del deseo de avanzar en las negociaciones lo constituye la creación mediante la ley de una zona de distensión para facilitar las conversaciones con las FARC. La participación de la sociedad se estima como necesario factor de presión a los grupos  armados para la solución al conflicto y respeto al DIH. El logro del proceso se funda en tres pilares: los acuerdos ya logrados- los acuerdos parciales a que se llegue –convertir en realidad los acuerdos. El   éxito del proceso tendrá su impacto positivo sobre la  lucha antidroga (binomio guerrilla –narcotráfico). El  papel de la Comunidad internacional,  se considera esencial en  el área diplomática y financiera e importante respecto a la cooperación bilateral de carácter militar y policial.
Desarrollo institucional: Promover esquemas institucionales a través de programas que permitan “alterar las reglas de juego” reproductores y multiplicadores de la violencia. El énfasis de este eje será el fortalecimiento de las organizaciones de base y sus mecanismos participativos dirigido a lograr el fortalecimiento tanto de lo público, como de lo privado,  la profundización de la descentralización y  la construcción de modelos viables de producción desde criterios regionales.	Democratización y Desarrollo Social  (quinto capitulo)  Busca reducir las causas y manifestaciones de la violencia mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, teniendo como elemento fundamental el fortalecimiento local y la participación comunitaria  en actividades de presión a los grupos guerrilleros y otros grupos armados, lucha contra la corrupción, el secuestro y el desplazamiento; erradicación de cultivos ilícitos. Asistencia humanitaria a las víctimas de la violencia basada fundamentalmente en mecanismos de  compensación, concentración de atención hacia los niños y eliminación de minas antipersonales. En materia de asistencia a los desplazados busca el retorno y sostenibilidad mediante programas de inversión social, delegando la  atención a los gobiernos locales y ONGs de derechos humanos bajo el liderazgo de la Red de Solidaridad Social. Se implementaran sistemas de alerta temprana como mecanismo de prevención y   se garantizará la asistencia humanitaria de emergencia. Con relación al desarrollo alternativo se propende por alternativas integrales, participativas y rentables bajo el esquema  de la participación comunitaria y la construcción de alianzas estratégicas ( inversión privada) buscando el mejoramiento de las condiciones de vida del campesino como presupuesto necesario para el abandono de los cultivos ilícitos. Tres posibles salidas a trabajadores de zonas de cultivo:  reubicación en tierras decomisadas a narcotraficantes- empleo en pequeñas empresas en áreas urbanas- programas locales de reforestación. Se busca también aportar a la conservación de ecosistemas frágiles, como la preservación de la cuenca amazónica. El fortalecimiento del papel de los gobiernos locales, de las Ongs, de las  empresas  y de las comunidades se considera fundamental para la ejecución del Plan y sus estrategias. Complementado mediante el apoyo para la creación de redes locales de paz.
Promoción de la sostenibilidad ambiental: Busca que la gestión ambiental y de recursos naturales propenda por conseguir el equilibrio necesario entre el uso y la conservación de los recursos, a través de un esquema de concertación entre los involucrados con participación activa de las comunidades tanto en lo local, como en lo regional. Contempla la ejecución de los programas a través de organizaciones de la sociedad civil en aquellas zonas donde el Estado posee una escasa legitimidad.	Estrategia Antinarcóticos* (Tercer capítulo)  Para el gobierno la lucha contra el tráfico de drogas es una de sus  prioridades centrales. El narcotráfico no es solamente una amenaza para la seguridad interna sino también para la de otros  países; además de ser el principal factor de generación de violencia  del país. El fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas y de Policía  se constituye en un elemento esencial para el restablecimiento del Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. La estrategia atinarcóticos se basa en: Valores humanos: Las operaciones contra el narcotráfico de las Fuerzas Armadas y de policía deben ajustarse a un código de conducta respetuoso de los derechos humanos. Objetivos: para reducir en un 50% el mercado de droga en los próximos 6 años. Desmantelar las organizaciones de narcotraficantes- fortalecer el sistema judicial –neutralizar el sistema  financiero de los narcotraficantes – combatir a  sus aliados violentos – Integración de iniciativas nacionales e internacionales- fortalecimiento de planes de desarrollo alternativo. Elementos básicos: Acciones conjuntas Fuerzas militares y de Policía como consecuencia de las relaciones entre narcotraficantes y grupos armados al margen de la ley. Respeto a los derechos humanos en desarrollo de las operaciones. Control del espacio aéreo y aumento de operaciones fluviales y marítimas. Mayor apoyo operacional de las Fuerzas Armadas a la policía antinarcóticos. Fortalecimiento de esfuerzos conjuntos Colombia -  Estados Unidos. Destrucción de infraestructura de producción. Aumento de la seguridad en las operaciones de fumigación y erradicación.
Financiación del Plan El Fondo de Inversión para la Paz FIP será el ente encargado de la gestión y administración de los recursos. Las fuentes de captación de recursos que se prevén son: Del sector productivo y la sociedad civil. Bonos para la paz, aportes voluntarios, incentivos para la participación del sector productivo en los proyectos diseñados. Recursos de la Comunidad Internacional Donaciones, créditos blandos, preferencias arancelarias, creación de un grupo consultivo con la participación de países desarrollados, sectores financiero y productivo internacional, para definir apoyos a temas específicos. Del Presupuesto Nacional (redireccionamiento de recursos asignados en años anteriores a actividades de paz).	Financiación del Plan: Las fuentes son las mismas consideradas en el Plan Inicial. Bonos de Paz: Se espera recaudar por esta vía por lo menos US$800 millones. Instituciones Financieras:  Se ultiman los detalles para un crédito  por un monto de US$900 millones por parte  del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ayuda  Norteamericana:   Monto solicitado al Congreso Norteamericano  por el Presidente Clinton, básicamente destinado a la estrategia antinarcóticos US$1.600 millones para dos años. Cooperación UE: Se aspira recaudar  por parte de la UE y por parte de los países miembros,   aproximadamente  US $1.000 millones destinados básicamente a programas de sustitución de cultivos y DH.

