NI IMPUNIDAD NI COMPLICIDAD
PINOCHET EXTRADICCIÓN



    Tras los recursos interpuestos por Bélgica y por seis organizaciones de Derechos Humanos, en el Reino Unido se examinan durante el día de hoy las alegaciones presentadas por varios países al informe médico en que se basó la decisión del Ministro del Interior británico, Jack Straw, de interrumpir el proceso de extradición del general Augusto Pinochet.

    La batalla contra la impunidad del hombre que dirigió Chile mediante el terror, que tantas esperanzas había suscitado entre los defensores de la justicia, dio un giro copernicano con la decisión del Sr. Straw, para satisfacción del gobierno español que, en el momento decisivo, antepuso las consideraciones políticas al anhelo de justicia de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos y de sus familiares, bloqueando las iniciativas judiciales de recurso contra la decisión del Ministro del Interior británico.

    Según el dictamen del Alto Tribunal londinense, sólo el Estado español estaba legitimada para recurrir la decisión del ministro Straw e impedir así la liberación del dictador Pinochet. Sin embargo, la renuncia del gobierno español a recurrir esta decisión proporciono al Ministro británico la coartada perfecta para quitarse de encima este "problema". El gobierno español no cumplió con su deber moral y con su obligación legal de no entorpecer la labor de la Justicia.

    Si persiste en su actitud el gobierno del Sr. Aznar pasará a la historia como el gobierno que no aprovecho la gran oportunidad de poner en práctica el principio de justicia universal. Además de volver la espalda a las víctimas que confiaban en obtener una reparación moral por tanto sufrimiento, el gobierno del Sr. Aznar ha hecho caso omiso de sus obligaciones legales contraviniendo las disposiciones de la Convención contra la Tortura de la ONU y, al someter a control político la labor del juez Garzón, no respeta la independencia del poder judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución y en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

    Estos quince meses de arresto del general no han transcurrido en balde. Han representado un hito histórico en la lucha contra la impunidad, sentando un precedente muy valioso desde el punto de vista legal y lanzando a todos los represores del mundo una advertencia clara e intranquilizadora para sus designios.

    Sin embargo, no podemos conformarnos con estos avances parciales. La actitud de los gobiernos británico y español no puede quedar sin la respuesta de los ciudadanos que tengan sentido de la Justicia. Por ello seguimos exigiendo al gobierno español que rectifique, que se ponga del lado de la Justicia de la legalidad y de las víctimas, y que cumpla con su obligación tanto legal como moral, de permitir que la orden del juez Garzón llegue a la Fiscalía de la Corona británica para que persista con el caso hasta que todas las posibilidades legales queden agotadas.

    Amnistía Internacional (AI), Bloque de la Izquierda Asturiana (BIA), Comités de Solidaridad con América Latina (COSAL), Fundación Paz y Solidaridad de CCOO, Izquierda Unida (IU), Las Segovias, SODEPAZ, SUATEA; Plataforma Asturiana de Solidaridad con Chiapas.