Los hechos se remontan al 17 de julio del año 2001, la policía aprovechó el desahucio de Can Nyoki, situada justo en frente, para asaltar sin orden judicial la Kasa de la Muntanya con la excusa que la gente que había dentro había lanzado objetos y, por lo tanto se estaba produciendo un 'delito flagrante'. Esta actuación policial derivó en duros enfrentamientos en la calle con mucha gente que fue llegando para solidarizarse y dio su apoyo. Aquel día, después de irrumpir ilegalmente, los policías la ocuparon y revolvieron durante más de 8 horas, hasta que el juzgado de guardia les denegó el orden de entrada y registro y se vieron obligado en marchar. Cuándo se pudo volver a acceder en la vivienda se encontró a faltar hasta 330.000 pesetas en metálico que eran propiedad de la Asociación de amigos/gues del Reciclaje, del taller de serigrafía y del de deportes. Además, la lista de objetos 'desaparecidos' durante la intervención se engrosa con material fotográfico y de vídeo -cámaras, DVD, aparatos reproductores ... - teléfonos móviles, cascos, libretas de ahorro, targetas de crédito y una larga lista de objetos personales que incluye incluso tabaco, mecheros y algún juguete. Entre los objetos perdidos se encuentran también unas cintas de video que formaban parte del proyecto de la Trienal Art Report/Experiències 2001, organizado por el MACBA y con las que se tenía que elaborar un documental por encargo, es por eso que la jueza decidió citar como testimonio al comisario de la exposición. Toda esta relación de objetos no figuraban en el atestado policial y desde que los agentes entraron en la Kasa no volvieron a aparecer. El asalto supuso la detención de 19 personas que fueron acusadas de delitos que sumaban hasta 7 años de prisión para cada una de ellas, además, una de las personas que habían llegado para dar apoyo perdió un ojo. El día después, a las 20 h empezó la concentración de rechazo a los hechos en la plaza Rovira, que reunió a unas 2000 personas, fue en manifestación hasta los juzgados de Barcelona, en el paseo Lluís Companys. Allí se encontraban los 19 detenidos del desalojo, declaran ante la jueza Roser Aixandri en el juzgado de instrucción nº 26. La manifestación recurrió tranquilamente todo el paseo de Sant Joan, hasta llegar a los juzgados donde se tiraron algunos petardos y se encadenó simbólicamente a la puerta principal de los juzgados, allí aparecieron 2 furgonetas de antidisturbios de la policía, que no hicieron otra cosa que provocar, al cabo de un rato se marcharon. Las noticias que llegaban de dentro de los juzgados no eran muy alentadoras, por un lado, en el informe policial, se afirmaba la existencia de 14 cócteles molotov a punto de ser lanzados en la terraza de la kasa, acusación rotundamente falsa, sin pruebas y totalmente desmentida por los habitantes; por otra parte, y basándose en éste atestado policial, la fiscalía pedía prisión preventiva para todas las personas detenidas, por su peligrosidad y por el riesgo de reincidencia de los acusados.

Esta petición se producía antes de que cualquier detenido hubiera podido declarar. Más tarde, a las 22:30 llegaban las primeras noticias de los detenidos, habían declarado 6 personas y la jueza había decidido hacer un descanso, para después continuar tomando declaración durante toda la noche a las 13 personas que quedaban sin declarar. Una quincuagésima de personas se quedaron a dormir ante los juzgados esperando a que salieran sus compañeros. A las 7 de la mañana, después de una larga espera y a pesar de las amenazas fiscales, salieron los y las personas detenidas con acusaciones de atentado, desobediencia, daños y lesiones con peticiones de penas de siete años de prisión. Debido a la brutalidad de la acción policial y la ilegalidad a la hora de efectuar el desalojo, dieciocho de los diecinueve encausados fueron absueltos, (hay que recordar que había gente que no tenía nada que ver, ya que fue detenida en la calle). Quedó un encausado por agredir a un agente cuando intentaba averiguar en dónde estaba su hija. Fue absuelto cuando se realizó el juicio.