La versión del Plan Colombia que sustenta el proyecto de ley S1758,  denominado Alianza act, presentado  por los Senadores Republicanos  Coverdell, Dewine y Glaseley ante el  Congreso norteamericano, posee algunas variaciones con respecto a la estrategia antinarcóticos que  bien vale la pena señalar:

1.  Existe un cambio de orden en  los ejes de acción del Plan.
Comienza con el panorama de la Economía, continua con la estrategia antinarcóticos, el tercer capitulo está dedicado a la reforma del sistema judicial y la  protección de derechos humanos, el cuarto a la democratización y el desarrollo social,  para culminar con el proceso de paz en el quinto capítulo.

2. El capitulo dedicado a la estrategia antinarcóticos posee algunos elementos adicionales:
  Un subtítulo denominado “ Declaración de la Misión”  cuyo contenido es el siguiente:
“ Misión Nacional: asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la ley;  garantizar la soberanía nacional sobre el territorio; proteger al Estado y a la población civil de amenazas provenientes de los grupos alzados en armas y de las organizaciones criminales. Romper los lazos entre estos grupos y la industria de la droga que los apoya”.

  Un aparte incluido después de los “objetivos estratégicos “ que se denomina “ Focos Integrados del Plan”,  referido a  como las Fuerzas Armadas y de Policía deben  actuar de manera integrada y sistemática  en la estrategia de lucha antinarcóticos, tendientes a reducir el 50%  del cultivo y la producción en tres fases, durante  6 años.

      Las fases comprendidas son las siguientes:
Fase 1:  “Esfuerzo judicial, policial y militar de rango bajo apuntando al Putumayo y al sur“ en un período de un año.
Fase 2: “Esfuerzo judicial, policial, social y militar de rango medio apuntado al sureste y a las partes centrales del país” por un período  de dos a tres años.
Fase  3: "Extender a todo el país los esfuerzos integrados" entre tres y seis años.

El proyecto Alianza incluye una clausula que en  principio es interesante: La ayuda no puede dirigirse a aquellas unidades de la Fuerza Pública  cuando la Secretaría de Estado reporte al Congreso que existe evidencia creíble de «  que un miembro de dicha unidad ha proveido apoyo material a fuerzas irrregulares en Colombia ». Qué se entiende por  «  evidencia creible » y  « apoyo material>> en términos del proyecto?. Son evidencias de carácter judicial? (Recuerdense  la existencia en Colombia del Fuero Penal Militar).  Al respecto anota Christine Lauber «  lo que encontramos en América Latina es militares creando el ambiente en el cual los paramilitares y milicianos aparentemente « independientes » pueden cometer sus acciones atroces en total impunidad mientras que al mismo tiempo esos militares mantienen sus « manos limpias para poder seguir recibiendo ayuda militar de países como el nuestro sin el éscandalo del público en general. Esta es la forma como el paramilitarismo opera en el nuevo orden mundial »

Pese a que el gobierno insiste en la existencia de una sola versión del Plan  Colombia, en  realidad existen dos versiones sustancialmente diferentes, las cuales hemos comparado anteriormente y, otras versiones que, guardando correspondencia sustancial con la  versión  oficial entregada a la Unión Europea contienen algunas variaciones.
 
