COLOMBIA A LAS PUERTAS DE UN GENOCIDIO PATROCINADO

POR EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE JUAN MAYR MALDONADO

Con sorpresa leímos en un periódico de nuestro país que el Ministro Juan Mayr, era, según el diario, "El hombre del protocolo", más aún nos sorprendimos cuando continuando la lectura, encontramos que según Mayr, él ha aprendido de los indígenas su disposición a la concertación.

No confiamos en la tarea que haya hecho para lograr un acuerdo en el Protocolo de Bioseguridad, pues en la relación con los pueblos indígenas de a Colombia, su actuar ha estado basado en el engaño, el irrespeto y en otras conductas que están distantes de la buena fe, que debería tener todo funcionario público y toda persona que presuma de haber aprendido algo de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, el ministro está desconociendo la estructura organizativa de los pueblos indígenas.

Juan Mayr, valiéndose del acceso a la tecnología como el internet, está realizando una amplia campaña de desinformación en lo referente a la problemática de los indígenas emberá katío del Alto Sinú frente a la Represa Hidroeléctrica de Urrá, y a los indígenas U’wa frente a la empresa petrolera Oxidental de Colombia en su territorio. Se ha hecho creer que el problema ya ha sido solucionado, que ya se ha surtido la consulta y concertación con los indígenas y que las justas reclamaciones de los pueblos indígenas son expresiones de minorías o fracciones que se oponen al desarrollo del país.

Por eso nos parece importante que la opinión pública conozca que la situación no es tan sencilla como a veces se quiere hacer aparecer ante la opinión internacional.

Caso de los indígenas emberá katío del Alto Sinú frente a la represa Hidroeléctrica de Urrá. Después que la Corte Constitucional ordenó la realización de la consulta bajo unos parámetros bien definidos y el cumplimiento, por parte del Estado, de una serie de obligaciones previas al llenado del embalse, el Ministro Juan Mayr dio la licencia que autoriza el llenado sin que se hubiera realizado la consulta en debida forma y sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones previas. De tal forma que el embalse se continúa llenando, a pesar de que no se ha realizado la consulta con los indígenas brindando las garantías necesarias para que sea un proceso transparente, pues el intento que se hizo estuvo rodeado por el temor de los indígenas, motivado en que importantes líderes han sido asesinados, otros amenazados, lo mismo que sus asesores; a esto se suma el papel tan pasivo del Estado pues además de no seguir el proceso con funcionarios del nivel decisorio, manifestó que su papel era de "observador", desconociendo su obligación de ser garante de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Así mismo, tampoco se ha concertado la reubicación de los indígenas que habitan en una zona que está muy próxima a ser inundada.

Vale mencionar que el Ministro negoció con un sector del pueblo emberá que no va ser afectado directamente por la inundación del territorio, lo propio sucedió con las comunidades zenú, pero no ha llegado a acuerdos con las comunidades cuyo territorio va a ser invadido.

Ante esta situación, una parte de las comunidades afectadas se desplazó hacia la capital de la República con el fin de buscar el diálogo y la concertación que conduzcan a una solución definitiva a su problemática. Ante la falta de disposición al diálogo por parte del gobierno, los indígenas se encuentran aguardando en las afueras del Ministerio del Medio Ambiente, pues el gobierno no da señales de querer concertar. Las reuniones que se han realizado desde la llegada de los indígenas hasta la fecha, han estado marcadas por una tendencia a la dilación del proceso, pues con los emberá se sientan, no quienes tienen en sus manos la capacidad decisoria sino funcionarios de bajo nivel, quienes están haciendo solamente una labor de intermediación o de mensajería entre los indígenas y el alto gobierno.

Mientras tanto, continúa el llenado del embalse que pretende ahogar la vida y la dignidad emberá, pues el agua se encuentra a cinco metros lineales de la primera vivienda y como consecuencia del llenado la población indígena está siendo afectada por dengue, infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y estados febriles no diagnosticados. Para lograr el desalojo del jardín del Ministerio, el gobierno ha esgrimido el aspecto humanitario, pero lo olvida al no pensar en el grave estado de salud y de peligro en que se encuentran los indígenas en la zona de inundación.

Caso de los indígenas U’wa frente a las actividades de la empresa petrolera Oxidental de Colombia. El Ministro Juan Mayr, expide la licencia que autoriza la prospección exploratoria a la Oxy, sin que se haya realizado la consulta con el pueblo indígena U’wa. A pesar de tener en sus manos pruebas contundentes de la afectación del proyecto al territorio tradicional U’wa y a la parte del mismo constituido como Resguardo, no realizó la consulta previa, desconociendo abiertamente la normatividad Constitucional y Legal vigente en nuestro país así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En vista de que los indígenas han seguido ocupando su territorio tradicional, el Resguardo constituido y sus fincas de propiedad privada colectiva, las fuerzas militares de Colombia los han desalojado violentamente para darle paso al gran capital por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas, con una actitud genocida contra este y en general contra todos los pueblos indígenas de Colombia. Como si esto fuera poco, mientras los altos mandos de la guerrilla de las FARC exploran modelos foráneos para ser transplantados a una realidad que está a siglos de aquella, según información de los habitantes de la zona, al parecer integrantes de las FARC cuidan la maquinaria de la petrolera y adelantan, según su práctica labores tendientes a facilitar la actividad de la misma.

En general, ponemos en duda las intenciones del Presidente Pastrana, cuando se desplaza por el mundo buscando apoyo económico para financiar la paz, mediante el llamado "Plan Colombia", pues en el proceso de paz y en la definición de los lineamientos del Plan no hemos sido llamados los sectores sociales más afectados por el conflicto, como somos los pueblos indígenas. De igual forma, el gobierno está buscando financiación internacional en el campo ambiental y agrario, pero las políticas en estos sectores no han sido concertadas con las organizaciones sociales. Precisamente, la situación de los pueblos Emberá y Uwa, que relatamos anteriormente, demuestra que la realidad que vivimos en el país no está acorde con el discurso ambiental, de paz y de reforma agraria que los distintos funcionarios del gobierno colombiano esgrimen en el extranjero.

Por los hechos mencionados llamamos a la opinión pública nacional e internacional a pronunciarse y a realizar acciones en defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Colombia.