 

Aunque el Plan reconoce la necesidad de consolidar un Estado de Derecho,  tanto la lectura de la situación del país como las estrategias planteadas para este fin, desconocen aspectos  fundamentales de la  realidad nacional y por ende, de las  salidas.  La inequidad social, la pobreza y miseria rampante; las persistentes violaciones a los derechos humanos y la impunidad que las carateriza; el irrespeto al Derecho Internacional Humanitario, el deterioro del conflicto y el papel de los paramilitares en la degradación del mismo; los efectos del modelo de lucha antidroga aplicado hasta el momento; la  necesidad de una  profunda reforma política y de los poderes públicos y la construcción de una real y efectiva participación ciudadana…son algunos de los aspectos relevantes desconocidos en el Plan, lo que conlleva a un diagnostico  insuficiente y a una caracterización sesgada.

La consolidación del Estado de Derecho  aparece entonces ligado a  un  enfoque de seguridad y estabilidad   que  desconoce la necesidad de una legitimidad democratica (aunque se insista en ella en varias oportunidades) como pilar fundamental del Estado de Derecho.

El Plan concebido para «la Paz , la prosperidad y el fortalecimiento del Estado» centra en el poder desastibilizador del narcotráfico  su análisis, dejando de lado las causas estructurales y coyunturales de la sumatoria de violencias que vive el país  (violencia común, violencia económica y social, violencia derivada del conflicto armado, violencia del narcotráfico, violencia resultante del esquema contrainsurgente aplicado, violencia resultante de la lucha antidroga, etc) de la misma manera  que tiende a equiparar la  lógica y dinámica de los actores armados,  sin diferenciar objetivos, metódos y fines.

En el  plano económico no se tocan aspectos fundamentales como son : efectos del proceso de globalización y de la apertura sobre los sectores productivos colombianos - la concentración y centralización del ingreso y del capital - la inadecuada distribución del ingreso- los pobres resultados de los procesos de privatización – el deterioro de los recursos destinados a salud y educación.

Esta insuficiencia  en la lectura imposibilita analizar las causas básicas de los factores que afectan a la sociedad y orienta las fórmulas a la búsqueda de un ordenamiento macroeconómico combinado con  un esquema asistencialista, dirigido hacia los sectores más desfavorecidos, que sin tocar las causas,  mantiene y profundiza el modelo vigente.

  El Proceso de Paz
La estrategia de paz contenida en el Plan se fundamenta de manera  exclusiva en el esquema de negociación que se viene adelantando actualmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia FARC.  No se incluyen otro tipo de alternativas a considerar si este esquema de dialogo no ofrece los resultados esperados ó como se combinaría, en caso de marchar  la propuesta de Convención Nacional,  iniciativa del  Ejercíto de Liberación Nacional ELN . Tampoco se consideran experiencias e iniciativas de otro tipo como la construcción de hechos de paz, que  dinamizen un proceso desde la base y fomenten una cultura de paz.

La estrategia no  hace referencia a los objetivos a alcanzar con el proceso, como tampoco  a la propuesta política que el Estado esta dispuesto a someter a consideración en una mesa de negociación. Queda entonces la sensación de estar limitado a la eliminación del conflicto armado, dejando de lado no solamente las causas económicas y sociales que se encuentran al origen del conflicto (y que el  actual gobierno ha reconocido en más de una oportunidad), sino también la necesaria racionalización de las anteriores experiencias de negociación implementadas en el país, que no pasaron de ser procesos de desmovilización, sin ningún impacto en las estructuras económicas, sociales y políticas y por ende, en la existencia  y dinámica del conflicto.

Aunque se reconoce el papel central de la sociedad civil en el proceso,  no se definen sus posibilidades de participación real y efectiva, como tampoco  los criterios y mecanismos de representatividad de  las organizaciones sociales dentro del mismo.  Contrasta con ello la importancia que se le otorga  como « factor de presión » a los grupos armados para la búsqueda de una solución política y el respeto al DIH, lo que pone en evidencia  la instrumentalización  de la misma, para el mantenimiento de un esquema de negociación  que se centra en las conversaciones entre cúpulas de poder.

Sorprendente resulta  la designación de protagonistas del conflicto: La guerrilla – las autodefensas( grupos paramilitares) – los colombianos, sin ninguna alusión al Estado . Surge entonces el interrogante de cúal es la caracterización del conflicto y a quiénes se considera como actores del mismo?. Frente al tema de los paramilitares el planteamiento resulta igualmente confuso. Se habla de la lucha  que se sigue contra los mismos sin especificar en que consiste  y se agrega que no se descarta la utilización de alternativas pacíficas. Cuales serían estas alternativas?.  Se contempla la posibilidad de otorgar estatus político a los paramilitares y de iniciar un proceso de negociación con ellos?.

"La participación de la Comunidad Internacional se constituye en un elemento vital para la construcción de un proceso de paz", no obstante, se limita a relacionar  una serie de posibilidades de acción de la misma,  sin definir el papel con relación a la estrategia planteada. Queda la impresión que en términos del Plan la cooperación económica se estima por ahora como su contribución mas importante.

  Plan Económico
Las medidas de estabilización económica contenidas en el Plan Colombia se pueden sintetizar así :

a. Desequilibrios de las cuentas fiscales: Recortes en el gasto público, ampliación de la base del IVA, impuesto sobre las operaciones financieras, controles a la evasión.

b. Salarios y empleo: Congelación de salarios públicos, recortes en burocracia y en gasto diferente a la inversión.

c. Reforma institucional: Reforma a las instituciones de seguridad social y los fondos de pensiones (privatizaciones hasta donde sea posible).

d. Privatizaciones: Empresas y banca estatal. Se pretende aumentar su productividad y financiar el déficit fiscal.

e. Asistencialismo: Preparación de una red de apoyo social para aliviar el impacto negativo que el ajuste fiscal tenga sobre los sectores más vulnerables de la población. Se esperan recursos de los organismos financieros internacionales.
 

Tales medidas corresponden a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional FMI. El pasado diciembre fue aprobado por este organismo el programa Económico presentado por el gobierno de Colombia. Las metas fiscales a alcanzar a mediados del 2000 contenidas en el memorando de compromiso y su respectivo memorando técnico, las cuales son de obligatorio cumplimiento, coinciden plenamente con lo expuesto en el Plan Colombia.

  Para  lograr el crecimiento económico se plantea :

a. Hacer competitivo el campo
b. Eliminar el contrabando
c. Incremento de las exportaciones e inversión extranjera
d. Transparencia en el sistema de compras estatales
e. Permanencia de las preferencias arancelarias
f. Acuerdos de protección de inversiones
g. Sustitución de cultivos ilícitos

Para empezar el sector agropecuario Colombiano no deriva su ineficiencia únicamente de condiciones internas. Los principales factores a los cuales se puede atribuir su pobre comportamiento son los de una apertura ingenua con revaluación del peso, que puso a competir al campo  con los inmensos subsidios de los países desarrollados y el proteccionismo de sus respectivos mercados.

Adicionalmente, la industria perdió su dinámica y la participación en el PIB  disminuyó. Se produjo un proceso de desacumulación de inversiones y con contadas excepciones no se gestaron procesos de modernización empresarial. En el corto plazo es prácticamente imposible esperar en el sector industrial un aumento importante en las exportaciones y aún la recuperación del mercado interno.

El programa de privatizaciones contempla empresas rentables que prestan servicios públicos importantes ISA, ISAGEN  hasta el saneamiento de la banca estatal  antes de ser vendida. Es decir, una socialización de las perdidas. De otra parte, se plantea que los recursos de las privatizaciones se orientaran a cubrir el déficit fiscal y hacia los programas asistenciales  dirigidos a los sectores más vulnerables. El peligro de estas destinaciones presupuestales es la financiación de gastos que se convierten en permanentes con recursos de coyuntura, creando una ilusión del déficit fiscal en el corto plazo y un hueco mayor para el futuro.

En otros sectores estratégicos como los del carbón y el petróleo, la flexibilización no es otra cosa que la orientación hacia concesiones sin condiciones a la inversión extranjera antes que la asociación racional para la exploración y explotación de los recursos. En lo ambiental y en lo sustentable los resultados  saltan a la vista  mediante proyectos  en los que poco importa avasallar cultural y físicamente poblaciones y territorios indígenas ancestrales (luchas como la de los indios Embera y U’was resultan ser lo suficientemente ilustrativas)

Las preferencias unilaterales concedidas por los países desarrollados como son el SPG andino y el ATPA, aunque fueron el resultado de la aceptación del principio de la Corresponsabilidad mundial en la lucha contra las drogas, presentan cada día una tendencia mayor a condicionalidades de diferentes tipos e, inclusive,  ya se  han establecido  plazos para su desmonte.

Respecto al aumento de la competitividad, este  no es un problema sencillo.  Mientras no se plantee  un cambio estructural y de modelo económico, el problema de restricción de la demanda por la disminución en el poder adquisitivo de la población y la incorrecta distribución del ingreso continuara afectando la recuperación del mercado interno y el aumento del bienestar.

Las exportaciones de bienes de mayor valor agregado e incorporación tecnológica, son por ahora una simple ilusión que no se encuentra respaldada por ningún plan de desarrollo.

  La Estrategia Antinarcóticos
Los objetivos centrales de la  estrategia antinarcóticos pueden sintetizarse en :
a. EL fortalecimiento de lucha antinarcóticos sobre la base  del fortalecimiento y coordinación de las Fuerzas Armadas y de Polícia.
b. La eliminación de la producción a gran escala continuando con los métodos de eradicación forzosa.
c. Rompimiento de los  nexos existentes entre los grupos armados y las organizaciones del narcotáfico.
d. Fortalecimiento de planes de desarrollo alternativo.

Salta a la vista   la coíncidencia existente entre los objetivos  estrategicos del Plan y el  esquema del zar antidrogas estadunidense Barry MaCffrey :
« La estrategia colombiana consiste en reducir  la producción de drogas ilícitas mediante un  combinado de aplicación de la ley, detección aérea por parte del ejército, erradicación de cultivos y alternativas de desarrollo económico. Pero a pesar  de los esfuerzos por  identificarlos y erradicarlos, los cultivos de droga siguen creciendo bajo la protección de carteles de las drogas, en zonas rurales fuera del control del gobierno »
Asi como la identidad existente entre sus prioridades y los componentes del paquete de  ayuda norteamericana.

Es en últimas el uso de la fuerza en operaciones militares que integran ejército y policía el elemento preponderante de la estrategia, sin diferenciación alguna entre las etapas de produción, distribución y comerzalización de  sustancias ilícitas, que amérita un análisis de  los  elementos estructurales presentes  en esta problemática y con ellos el de las fronteras  existentes entre el conflicto armado interno y  el narcotráfico.

La erradicación forzosa de cultivos ilícitos parte de la premisa de  afectar  la  oferta y obstaculizar de manera temporal la producción, para por esta vía reducir el consumo. No obstante, en la práctica, la realidad ha demostrado que la rapidez en la movilidad de producción no logra incidir en la demanda  y  por el contrario, causa un mayor impacto ambiental negativo.

La erradicación forzosa de cultivos ilícitos  atraves de la fumigación no es nueva en Colombia. 25 años  de aplicación demuestra su fracaso no solo en terminos de reducción de la oferta (la hectárea de hoja de coca sembrada aumentó entre 1992 a 1998 de 40.000 a  más de 100.000), sino también, en relación a la incidencia negativa  para la legitimidad del Estado, el orden social, el conflicto armado y el daño al medio ambiente que  la fumigación  ha causado.

El esquema propuesto por el Plan Colombia lleva nuevamente a la constatación de « la ausencia de una política de Estado sobre drogas ilegales ».  Vacio que se llena atraves del uso indiscriminado de la fuerza en la lucha antidroga, producto por demás de una política ajena que se acepta como recurso de transacción en el marco de la agenda bilateral con Washington .

La  formula combinada fumigación – desarrollo alternativo contenida en el Plan, resulta incompatible. La  fumigación mediante aspersión aérea tiene un efecto masivo y por tanto los cultivos lícitos resultan igualmente afectados, convirtiéndose en un esfuerzo perdido y  en una frustación más para los cultivadores afectados. Por otro lado el plan  considera la posibilidad de utilizar agentes de control biológico como método de erradicación a sabiendas de que se  desconoce su potencial para atacar otras especies.

Para el especialista en el tema, Martin Jelsm, el hecho que la administración norteamericana haya sido categórica en que el esquema de lucha antinarcóticos no es negociable y por tanto el desarrollo del proceso de paz no debe interferir en la cooperación antinarcótica ; condujo al gobierno de Pastrana a la elaboración de un « plan plagado de contradicciónes que intenta llegar a un compromiso entre enfoques mutuamente excluyentes, entre el nexo drogas y paz  »

  Sistema judicial y DH y protección de los DH
Los principales campos de acción al respecto son :
a. El procesamiento de narcotraficantes, secuestradores y  otros delincuentes que incluye el compromiso de hacer cumplir   leyes multilaterales y  procedimientos de extradicción.
b. Mejora del sistema de fiscalía en la investigación y mayor agilidad en el proceso.
c. La protección de los DH se sustenta en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, la creación de comités institucionales para el seguimiento de casos graves y el programa de protección a defensores de derechos humanos.
d. Eliminación de la corrupción.
e. El decomiso y expropiación de bienes producto del narcotráfico.
f. El bloqueo de rutas del narcotráfico.
g. Campañas de prevención del consumo de drogas.

El plan parte de reconocer la necesidad de construir un sistema de justicia independiente, equitativo, acsequible y eficaz como elemento fundamental en la recuperación de la confianza y legetimación del Estado y por ende, en la consolidación de un Estado de derecho .  No obstante, los ejes centrales de la estrategia parecen mas una declaración de buenas intenciones sin cotemplar el como lograr esta meta.  En materia de derechos humanos las iniciativas puntuales que se presentan no se corresponden con la magnitud del problema y  la responsabilidad del Estado en su superación. Además, la mayoria de las propuestas están mas ligadas al  tema de la lucha antinarcoticós que al de reformas judiciales y protección a los derechos humanos.

Nada dice el diagnóstico de importantes temas jurídicos pendientes como una reforma integral al sistema penal y penitenciario, la estructuración de una política criminal a mediano y largo plazo, la tipificación del delito de desaparición forzada, la entrada en vigencia del código penal militar, el cumplimiento de  la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de fuero militar, la elminición total de la justicia sin rostro. Aspectos que sin duda generarían un efecto positivo en la recuperación de la confianza ciudadana en la justicia y la disminución de los índices de impunidad,  a la vez  que expresarian una voluntad política inequivoca hacia el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En el tema de protección a los  derechos humanos se parte de falsas premisas. En primer lugar se desestatiza la responsabilidad  en las graves, persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos  que vive el país. La vigencia de los mismos no depende de la existencia de un modelo pedagógico sobre la materia, aunque este sea  un elemento importante para generar una cultura de respeto a los derechos humanos.

En segundo lugar,  el gobierno colombiano pese a estar sometido al escrutinio de la Comunidad Internacional atraves de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que opera en Colombia, sigue sin implementar las múltiples y reiteradas recomendaciones de derechos hulmanos emanadas de diferentes organismos de las Naciones Unidas. La propuesta no contempla una estrategia dirigida  a la implementación integral de las recomendaciones internacionales que significaría un paso adelante en la superación del problema y un significativo aporte  a la marcha del proceso de paz.

 En tercer lugar, las Comisiones  Interinstitucionales dirigidas a lograr la investigación  y el juzgamiento de graves violaciones, como al  respeto de los derechos humanos y  del derecho internacional humanitario, aparte de no ser la solución al problema ( aún cuando podrían contribuír a ella) se han caracterizado por su inoperancia e ineficacia para el logro de sus propósitos.

En cuarto lugar, el programa de protección a defensores  se  basa en un esquema eminentemente curativo, en todo caso insuficiente. Dejando de lado  la prevención de ataques  como elemento fundamental  de la protección .

La estrategia omite referencia alguna respecto al desmantelamiento de los grupos paramilitares y la investigación y juzgamiento de todos sus responsables ó a como cortar los nexos  existentes entre estos grupos y la Fuerza Pública.  De la misma manera se desconoce por completo el tema de reparación integral  a las víctimas del conflicto y de violaciones a los derechos humanos.

  Democratización y desarrollo social
Son ejes principales de esta acción:
a. La participación local y comunitaria.
b. La asistencia humanitaria.
c. La asistencia a desplazados internos.
d. El desarrollo alternativo y sostenible de ambientes frágiles.

En esencia se recoge en este capitulo los planteamientos  esbozados en la versión del 98 del Plan Colombia, de claro corte asistencialista. Sin demeritar las bondades que tales iniciativas podrían tener sobre las comunidades más afectadas por  la violencia como efecto inmediato, su inclusión en el nuevo plan tiende más bien a aliviar un poco los efectos nocivos de la estrategia económica  y antinarcóticos, que a la solución estructural de sus problemas.

En relación con la participación local y comunitaria la iniciativa contrasta con una realidad de total desconocimiento por parte del gobierno  hacia los problemas y propuestas  de las comunidades y organizaciones sociales y aún más, con la respuesta de fuerza a sus reivindicaciones.  Ilustrativo resulta ser como ni siquiera el Plan Colombia es suficientemente conocido por amplios sectores de la población colombiana mientras en el mismo, se le involucra como elemento importante en la lucha contra el narcotráfico,  la corrupción, el secuestro y la violencia.  Son estos realmente todos los temas  que le interesan a la comunidades y las organizaciones sociales ?

En materia de desplazamiento interno, pese a existir un marco legal sobre la materia, la política oficial ha sido ineficiente tanto en materia de atención a los desplazados como frente a la prevención al desplazamiento. Adicionalmente  el gobierno ha inclumplido una serie de acuerdos suscritos con diferentes comunidades desplazadas que involucran temas como retorno, seguridad, desarrollo, generándose asi nuevos desplazamientos.

En relación a la entrega de la ayuda humanitaria a los  desplazados, los problemas de coordinación entre los diferentes entes estatales responsables del tema se convierte en un obstáculo más en perjucio de las necesidades básicas de los desplazados .

Respecto al  tema de desarrollo alternativo y sostenibilidad de áreas ambientalmente fragiles, ya anteriormente se hizo referencia a como mientras se mantenga la  estrategia actual de lucha contra las drogas, tales proyectos no tienen ninguna viabilidad.

  Financiación del Plan
El “paquete de Ayuda Financiera”  o mejor  de créditos para Colombia para el período 1999-2002 es de US$ 6.900 millones. Uno de los principales problemas que menciona el Plan Colombia es el del crecimiento de la deuda externa. Los 6.900 millones de dólares son de nuevo endeudamiento, cuyo pago se efectuará por cuenta del futuro crecimiento.

Del presupuesto proyectado para el Plan Colombia US$ 4.000 millones deben ser aportados por Colombia. Saldrán  entonces o del nuevo endeudamiento, o de los procesos de privatización, o de los denominados bonos para  la paz que suscribirán obligatoriamente las empresas y los sectores de altos ingresos. El primer factor es el único real, pues los otros dos son solo supuestos macroecónomicos con un alto grado de incertidumbre. De las finanzas corrientes del Estado, no saldrá dinero en razón de la angustiosa situación de las finanzas públicas.
 
 

Para la  Casa Blanca  Colombia encarna una crisis urgente que abarca tres dimensiones: NARCOTICA, MILITAR y ECONOMICA. El Plan Colombia “ con un enfoque abarcador” busca fortalecer la Economía y la democracia colombiana y combatir el tráfico de narcóticos. Teniendo en cuenta que aproximadamente Colombia "provee el 80% de cocaína que se consume  en Estados Unidos", la administración Clinton tiene un “vital interés en el éxito de este plan” y por ello espera lograr durante el año 2000 y 2001 una ayuda que totalice US$1.600 millones. La iniciativa será considerada por el Congreso en el marco del Presupuesto del Presidente y añadirá una solicitud suplementaria de emergencia de US$954 millones, durante el 2000 y  US$ 318 millones durante el 2001, al apoyo actual  de US$150 millones por año.

El paquete de ayuda esta integrado por cinco  componentes:
  Ayudar al gobierno a tomar el control del Sur de Colombia.  Por considerar que es un área de cultivo de drogas actualmente bajo el control de la guerrilla. Se destina para este rubro un presupuesto de US$600 millones para los dos años que servirán para entrenar y equipar dos batallones más antinarcóticos, 30 Helicopteros Blackhawk y 33 Huey,  actividades de inteligencia como apoyo a los batallones y asistencia a las personas que resulten desplazadas  a causa de los operativos.
  Aumentar la capacidad de interceptación de cocaína por parte de las autoridades colombianas. Los recursos  US$341 millones  para los dos años se destinaran para el mejoramiento de radares, aviones, aeródromos y recopilación de inteligencia.
  Aumentar la erradicación de cultivos. Actualizar la tecnología de la Policía Nacional para la fumigación, seguridad de sus bases y apoyo a las labores de inteligencia para lo cual se destinarán US$96 millones para los dos años.
  Promoción de cultivos y empleos alternativos.  Promover iniciativas económicas para los actuales cultivadores y apoyo a las autoridades locales  dentro de este marco. US$145 millones  para los dos años estarían dedicados a este propósito.
  Aumentar la protección a los derechos humanos. US$ 93 millones durante los dos años estarían destinados a  programas que fortalezcan el sistema judicial y ataquen el lavado de dinero y a promover el respeto a la ley y el proceso de paz.

Ayuda  Norteamericana en Millones de dólares
Total	2001	2000	Destinación
600	88	512	Operaciones sur de Colombia
341	102	238	Interceptación
96	28	68	Erradicación de cultivos
145	53	92	Cultivos alternativos
93	48	45	Protección DH
1273	318	954	Total paquete ayuda suplementaria
300	150	150	Ayuda Actual
1573	468	1104	Total Paquete

Con el actual paquete de ayuda  Colombia se convierte en el principal destinario de ayuda norteamericana despues  de Egipto e Israel. Con lo cual se hace evidente el compromiso cada vez mayor del Estado Colombiano con los intereses estrategicos norteamerianos en la región. Para el analista en seguridad, Alfredo Rangel, si bien es cierto la ayuda puede implicar ventajas operacionales para los militares colombianos al mismo tiempo « implica riesgos estratégicos para el Estado».

Otro elemento que salta a la vista es el del rompimiento de las fronteras entre la lucha antidrogas y la guerra contrainsurgente a partir de la teoría de los vasos comunicantes existentes entre la guerrilla y narcotráfico,  cuya evidencia irrefutable lo constituye la preponderancia atribuida al  desarrollo de operaciones conjuntas en el Sur de Colombia y los tres batallones antinarcóticos que en muy corto tiempo estarán asignados para tal fin. Los efectos que ello traerá  para una agudización del conflicto y su impacto negativo en el manejo del orden público, la vigencia de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario son a todas luces previsibles. Y con ello una mayor crisis de legitimidad del Estado que  la guerrilla puede utilizar en su favor.

Al respeto resulta interesante como a los cuestinamientos de importantes Ongs internacionales y de algunos congresitas repúblicanos sobre los peligros que entraña  el actual paquete de ayuda, se ha sumado el esceptismo de algunos miembros del pentagono, la DEA y la Guardia Costera sobre la eficacia de la ayuda en  el comercio de la drogas y la preocupación de que Estados Unidos «termine arrastrado en la cruenta guerra civil que se libra en ese país »

No obstante, para el gobierno  y la clase política colombiana el paquete de ayuda es considerado como un gran triunfo de la actual administración, que lleva a mirar con optimimismo el futuro del país y  por tanto no hay nada que temer. Al respecto y como evidencia de la claridad que se tiene sobre el involucramiento de la ayuda en el desarrollo del conflicto, resulta suficientemente ilustrativa la siguiente afirmación del expresidente Alfonso López Michelsen :
“ Con razón se barajan dentro del juego de palabras las finalidades de la política de reequipamiento militar hasta llegar a una  síntesis que sirve de rótulo: “vamos a acabar con el narcotráfico que es la fuente de la guerrilla”. La ayuda gringa se presenta de esta suerte dentro de un contexto que permite conjurar la eventual oposición de las ONGs que fundamentan su veto a la ayuda en el terreno de los derechos humanos, atribuyéndole al reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas el propósito de aniquilar a la subversión a sangre y fuego con perjuicio para los  civiles”

Paradójicamente en el Putumayo uno de los objetivos centrales de la ayuda  y único departamento  que aparece expresamente citado en el Plan Colombia, ni siquiera sus autoridades locales conocen el Plan Colombia. Según  la intuitiva percepción de un profesor de la región,  con el Plan Colombia la situación va empeorar,   lo concibe como un sinónimo de fumigación “y la gente no se va dejar maltratar”
 
 

Los pilares fundamentales del plan  en términos de estrategia se reducen a dos: la económica y la antinarcótica.

En lo económico el plan Colombia plantea un plan de estabilización muy parecido a los de “Ajuste estructural”, con graves consecuencias en el corto plazo sobre las ya difíciles condiciones de distribución del ingreso y el empleo.

Se incrementa el endeudamiento externo, se privatiza para hacer asistencialismo, se socializan las perdidas y se pretende explicar que los sacrificios de hoy serán el crecimiento y la mejor distribución del ingreso en el mañana.  Aunque esto fuera cierto, es objetivo decir que la propuesta económica planteada no contribuye en el corto y en el mediano plazo a la paz y la convivencia social, aún si se lograse  un acuerdo entre los actores armados de la guerra.

El esquema  antinarcóticos es en esencia cortoplacista y militarista, componentes que impiden  mirar alternativas posibles desde una perspectiva distinta, en donde la concertación con las comunidades prevalezca sobre la fuerza. Con  agravantes adicionales como el rompimiento de las fronteras  entre lucha antidroga y lucha contrainsurgente, cuyo efecto determina una perdida de independencia frente a la respuesta a dar al conflicto ; el desconocimiento al carácter de no combatientes de  los civiles involucrados ; la vulneración de los derechos fundamentales que se pregona defender ; los efectos  nocivos en materia ambiental. Tal y como afirma Ricardo Vargas : « La construcción de las paz en Colombia pasa por un cambio de la actual estrategia antidrogas liderada por Estados Unidos »
 
El  plan se mueve en dos planos superpuestos  en el ámbito internacional:
  El apoyo  político y financiero de los Estados Unidos en la lucha antinarcóticos. Los recursos solicitados por el Presidente Clinton al Congreso Norteamericano se destinaran en su mayoría a fortalecer la guerra  contra el narcotráfico y todo aquello que se considere esta relacionado con él, que como se anotó anteriormente  incidirá en el desarrollo del conflicto armado interno.

  El apoyo y recursos Europeos  orientados hacia el respaldo político al proceso de paz y la financiación de proyectos de reconstrucción producto de la guerra.
 

La estrategia de paz sustentada  únicamente en el proceso de negociación ya iniciado con las FARC resulta ser igualmente cortoplacista, sin correspondencia con la gravedad  y complejidad de los problemas que entraña el conflicto armado interno y a la postre contradictoria con el esquema de lucha antinarcóticos planteado.

La alusión al tema  de reformas judiciales y derechos humanos  carece de estrategia  propia. Por un lado incluye un listado incompleto de intenciones y por el otro se orienta a complementar desde el ámbito jurídico la estrategia antinarcóticos.

En el terreno de la democratización el panorama resulta igualmente desalentador.  A falta de análisis de  los profundos problemas estructurales del Estado y de su responsabilidad en las graves, persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que impiden el libre ejercicio democrático, se reduce a intentar palear sus efectos por la vía de la asistencia humanitaria y de programas de desarrollo alternativo que van en contravia con la estrategia antinarcóticos.
 
En síntesis,  las propuestas del Plan Colombia se convierten en más de lo mismo : más endeundamiento, más militarización, más daño al medio ambiente mediante más erradicación forzosa de cultivos,  mas violaciones a los derechos humanos, más injerencia norteamericana, más  conflicto a nombre de la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado.